Desde CADHAC expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que enfrentan tres niñas pequeñas (4 y 2 años, y una bebé lactante de 2 meses de nacida) por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en un caso de presunta violencia familiar. El padre y la madre de las niñas han denunciado en redes sociales los abusos cometidos por funcionarios del DIF Nuevo León y la retención de sus tres hijas en el DIF Capullos, además del acoso jurídico que enfrentan como forma de presión por la denuncia que efectuaron.
La eliminación de la violencia contra la niñez no puede lograrse mediante la separación familiar, acciones jurídicas desproporcionadas y la criminalización de las familias pobres; en su lugar, el gobierno de Nuevo León tiene que ofrecer respuestas proporcionales y buscar alternativas que promuevan el bienestar de las niñas. La prioridad debe ser garantizar su derecho a vivir en un entorno familiar seguro y protegido, promoviendo medidas que fortalezcan la unidad familiar y brinden el apoyo necesario para su desarrollo integral.
La decisión de separar a las niñas de su familia y enviarlas a un albergue del DIF estatal es inaceptable, considerando las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) debido a casos de maltrato y por el homicidio del niño Ángel Moreno en la institución. Las denuncias de la familia revelan situaciones de violencia que ponen en peligro la integridad física y emocional de las niñas en dicho albergue. Además, la interrupción de la lactancia materna de la bebé de dos meses, que es un derecho fundamental para su sano desarrollo, ha ocasionado graves consecuencias para su salud y su vínculo afectivo con su madre, llegando incluso a su hospitalización por un cuadro de Bronquiolitis.
Es necesario respetar las medidas cautelares emitidas por la CEDHNL, asegurando la lactancia diaria de la bebé y facilitando las visitas familiares, aunque fuera en línea con el principio de mantener a las niñas en su red familiar hasta cuarto grado, a menos que existan circunstancias excepcionales que justifiquen su separación y recordando que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León establece que “la institucionalización procederá como el último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar”.1
Instamos al DIF Nuevo León y a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para rectificar esta situación, realizando la reintegración inmediata de las niñas con su familia, ya sea nuclear o extensa.
Construyamos una sociedad respetuosa de los derechos de niñas y niños
Durante los últimos meses, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha bloqueado varias reformas aprobadas por el Congreso. Algunas de ellas podrían contribuir a la seguridad y bienestar de las y los ciudadanos, especialmente de algunas poblaciones vulnerables. A pesar de su potencial para proteger y garantizar los derechos humanos, estas reformas no han entrado en vigor debido al conflicto que existe entre el Gobernador y el Congreso por la designación del Fiscal General de Justicia.
Desde CADHAC, expresamos nuestra preocupación por la vulneración que estos vetos representan para los derechos humanos en la entidad. El veto a la reforma al Código Penal, porque impide que las autoridades cuenten con una interpretación adecuada del delito de feminicidio. Además, al no haberse aprobado esta reforma, no se han incluido sanciones a encubridores y servidores públicos que retarden la procuración de justicia en casos de feminicidio, lo que promueve la impunidad y propicia que estos delitos se sigan cometiendo.
Esta decisión del gobernador es particularmente lamentable ante un contexto de violencia de género que causó 102 feminicidios en 2022, lo que posicionó a Nuevo León en el segundo lugar a nivel nacional.
Otro veto con lamentables consecuencias es el que impidió la reforma a la Ley de Víctimas. Esta reforma pretende, entre otras cosas, que las víctimas directas e indirectas cuenten con un carnet que les permita tener acceso a programas sociales que inciden en la reparación del daño.
El veto reciente a la reforma de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres también perjudica el bienestar de madres solteras, personas en situación de vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de violencia de género, pues obstaculiza la creación de programas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda.
