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Categoría: libertad

Eliminación de la prisión preventiva oficiosa en Nuevo León

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CADHAC saluda la decisión del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte del Poder Judicial de la Federación de dar cumplimiento a las sentencias Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde ordena eliminar la prisión preventiva oficiosa para evitar que personas inocentes permanezcan en la cárcel.1

La prisión preventiva oficiosa es aquella que se aplica automáticamente a las personas acusadas de ciertos delitos sin que ninguna autoridad judicial pueda determinar la necesidad de privar de la libertad a una persona. Esto resulta en que cualquier persona acusada sea enviada directamente a la cárcel sin justificación y sin que hayan sido condenados. En palabras de Miriam Estrada Castillo integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, lo que se busca evitar es que “muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal”.2

El número de personas con prisión preventiva oficiosa en Nuevo León es alarmante. De acuerdo con declaraciones del Secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Palacios Pámanes, a finales de 2022 había 9,769 personas en los centros penitenciarios del estado. De ellas, 2 mil fueron encarceladas por supuestos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, una de cada cinco personas. 3

La eliminación de la prisión preventiva oficiosa no es una autorización para la impunidad. Es una medida que contribuirá a que la prisión preventiva se utilice sólo en aquellos casos en que se justifique su necesidad para asegurar la comparecencia de la persona acusada al juicio. 

Aún falta un largo camino para erradicar las violaciones de derechos humanos en la procuración de justicia. Sin embargo, esta resolución del Poder Judicial de la Federación abre la puerta a que se respete la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

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1 Contradicción 40/2023 del 13 de julio de 2023

2 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2022). México debería anular la prisión preventiva oficiosa: dicen expertos de la ONU. Disponible en https://hchr.org.mx/comunicados/mexico-deberia-anular-la-prision-preventiva-oficiosa-dicen-expertos-de-la-onu/

3 Marcela Perales (2022, 5 de septiembre). Prisión preventiva satura penales de Nuevo León. ABC Noticias. Disponible en https://abcnoticias.mx/local/2022/9/5/prision-preventiva-satura-penales-de-nuevo-leon-170255.html

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Alto a la violencia contra la niñez. Priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar

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Desde CADHAC expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que enfrentan tres niñas pequeñas (4 y 2 años, y una bebé lactante de 2 meses de nacida) por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en un caso de presunta violencia familiar. El padre y la madre de las niñas han denunciado en redes sociales los abusos cometidos por funcionarios del DIF Nuevo León y la retención de sus tres hijas en el DIF Capullos, además del acoso jurídico que enfrentan como forma de presión por la denuncia que efectuaron.

La eliminación de la violencia contra la niñez no puede lograrse mediante la separación familiar, acciones jurídicas desproporcionadas y la criminalización de las familias pobres; en su lugar, el gobierno de Nuevo León tiene que ofrecer respuestas proporcionales y buscar alternativas que promuevan el bienestar de las niñas. La prioridad debe ser garantizar su derecho a vivir en un entorno familiar seguro y protegido, promoviendo medidas que fortalezcan la unidad familiar y brinden el apoyo necesario para su desarrollo integral.

La decisión de separar a las niñas de su familia y enviarlas a un albergue del DIF estatal es inaceptable, considerando las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) debido a casos de maltrato y por el homicidio del niño Ángel Moreno en la institución. Las denuncias de la familia revelan situaciones de violencia que ponen en peligro la integridad física y emocional de las niñas en dicho albergue. Además, la interrupción de la lactancia materna de la bebé de dos meses, que es un derecho fundamental para su sano desarrollo, ha ocasionado graves consecuencias para su salud y su vínculo afectivo con su madre, llegando incluso a su hospitalización por un cuadro de Bronquiolitis.

Es necesario respetar las medidas cautelares emitidas por la CEDHNL, asegurando la lactancia diaria de la bebé y facilitando las visitas familiares, aunque fuera en línea con el principio de mantener a las niñas en su red familiar hasta cuarto grado, a menos que existan circunstancias excepcionales que justifiquen su separación y recordando que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León establece que “la institucionalización procederá como el último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar”.1

Instamos al DIF Nuevo León y a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para rectificar esta situación, realizando la reintegración inmediata de las niñas con su familia, ya sea nuclear o extensa.

