¿Qué significa la renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda?

La reciente renuncia de Karla Quintana como comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) se da en un contexto preocupante: con un registro de más de cien mil personas desaparecidas, 40,000 de ellas en el presente sexenio. Además, cerca de vencer el plazo para responder al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU (CED-ONU). Esto evidencia la profunda crisis humanitaria que enfrentamos en México. No se trata simplemente de números; detrás de cada cifra hay madres, padres, hijos e hijas desaparecidas que dejan familias desconsoladas y a una sociedad marcada por el dolor.

Diversas inquietudes han surgido en torno a la renuncia de la Sra. Quintana, particularmente por su relación con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la propuesta de llevar a cabo un “censo casa por casa”. Más que ofrecer claridad, tal iniciativa parece sugerir una posible intención de minimizar la verdadera magnitud del problema, desviándose además del reconocimiento del trabajo de las familias en este registro. 

La CNB es parte fundamental del engranaje del Sistema Nacional de Búsqueda que nace con la Ley General en Materia de Desaparición, es decir que emerge del esfuerzo de miles de familias mexicanas. La Comisión es concebida como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno y autónoma a las fiscalías, para coordinar la búsqueda dando voz a las y los desaparecidos y sus familias. La partida de Quintana no es únicamente la renuncia de una funcionaria, es un reflejo de los retos y obstáculos que enfrenta ahora este sistema a nivel nacional y en cada Comisión Local. Cada decisión impactará directamente en las esperanzas de miles de familias a quienes el Estado aún adeuda respuestas y justicia.

La priorización de cuestiones estadísticas por parte del Estado, en lugar de abordar las necesidades de las familias, es  preocupante. Las víctimas y sus familiares no solo deben estar en el centro de cualquier estrategia o acción; su participación activa es esencial, ya que pueden ofrecer una perspectiva invaluable basada en su experiencia personal.

Con la próxima designación de un nuevo titular para la CNB,, es fundamental que las víctimas tengan una participación en su elección. Ignorar su voz sería un retroceso en los esfuerzos y avances ya logrados. Las próximas autoridades deben poseer un conocimiento profundo y experiencia en la materia, y es esencial que valoren y continúen el trabajo ya emprendido.

Exhortamos a que el proceso de selección del próximo titular de la CNB se realice conforme a lo establecido en la Ley General de personas desaparecidas, garantizando una elección con plena participación de las familias y asegurando la designación de alguien respaldado por las víctimas y sus familiares.

Aunque no se quiera reconocer, en México enfrentamos una terrible realidad. Detrás de cada persona desaparecida hay dolor y sufrimiento, el negarse a verlo y atenderlo no nos llevará a ningún cambio¡Ni una persona desaparecida más!.

Urge Implementar un plan contra la trata de personas en Nuevo León, tema pendiente del gobierno estatal

Hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que afecta a millones de personas vulnerables en todo el mundo, es una grave violación a los derechos humanos, cuyas víctimas son mujeres (42%), niñas y niños (35%) y hombres (23%), según el informe más reciente de la ONU sobre el tema. 

La trata de personas es la captación, traslado o acogida de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior a través del engaño, la amenaza o el uso de la fuerza, con fines de explotación laboral o sexual, incorporación forzosa en actividades criminales o mendicidad.

La trata de personas se aprovecha de las vulnerabilidades de las personas por condiciones de discriminación, pobreza, discapacidad o migración, deshumanizándolas reduciéndolas a objetos para uso y explotación comercial. La impunidad y el no reconocimiento de las víctimas vulnera sus derechos a la justicia y reparación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en México se reportaron 381 casos de trata de personas en 2022; ese mismo año, Nuevo León registró 74 casos. Es decir, una de cada cinco personas que fueron víctimas de este delito en México residían en Nuevo León. 

La trata está estrechamente vinculada con la desaparición de personas, delito por el que Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada informó en 2022 que en México aumentaron las desapariciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres, posiblemente ligadas a la trata de personas. Además, destacó la vulnerabilidad de los migrantes que atraviesan el país hacia la frontera de EE.UU., a ser desaparecidos y explotados por grupos criminales.

Combatir la trata de personas demanda acciones urgentes; por lo tanto, enfatizamos las siguientes medidas.

  1. A la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, incluir la trata como una línea de investigación en los casos de personas desaparecidas y revisar criterios de registro y reporte de los casos.

  2. A la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León convocar al Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención Combate y Erradicación de la Trata de Personas para revisar y publicar el el Plan para la Prevención y el Combate contra la Trata de Personas del estado.

