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Categoría: Derechos Humanos

Norteñas por la Verdad y la Justicia: Chihuahua, Nuevo León y Coahuila unen fuerzas por segundo año consecutivo

by comunicacion

La lucha de las mujeres es MEMORIA

#EnElNorteLasNombramos

En el contexto del 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres” decidimos unir fuerzas Chihuahua, Nuevo León y Coahuila para visibilizar a decenas de mujeres que han sido asesinadas y/o desaparecidas en nuestros estados. Lo que comenzó en 2022, hoy por segundo año consecutivo, se retoma por medio de la campaña “Norteñas por la Verdad y la Justicia”.

A raíz de la implementación de esta campaña el año pasado, nos dimos cuenta de la capacidad de articulación entre organizaciones de la sociedad civil para visibilizar a mujeres desaparecidas y/o víctimas de feminicidio; incluyendo compañeras que lucharon por sus derechos y que también fueron víctimas de estas violencias y hasta ahora no sabemos quiénes fueron ni dónde están. También queremos visibilizar a las mujeres que dejaron huella en la defensa de los derechos humanos.

Realizaremos estas acciones para traerlas a la memoria, para decir que nos ¡HACEN FALTA! Hacen falta a sus familias, hacen falta a la sociedad, y no podemos normalizar la violencia que existe en nuestro país viendo cifras alarmantes cada año.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al día de hoy en México existen 111,648 personas desaparecidas, de las cuales el 25.08% son mujeres. Nuevo León, Coahuila y Chihuahua ocupan el quinto, décimo y onceavo lugar respectivamente a nivel nacional en desapariciones.

Durante 2022 desaparecieron 10,269 personas, eso significa en promedio 28 personas al día, de las cuáles por lo menos 8, eran mujeres; también, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 3,754 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 947 (25%) fueron investigados como feminicidios, lo que nos indica que en México son asesinadas 10 mujeres al día. Además, hay registro de 67,315 lesiones dolosas contra mujeres, así como 158 mujeres víctimas de secuestro y por lo menos 635 víctimas de trata. Aún sin considerar la cifra negra, estos datos nos hablan de la situación de violencias contra las mujeres, la cual es un problema muy grave en nuestro país y es necesario enfrentarlas y visibilizarlas.

Con esta campaña pretendemos dar un rostro a las mujeres que han sido víctimas de las mencionadas violencias, nombrándolas y contando sus historias para exponer la situación a la que nos enfrentamos las mujeres día con día, no olvidándolas y utilizando la memoria como medio de reparación colectiva.

Hacemos un llamado a las autoridades a realizar acciones contundentes para frenar las violencias de género; así como a brindar los medios de justicia necesarios para las familias de las víctimas que el día de hoy no se encuentran aquí; y las condiciones necesarias para una vida libre de violencias para mujeres y niñas.

Además, a la sociedad a sumarse compartiendo estas historias, así como a otras organizaciones y colectivas acompañantes; juntas podremos hacer visible este problema y exigir hasta ser escuchadas.

Que en cada historia recordemos alzar la voz en búsqueda de verdad y justicia, por todas, hasta que esta historia no se repita nunca más

#EnElNorteLasNombramos

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Contactos para medios:
CEDEHM:
(614) 142 0946
Fray Juan de Larios:
(844) 277 8247
CADHAC:
(812) 629 9561

2023.02.27_Comunicado_Nortenas_Verdad_Justicia.docxDescarga

¿Justicia social en Nuevo León?

by comunicacion

EL 20 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Justicia Social, fecha establecida por la ONU para recordar la importancia de la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos.

En Nuevo León, a pesar de ser considerada una capital de crecimiento económico que prioriza las inversiones, existe una clara injusticia social y gran desigualdad. La falta de acceso para toda la ciudadania a servicios básicos como la salud, la alimentación, el agua potable y el transporte público adecuado, así como las condiciones precarias del medio ambiente, amenazan constantemente la calidad de vida de miles de personas en el estado.

Es necesario que las autoridades en el gobierno se comprometan en combatir estas desigualdades sociales y económicas, y que la ciudadanía permanezca crítica y activa en la exigencia de sus derechos por una vida digna.