Los tres vetos a reformas constitucionales, que el Gobernador no tiene la facultad de bloquear, desgastan nuestras instituciones democráticas porque transgreden su adecuado funcionamiento en beneficio de un conflicto entre actores políticos.La división de poderes es necesaria en una democracia. No obstante, otro elemento fundamental es la búsqueda de consensos, porque eso permite que las instituciones públicas den respuesta efectiva a las necesidades de la ciudadanía. En vista del estancamiento político que limita el cumplimiento de los derechos humanos en Nuevo León, demandamos:
El Gobernador y el Congreso deben colaborar desde su respectiva autonomía para proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en Nuevo León, especialmente de las más vulnerables. Para ello, el mecanismo de vetar o publicar reformas debe orientarse al cumplimiento de estos derechos y no como un instrumento para obstruir funciones entre distintas fuerzas políticas.
Nuevo León es un estado con una importante proyección nacional e internacional. La relevancia de esta entidad demanda la consolidación de un sistema político efectivo que brinde seguridad y bienestar a todas las personas. Nuestro estado es un referente en la creación de capital humano y también puede convertirse en un modelo en la protección y garantía de los derechos humanos a través de leyes que los protejan y los garanticen. Para ello, es fundamental la efectiva colaboración entre el Gobernador y el Congreso.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.
A un año y tres meses de la muerte de Ángel Moreno, niño de 14 años, en el DIF Fabriles, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) reporta avances en la búsqueda de verdad y justicia.
Develando la verdad: En el caso se encuentran implicados tres exfuncionarios. Dos de ellos, Raymundo ‘N’ y Mauricio ‘N’, han sido vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en la muerte de Ángel Moreno. Por su parte, Miguel ‘N’, quien era el titular del DIF Nuevo León al momento en que se decidió cremar el cuerpo de forma inmediata, ha presentado un amparo para evitar ser imputado.
Durante la audiencia de imputación, se revelaron los trágicos detalles del 8 de febrero de 2022: Ángel sufrió una crisis y fue golpeado por Raymundo, provocando su fallecimiento. Raymundo está prófugo y se ha emitido una orden de aprehensión en su contra.
Mauricio ‘N’, acusado de encubrimiento, enfrentará su proceso en libertad bajo medidas cautelares. Se le atribuye obstruir la investigación y eliminar evidencias relacionadas con la muerte de Ángel. Esto revela la existencia de irregularidades y posibles casos de maltrato en el lugar donde Ángel vivió institucionalizado durante diez años.
Compromiso con la justicia: Es inaceptable y alarmante que se haya tratado de ocultar la verdadera causa de la muerte de Ángel y atribuirlo a una muerte natural, cuando las investigaciones concluyen que fue un homicidio y posterior encubrimiento.
CADHAC valora el compromiso de la Fiscalía (FGJNL) y la perseverancia de las autoridades en llevar a los responsables ante la justicia. Es fundamental una investigación exhaustiva y transparente para garantizar la verdad y la justicia. La muerte de Ángel Moreno no debe quedar impune.
Destacamos que los avances en el caso han sido posible gracias a la perseverancia de las autoridades y a la movilización ciudadana en búsqueda de #JusticiaParaÁngel. Es esencial continuar persistiendo en la demanda de verdad y justicia en cada fase del proceso.
Enfatizamos, como lo hemos expresado ya en el comunicado conjunto con varias organizaciones civiles a nivel nacional, que conceder un amparo a un funcionario implicado en la muerte de un niño sin una investigación adecuada vulnera los derechos de los niños y niñas y perpetúa posibles abusos futuros. El juez federal que otorgó el amparo a Miguel ‘N’, extitular del DIF Nuevo León, debe considerar la gravedad del caso y los elementos de la investigación aportados por la fiscalía, para priorizar el interés superior de la niñez, permitiendo que el funcionario sea investigado.
Hacemos un llamado a la memoria, la verdad y la justicia, defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, exigiendo su protección integral para todas y todos. La vida de Ángel y las circunstancias de su muerte ponen en evidencia la urgencia de proteger a los más vulnerables que viven bajo la custodia de las instituciones estatales.