Construyamos una sociedad respetuosa de los derechos de niñas y niños

1 Artículo 137, fracción I.

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Poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León:

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El bien común de la sociedad debe ser el centro de sus decisiones.

“La única manera de avanzar en el bien común es la construcción de acuerdos que coloquen en el centro a las personas”. 

En Nuevo León existe desde hace meses un enfrentamiento político entre el Gobernador y el Congreso que parece no tener una pronta solución. Estas diferencias lamentables impiden que ambos poderes públicos se coordinen, colaboren y sumen sus esfuerzos en beneficio de todas las personas.

Mientras eso sucede, la sociedad padece una serie de problemas alarmantes que no podrán ser resueltos sin la colaboración y cooperación de todos los poderes públicos, tal es el caso de los diferentes tipos de violencia que en el último año han escalado hasta ubicar a nuestro estado en el segundo lugar a nivel nacional de casos de feminicidios y el quinto de personas desaparecidas.

Además, continúan afectados servicios públicos que proveen derechos fundamentales como el acceso al agua potable, que aún no ha sido resuelto del todo y hay muchas colonias en las que el servicio no es continuo ni permanente, así como el derecho a un transporte público eficiente y de calidad, ya que los usuarios de transporte público utilizan hasta más de tres horas de su tiempo en trasladarse a sus trabajos o escuelas.

Los poderes ejecutivo y legislativo deben recordar que tienen un mandato constitucional que cumplir, y por el que fueron electos democráticamente a través de la voluntad de las y los ciudadanos. El Ejecutivo debe gobernar para que las instituciones públicas funcionen en beneficio de todas y todos, y el Congreso para representarnos en la toma de decisiones que mejor convengan a nuestra sociedad.

Desde CADHAC, como ciudadanos y ciudadanas preocupados por este entorno social y político en el que nos encontramos, hacemos un llamado tanto al Gobernador como al Congreso para que estén a la altura de brindar soluciones a las necesidades urgentes que sufrimos en el estado. Ambos poderes deben colocar a las personas en el centro de sus decisiones y por encima de sus diferencias para poder contribuir a que todas y todos vivamos en un entorno de dignidad y respeto a los derechos humanos.

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Solidaridad total: CADHAC respalda al Centro Prodh 

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Resaltamos su crucial labor por los derechos humanos en México.

Esta semana hemos presenciado una situación preocupante: la descalificación de manera continua  del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en las conferencias matutinas del Presidente. Resaltamos la labor valiente y comprometida que han desarrollado durante más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México.

Es muy grave que desde el gobierno no se reconozca el papel de las personas y organizaciones defensoras frente a las violencias y violaciones a derechos humanos. Alzar la voz, denunciar estas terribles situaciones y acompañar a las víctimas no busca perjudicar al gobierno en turno, sino que tiene la intención de mejorar las condiciones de todas y todos los mexicanos.

El Centro Prodh es una organización pionera en la defensa de los derechos humanos en nuestro país y ha sido una fuente de inspiración para muchos otros esfuerzos colectivos en favor de la dignidad, como CADHAC.

Nos preocupa profundamente que los espacios de información de alto nivel, como las “mañaneras”, sean utilizados para denostar, denigrar, humillar y descalificar a personas, organizaciones y periodistas, a menudo mediante el uso de información imprecisa.

En una sociedad democrática, es saludable y legítimo cuestionar y asumir una postura crítica frente a las violaciones graves de derechos humanos que aún persisten. Negar o ignorar la existencia de desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos no solucionará el problema, sino que perpetuará la impunidad.

El Estado tiene la responsabilidad de prevenir, atender y erradicar tales violaciones, así como garantizar la seguridad de todas las personas.Es momento de trabajar activamente para detener estas crisis llenas de dolor e impunidad que azotan al país y que en los últimos años no han cesado si no lo contrario siguen en aumento.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, como el centro ProDH son fundamentales para la construcción de otra realidad, al denunciar injusticias, brindar acompañamiento a las víctimas en la exigencia de verdad y justicia, construyen caminitos hacia la dignidad que nos llevará a la paz. 

No podemos permitir que la impunidad prevalezca y que se intente silenciar las exigencias y voces de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos. México debe ser un ejemplo a nivel internacional en el respeto y protección de los derechos de todas las personas.