  3. A los gobiernos de Nuevo León y municipales a coordinarse y colaborar con organizaciones civiles e iniciativa privada en la creación de políticas y estrategias efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, proteger a las víctimas y restituir sus derechos, en consonancia con el Programa Nacional 2022-2024 y las disposiciones legales en la materia.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.

Día Internacional del Derecho a la Verdad. #COMUNICADO AMORES

Compartimos el comunicado del colectivo AMORES con motivo del Día del derecho a la Verdad

La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas AMORES, este día del derecho a la verdad recordamos que todas las víctimas tenemos el derecho de saber la verdad sobre lo que sucedió con nuestros seres queridos desaparecidos.

El derecho a la Verdad es muy importante porque ayuda a recordar, reivindicar y honrar a las personas que han sido desaparecidas y a sus familias, en necesario para restaurar la dignidad y para garantizar la no repetición en el futuro.

Desafortunadamente, en Nuevo León, muchas familias llevábamos más de 12 años en la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, son años en la búsqueda de la verdad y no hemos encontrado nada.

Nuestros familiares han desaparecido en un contexto de violencia e impunidad en el que todos sus derechos humanos fueron violados. Esto ha generado un impacto muy negativo en nuestras vidas y en nuestras familias, hemos tenido que vivir la incertidumbre, el dolor y la angustia.

Por todo esto exigimos al gobierno de Nuevo León, que haga efectivo el Derecho de la verdad que se nos otorga en el Capítulo Primero, artículo 5, fracciones ll y Vll de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Es preocupante que, en lugar de mejorar la situación, en Nuevo León hay menos personal en las fiscalías especializadas en desaparición y no hay un Fiscal General en la entidad debido a cuestiones de politiquería dejando de lado lo verdaderamente importante. El no tener un Fiscal revictimiza a las personas desaparecidas y a sus familias y además mientras no se cuente con un presupuesto suficiente para contar con los recursos humanos y materiales para una verdadera y seria investigación, la impunidad seguirá creciendo junto con el dolor de las familias.

El grupo AMORES y todas las familias tenemos el derecho a que se busque e investigue para esclarecer lo ocurrido a nuestros seres queridos desaparecidos, con una investigación seria y eficiente por parte de las autoridades. Mientras no tengamos acceso al derecho de la verdad, no obtendremos justicia y se nos violentan nuestros derechos humanos.

Rompamos el silencio y levantemos la voz juntas.

¡Tenemos derecho a la verdad!

NO descansaremos ¡Hasta Encontrarles!

¡¿Dónde Están?!

¡¿Dónde Están?! Verdad para las familias de personas desaparecidas en Nuevo León

REF: B2403-10

El Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas es una conmemoración establecida por la ONU para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, tales como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Al conmemorar este día se reconoce en el ámbito internacional la gravedad del problema que representa la incertidumbre sobre la situación de una víctima de violaciones graves de derechos humanos, una incertidumbre que no es casual, sino producida. Para llegar a la justicia es necesaria la verdad.

El Estado es responsable cuando una persona es desaparecida ya que al negar el hecho, ocultar evidencia, no investigar o hacerlo de forma negligente, las autoridades no garantizan el derecho a la verdad para los familiares de personas desaparecidas. La exigencia de verdad también es un paso importante para evitar que las desapariciones sigan ocurriendo.

La angustia que experimentan los familiares ante la incertidumbre sobre la situación de su ser querido les genera un sufrimiento que se sitúa en el umbral de la tortura. El impacto de este duelo suspendido en las familias generalmente ocasiona el deterioro de su salud física y mental. Debido a lo anterior, la garantía del derecho a la verdad es parte fundamental de la reparación integral del daño a las familias de las víctimas, ya que contar con toda la información sobre las condiciones de la desaparición de su familiar ayuda al proceso de restituir su paz.

La exigencia del derecho a la verdad fomenta las acciones contra la impunidad, necesarias en Nuevo León, donde el porcentaje de delitos que no fueron denunciados o en los que no se inició una carpeta de investigación fue de 94.6%, cifra superior al promedio nacional. También Nuevo León tiene un índice alto de impunidad, el cual es de 61.64%. Dicho porcentaje es mayor que en la mayoría de los estados. 

La verdad es un elemento clave para que se haga justicia, se llegue a la reparación del daño y se brinde paz a las familias de personas desaparecidas, Todas las familias tienen derecho a la verdad. Por ello, desde CADHAC exigimos a las autoridades competentes de Nuevo León que garanticen el derecho inalienable de los familiares de personas desaparecidas a conocer la verdad, mediante la realización de investigaciones exhaustivas en cada caso.