¡Verdad y Justicia para Ángel! Protección para toda la niñez institucionalizada
CADHAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. celebra tres décadas de trabajo diario y comprometido con la protección de los derechos humanos en Nuevo León. Estado en el que aún enfrentamos desafíos significativos en la materia, reflejados en elevados índices de violencia, inseguridad, pobreza, impunidad, discriminación, así como en la constante vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la movilidad, el aire limpio y la salud.
Por ello, hoy es importante reconocer que cada persona puede proteger la dignidad de nuestras hermanas y hermanos, sobre todo de quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. CADHAC busca ser parte del esfuerzo de la ciudadanía y marcar la diferencia al tener presente que cada quien tenemos un poder único como ciudadanos y ciudadanas.
Durante los últimos 30 años, CADHAC ha sido un faro de esperanza para aquellas personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y se han acercado en busca de apoyo, formando un camino de amor, empatía y fuerza colectiva. CADHAC ha sido posible gracias al trabajo generoso y comprometido de muchas personas por la verdad, la justicia y la dignidad.
En estos 30 años hemos aprendido sobre la práctica. Y es a partir de esta práctica que desarrollamos una estrategia integral de incidencia social y política. Promovimos los derechos humanos, los defendimos, denunciamos, marchamos, buscamos incidir para generar cambios significativos en la sociedad.
En este 30 aniversario, honramos y reconocemos a todas las personas que han aportado su chispa, su energía, entusiasmo, intuición, dedicación y compromiso. Agradecemos a quienes han apoyado nuestra esta labor. A nuestras aliadas en la sociedad civil. A los medios de comunicación comprometidos con la verdad y la dignidad.
Después de 30 años de logros y adversidades, renovamos nuestro compromiso por seguir trabajando juntas y juntos hacia un futuro digno y más justo. Les invitamos a continuar activamente en el camino, manteniendo la esperanza como acto de resistencia, y la dignidad de las personas como norte.
CADHAC, 30 años defendiendo los derechos humanos.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.
Lamentamos la muerte de los 39 migrantes así como la delicada situación de los 29 heridos, que se encontraban bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua.
Nuestras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas en este momento tan difícil.
Esta terrible tragedia refleja las lamentables condiciones en las que las personas migrantes son confinadas en su paso por México.
La detención de migrantes no es la solución adecuada para manejar los flujos migratorios. Es necesario que se realicen cambios profundos en el tratamiento y la atención a las personas migrantes en el país.
Además, resulta importante destacar que estas instalaciones no deben ser llamadas “albergues”, como se ha hecho en algunas ocasiones, ya que esto no refleja la verdadera situación que enfrentan las personas allí detenidas.
Los migrantes merecen un trato humano y digno, y es responsabilidad de las autoridades asegurar que se respeten sus derechos.
Exigimos se asuman responsablemente las consecuencias, garantizando el apoyo completo a las familias de las víctimas de esta tragedia.
Organizaciones firmantes:
CADHAC Ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, A.C. Casa del Migrante Casanicolas Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P. CASA INDI Hogar y Comedor de los Pobres Pedro Infante
#POSICIONAMIENTO Migrantes fallecidos en custodia del INM – Chihuahua
Exigimos se asuman responsablemente las consecuencias, garantizando el apoyo completo a las familias de las víctimas de esta tragedia.
En CADHAC estamos preocupados por la seguridad de tres niños que hoy escaparon del DIF Capullos para huir del maltrato físico que sufren en la institución. De acuerdo con testimonios –en medios de comunicación–, los niños presentaban marcas y heridas que presuntamente fueron causadas por agresiones de algunos funcionarios de este albergue. Además, al menos uno de estos niños ya había escapado del albergue la semana anterior por la misma razón. No obstante, los tres niños ya fueron llevados de vuelta a las instalaciones de la institución donde no se sienten seguros.
La fuga de estos niños para alejarse del constante castigo físico en el albergue se suma a varios reportes sobre la violencia que se ejerce en contra de niñas y niños institucionalizados en el DIF Capullos. Algunos de estos lamentables ejemplos son los dos niños que escaparon de la misma institución el pasado 22 de febrero, o el caso de Ángel Moreno, quien, junto a otros dos adolescentes, denunció malos tratos en este lugar en noviembre de 2021 y posteriormente murió en circunstancias irregulares bajo el resguardo del DIF Estatal.