Apoyamos con total solidaridad al
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

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Los derechos humanos en Nuevo León ante las reformas vetadas por el gobernador.

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REF: B2505-14

Durante los últimos meses, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha bloqueado varias reformas aprobadas por el Congreso. Algunas de ellas podrían contribuir a la seguridad y bienestar de las y los ciudadanos, especialmente de algunas poblaciones vulnerables. A pesar de su potencial para proteger y garantizar los derechos humanos, estas reformas no han entrado en vigor debido al conflicto que existe entre el Gobernador y el Congreso por la designación del Fiscal General de Justicia.

Desde CADHAC, expresamos nuestra preocupación por la vulneración que estos vetos representan para los derechos humanos en la entidad. El veto a la reforma al Código Penal, porque impide que las autoridades cuenten con una interpretación adecuada del delito de feminicidio. Además, al no haberse aprobado esta reforma, no se han incluido sanciones a encubridores y servidores públicos que retarden la procuración de justicia en casos de feminicidio, lo que promueve la impunidad y propicia que estos delitos se sigan cometiendo. 

Esta decisión del gobernador es particularmente lamentable ante un contexto de violencia de género que causó 102 feminicidios en 2022, lo que posicionó a Nuevo León en el segundo lugar a nivel nacional.

Otro veto con lamentables consecuencias es el que impidió la reforma a la Ley de Víctimas. Esta reforma pretende, entre otras cosas, que las víctimas directas e indirectas cuenten con un carnet que les permita tener acceso a programas sociales que inciden en la reparación del daño.

El veto reciente a la reforma de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres también perjudica el bienestar de madres solteras, personas en situación de vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de violencia de género, pues obstaculiza la creación de programas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda.

Los tres vetos a reformas constitucionales, que el Gobernador no tiene la facultad de bloquear, desgastan nuestras instituciones democráticas porque transgreden su adecuado funcionamiento en beneficio de un conflicto entre actores políticos.La división de poderes es necesaria en una democracia. No obstante, otro elemento fundamental es la búsqueda de consensos, porque eso permite que las instituciones públicas den respuesta efectiva a las necesidades de la ciudadanía. En vista del estancamiento político que limita el cumplimiento de los derechos humanos en Nuevo León, demandamos:

El Gobernador y el Congreso deben colaborar desde su respectiva autonomía para proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en Nuevo León, especialmente de las más vulnerables. Para ello, el mecanismo de vetar o publicar reformas debe orientarse al cumplimiento de estos derechos y no como un instrumento para obstruir funciones entre distintas fuerzas políticas.

Nuevo León es un estado con una importante proyección nacional e internacional. La relevancia de esta entidad demanda la consolidación de un sistema político efectivo que brinde seguridad y bienestar a todas las personas. Nuestro estado es un referente en la creación de capital humano y también puede convertirse en un modelo en la protección y garantía de los derechos humanos a través de leyes que los protejan y los garanticen. Para ello, es fundamental la efectiva colaboración entre el Gobernador y el Congreso.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista  y sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.

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¡Celebramos 30 años defendiendo los derechos humanos!

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23 abril 2023

CADHAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. celebra tres décadas de trabajo diario y comprometido con la protección de los derechos humanos en Nuevo León. Estado en el que aún enfrentamos desafíos significativos en la materia, reflejados en elevados índices de violencia, inseguridad, pobreza, impunidad, discriminación, así como en la constante vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la movilidad, el aire limpio y la salud.

Por ello, hoy es importante reconocer que cada persona puede proteger la dignidad de nuestras hermanas y hermanos, sobre todo de quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. CADHAC busca ser parte del esfuerzo de la ciudadanía y marcar la diferencia al tener presente que cada quien tenemos un poder único como ciudadanos y ciudadanas.

Durante los últimos 30 años, CADHAC ha sido un faro de esperanza para aquellas personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y se han acercado en busca de apoyo, formando un camino de amor, empatía y fuerza colectiva. CADHAC ha sido posible gracias al trabajo generoso y comprometido de muchas personas por la verdad, la justicia y la dignidad.

En estos 30 años hemos aprendido sobre la práctica. Y es a partir de esta práctica que desarrollamos una estrategia integral de incidencia social y política. Promovimos los derechos humanos, los defendimos, denunciamos, marchamos, buscamos incidir para generar cambios significativos en la sociedad.

