Sigue sin esclarecerse la muerte del niño Ángel Moreno en el DIF Fabriles tras una vida institucionalizada y una cremación irregular, que lo convierte en un caso paradigmático de violación a derechos humanos en México.
Ángel Moreno, con diez años de vida institucionalizada, junto a otros adolescentes realizaron protestas por los malos tratos recibidos en el DIF Capullos a finales de noviembre del 2021. Aún con medidas cautelares para su protección, fue trasladado a DIF Fabriles para niñez migrante, es decir, no correspondía al perfil de atención que requería la discapacidad psicosocial de Ángel. Quién de acuerdo a los testimonios sufrió acoso y maltrato en ese albergue.
En febrero del 2022 un periodista independiente da a conocer las irregularidades de la muerte del niño dentro del DIF Fabriles, con presuntos maltratos físicos y ocultamiento de las causas de muerte. Destacando la cremación irregular de su cuerpo, lo que eliminaría posibles evidencias y una investigación completa.
A un año de la muerte de Ángel Moreno las omisiones, complicidades y silencios del gobierno estatal y la fiscalía son evidentes. Aún con la indignación pública y movilización de los primeros meses no se cumplió con el mandato legal de justicia pronta y expedita. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha transparentado el caso, ni el avance de la investigación, medidas urgentes especialmente si hay funcionarios indiciados como presuntos responsables.
CADHAC recuerda a las autoridades que la ONU instó al Estado mexicano llevar a cabo “una investigación exhaustiva de todas las muertes de niños y adultos con discapacidad en todas las instituciones” (2014) por lo cual las autoridades estatales no pueden seguir guardando silencio cómplice, junto a los y las funcionarias responsables del DIF y sus albergues, ni seguir con el silenciamiento a toda exigencia de verdad y justicia.
De seguir protegiendo a los presuntos responsables con impunidad, se coloca en riesgo la vida e integridad de los cientos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en Nuevo León.
Urgimos a la Fiscalía para que a la brevedad presente resultados de su investigación. A su vez, invitamos a la sociedad nuevoleonesa a sentir empatía por Ángel, quien no encontró el cariño y cuidados de quienes tenían la obligación legal de protegerlo y garantizar un proyecto de vida.
¡Verdad y Justicia para Ángel!
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación. Se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos desde su fundación en 1993
En enero de 2023, se registraron 52 desapariciones en Nuevo León, incluyendo casos de desapariciones grupales, lo que refleja la gravedad de un problema que no ha sido atendido. Esto sucede en un contexto de violencia equivalente a los momentos más álgidos de la guerra contra el narcotráfico en 2010 y 2011. Desde CADHAC denunciamos la preocupante inacción del gobierno del estado.
No existen excusas ni impedimentos legales para que el gobierno desarrolle políticas de prevención, atención, reparación e investigación efectivas. En 2023 entró en vigor la Ley estatal sobre desaparición de personas. Además, desde 2011 existen múltiples acciones e instituciones desarrolladas para hacer frente a esta tragedia, propuestas desde las propias familias víctimas. En pocas palabras, las autoridades de Nuevo León están ante una problemática bien conocida por la sociedad neoleonesa y especialmente por las familias de las personas desaparecidas.
Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no tiene fiscal por una crisis de gobernabilidad que lleva varios meses. Así mismo, es evidente la incapacidad de las autoridades para detener las desapariciones y otros actos violentos que están a la orden del día.
Las desapariciones de personas en Nuevo León han aumentado de forma alarmante durante los últimos años. No hay pretextos para la inacción de las autoridades. CADHAC hace un llamado urgente a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde y a poner en marcha el andamiaje institucional construido durante más de una década de denuncia, búsqueda y demanda.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos, desde su fundación en 1993.
CADHAC reconoce el avance que representa la entrada en vigor del Decreto 314, que agrega un apartado al artículo 122 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León. Este decreto faculta a la autoridad para solicitar a las empresas de telefonía celular la difusión de fichas o boletines de búsqueda mediante mensajes a sus clientes.
