A dos años de la trágica muerte del niño Ángel Moreno al interior de las instalaciones del estado, expresamos profunda preocupación por la negativa del DIF de Nuevo León a aceptar la Recomendación (001VG/2023) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además la instrucción del Gobernador de impedir que la Directora del DIF Estatal comparezca ante el Congreso agrava las preocupaciones, porque, parece obstaculizar la búsqueda de verdad y justicia.
Exigimos transparencia y rendición de cuentas sobre las condiciones de cuidado y bienestar que deben tener todos los niños, niñas y adolescentes a cargo del DIF estatal. Exhortamos a establecer un mecanismo de diálogo institucional, con la participación de organizaciones sociales, para implementar acciones que tengan como objetivo garantizar un entorno seguro para la niñez.
Instamos al Congreso a cumplir con su deber de proteger los derechos humanos de la ciudadanía en general, y en particular, de la niñez, que en este contexto percibimos amenazada debido a la opacidad de una institución que está obligada a ser transparente y rendir cuentas.
Como parte de la sociedad exigimos que las niñas y niños en situación de vulnerabilidad, que se encuentren bajo el resguardo del gobierno, vivan en condiciones de dignidad y se garantice su interés superior.
Reconocemos el esfuerzo dedicado a mejorar las instalaciones físicas del DIF, sin embargo insistimos en que el cuidado de la población es el aspecto más importante. La verdadera calidad de vida de los niños y niñas radica en preservar su integridad; sin ello, cualquier mejora física al lugar carece de significado real.
La muerte de un niño es inaceptable, especialmente si sucedió en una institución del gobierno donde su responsabilidad es velar y procurar la integridad física y emocional de quienes tiene bajo su cuidado.
#JusticiaParaÁngel y para toda la niñez institucionalizada.
La reciente renuncia de Karla Quintana como comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) se da en un contexto preocupante: con un registro de más de cien mil personas desaparecidas, 40,000 de ellas en el presente sexenio. Además, cerca de vencer el plazo para responder al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU (CED-ONU). Esto evidencia la profunda crisis humanitaria que enfrentamos en México. No se trata simplemente de números; detrás de cada cifra hay madres, padres, hijos e hijas desaparecidas que dejan familias desconsoladas y a una sociedad marcada por el dolor.
Diversas inquietudes han surgido en torno a la renuncia de la Sra. Quintana, particularmente por su relación con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la propuesta de llevar a cabo un “censo casa por casa”. Más que ofrecer claridad, tal iniciativa parece sugerir una posible intención de minimizar la verdadera magnitud del problema, desviándose además del reconocimiento del trabajo de las familias en este registro.
La CNB es parte fundamental del engranaje del Sistema Nacional de Búsqueda que nace con la Ley General en Materia de Desaparición, es decir que emerge del esfuerzo de miles de familias mexicanas. La Comisión es concebida como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno y autónoma a las fiscalías, para coordinar la búsqueda dando voz a las y los desaparecidos y sus familias. La partida de Quintana no es únicamente la renuncia de una funcionaria, es un reflejo de los retos y obstáculos que enfrenta ahora este sistema a nivel nacional y en cada Comisión Local. Cada decisión impactará directamente en las esperanzas de miles de familias a quienes el Estado aún adeuda respuestas y justicia.
La priorización de cuestiones estadísticas por parte del Estado, en lugar de abordar las necesidades de las familias, es preocupante. Las víctimas y sus familiares no solo deben estar en el centro de cualquier estrategia o acción; su participación activa es esencial, ya que pueden ofrecer una perspectiva invaluable basada en su experiencia personal.
Con la próxima designación de un nuevo titular para la CNB,, es fundamental que las víctimas tengan una participación en su elección. Ignorar su voz sería un retroceso en los esfuerzos y avances ya logrados. Las próximas autoridades deben poseer un conocimiento profundo y experiencia en la materia, y es esencial que valoren y continúen el trabajo ya emprendido.