Las autoridades del DIF Capullos tienen la obligación legal de garantizar la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en sus instalaciones. Además de tener un plan de restitución de derechos individuales que dé prioridad al derecho a vivir en familia. Sin embargo, las constantes acusaciones de maltrato físico indican que la violencia que se ejerce contra estos niños no ha sido escuchada por las autoridades. Por lo anterior, desde CADHAC:
● Exigimos a las autoridades del DIF Estatal que protejan a los niños, niñas y adolescentes en sus instalaciones asegurando que los presuntos responsables sean separados de sus cargos para que se investigue su participación en los hechos.
● También demandamos que los niños que escaparon no sufran represalias y que no sean trasladados a otras instituciones.
● Instamos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que realice una investigación sobre los presuntos actos de maltrato físico que sufren niñas, niños y adolescentes en este albergue.
En CADHAC daremos puntual seguimiento a la atención que se brinde a la infancia bajo la tutela del DIF Estatal. Estaremos atentos a la implementación de medidas efectivas para que hechos como este no se repitan.
¡No más abusos contra la infancia en el DIF Capullos!
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.
Nuevo León enfrenta una grave crisis de violencia de género, uno de los casos más recientes es el de Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez de 22 años, madre de dos hijos de 7 y 8 años. Fue detenida por la policía municipal de Escobedo la noche del 19 de enero 2023 y horas después trasladada al Hospital Universitario con serias lesiones. 23 días después falleció.
Según la información proporcionada por la familia de Jessica, ella fue detenida por la policía frente al domicilio de su expareja, en las primeras horas de la madrugada del 19 de enero. Los policías de Escobedo la detuvieron y mantuvieron bajo custodia por varias horas. Un pequeño fragmento del video de su encarcelamiento muestra indicios de brutalidad policial. La autopsia reveló laceraciones, desprendimiento de cabello, así como golpes internos y externos que fueron ignorados.
Los videos de la evidencia de la detención y posible causa de muerte de Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez fueron eliminados posteriormente, los oficiales no entregaron los videos de sus “Body Cam”. Además, es lamentable que no se hayan tomado en cuenta las denuncias de violencia familiar que había presentado Jessica en contra de su ex pareja, quien fue la última persona que estuvo con ella antes de su detención. Se dice que su ex pareja presuntamente llamó a la patrulla para que se llevarán a Jessica. La familia de Jessica ha señalado que esto no se ha tomado en cuenta durante la investigación.
Exigimos justicia para Jessica y su familiay reparación para sus hijos. Condenamos la violencia policial y el ocultamiento de evidencia, así como la falta de debida diligencia por parte de la fiscalía en la investigación del caso en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos. La familia de Jessica aún no ha obtenido una explicación clara sobre lo ocurrido. La falta de acción por parte de las autoridades solo perpetúa la impunidad y el sufrimiento de las víctimas y sus familia
Exigimos una respuesta por parte de las autoridades del Municipio de Escobedo y señalamos que no se trata de un hecho aislado. El pasado 23 de febrero la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó la declaración de la alerta de género por los niveles de violencia registrados.
Exigimos la protección del reportero Víctor Badillo de Sinpelos.mx al que a través de una causa penal pretenden disuadirlo de continuar informando sobre el caso. Responsabilizamos a las autoridades estatales y municipales por cualquier afectación a su integridad física.
Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigue con debida diligencia y con perspectiva de género, así como de forma imparcial para que se deslinde la responsabilidad penal de las demás personas involucradas.
Expresamos nuestra solidaridad con la familia y seres queridos de Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez en este lamentable momento de dolor. En CADHAC exigimos justicia para Jessica y para todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género en Nuevo León.
¡Justicia para Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez!
Sigue sin esclarecerse la muerte del niño Ángel Moreno en el DIF Fabriles tras una vida institucionalizada y una cremación irregular, que lo convierte en un caso paradigmático de violación a derechos humanos en México.