Es importante señalar que esta medida cumple con las obligaciones establecidas en la Ley general y estatal en materia de desaparición de personas en términos del protocolo homologado de búsqueda. Encontrar a una persona desaparecida depende de la inmediatez con la que se actúe, en estos casos el tiempo es vital, en el sentido de que las personas puedan ser encontradas o no. Acciones como éstas ayudan a la búsqueda inmediata pues gran parte de la población cuenta con dispositivos de telefonía móviles.
Instamos a las autoridades para que, lo más pronto posible, celebren los convenios con las empresas de telefonía y que estas participen de manera inmediata, solidaria y generosa en esta importante tarea.
En Nuevo León, la crisis de desapariciones ha ido en aumento en los últimos años. Actualmente es el quinto estado con más desapariciones de todo México. Es urgente que exista una acción oportuna de la sociedad en su conjunto ante las desapariciones. La búsqueda de personas desaparecidas debe ser ágil y efectiva, realizarse con una estrategia integral y organizada de manera coordinada y eficiente, por ello es importante que toda la población esté alerta y participativa.
Es relevante mencionar que este mecanismo de difusión inmediata ha demostrado ser sumamente efectivo en otros países, por ello CADHAC celebra esta medida y hace un llamado a las autoridades estatales a actuar con celeridad con el objetivo de implementarlo a la brevedad en la búsqueda de todas las personas desaparecidas en Nuevo León.
El día de hoy recibimos la visita en CADHAC Derechos Humanos del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, el Sr. Morris Tidball-Binz y de Alan García Campos de Onudh Mexico
Equipo CADHAC 2023 con el relator sobre ejecuciones extrajudiciales Morris Tidball-Binz y de Alan García Campos de Onudh Mexico
Ante los acontecimientos ocurridos al inicio de esta semana, nuestros pensamientos están con las familias de los policías y los civiles que han perdido la vida, y con las personas que han resultado heridas o afectadas por este doloroso incidente.
El trabajo de los policías es una gran responsabilidad, y merecen todo el respeto por proteger y servir a la comunidad.
Es importante que se brinde apoyo y protección a las familias de los policías que han perdido la vida desempeñando su trabajo. Solicitamos que las autoridades tomen medidas para garantizar los derechos de sus familiares, particularmente de sus hijos pequeños.
Llegamos al final de otro año y desde CADHAC Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C, sentimos una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en nuestra entidad
Este año ha sido particularmente difícil. La inseguridad y la violencia han azotado nuestra entidad como en los peores tiempos que dejó a miles de familias vulnerables y en un profundo dolor. Además, gran parte de la población ha sido privada de sus derechos básicos por el estado, como lo es el agua y el transporte.
A pesar de todo esto, no perdemos la esperanza. Tenemos la convicción de que en unión, asumiéndonos como personas defensoras de derechos humanos podemos hacer un cambio real y duradero. Sabemos que podemos construir un futuro más justo y más equitativo para cada persona.
Les invitamos a seguir apoyando en la defensa y promoción de los derechos humanos en Nuevo León. Juntas, juntos podemos hacer la diferencia.
En este espíritu de esperanza y amor, queremos desearles a todos un feliz año nuevo y enviarles nuestros más sinceros deseos de paz y prosperidad. Que el nuevo año sea un año de cambio y de avance hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos conmemoramos la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Este evento tan importante, ocurrido hace 74 años, inauguró una nueva etapa en la lucha por los derechos humanos pues fue el fundamento de las agencias de la ONU enfocadas en su defensa. A partir de este documento, se crearon diversos tratados de alcance global y regional que establecen los compromisos de los Estados para el cumplimiento de los derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona las condiciones que son necesarias para que todas las personas vivan dignamente. Por ello, incluye los derechos a la vida, a la protección de la ley, a la libertad de expresión, a la salud, a la alimentación y a la educación, entre otros. Con base en el reconocimiento internacional de estos derechos, se han conformado leyes y organismos que obligan a los representantes del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Casi tres cuartos de siglo después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es necesario reflexionar sobre los logros y límites que han tenido los derechos humanos en la creación de condiciones dignas de vida para todas las personas.
En Nuevo León, el aumento de la pobreza causada por la crisis económica y el crecimiento de la violencia reflejada en un mayor número de homicidios, feminicidios y desapariciones de personas representan graves riesgos para la dignidad y la vida, son condiciones que deben ser atendidas a la brevedad para que no existan más víctimas. Las familias de las víctimas de la violencia han sido expuestas a un terrible dolor y han visto obstaculizados sus derechos humanos pues siguen sin ver cumplida su exigencia de verdad, justicia y reparación.