Exhortamos a que el proceso de selección del próximo titular de la CNB se realice conforme a lo establecido en la Ley General de personas desaparecidas, garantizando una elección con plena participación de las familias y asegurando la designación de alguien respaldado por las víctimas y sus familiares.
Aunque no se quiera reconocer, en México enfrentamos una terrible realidad. Detrás de cada persona desaparecida hay dolor y sufrimiento, el negarse a verlo y atenderlo no nos llevará a ningún cambio¡Ni una persona desaparecida más!.
Hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que afecta a millones de personas vulnerables en todo el mundo, es una grave violación a los derechos humanos, cuyas víctimas son mujeres (42%), niñas y niños (35%) y hombres (23%), según el informe más reciente de la ONU sobre el tema.
La trata de personas es la captación, traslado o acogida de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior a través del engaño, la amenaza o el uso de la fuerza, con fines de explotación laboral o sexual, incorporación forzosa en actividades criminales o mendicidad.
La trata de personas se aprovecha de las vulnerabilidades de las personas por condiciones de discriminación, pobreza, discapacidad o migración, deshumanizándolas reduciéndolas a objetos para uso y explotación comercial. La impunidad y el no reconocimiento de las víctimas vulnera sus derechos a la justicia y reparación.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en México se reportaron 381 casos de trata de personas en 2022; ese mismo año, Nuevo León registró 74 casos. Es decir, una de cada cinco personas que fueron víctimas de este delito en México residían en Nuevo León.
La trata está estrechamente vinculada con la desaparición de personas, delito por el que Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada informó en 2022 que en México aumentaron las desapariciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres, posiblemente ligadas a la trata de personas. Además, destacó la vulnerabilidad de los migrantes que atraviesan el país hacia la frontera de EE.UU., a ser desaparecidos y explotados por grupos criminales.
Combatir la trata de personas demanda acciones urgentes; por lo tanto, enfatizamos las siguientes medidas.
A la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, incluir la trata como una línea de investigación en los casos de personas desaparecidas y revisar criterios de registro y reporte de los casos.
A la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León convocar al Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención Combate y Erradicación de la Trata de Personas para revisar y publicar el el Plan para la Prevención y el Combate contra la Trata de Personas del estado.
A los gobiernos de Nuevo León y municipales a coordinarse y colaborar con organizaciones civiles e iniciativa privada en la creación de políticas y estrategias efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, proteger a las víctimas y restituir sus derechos, en consonancia con el Programa Nacional 2022-2024 y las disposiciones legales en la materia.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.
CADHAC saluda la decisión del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte del Poder Judicial de la Federación de dar cumplimiento a las sentencias Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde ordena eliminar la prisión preventiva oficiosa para evitar que personas inocentes permanezcan en la cárcel.1
La prisión preventiva oficiosa es aquella que se aplica automáticamente a las personas acusadas de ciertos delitos sin que ninguna autoridad judicial pueda determinar la necesidad de privar de la libertad a una persona. Esto resulta en que cualquier persona acusada sea enviada directamente a la cárcel sin justificación y sin que hayan sido condenados. En palabras de Miriam Estrada Castillo integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, lo que se busca evitar es que “muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal”.2
El número de personas con prisión preventiva oficiosa en Nuevo León es alarmante. De acuerdo con declaraciones del Secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Palacios Pámanes, a finales de 2022 había 9,769 personas en los centros penitenciarios del estado. De ellas, 2 mil fueron encarceladas por supuestos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, una de cada cinco personas.3
La eliminación de la prisión preventiva oficiosa no es una autorización para la impunidad. Es una medida que contribuirá a que la prisión preventiva se utilice sólo en aquellos casos en que se justifique su necesidad para asegurar la comparecencia de la persona acusada al juicio.