Ángel Moreno, con diez años de vida institucionalizada, junto a otros adolescentes realizaron protestas por los malos tratos recibidos en el DIF Capullos a finales de noviembre del 2021. Aún con medidas cautelares para su protección, fue trasladado a DIF Fabriles para niñez migrante, es decir, no correspondía al perfil de atención que requería la discapacidad psicosocial de Ángel. Quién de acuerdo a los testimonios sufrió acoso y maltrato en ese albergue.
En febrero del 2022 un periodista independiente da a conocer las irregularidades de la muerte del niño dentro del DIF Fabriles, con presuntos maltratos físicos y ocultamiento de las causas de muerte. Destacando la cremación irregular de su cuerpo, lo que eliminaría posibles evidencias y una investigación completa.
A un año de la muerte de Ángel Moreno las omisiones, complicidades y silencios del gobierno estatal y la fiscalía son evidentes. Aún con la indignación pública y movilización de los primeros meses no se cumplió con el mandato legal de justicia pronta y expedita. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha transparentado el caso, ni el avance de la investigación, medidas urgentes especialmente si hay funcionarios indiciados como presuntos responsables.
CADHAC recuerda a las autoridades que la ONU instó al Estado mexicano llevar a cabo “una investigación exhaustiva de todas las muertes de niños y adultos con discapacidad en todas las instituciones” (2014) por lo cual las autoridades estatales no pueden seguir guardando silencio cómplice, junto a los y las funcionarias responsables del DIF y sus albergues, ni seguir con el silenciamiento a toda exigencia de verdad y justicia.
De seguir protegiendo a los presuntos responsables con impunidad, se coloca en riesgo la vida e integridad de los cientos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en Nuevo León.
Urgimos a la Fiscalía para que a la brevedad presente resultados de su investigación. A su vez, invitamos a la sociedad nuevoleonesa a sentir empatía por Ángel, quien no encontró el cariño y cuidados de quienes tenían la obligación legal de protegerlo y garantizar un proyecto de vida.
¡Verdad y Justicia para Ángel!
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación. Se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos desde su fundación en 1993
El pasado 4 de octubre, el Senado aprobó por mayoría dividida ampliar hasta el 2028 la presencia de fuerzas armadas en las calles argumentando que era necesario proporcionar seguridad a la ciudadanía pues hasta ahora la Guardia Nacional no había hecho lo suficiente. Hoy la Cámara de Diputados discutirá y someterá a votación el dictamen del Senado para votar mañana en el Pleno.
La participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es particularmente preocupante debido a la opacidad con las que éstas pueden operar en comparación con las corporaciones policiacas. Asimismo, la lógica de operación militar es reactiva y de combate frontal al enemigo, mientras que la seguridad de la ciudadanía demanda un enfoque basado en la prevención del delito y la atención a las víctimas. Estas circunstancias han puesto en riesgo el respeto y la protección de los derechos de las y los ciudadanos, lo que se ha reflejado desde 2007 en un aumento de las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Por ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en su informe de mayo de 2022 que el enfoque de seguridad pública caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos.
La estrategia de militarización de la seguridad pública no ha tenido un impacto significativo en garantizar la paz y la justicia de la ciudadanía. Al contrario, recurrir a las fuerzas armadas para sustituir las funciones de las corporaciones policiales agravó la violencia en distintas zonas del norte del país y propició la violación de derechos humanos como en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Neutralizar la amenaza que representan las actividades del crimen organizado requiere un enfoque que trascienda las tácticas de combate frontal al enemigo, pues éstas generan condiciones que posibilitan la violación de derechos humanos. Una estrategia de seguridad adecuada y efectiva requiere la creación de corporaciones policiales comandadas por civiles, con elementos bien capacitados, en contacto cercano con la ciudadanía y que cuenten con el equipo necesario. Además, el despliegue efectivo de estos elementos debe realizarse a partir de una exhaustiva labor de inteligencia e investigación. También es fundamental generar mecanismos que impidan la corrupción y la impunidad en las fuerzas destinadas a tareas de seguridad.