En este año que finaliza también se vio afectado el derecho al agua potable, lo que impactó también en otros derechos porque gran parte de la población modificó su rutina diaria, e hizo gastos adicionales para la obtención del vital líquido que les permitiera cubrir sus necesidades básicas.
El medio ambiente es otro derecho que se ha visto afectado, la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey ha sido continua, lo que incide en las enfermedades respiratorias de toda la población.
La agenda de los derechos humanos es amplia y esta situación demanda que las autoridades se comprometan con la materialización de los derechos humanos a través de políticas públicas efectivas. También requiere que asuman su papel como representantes de la ciudadanía y que enfoquen sus acciones hacia el bien público más allá de disputas partidistas.
Conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la comunidad internacional nos recuerda que estos derechos surgen como una exigencia de dignidad, se establecen mediante leyes y se materializan a través de políticas públicas. No obstante, la clave de su éxito es que las personas puedan ejercerlos en su vida diaria. De esta forma, los derechos humanos no son solo documentos normativos, sino que representan demandas de la ciudadanía por una vida digna que las autoridades tienen la obligación de cumplir.
El pasado 4 de octubre, el Senado aprobó por mayoría dividida ampliar hasta el 2028 la presencia de fuerzas armadas en las calles argumentando que era necesario proporcionar seguridad a la ciudadanía pues hasta ahora la Guardia Nacional no había hecho lo suficiente. Hoy la Cámara de Diputados discutirá y someterá a votación el dictamen del Senado para votar mañana en el Pleno.
La participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es particularmente preocupante debido a la opacidad con las que éstas pueden operar en comparación con las corporaciones policiacas. Asimismo, la lógica de operación militar es reactiva y de combate frontal al enemigo, mientras que la seguridad de la ciudadanía demanda un enfoque basado en la prevención del delito y la atención a las víctimas. Estas circunstancias han puesto en riesgo el respeto y la protección de los derechos de las y los ciudadanos, lo que se ha reflejado desde 2007 en un aumento de las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Por ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en su informe de mayo de 2022 que el enfoque de seguridad pública caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos.
La estrategia de militarización de la seguridad pública no ha tenido un impacto significativo en garantizar la paz y la justicia de la ciudadanía. Al contrario, recurrir a las fuerzas armadas para sustituir las funciones de las corporaciones policiales agravó la violencia en distintas zonas del norte del país y propició la violación de derechos humanos como en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Neutralizar la amenaza que representan las actividades del crimen organizado requiere un enfoque que trascienda las tácticas de combate frontal al enemigo, pues éstas generan condiciones que posibilitan la violación de derechos humanos. Una estrategia de seguridad adecuada y efectiva requiere la creación de corporaciones policiales comandadas por civiles, con elementos bien capacitados, en contacto cercano con la ciudadanía y que cuenten con el equipo necesario. Además, el despliegue efectivo de estos elementos debe realizarse a partir de una exhaustiva labor de inteligencia e investigación. También es fundamental generar mecanismos que impidan la corrupción y la impunidad en las fuerzas destinadas a tareas de seguridad.
Como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la sentencia: Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182:
La participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública debe ser excepcional, extraordinaria, justificada, subordinada, complementaria y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes.
Para quienes vivimos en los estados del norte de México como son Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, el hecho de que el Ejército continúe en las calles garantiza graves violaciones a derechos humanos, pues en los últimos años, las organizaciones aquí representadas, hemos documentado casos donde militares se encuentran involucrados directa e indirectamente, sobre todo posterior a la implementación de estrategias donde miembros del Ejército participaron en instituciones de seguridad pública como los llamados “Modelo Coahuila” en el 2008, “Nuevo León Seguro” en el 2007 y “Operativo Conjunto Chihuahua” en el 2008.
Coahuila
En Coahuila se puede recordar un hecho de abuso por parte del Ejército en el 2006. En un bar de Castaños, Coahuila, 14 bailarinas sufrieron abuso sexual por varios militares; fue después de un tiempo en que finalmente la misma institución castrense los llevó a ser juzgados en lo civil.
