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Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. El agua es un derecho humano, lo que implica que las autoridades del Estado deben garantizar que todas las personas tengan acceso al agua potable. En esta fecha también es necesario enfatizar la importancia de la distribución equitativa y el uso responsable de este vital líquido.
En Nuevo León, el derecho al agua de millones de personas fue vulnerado debido a la grave escasez de agua potable en 2022. Las condiciones que propiciaron la escasez siguen presentes y están afectando nuevamente a distintas colonias. Actualmente, las presas que abastecen de agua a Monterrey y los municipios metropolitanos se encuentran en niveles bajos. Por ejemplo, la presa El Cuchillo está al 44.29% de su capacidad, la presa La Boca se encuentra al 55.90%, mientras que la presa Cerro Prieto está al 12.57 por ciento.
El acceso al agua potable como un derecho humano demanda una política de planeación hídrica preventiva que garantice el acceso para todas las personas en el presente y futuro. No obstante, esto no será suficiente para evitar una crisis en la provisión del agua. Pues exige la implementación de medidas que eviten su consumo excesivo e inequitativo en los procesos industriales para no afectar la disponibilidad suficiente de agua para la ciudadanía.
México se ha comprometido con acuerdos internacionales que obligan a las autoridades a garantizar el acceso a una cantidad suficiente de agua potable que comprende el consumo, la preparación de alimentos, el lavado de ropa, la higiene personal y doméstica, así como el saneamiento. Además, el derecho al agua está estrechamente relacionado con los derechos a la vida, a la alimentación, al medio ambiente y a la salud.
Aunque los efectos del cambio climático implican el riesgo de sequía, existen ejemplos de zonas urbanas en regiones áridas que gestionan de manera eficiente sus escasos recursos hídricos, tales como Las Vegas, Estados Unidos o Tel Aviv, Israel. En estos casos, la reutilización del agua y la supervisión constante de la infraestructura de distribución forman parte de una política preventiva.
La ciudadanía debe ejercer responsablemente el derecho al agua mediante hábitos que eviten el desperdicio de este escaso recurso. Sin embargo, el abastecimiento suficiente y la distribución adecuada del agua es una obligación de las autoridades del Estado.
¡El agua es un derecho humano que debe ser garantizado!