En este 30 aniversario, honramos y reconocemos a todas las personas que han aportado su chispa, su energía, entusiasmo, intuición, dedicación y compromiso. Agradecemos a quienes han apoyado nuestra esta labor. A nuestras aliadas en la sociedad civil. A los medios de comunicación comprometidos con la verdad y la dignidad.

Después de 30 años de logros y adversidades, renovamos nuestro compromiso por seguir trabajando juntas y juntos hacia un futuro digno y más justo. Les invitamos a continuar activamente en el camino, manteniendo la esperanza como acto de resistencia, y la dignidad de las personas como norte.

CADHAC, 30 años defendiendo los derechos humanos.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.

Acceso al agua en Nuevo León, un derecho que aún no está garantizado

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REF: B2303-09

Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. El agua es un derecho humano, lo que implica que las autoridades del Estado deben garantizar que todas las personas tengan acceso al agua potable. En esta fecha también es necesario enfatizar la importancia de la distribución equitativa y el uso responsable de este vital líquido. 

En Nuevo León, el derecho al agua de millones de personas fue vulnerado debido a la grave escasez de agua potable en 2022. Las condiciones que propiciaron la escasez siguen presentes y están afectando nuevamente a distintas colonias. Actualmente, las presas que abastecen de agua a Monterrey y los municipios metropolitanos se encuentran en niveles bajos. Por ejemplo, la presa El Cuchillo está al 44.29% de su capacidad, la presa La Boca se encuentra al 55.90%, mientras que la presa Cerro Prieto está al 12.57 por ciento.     

El acceso al agua potable como un derecho humano demanda una política de planeación hídrica preventiva que garantice el acceso para todas las personas en el presente y futuro. No obstante, esto no será suficiente para evitar una crisis en la provisión del agua. Pues exige la implementación de medidas que eviten su consumo excesivo e inequitativo en los procesos industriales para no afectar la disponibilidad suficiente de agua para la ciudadanía.

México se ha comprometido con acuerdos internacionales que obligan a las autoridades a garantizar el acceso a una cantidad suficiente de agua potable que comprende el consumo, la preparación de alimentos, el lavado de ropa, la higiene personal y doméstica, así como el saneamiento. Además, el derecho al agua está estrechamente relacionado con los derechos a la vida, a la alimentación, al medio ambiente y a la salud. 

Aunque los efectos del cambio climático implican el riesgo de sequía, existen ejemplos de zonas urbanas en regiones áridas que gestionan de manera eficiente sus escasos recursos hídricos, tales como Las Vegas, Estados Unidos o Tel Aviv, Israel. En estos casos, la reutilización del agua y la supervisión constante de la infraestructura de distribución forman parte de una política preventiva.   

La ciudadanía debe ejercer responsablemente el derecho al agua mediante hábitos que eviten el desperdicio de este escaso recurso. Sin embargo, el abastecimiento suficiente y la distribución adecuada del agua es una obligación de las autoridades del Estado.

¡El agua es un derecho humano que debe ser garantizado!

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La desaparición de personas va en aumento ¿Qué está pasando en Nuevo León?

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REF: B2302-04

En enero de 2023, se registraron 52 desapariciones en Nuevo León, incluyendo casos de desapariciones grupales, lo que refleja la gravedad de un problema que no ha sido atendido. Esto sucede en un contexto de violencia equivalente a los momentos más álgidos de la guerra contra el narcotráfico en 2010 y 2011. Desde CADHAC denunciamos la preocupante inacción del gobierno del estado.

No existen excusas ni impedimentos legales para que el gobierno desarrolle políticas de prevención, atención, reparación e investigación efectivas. En 2023 entró en vigor la Ley estatal sobre desaparición de personas. Además, desde 2011 existen múltiples acciones e instituciones desarrolladas para hacer frente a esta tragedia, propuestas desde las propias familias víctimas. En pocas palabras, las autoridades de Nuevo León están ante una problemática bien conocida por la sociedad neoleonesa y especialmente por las familias de las personas desaparecidas.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no tiene fiscal por una crisis de gobernabilidad que lleva varios meses. Así mismo, es evidente la incapacidad de las autoridades para detener las desapariciones y otros actos violentos que están a la orden del día.