Posteriormente la violencia aumentó en el estado y coincidió con la implementación de la estrategia llamada “Modelo Coahuila”, donde militares retirados estuvieron al frente de instituciones de seguridad pública. En ese entonces se crearon diversos grupos especiales que fueron entrenados por estos militares para combatir a los grupos delincuenciales. Pero parece que el gobierno no pensó en una estrategia a favor de la sociedad civil, pues se incrementaron graves violaciones a derechos humanos, especialmente desapariciones, extorsiones y homicidios. Es decir, el modelo fracasó y los militares al frente de dichas instituciones se retiraron del estado.
Hoy se vive otra situación gravísima: Las violaciones a derechos contras personas en movilidad. En el mes de julio de 2019 se realizó un operativo afuera de la Casa del Migrante Saltillo integrado por la Policía Militar, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y elementos de la SEDENA, bajo el argumento de búsqueda de personas que se dedican al narcomenudeo. También en su trayecto hacia la frontera norte, las personas migrantes son interceptadas tanto por elementos de la policía estatal como de la Guardia Nacional, siendo despojados de sus pertenencias y de los documentos que en muchos casos les permite un libre tránsito por el país. En el informe Bajo la Bota realizado por varias organizaciones a nivel nacional describen: “La política migratoria militarizada ha profundizado los contextos de riesgos de las personas migrantes”.
Coahuila se ha convertido en uno de los principales estados donde hay presencia militar: ocupa el sexto lugar con 4,453 integrantes de las fuerzas armadas después de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.[i] Se tienen tres mega cuarteles, tres bases militares; tres bases aéreas, un cuartel Puerta Amarilla; seis centros de operación militar y hasta el pasado 22 de septiembre llegaron 300 militares a través del Mando Especial Laguna, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, sólo en Coahuila se cuenta con un Bachillerato Tecnológico Militarizado desde el 2017.
Nuevo León
La presencia de miles de efectivos de las fuerzas armadas en Nuevo León comenzó a partir de la entrada en vigor del convenio “Nuevo León Seguro” en 2007. A partir de ese año, los gobernadores subsiguientes renovaron y ampliaron dicho acuerdo. Durante la administración actual, el operativo Monterrey Seguro ha promovido la participación de militares en labores de patrullaje e instalación de puestos de control. Desde febrero de 2022, varios centenares de elementos del Ejército han llegado a la capital para incorporarse paulatinamente a tareas de seguridad pública en la zona metropolitana. Esta tendencia representa un riesgo para los derechos civiles de los ciudadanos de la entidad, ya que anteriormente algunos miembros de las fuerzas armadas han participado en ejecuciones y desapariciones.
Entre los casos de ejecuciones extrajudiciales destacan los de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Chavarría, ejecutados por militares en marzo de 2010 en el municipio de Anáhuac cuando salían de su trabajo; Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, asesinados por elementos del ejército en marzo de 2010 dentro del campus de la institución educativa; Jorge Otilio Cantú, asesinado por militares en abril de 2011; y Gustavo Acosta, ejecutado en su domicilio por elementos de la Marina en septiembre de ese año. En cuanto a la desaparición forzada, un militar fue sentenciado en mayo de 2012; en marzo de 2016, cinco elementos de la Marina fueron vinculados a proceso judicial por la desaparición forzada de Humberto del Bosque registrada en agosto de 2013.
Chihuahua
En el caso concreto del estado de Chihuahua, sufrimos las consecuencias de la violencia y de la respuesta militarizada a la misma, esta se vio exacerbada desde la salida a las calles del ejército en el contexto del “Operativo Conjunto Chihuahua” en 2008, durante la fallida guerra contra el narcotráfico, estrategia implementada por el entonces presidente Felipe Calderón, y cuyo único logro fue colocar a Ciudad Juárez en el primer lugar del listado de ciudades más peligrosas del mundo, situación que hasta la actualidad tiene un impacto profundo en la ciudadanía en relación a la confianza hacía las autoridades, especialmente debido a las múltiples denuncias de desapariciones forzadas, allanamientos de vivienda, tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por militares.