Este día como todos los días exigimos saber ¡¿Dónde están?!

¿Justicia social en Nuevo León?

EL 20 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Justicia Social, fecha establecida por la ONU para recordar la importancia de la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos.

En Nuevo León, a pesar de ser considerada una capital de crecimiento económico que prioriza las inversiones, existe una clara injusticia social y gran desigualdad. La falta de acceso para toda la ciudadania a servicios básicos como la salud, la alimentación, el agua potable y el transporte público adecuado, así como las condiciones precarias del medio ambiente, amenazan constantemente la calidad de vida de miles de personas en el estado.

Es necesario que las autoridades en el gobierno se comprometan en combatir estas desigualdades sociales y económicas, y que la ciudadanía permanezca crítica y activa en la exigencia de sus derechos por una vida digna.

Necesitamos de autoridades conscientes de las problemáticas que afectan a gran parte de la población y que garanticen un acceso efectivo a servicios básicos. La contaminación, la falta de agua, de transporte son factores que al combinarse limitan la igualdad de oportunidades para el desarrollo digno de todas las personas en Nuevo León.

Desde CADHAC exhortamos a las autoridades a priorizar la justicia social implementando políticas que erradiquen la desigualdad y la pobreza, garantizando el acceso a bienes y servicios básicos de calidad a toda la población sin distinción y así acabar con condiciones que generan y perpetúan la pobreza y la desigualdad.

Justicia Social por una vida digna para todas las personas en Nuevo León.

#JusticiaParaAngel En el primer aniversario luctuoso de su muerte impune

REF: B2302-05

Sigue sin esclarecerse la muerte del niño Ángel Moreno en el DIF Fabriles tras una vida institucionalizada y una cremación irregular, que lo convierte en un caso paradigmático de violación a derechos humanos en México.

Ángel Moreno, con diez años de vida institucionalizada, junto a otros adolescentes realizaron protestas por los malos tratos recibidos en el DIF Capullos a finales de noviembre del 2021. Aún con medidas cautelares para su protección, fue trasladado a DIF Fabriles para niñez migrante, es decir, no correspondía al perfil de atención que requería la discapacidad psicosocial de Ángel. Quién de acuerdo a los testimonios sufrió acoso y maltrato en ese albergue.

En febrero del 2022 un periodista independiente da a conocer las irregularidades de la muerte del niño dentro del DIF Fabriles, con presuntos maltratos físicos y ocultamiento de las causas de muerte. Destacando la cremación irregular de su cuerpo, lo que eliminaría posibles evidencias y una investigación completa.

A un año de la muerte de Ángel Moreno las omisiones, complicidades y silencios del gobierno estatal y la fiscalía son evidentes. Aún con la indignación pública y movilización de los primeros meses no se cumplió con el mandato legal de justicia pronta y expedita. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha transparentado el caso, ni el avance de la investigación, medidas urgentes especialmente si hay funcionarios indiciados como presuntos responsables.

CADHAC recuerda a las autoridades que la ONU instó al Estado mexicano llevar a cabo “una investigación exhaustiva de todas las muertes de niños y adultos con discapacidad en todas las instituciones” (2014) por lo cual las autoridades estatales no pueden seguir guardando silencio cómplice, junto a los y las funcionarias responsables del DIF y sus albergues, ni seguir con el silenciamiento a toda exigencia de verdad y justicia.

De seguir protegiendo a los presuntos responsables con impunidad, se coloca en riesgo la vida e integridad de los cientos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en Nuevo León.

Urgimos a la Fiscalía para que a la brevedad presente resultados de su investigación. A su vez, invitamos a la sociedad nuevoleonesa a sentir empatía por Ángel, quien no encontró el cariño y cuidados de quienes tenían la obligación legal de protegerlo y garantizar un proyecto de vida.

¡Verdad y Justicia para Ángel!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación. Se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos desde su fundación en 1993

El arraigo y la prisión preventiva oficiosa vulneran los derechos humanos: Corte Interamericana de Derechos humanos CoIDH

REF: B2301-03

CADHAC celebra la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que condena al Estado mexicano en el caso Tzompantle Tecpile donde tres personas fueron detenidas de forma ilegal y arbitraria por policías, con un inadecuado proceso judicial. La sentencia genera un precedente que limita el uso de la prisión preventiva. Es decir, evita que las personas sean encarceladas sin que exista una condena en su contra.