Como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la sentencia: Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182:
La participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública debe ser excepcional, extraordinaria, justificada, subordinada, complementaria y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes.
Para quienes vivimos en los estados del norte de México como son Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, el hecho de que el Ejército continúe en las calles garantiza graves violaciones a derechos humanos, pues en los últimos años, las organizaciones aquí representadas, hemos documentado casos donde militares se encuentran involucrados directa e indirectamente, sobre todo posterior a la implementación de estrategias donde miembros del Ejército participaron en instituciones de seguridad pública como los llamados “Modelo Coahuila” en el 2008, “Nuevo León Seguro” en el 2007 y “Operativo Conjunto Chihuahua” en el 2008.
Coahuila
En Coahuila se puede recordar un hecho de abuso por parte del Ejército en el 2006. En un bar de Castaños, Coahuila, 14 bailarinas sufrieron abuso sexual por varios militares; fue después de un tiempo en que finalmente la misma institución castrense los llevó a ser juzgados en lo civil.
Posteriormente la violencia aumentó en el estado y coincidió con la implementación de la estrategia llamada “Modelo Coahuila”, donde militares retirados estuvieron al frente de instituciones de seguridad pública. En ese entonces se crearon diversos grupos especiales que fueron entrenados por estos militares para combatir a los grupos delincuenciales. Pero parece que el gobierno no pensó en una estrategia a favor de la sociedad civil, pues se incrementaron graves violaciones a derechos humanos, especialmente desapariciones, extorsiones y homicidios. Es decir, el modelo fracasó y los militares al frente de dichas instituciones se retiraron del estado.
Hoy se vive otra situación gravísima: Las violaciones a derechos contras personas en movilidad. En el mes de julio de 2019 se realizó un operativo afuera de la Casa del Migrante Saltillo integrado por la Policía Militar, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y elementos de la SEDENA, bajo el argumento de búsqueda de personas que se dedican al narcomenudeo. También en su trayecto hacia la frontera norte, las personas migrantes son interceptadas tanto por elementos de la policía estatal como de la Guardia Nacional, siendo despojados de sus pertenencias y de los documentos que en muchos casos les permite un libre tránsito por el país. En el informe Bajo la Bota realizado por varias organizaciones a nivel nacional describen: “La política migratoria militarizada ha profundizado los contextos de riesgos de las personas migrantes”.
Coahuila se ha convertido en uno de los principales estados donde hay presencia militar: ocupa el sexto lugar con 4,453 integrantes de las fuerzas armadas después de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.[i] Se tienen tres mega cuarteles, tres bases militares; tres bases aéreas, un cuartel Puerta Amarilla; seis centros de operación militar y hasta el pasado 22 de septiembre llegaron 300 militares a través del Mando Especial Laguna, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, sólo en Coahuila se cuenta con un Bachillerato Tecnológico Militarizado desde el 2017.
Nuevo León
La presencia de miles de efectivos de las fuerzas armadas en Nuevo León comenzó a partir de la entrada en vigor del convenio “Nuevo León Seguro” en 2007. A partir de ese año, los gobernadores subsiguientes renovaron y ampliaron dicho acuerdo. Durante la administración actual, el operativo Monterrey Seguro ha promovido la participación de militares en labores de patrullaje e instalación de puestos de control. Desde febrero de 2022, varios centenares de elementos del Ejército han llegado a la capital para incorporarse paulatinamente a tareas de seguridad pública en la zona metropolitana. Esta tendencia representa un riesgo para los derechos civiles de los ciudadanos de la entidad, ya que anteriormente algunos miembros de las fuerzas armadas han participado en ejecuciones y desapariciones.