Precisamente a razón de la estrategia de militarización fortalecida actualmente, nos permitimos recordar la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en diciembre de 2009, misma que se dio en el Ejido Benito Juárez del Municipio de Buenaventura, Chih. por parte de elementos del Ejército Mexicano, según lo reconoce la CoIDH en la sentencia emitida sobre el caso en 2018.
Seguiremos exigiendo que se cumpla con lo resuelto por la Corte en la sentencia antes mencionada:
182. […] como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles […]. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:
a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso […];
b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial […]; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad […] y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia […], y
d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces […].
(CoIDH. Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182.)
La estrategia de militarización violenta lo establecido tanto por la Corte como por diversas instancias internacionales y el artículo 21 constitucional: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Por lo anterior, exigimos que:
Se cumpla con lo establecido en el párrafo 182 anteriormente citado,
Que se establezca una estrategia de seguridad pública desde una perspectiva ciudadana, que estos elementos de seguridad pública estén debidamente capacitados;
Estrategias de seguridad que convengan con las necesidades de la población, así como de quienes ya han sufrido una violación a sus derechos humanos por parte de Ejército y continúan esperando reparación, así como medidas de no repetición.
Desde las organizaciones firmantes estaremos atentas a las decisiones de los Congresos y no repararemos en denunciar las arbitrariedades que desde la institución castrense se cometen, abonando a la corrupción e impunidad que hasta hoy prevalece.
¡Basta de impunidad!
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Frontera con Justicia, AC. (Casa del Migrante Saltillo)
El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña para reconocer sus derechos y el empoderamiento de las niñas y las jóvenes.
La igualdad de género es esencial para la paz. Las niñas y las mujeres representan la mitad de la población mundial, sin embargo, en todo el mundo, las niñas y las mujeres siguen siendo discriminadas y excluidas de la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida.
Aún hoy, las niñas tienen menos acceso que los niños a la educación, la salud y la protección. Se les impide participar en la toma de decisiones sobre su cuerpo y su vida, y son víctimas de violencia y abuso.
Es esencial que todas y todos actuemos contra la discriminación y la exclusión de las niñas y adolescentes.
En 2022 celebramos el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña, y el lema es: “Ha llegado nuestro momento: nuestros derechos, nuestro futuro”.
Hace 20 años se estableció el 10 de octubre como el Día Mundial contra la Pena de Muerte con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto perjudicial que tiene esta práctica violatoria de derechos humanos y exigir su abolición.
Esta pena fue completamente abolida en México apenas en 2005. Sin embargo, todavía hay regiones donde las personas son ejecutadas por sentencia de autoridades judiciales. Actualmente, 144 naciones han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica, pero hay 55 países que aún no lo han hecho. La mayoría de las ejecuciones conocidas que se realizaron en el último año se llevaron a cabo en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2021 hubo 579 ejecuciones en 18 países alrededor del mundo, lo que representa un incremento del 20% en comparación con las 538 ejecuciones registradas en 2020.
La visión favorable hacia la pena de muerte, incluso entre personas que viven en sociedades donde se ha abolido, se basa en ideas falsas que es necesario desmentir. La principal de ellas es que representa un método efectivo para acabar con el crimen. Sin embargo, esto no tiene respaldo en la experiencia internacional. No hay evidencia de que los Estados que aplican la pena capital tengan una tasa de criminalidad más baja que aquéllos que no lo hacen. Más bien, el factor clave para disuadir el crimen es la probabilidad de arresto, no la severidad del castigo.
Lamentablemente, la pena de muerte implica la posibilidad de que una persona inocente sea ejecutada, pues no existe un sistema de justicia inmune al error. Aunque se siga el debido proceso y se apliquen todas las garantías legales, no hay ninguna certeza de que eventualmente no surjan nuevas evidencias que prueben la inocencia de una persona ejecutada. Desgraciadamente, para esa persona no puede haber vuelta atrás.
En 2022, el Día Mundial contra la Pena de Muerte se enfoca en la relación entre la pena capital y la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos comprenden la tortura física y psicológica de los condenados, así como el sufrimiento de sus familiares y personas cercanas. Asimismo, las discriminaciones basadas en el sexo, el género, la pobreza, la edad, la orientación sexual, la pertenencia a una minoría religiosa y étnica pueden agravar el trato cruel, inhumano y degradante de las personas condenadas a muerte.