Necesitamos de autoridades conscientes de las problemáticas que afectan a gran parte de la población y que garanticen un acceso efectivo a servicios básicos. La contaminación, la falta de agua, de transporte son factores que al combinarse limitan la igualdad de oportunidades para el desarrollo digno de todas las personas en Nuevo León.

Desde CADHAC exhortamos a las autoridades a priorizar la justicia social implementando políticas que erradiquen la desigualdad y la pobreza, garantizando el acceso a bienes y servicios básicos de calidad a toda la población sin distinción y así acabar con condiciones que generan y perpetúan la pobreza y la desigualdad.

Justicia Social por una vida digna para todas las personas en Nuevo León.

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#JusticiaParaAngel En el primer aniversario luctuoso de su muerte impune

by comunicacion

REF: B2302-05

Sigue sin esclarecerse la muerte del niño Ángel Moreno en el DIF Fabriles tras una vida institucionalizada y una cremación irregular, que lo convierte en un caso paradigmático de violación a derechos humanos en México.

Ángel Moreno, con diez años de vida institucionalizada, junto a otros adolescentes realizaron protestas por los malos tratos recibidos en el DIF Capullos a finales de noviembre del 2021. Aún con medidas cautelares para su protección, fue trasladado a DIF Fabriles para niñez migrante, es decir, no correspondía al perfil de atención que requería la discapacidad psicosocial de Ángel. Quién de acuerdo a los testimonios sufrió acoso y maltrato en ese albergue.

En febrero del 2022 un periodista independiente da a conocer las irregularidades de la muerte del niño dentro del DIF Fabriles, con presuntos maltratos físicos y ocultamiento de las causas de muerte. Destacando la cremación irregular de su cuerpo, lo que eliminaría posibles evidencias y una investigación completa.

A un año de la muerte de Ángel Moreno las omisiones, complicidades y silencios del gobierno estatal y la fiscalía son evidentes. Aún con la indignación pública y movilización de los primeros meses no se cumplió con el mandato legal de justicia pronta y expedita. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha transparentado el caso, ni el avance de la investigación, medidas urgentes especialmente si hay funcionarios indiciados como presuntos responsables.

CADHAC recuerda a las autoridades que la ONU instó al Estado mexicano llevar a cabo “una investigación exhaustiva de todas las muertes de niños y adultos con discapacidad en todas las instituciones” (2014) por lo cual las autoridades estatales no pueden seguir guardando silencio cómplice, junto a los y las funcionarias responsables del DIF y sus albergues, ni seguir con el silenciamiento a toda exigencia de verdad y justicia.

De seguir protegiendo a los presuntos responsables con impunidad, se coloca en riesgo la vida e integridad de los cientos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en Nuevo León.

Urgimos a la Fiscalía para que a la brevedad presente resultados de su investigación. A su vez, invitamos a la sociedad nuevoleonesa a sentir empatía por Ángel, quien no encontró el cariño y cuidados de quienes tenían la obligación legal de protegerlo y garantizar un proyecto de vida.

¡Verdad y Justicia para Ángel!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación. Se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos desde su fundación en 1993

La desaparición de personas va en aumento ¿Qué está pasando en Nuevo León?

by comunicacion

REF: B2302-04

En enero de 2023, se registraron 52 desapariciones en Nuevo León, incluyendo casos de desapariciones grupales, lo que refleja la gravedad de un problema que no ha sido atendido. Esto sucede en un contexto de violencia equivalente a los momentos más álgidos de la guerra contra el narcotráfico en 2010 y 2011. Desde CADHAC denunciamos la preocupante inacción del gobierno del estado.

No existen excusas ni impedimentos legales para que el gobierno desarrolle políticas de prevención, atención, reparación e investigación efectivas. En 2023 entró en vigor la Ley estatal sobre desaparición de personas. Además, desde 2011 existen múltiples acciones e instituciones desarrolladas para hacer frente a esta tragedia, propuestas desde las propias familias víctimas. En pocas palabras, las autoridades de Nuevo León están ante una problemática bien conocida por la sociedad neoleonesa y especialmente por las familias de las personas desaparecidas.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no tiene fiscal por una crisis de gobernabilidad que lleva varios meses. Así mismo, es evidente la incapacidad de las autoridades para detener las desapariciones y otros actos violentos que están a la orden del día.