Aún falta un largo camino para erradicar las violaciones de derechos humanos en la procuración de justicia. Sin embargo, esta resolución del Poder Judicial de la Federación abre la puerta a que se respete la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
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1 Contradicción 40/2023 del 13 de julio de 2023
2 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2022). México debería anular la prisión preventiva oficiosa: dicen expertos de la ONU. Disponible en https://hchr.org.mx/comunicados/mexico-deberia-anular-la-prision-preventiva-oficiosa-dicen-expertos-de-la-onu/
3 Marcela Perales (2022, 5 de septiembre). Prisión preventiva satura penales de Nuevo León. ABC Noticias. Disponible en https://abcnoticias.mx/local/2022/9/5/prision-preventiva-satura-penales-de-nuevo-leon-170255.html
Celebramos un importante avance en la protección de los derechos humanos de dos niñas vulneradas por las actuaciones desproporcionadas del DIF en Nuevo León. Gracias a las gestiones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) se ha logrado la reintegración de la bebé de dos meses y la niña de dos años al seno de su núcleo familiar.
A pesar de este importante logro, continuaremos exigiendo la reintegración inmediata de la niña mayor, a un entorno familiar seguro, para que puedan reunirse completamente y que todas las niñas gocen de sus derechos a vivir en familia, a través de los planes de restitución de derechos personalizados, con el objetivo de garantizar su bienestar y desarrollo integral.
En este sentido, hacemos un llamado a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y sensibilidad. Les solicitamos no difundir imágenes ni información personal de las niñas, respetando su derecho a la privacidad y protegiéndolas de cualquier exposición innecesaria. Además, instamos a los medios a no sumarse a la desinformación ni a la criminalización de la familia, con el fin de evitar justificar violaciones a los derechos humanos cometidas por el DIF Capullos en este caso.
Reiteramos nuestra exigencia al DIF Capullos para que rectifiquen sus actuaciones y garanticen el derecho a vivir en familia, sin discriminación por ningún motivo.
Con el compromiso de seguir velando por los derechos de las niñas y de todas las personas vulnerables, agradecemos el apoyo de cientos de ciudadanas y ciudadanos que compartieron la indignación por estos hechos y agradecemos la atención de los medios de comunicación en la difusión responsable de este importante avance.
Hoy se conmemora a nivel internacional la lucha de Nelson Mandela contra la discriminación que sufrían millones de personas en Sudáfrica durante el régimen del apartheid, el cual condenó a varias generaciones de sudafricanos y sudafricanas a vivir abusos de autoridad, humillaciones y falta de oportunidades.
Debido a sus actividades para combatir el racismo oficial en Sudáfrica, Mandela estuvo encarcelado por 27 años, durante los cuales continuaron las reivindicaciones de dignidad y justicia en favor de aquellos a quienes el gobierno no les permitía ejercer sus derechos civiles, políticos y sociales.
Mandela salió de prisión en 1990; tras varios años de protestas y movilizaciones, la conquista del derecho al voto para las poblaciones discriminadas permitió que la mayoría de la ciudadanía sudafricana lo eligiera como su presidente en 1994. De esta forma comenzó una nueva etapa en la que el gobierno sudafricano dejaría de promover la desigualdad, para enfocarse en garantizar justicia y bienestar para todas las personas, incluyendo a quienes vivían en pobreza debido a un sistema excluyente.
El gran legado de Nelson Mandela en su país es que las personas anteriormente discriminadas pueden participar en el sistema político a través de su voto. Este derecho ha sido un medio para que los representantes de las poblaciones marginadas puedan defender sus intereses como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.
La incansable lucha de Nelson Mandela por acabar con un régimen racista nos recuerda que erradicar todas las formas de discriminación requiere el compromiso de toda la sociedad y sus representantes en el gobierno para rechazar las condiciones que perpetúan la injusticia y la desigualdad.
Su ejemplo también nos señala que la exigencia de una vida libre y digna para todas las personas es el fundamento de los derechos humanos. Así, aunque la protección y garantía de los derechos de todas las personas parezca una tarea difícil, siempre será útil recordar la frase de Mandela: “Todo parece imposible hasta que se hace”.