Las desapariciones de personas en Nuevo León han aumentado de forma alarmante durante los últimos años. No hay pretextos para la inacción de las autoridades. CADHAC hace un llamado urgente a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde y a poner en marcha el andamiaje institucional construido durante más de una década de denuncia, búsqueda y demanda.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos, desde su fundación en 1993.

El arraigo y la prisión preventiva oficiosa vulneran los derechos humanos: Corte Interamericana de Derechos humanos CoIDH

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REF: B2301-03

CADHAC celebra la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que condena al Estado mexicano en el caso Tzompantle Tecpile donde tres personas fueron detenidas de forma ilegal y arbitraria por policías, con un inadecuado proceso judicial. La sentencia genera un precedente que limita el uso de la prisión preventiva. Es decir, evita que las personas sean encarceladas sin que exista una condena en su contra.

En dicha sentencia, la CoIDH ordenó al Estado mexicano:

1. Eliminar el arraigo, pues viola los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia. El arraigo es la privación de la libertad de una persona con fines de investigación y hasta por 80 días en casos de delincuencia organizada.

2. Adecuar la prisión preventiva oficiosa para evitar medidas arbitrarias y garantizar la presunción de inocencia. La prisión preventiva implica enviar a una persona a la cárcel sin que haya sido condenada por un delito y puede permanecer años sin que se le dicte sentencia.

La implementación de las medidas derivadas de esta sentencia es fundamental para garantizar el derecho al debido proceso legal y la presunción de inocencia. En nuestro país hay 230,000 personas privadas de la libertad. De ellas, casi la mitad, el 40%, no tiene una sentencia. 

En Nuevo León, hay 9,648 personas privadas de la libertad, de las cuales el 39% siguen esperando una sentencia. Además, en nuestra entidad hay una sobrepoblación penitenciaria que es particularmente preocupante en los penales Norte 1 y 2 en Apodaca, las cuales son del 21% y del 17% respectivamente.     

México debe cumplir con las medidas ordenadas por la Corte y asegurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Esta sentencia es trascendental para el respeto y protección a los derechos humanos dentro de los procesos penales en el país garantizando la presunción de inocencia.

20 años del Día Mundial contra la Pena de Muerte

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Hace 20 años se estableció el 10 de octubre como el Día Mundial contra la Pena de Muerte con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto perjudicial que tiene esta práctica violatoria de derechos humanos y exigir su abolición.  

Esta pena fue completamente abolida en México apenas en 2005. Sin embargo, todavía hay regiones donde las personas son ejecutadas por sentencia de autoridades judiciales. Actualmente, 144 naciones han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica, pero hay  55 países que aún no lo han hecho. La mayoría de las ejecuciones conocidas que se realizaron en el último año se llevaron a cabo en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2021 hubo 579 ejecuciones en 18 países alrededor del mundo, lo que representa un incremento del 20% en comparación con las 538 ejecuciones registradas en 2020.

La visión favorable hacia la pena de muerte, incluso entre personas que viven en sociedades donde se ha abolido, se basa en ideas falsas que es necesario desmentir. La principal de ellas es que representa un método efectivo para acabar con el crimen. Sin embargo, esto no tiene respaldo en la experiencia internacional. No hay evidencia de que los Estados que aplican la pena capital tengan una tasa de criminalidad más baja que aquéllos que no lo hacen. Más bien, el factor clave para disuadir el crimen es la probabilidad de arresto, no la severidad del castigo. 

Lamentablemente, la pena de muerte implica la posibilidad de que una persona inocente sea ejecutada, pues no existe un sistema de justicia inmune al error. Aunque se siga el debido proceso y se apliquen todas las garantías legales, no hay ninguna certeza de que eventualmente no surjan nuevas evidencias que prueben la inocencia de una persona ejecutada. Desgraciadamente, para esa persona no puede haber vuelta atrás.  

En 2022, el Día Mundial contra la Pena de Muerte se enfoca en la relación entre la pena capital y la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos comprenden la tortura física y psicológica de los condenados, así como el sufrimiento de sus familiares y personas cercanas. Asimismo, las discriminaciones basadas en el sexo, el género, la pobreza, la edad, la orientación sexual, la pertenencia a una minoría religiosa y étnica pueden agravar el trato cruel, inhumano y degradante de las personas condenadas a muerte.

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