Las desapariciones de personas en Nuevo León han aumentado de forma alarmante durante los últimos años. No hay pretextos para la inacción de las autoridades. CADHAC hace un llamado urgente a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde y a poner en marcha el andamiaje institucional construido durante más de una década de denuncia, búsqueda y demanda.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos, desde su fundación en 1993.

El arraigo y la prisión preventiva oficiosa vulneran los derechos humanos: Corte Interamericana de Derechos humanos CoIDH

by comunicacion

REF: B2301-03

CADHAC celebra la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que condena al Estado mexicano en el caso Tzompantle Tecpile donde tres personas fueron detenidas de forma ilegal y arbitraria por policías, con un inadecuado proceso judicial. La sentencia genera un precedente que limita el uso de la prisión preventiva. Es decir, evita que las personas sean encarceladas sin que exista una condena en su contra.

En dicha sentencia, la CoIDH ordenó al Estado mexicano:

1. Eliminar el arraigo, pues viola los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia. El arraigo es la privación de la libertad de una persona con fines de investigación y hasta por 80 días en casos de delincuencia organizada.

2. Adecuar la prisión preventiva oficiosa para evitar medidas arbitrarias y garantizar la presunción de inocencia. La prisión preventiva implica enviar a una persona a la cárcel sin que haya sido condenada por un delito y puede permanecer años sin que se le dicte sentencia.

La implementación de las medidas derivadas de esta sentencia es fundamental para garantizar el derecho al debido proceso legal y la presunción de inocencia. En nuestro país hay 230,000 personas privadas de la libertad. De ellas, casi la mitad, el 40%, no tiene una sentencia. 

En Nuevo León, hay 9,648 personas privadas de la libertad, de las cuales el 39% siguen esperando una sentencia. Además, en nuestra entidad hay una sobrepoblación penitenciaria que es particularmente preocupante en los penales Norte 1 y 2 en Apodaca, las cuales son del 21% y del 17% respectivamente.     

México debe cumplir con las medidas ordenadas por la Corte y asegurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Esta sentencia es trascendental para el respeto y protección a los derechos humanos dentro de los procesos penales en el país garantizando la presunción de inocencia.

Día Internacional de la Educación 2023

by comunicacion

El 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación. En este día es fundamental recordar que la educación es un derecho humano que contribuye al desarrollo cognitivo de las personas, lo que tiene el potencial de acabar con el ciclo de pobreza, así como de promover la comprensión y el respeto. 


Las autoridades tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan ejercer este derecho. En Nuevo León, el cumplimiento del derecho a la educación ha tenido avances importantes en comparación con otras entidades del país. Sin embargo, alrededor del 14.4% de toda la población del estado padece rezago educativo*. Esto significa que 842 mil personas no cuentan con la escolarización obligatoria completa. Además, aún existen barreras importantes en los servicios relacionados con la educación, como la cobertura, el cobro de cuotas, las condiciones de las instalaciones y la discriminación. Superar estar barreras requiere de esfuerzos institucionales desde un enfoque de derechos humanos.   

Los servicios relacionados con la educación deben tener disponibilidad, lo que implica que existan las escuelas, aulas, profesores y materiales suficientes para que todas las personas puedan ejercer este derecho. Con base en lo anterior, es necesario que la infraestructura y el personal necesario estén al alcance de las personas que viven en las distintas comunidades de la entidad.

Las autoridades también están obligadas a brindar educación de calidad. Esto significa que las y los estudiantes cuenten con instalaciones adecuadas para sus necesidades, que los profesores estén apropiadamente capacitados y que los materiales sean pertinentes para favorecer el desarrollo del conocimiento y la creatividad. En este ámbito, es importante que la infraestructura de los centros educativos se encuentre en buenas condiciones para la seguridad, higiene y bienestar de quienes asisten a ellos.     

Otra característica que debe tener la educación es la accesibilidad. Esta obligación incluye diferentes aspectos entre los que se encuentran el económico y el físico. La accesibilidad económica se refiere a que el ejercicio de este derecho no genere un gran costo para las familias. No obstante, el cobro de cuotas en las escuelas puede representar una porción muy grande de los ingresos de las familias de escasos recursos. Por otro lado, la accesibilidad física implica que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para que todas las personas, incluyendo aquellas que padecen alguna discapacidad, puedan gozar de este derecho. 