Desde CADHAC expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que enfrentan tres niñas pequeñas (4 y 2 años, y una bebé lactante de 2 meses de nacida) por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en un caso de presunta violencia familiar. El padre y la madre de las niñas han denunciado en redes sociales los abusos cometidos por funcionarios del DIF Nuevo León y la retención de sus tres hijas en el DIF Capullos, además del acoso jurídico que enfrentan como forma de presión por la denuncia que efectuaron.
La eliminación de la violencia contra la niñez no puede lograrse mediante la separación familiar, acciones jurídicas desproporcionadas y la criminalización de las familias pobres; en su lugar, el gobierno de Nuevo León tiene que ofrecer respuestas proporcionales y buscar alternativas que promuevan el bienestar de las niñas. La prioridad debe ser garantizar su derecho a vivir en un entorno familiar seguro y protegido, promoviendo medidas que fortalezcan la unidad familiar y brinden el apoyo necesario para su desarrollo integral.
La decisión de separar a las niñas de su familia y enviarlas a un albergue del DIF estatal es inaceptable, considerando las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) debido a casos de maltrato y por el homicidio del niño Ángel Moreno en la institución. Las denuncias de la familia revelan situaciones de violencia que ponen en peligro la integridad física y emocional de las niñas en dicho albergue. Además, la interrupción de la lactancia materna de la bebé de dos meses, que es un derecho fundamental para su sano desarrollo, ha ocasionado graves consecuencias para su salud y su vínculo afectivo con su madre, llegando incluso a su hospitalización por un cuadro de Bronquiolitis.
Es necesario respetar las medidas cautelares emitidas por la CEDHNL, asegurando la lactancia diaria de la bebé y facilitando las visitas familiares, aunque fuera en línea con el principio de mantener a las niñas en su red familiar hasta cuarto grado, a menos que existan circunstancias excepcionales que justifiquen su separación y recordando que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León establece que “la institucionalización procederá como el último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar”.1
Instamos al DIF Nuevo León y a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para rectificar esta situación, realizando la reintegración inmediata de las niñas con su familia, ya sea nuclear o extensa.
Construyamos una sociedad respetuosa de los derechos de niñas y niños
Ángel Moreno fue ingresado en el DIF Capullos en 2011, cuando tenía cuatro años de edad, junto a su hermana mayor, quien era su única familiar y con quien tenía una muy buena relación de protección y cariño.
A su ingreso, a Ángel le diagnosticaron un trastorno psicológico que fue evolucionando a lo largo del tiempo que estuvo bajo responsabilidad del DIF estatal. No obstante, los diagnósticos establecidos para él fueron variables y no contó con el seguimiento de especialistas. Durante sus últimos meses de vida padeció trastorno de déficit de atención con hiperactividad, síntomas de estrés postraumático, trastorno depresivo persistente, discapacidad intelectual y crisis epilépticas, además de crisis de ansiedad.
Ángel estuvo en el DIF durante 10 años hasta que el 28 de noviembre de 2021 él y otros tres adolescentes se manifestaron debido a los maltratos constantes que recibían por el personal de ese albergue. Como respuesta fueron sometidos por policías municipales, además les inyectaron tranquilizantes y les amarraron las manos y los pies con cinta, para después sacarlos del DIF Capullos.
Ángel y otro compañero fueron trasladados al DIF Fabriles, en el que se brinda atención a niñas y niños migrantes. Este centro no contaba ni cuenta, con personal e infraestructura para atender adecuadamente los problemas psicosociales que él venía presentando. Además, ya en septiembre de 2021 este Centro había recibido medidas cautelares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) solicitándoles establecer “la supervisión oportuna y una efectiva atención médica o traslado a un centro de salud, en caso de considerarse necesario”.