En dicha sentencia, la CoIDH ordenó al Estado mexicano:

1. Eliminar el arraigo, pues viola los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia. El arraigo es la privación de la libertad de una persona con fines de investigación y hasta por 80 días en casos de delincuencia organizada.

2. Adecuar la prisión preventiva oficiosa para evitar medidas arbitrarias y garantizar la presunción de inocencia. La prisión preventiva implica enviar a una persona a la cárcel sin que haya sido condenada por un delito y puede permanecer años sin que se le dicte sentencia.

La implementación de las medidas derivadas de esta sentencia es fundamental para garantizar el derecho al debido proceso legal y la presunción de inocencia. En nuestro país hay 230,000 personas privadas de la libertad. De ellas, casi la mitad, el 40%, no tiene una sentencia. 

En Nuevo León, hay 9,648 personas privadas de la libertad, de las cuales el 39% siguen esperando una sentencia. Además, en nuestra entidad hay una sobrepoblación penitenciaria que es particularmente preocupante en los penales Norte 1 y 2 en Apodaca, las cuales son del 21% y del 17% respectivamente.     

México debe cumplir con las medidas ordenadas por la Corte y asegurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Esta sentencia es trascendental para el respeto y protección a los derechos humanos dentro de los procesos penales en el país garantizando la presunción de inocencia.

Día Internacional de los Derechos Humanos 2022

En el Día Internacional de los Derechos Humanos conmemoramos la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

Este evento tan importante, ocurrido hace 74 años, inauguró una nueva etapa en la lucha por los derechos humanos pues fue el fundamento de las agencias de la ONU enfocadas en su defensa. A partir de este documento, se crearon diversos tratados de alcance global y regional que establecen los compromisos de los Estados para el cumplimiento de los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona las condiciones que son necesarias para que todas las personas vivan dignamente. Por ello, incluye los derechos a la vida, a la protección de la ley, a la libertad de expresión, a la salud, a la alimentación y a la educación, entre otros. Con base en el reconocimiento internacional de estos derechos, se han conformado leyes y organismos que obligan a los representantes del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Casi tres cuartos de siglo después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es necesario reflexionar sobre los logros y límites que han tenido los derechos humanos en la creación de condiciones dignas de vida para todas las personas.

En Nuevo León, el aumento de la pobreza causada por la crisis económica y el crecimiento de la violencia reflejada en un mayor número de homicidios, feminicidios y desapariciones de personas representan graves riesgos para la dignidad y la vida, son condiciones que deben ser atendidas a la brevedad para que no existan más víctimas. Las familias de las víctimas de la violencia han sido expuestas a un terrible dolor y han visto obstaculizados sus derechos humanos pues siguen sin ver cumplida su exigencia de verdad,  justicia y reparación.

En este año que finaliza también se vio afectado el derecho al agua potable, lo que impactó también en otros derechos porque gran parte de la población modificó su rutina diaria, e hizo gastos adicionales para la obtención del vital líquido que les permitiera cubrir sus necesidades básicas.

El medio ambiente es otro derecho que se ha visto afectado, la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey ha sido continua, lo que incide en las enfermedades respiratorias de toda la población.

La agenda de los derechos humanos es amplia y esta situación demanda que las autoridades se comprometan con la materialización de los derechos humanos a través de políticas públicas efectivas. También requiere que asuman su papel como representantes de la ciudadanía y que enfoquen sus acciones hacia el bien público más allá de disputas partidistas.

Conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la comunidad internacional nos recuerda que estos derechos surgen como una exigencia de dignidad, se establecen mediante leyes y se materializan a través de políticas públicas. No obstante, la clave de su éxito es que las personas puedan ejercerlos en su vida diaria. De esta forma, los derechos humanos no son solo documentos normativos, sino que representan demandas de la ciudadanía por una vida digna que las autoridades tienen la obligación de cumplir.

Día Internacional de la Niña

El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña para reconocer sus derechos y el empoderamiento de las niñas y las jóvenes.  

La igualdad de género es esencial para la paz. Las niñas y las mujeres representan la mitad de la población mundial, sin embargo, en todo el mundo, las niñas y las mujeres siguen siendo discriminadas y excluidas de la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida. 

Aún hoy, las niñas tienen menos acceso que los niños a la educación, la salud y la protección. Se les impide participar en la toma de decisiones sobre su cuerpo y su vida, y son víctimas de violencia y abuso. 

Es esencial que todas y todos actuemos contra la discriminación y la exclusión de las niñas y adolescentes.

En 2022 celebramos el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña, y el lema es:
Ha llegado nuestro momento: nuestros derechos, nuestro futuro”.

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