Finalmente, cualquier derecho humano está regido por el principio de no discriminación. En el caso de la educación, esto está estrechamente relacionado con el acceso de personas con discapacidad a los servicios educativos. En materia de infraestructura esto se debe reflejar en, por ejemplo, la adaptación de las instalaciones como escaleras, baños y aulas para estudiantes que padecen alguna discapacidad. Al mismo tiempo, esto requiere la capacitación adecuada de los profesores sobre cómo impartir clases a estudiantes que tienen necesidades especiales.

El derecho a la educación tiene el potencial de mejorar el bienestar de los individuos y generar sociedades más pacificas. Su garantía requiere la suficiente provisión de recursos y la implementación de políticas adecuadas. Para ello, el enfoque de derechos humanos es una guía indispensable sobre cómo responder efectivamente a las necesidades y exigencias de la ciudadanía para el ejercicio del derecho a la educación. 

*Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Nuevo León. Pobreza estatal 2020”. Disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/NuevoLeon/Paginas/principal.aspx  

A 5 años de Ley General en Materia de Desaparición: La crisis de desapariciones en México sigue en aumento

by comunicacion

REF: B2301-01

Hoy, 16 de enero 2023, se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General). La creación de una ley de estas características fue una de las principales recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, respondió a la exigencia de verdad y justicia de miles de familiares de personas desaparecidas del país. En este sentido, la Ley General representa un compromiso del Estado mexicano con la protección y garantía de los derechos humanos, y ante el dolor de cientos de miles de familias.

En México hay más de cien mil personas desaparecidas. A pesar del avance que representó el establecimiento de la Ley General, aún existen brechas en su implementación, lo que limita su capacidad para garantizar verdad y justicia. Una de ellas es la insuficiencia presupuestaria para la operación adecuada de agencias especializadas en desaparición. Al mismo tiempo, los familiares de personas desaparecidas enfrentan grandes dificultades para acceder a medidas de reparación del daño. También existe impunidad sistemática lo que favorece que las desapariciones se sigan cometiendo.

Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas con 6,288 casos registrados*. Esto representa miles de familias cuyo dolor permanece ante la incertidumbre de la situación de su ser querido y la falta de respuestas. A lo largo de los años en los que la entidad no contó con una ley estatal sobre desaparición de personas, CADHAC y colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron esfuerzos promoviendo políticas para la búsqueda de personas y la atención a sus familiares. Ejemplo de lo anterior fue el Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas, el cual estuvo basado en la Ley General y cuyo cumplimiento fue un compromiso de los gobiernos del estado y de nueve municipios.

Finalmente, el 1° de enero de 2023 entró en vigor la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Nuevo León, tras varios años de esfuerzo de familiares de personas desaparecidas, con quienes las autoridades de la entidad tienen una gran deuda. Su implementación efectiva y el compromiso de brindar justicia a las familias de personas desaparecidas requiere tomar en cuenta las limitaciones de la implementación de la Ley General. Por ello, debe garantizarse el acceso de los familiares a medidas de reparación del daño, la provisión de presupuesto suficiente y medidas serias para combatir la impunidad en los casos de personas desaparecidas. 

Los gobiernos muestran apatía y desinterés para resolver la crisis de desapariciones y brindar seguridad y verdad a la población. A pesar de algunos esfuerzos institucionales, la justicia sigue siendo inalcanzable. La sociedad está cansada de esta irresponsabilidad e infamia por parte de las autoridades, quienes no priorizan la paz y se constata al observar los presupuestos destinados al tema de personas desaparecidas a nivel nacional y estatal. La Ley General establece que las autoridades, desde el Presidente hasta el funcionario de menor rango, tomen medidas concretas y efectivas para abordar esta problemática y brindar justicia a las cientos de miles de familias y que en México no desaparezca nadie más.

Lamentamos profundamente la partida de fray Miguel Concha Malo

by comunicacion

Resaltamos la fidelidad a su compromiso de seguimiento al Señor Jesús, abriendo caminos de protección y dignidad para hermanos migrantes centroamericanos, en momentos donde no había espacios para su acogida.

