REF: B2505-14
Durante los últimos meses, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha bloqueado varias reformas aprobadas por el Congreso. Algunas de ellas podrían contribuir a la seguridad y bienestar de las y los ciudadanos, especialmente de algunas poblaciones vulnerables. A pesar de su potencial para proteger y garantizar los derechos humanos, estas reformas no han entrado en vigor debido al conflicto que existe entre el Gobernador y el Congreso por la designación del Fiscal General de Justicia.
Desde CADHAC, expresamos nuestra preocupación por la vulneración que estos vetos representan para los derechos humanos en la entidad. El veto a la reforma al Código Penal, porque impide que las autoridades cuenten con una interpretación adecuada del delito de feminicidio. Además, al no haberse aprobado esta reforma, no se han incluido sanciones a encubridores y servidores públicos que retarden la procuración de justicia en casos de feminicidio, lo que promueve la impunidad y propicia que estos delitos se sigan cometiendo.
Esta decisión del gobernador es particularmente lamentable ante un contexto de violencia de género que causó 102 feminicidios en 2022, lo que posicionó a Nuevo León en el segundo lugar a nivel nacional.
Otro veto con lamentables consecuencias es el que impidió la reforma a la Ley de Víctimas. Esta reforma pretende, entre otras cosas, que las víctimas directas e indirectas cuenten con un carnet que les permita tener acceso a programas sociales que inciden en la reparación del daño.
El veto reciente a la reforma de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres también perjudica el bienestar de madres solteras, personas en situación de vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de violencia de género, pues obstaculiza la creación de programas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda.
Los tres vetos a reformas constitucionales, que el Gobernador no tiene la facultad de bloquear, desgastan nuestras instituciones democráticas porque transgreden su adecuado funcionamiento en beneficio de un conflicto entre actores políticos.La división de poderes es necesaria en una democracia. No obstante, otro elemento fundamental es la búsqueda de consensos, porque eso permite que las instituciones públicas den respuesta efectiva a las necesidades de la ciudadanía. En vista del estancamiento político que limita el cumplimiento de los derechos humanos en Nuevo León, demandamos:
El Gobernador y el Congreso deben colaborar desde su respectiva autonomía para proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en Nuevo León, especialmente de las más vulnerables. Para ello, el mecanismo de vetar o publicar reformas debe orientarse al cumplimiento de estos derechos y no como un instrumento para obstruir funciones entre distintas fuerzas políticas.
Nuevo León es un estado con una importante proyección nacional e internacional. La relevancia de esta entidad demanda la consolidación de un sistema político efectivo que brinde seguridad y bienestar a todas las personas. Nuestro estado es un referente en la creación de capital humano y también puede convertirse en un modelo en la protección y garantía de los derechos humanos a través de leyes que los protejan y los garanticen. Para ello, es fundamental la efectiva colaboración entre el Gobernador y el Congreso.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.