Con relación a la protesta del 28 de noviembre de 2021 en el DIF Capullos, la CEDHNL envió el 2 de diciembre medidas cautelares al entonces director general del DIF estatal, Miguel Ángel Sánchez Rivera, para “evitar cualquier acto en contra de la integridad física y seguridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en resguardo, protegiendo efectivamente sus derechos humanos, a fin de que no les sean transgredidos”.
Los días que Ángel estuvo en el DIF Fabriles fueron muy penosos para él, ya que sufría burlas constantes de sus compañeros debido a su discapacidad. Además, al ser separado de su hermana se quedó sin la persona que lo defendía e intercedía por él. Asimismo, testigos señalan que casi no se le permitía salir de la habitación en la que permaneció con otro compañero que se llevaron con él y con un empleado del DIF, por lo que prácticamente vivió encerrado durante los 75 días que estuvo en el albergue Fabriles y, consecuentemente, aislado del resto de los niños y niñas.
El asesinato de Ángel
La muerte de Ángel Moreno ocurrió el 9 de febrero de 2022 en circunstancias que las autoridades todavía no han esclarecido. De acuerdo con empleados del albergue, la muerte de Ángel fue consecuencia de que, después de que éste discutió con algunos compañeros en el comedor, el enfermero Raymundo Francisco “N” lo echó con violencia sobre su hombro y lo llevó forzadamente a la cancha; estando tirado en el suelo, Ángel fue golpeado fuertemente en su abdomen, lo que le provocó el vómito que lo llevó hasta su muerte. Enseguida fue llevado a su cuarto donde permaneció hasta su muerte.
Ángel no recibió ninguna clase de atención médica, que necesitaba de manera inmediata y urgente. La ambulancia de EMME (Emergencias Médicas) fue a verlo, pero lamentablemente ya no había nada por hacer. Ángel estuvo agonizando por más diez horas sin atención alguna y murió en la madrugada del 9 de febrero de 2022. Fue velado por un par de horas, donde su hermana se pudo despedir.
Ilegalmente, su cuerpo fue cremado a menos de 48 horas después de su defunción, por lo que no se le pudo realizar una autopsia. Esto dificultó contar con las evidencias sobre las causas de su muerte, así como la realización de una investigación completa.
La información que difundieron las autoridades sobre su defunción, que calificaron como muerte natural, estuvo llena de inconsistencias e irregularidades. Para empezar, su fallecimiento no fue reportado de inmediato, sino hasta el 18 de febrero, es decir, una semana después. Además, sin escrúpulos, manifestaron el estado de salud mental de Ángel, revictimizándolo, ya que el comunicado del DIF mencionó que Ángel padecía diversas condiciones clínicas a pesar de que ninguna de estas condiciones tiene relación con el motivo de su muerte.
Resultados
El 17 de mayo de 2023, un juez de control vinculó a proceso penal a dos exfuncionarios del DIF Fabriles por la muerte de Ángel Moreno. Uno de ellos fue vinculado por el delito de homicidio, estuvo prófugo y se entregó el 29 de junio de 2023. El otro, vinculado por el delito de encubrimiento, enfrenta su proceso en libertad. El exdirector del DIF estatal, Miguel Ángel Sánchez Rivera, no pudo ser imputado porque presentó una suspensión de amparo; después de su renuncia como Director del DIF estatal, ingresó a la dirigencia estatal del partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León.
La recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
La Comisión Estatal de Derechos Humanos publicó la recomendación 01VG/2023 el 30 de mayo de 2023 en la que señaló que en el fallecimiento de Ángel Moreno no solo concurrieron conductas culposas, negligentes, así como falta de cuidado, sino que también existieron actuaciones dolosas y maliciosas relacionadas directamente con la muerte de dicho adolescente y tendentes a ocultar de manera deliberada los hechos que le dieron origen, motivo por lo que su caso fue una privación intencional de la vida y un crimen de Estado. Esta recomendación señala, entre otros, los siguientes derechos violados:
A la vida y a no ser privado de ésta.
A una vida libre de violencia.
A la preservación de la integridad física, psicológica y emocional.
Al interés superior de la infancia y adolescencia.