Su andar es inspirador, con su profundidad analítica de la realidad e interpretaciones que sin duda siempre iluminaron el caminar y seguirá presente a través de su vida y sus escritos.

Nuestras más sentidas condolencias y un abrazo de fuerza a su familia, seres queridos, para la Orden de Dominicos y para los y las compañeras que integran el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Manteniendo la esperanza en un año difícil, trabajemos por un 2023 de bienestar y paz

by comunicacion

Queridos amigos y amigas de CADHAC,

Llegamos al final de otro año y desde CADHAC Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C, sentimos una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en nuestra entidad

Este año ha sido particularmente difícil. La inseguridad y la violencia han azotado nuestra entidad como en los peores tiempos que dejó a miles de familias vulnerables y en un profundo dolor. Además, gran parte de la población ha sido privada de sus derechos básicos por el estado, como lo es el agua y el transporte.

A pesar de todo esto, no perdemos la esperanza. Tenemos la convicción de que en unión, asumiéndonos como personas defensoras de derechos humanos podemos hacer un cambio real y duradero. Sabemos que podemos construir un futuro más justo y más equitativo para cada persona.

Les invitamos a seguir apoyando en la defensa y promoción de los derechos humanos en Nuevo León. Juntas, juntos podemos hacer la diferencia.

En este espíritu de esperanza y amor, queremos desearles a todos un feliz año nuevo y enviarles nuestros más sinceros deseos de paz y prosperidad. Que el nuevo año sea un año de cambio y de avance hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos.

Con cariño

CADHAC

Día Internacional de los Derechos Humanos 2022

by comunicacion

En el Día Internacional de los Derechos Humanos conmemoramos la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

Este evento tan importante, ocurrido hace 74 años, inauguró una nueva etapa en la lucha por los derechos humanos pues fue el fundamento de las agencias de la ONU enfocadas en su defensa. A partir de este documento, se crearon diversos tratados de alcance global y regional que establecen los compromisos de los Estados para el cumplimiento de los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona las condiciones que son necesarias para que todas las personas vivan dignamente. Por ello, incluye los derechos a la vida, a la protección de la ley, a la libertad de expresión, a la salud, a la alimentación y a la educación, entre otros. Con base en el reconocimiento internacional de estos derechos, se han conformado leyes y organismos que obligan a los representantes del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Casi tres cuartos de siglo después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es necesario reflexionar sobre los logros y límites que han tenido los derechos humanos en la creación de condiciones dignas de vida para todas las personas.

En Nuevo León, el aumento de la pobreza causada por la crisis económica y el crecimiento de la violencia reflejada en un mayor número de homicidios, feminicidios y desapariciones de personas representan graves riesgos para la dignidad y la vida, son condiciones que deben ser atendidas a la brevedad para que no existan más víctimas. Las familias de las víctimas de la violencia han sido expuestas a un terrible dolor y han visto obstaculizados sus derechos humanos pues siguen sin ver cumplida su exigencia de verdad,  justicia y reparación.

En este año que finaliza también se vio afectado el derecho al agua potable, lo que impactó también en otros derechos porque gran parte de la población modificó su rutina diaria, e hizo gastos adicionales para la obtención del vital líquido que les permitiera cubrir sus necesidades básicas.

El medio ambiente es otro derecho que se ha visto afectado, la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey ha sido continua, lo que incide en las enfermedades respiratorias de toda la población.

La agenda de los derechos humanos es amplia y esta situación demanda que las autoridades se comprometan con la materialización de los derechos humanos a través de políticas públicas efectivas. También requiere que asuman su papel como representantes de la ciudadanía y que enfoquen sus acciones hacia el bien público más allá de disputas partidistas.

Conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la comunidad internacional nos recuerda que estos derechos surgen como una exigencia de dignidad, se establecen mediante leyes y se materializan a través de políticas públicas. No obstante, la clave de su éxito es que las personas puedan ejercerlos en su vida diaria. De esta forma, los derechos humanos no son solo documentos normativos, sino que representan demandas de la ciudadanía por una vida digna que las autoridades tienen la obligación de cumplir.

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