La propuesta
Ante esta situación, demandamos a las autoridades que lleven a cabo lo necesario para acceder a la justicia, reparación y garantías de no repetición, lo cual deberá incluir la supervisión continua de las instalaciones para garantizar el trato digno a las niñas, niños y adolescentes bajo custodia del estado y dotar a las instituciones de los recursos presupuestarios, materiales y humanos que sean apropiados para lograrlo, además de implementar políticas públicas en materia de prevención.
Desde CADHAC Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. externamos nuestra profunda preocupación ante la negativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nuevo León) a aceptar en su totalidad la recomendación 01/VG/2023 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) por el homicidio del niño Ángel Moreno, ocurrido en las instalaciones del DIF Fabriles en febrero de 2022.
Es fundamental que el DIF Nuevo León, como institución encargada de velar por los derechos y el bienestar de los niños y niñas en el estado, demuestre una voluntad política real y una disposición genuina para abordar esta situación de manera seria, transparente y justa.
Aceptar la recomendación permitirá demostrar un compromiso auténtico con el respeto y vigencia de los derechos de la niñez en Nuevo León. Esto será, además, un paso crucial hacia la prevención y la no repetición de tan lamentables hechos. ¡Ni un niño, ni una niña más!
Instamos a las autoridades y a la comunidad en general a unir todos los esfuerzos en la exigencia de #JusticiaParaAngel y así garantizar la protección de la niñez en nuestro estado. Resulta de vital importancia que todas las instancias involucradas en la protección de los derechos humanos de la niñez muestren un compromiso genuino para rectificar las violaciones cometidas en este caso y trabajar de manera conjunta para prevenir futuros incidentes. No podemos permitir que el homicidio de Ángel Moreno quede impune.
Desde CADHAC Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. reafirmamos nuestro compromiso de velar por los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad. Exigimos justicia y protección para la niñez en Nuevo León.
El bien común de la sociedad debe ser el centro de sus decisiones.
“La única manera de avanzar en el bien común es la construcción de acuerdos que coloquen en el centro a las personas”.
En Nuevo León existe desde hace meses un enfrentamiento político entre el Gobernador y el Congreso que parece no tener una pronta solución. Estas diferencias lamentables impiden que ambos poderes públicos se coordinen, colaboren y sumen sus esfuerzos en beneficio de todas las personas.
Mientras eso sucede, la sociedad padece una serie de problemas alarmantes que no podrán ser resueltos sin la colaboración y cooperación de todos los poderes públicos, tal es el caso de los diferentes tipos de violencia que en el último año han escalado hasta ubicar a nuestro estado en el segundo lugar a nivel nacional de casos de feminicidios y el quinto de personas desaparecidas.
Además, continúan afectados servicios públicos que proveen derechos fundamentales como el acceso al agua potable, que aún no ha sido resuelto del todo y hay muchas colonias en las que el servicio no es continuo ni permanente, así como el derecho a un transporte público eficiente y de calidad, ya que los usuarios de transporte público utilizan hasta más de tres horas de su tiempo en trasladarse a sus trabajos o escuelas.
Los poderes ejecutivo y legislativo deben recordar que tienen un mandato constitucional que cumplir, y por el que fueron electos democráticamente a través de la voluntad de las y los ciudadanos. El Ejecutivo debe gobernar para que las instituciones públicas funcionen en beneficio de todas y todos, y el Congreso para representarnos en la toma de decisiones que mejor convengan a nuestra sociedad.
Desde CADHAC, como ciudadanos y ciudadanas preocupados por este entorno social y político en el que nos encontramos, hacemos un llamado tanto al Gobernador como al Congreso para que estén a la altura de brindar soluciones a las necesidades urgentes que sufrimos en el estado. Ambos poderes deben colocar a las personas en el centro de sus decisiones y por encima de sus diferencias para poder contribuir a que todas y todos vivamos en un entorno de dignidad y respeto a los derechos humanos.