Entre los casos de ejecuciones extrajudiciales destacan los de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Chavarría, ejecutados por militares en marzo de 2010 en el municipio de Anáhuac cuando salían de su trabajo; Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, asesinados por elementos del ejército en marzo de 2010 dentro del campus de la institución educativa; Jorge Otilio Cantú, asesinado por militares en abril de 2011; y Gustavo Acosta, ejecutado en su domicilio por elementos de la Marina en septiembre de ese año. En cuanto a la desaparición forzada, un militar fue sentenciado en mayo de 2012; en marzo de 2016, cinco elementos de la Marina fueron vinculados a proceso judicial por la desaparición forzada de Humberto del Bosque registrada en agosto de 2013.
Chihuahua
En el caso concreto del estado de Chihuahua, sufrimos las consecuencias de la violencia y de la respuesta militarizada a la misma, esta se vio exacerbada desde la salida a las calles del ejército en el contexto del “Operativo Conjunto Chihuahua” en 2008, durante la fallida guerra contra el narcotráfico, estrategia implementada por el entonces presidente Felipe Calderón, y cuyo único logro fue colocar a Ciudad Juárez en el primer lugar del listado de ciudades más peligrosas del mundo, situación que hasta la actualidad tiene un impacto profundo en la ciudadanía en relación a la confianza hacía las autoridades, especialmente debido a las múltiples denuncias de desapariciones forzadas, allanamientos de vivienda, tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por militares.
Precisamente a razón de la estrategia de militarización fortalecida actualmente, nos permitimos recordar la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en diciembre de 2009, misma que se dio en el Ejido Benito Juárez del Municipio de Buenaventura, Chih. por parte de elementos del Ejército Mexicano, según lo reconoce la CoIDH en la sentencia emitida sobre el caso en 2018.
Seguiremos exigiendo que se cumpla con lo resuelto por la Corte en la sentencia antes mencionada:
182. […] como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles […]. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:
a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso […];
b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial […]; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad […] y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia […], y
d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces […].
(CoIDH. Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182.)
La estrategia de militarización violenta lo establecido tanto por la Corte como por diversas instancias internacionales y el artículo 21 constitucional: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Por lo anterior, exigimos que:
Se cumpla con lo establecido en el párrafo 182 anteriormente citado,
Que se establezca una estrategia de seguridad pública desde una perspectiva ciudadana, que estos elementos de seguridad pública estén debidamente capacitados;
Estrategias de seguridad que convengan con las necesidades de la población, así como de quienes ya han sufrido una violación a sus derechos humanos por parte de Ejército y continúan esperando reparación, así como medidas de no repetición.
Desde las organizaciones firmantes estaremos atentas a las decisiones de los Congresos y no repararemos en denunciar las arbitrariedades que desde la institución castrense se cometen, abonando a la corrupción e impunidad que hasta hoy prevalece.
¡Basta de impunidad!
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Frontera con Justicia, AC. (Casa del Migrante Saltillo)
Desde CADHAC queremos expresar nuestra profunda preocupación por el aumento sistemático de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en Nuevo León.
Es abrumador el número de niñas, niños y adolescentes desaparecidas. Sus casos permanecen impunes. También es indignante la impunidad en torno a las irregularidades en la muerte del niño Ángel Manuel Moreno de 14 años en el Centro Fabriles del DIF quién estaba bajo responsabilidad legal del DIF Capullos, desde los 4 años de edad, junto con su hermana. Ángel fue trasladado de forma irregular a un albergue para niñez migrante, donde perdió la vida en medio de denuncias anónimas de maltrato y violencia física; sin informar a la fiscalía de estado para descartar posibles delitos, su cuerpo fue incinerado inmediatamente. Las respuestas institucionales muestran contradicciones y desinformación dejando paso a no serias sospechas, y hasta el momento permanece impune.
¿Hasta cuándo vamos a permitir el sacrificio de nuestra niñez?, Creemos que es necesario indignarnos y levantar la voz para que el gobierno del estado desarrolle políticas de prevención y protección de las violencias de las que son víctimas. Es necesario que las autoridades estatales cumplan con las leyes nacionales y sus compromisos internacionales respecto a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos la protección integral basada en su interés superior.
La falta de debida diligencia y las omisiones en el esclarecimiento de los hechos de violencia son violatorias. Lamentablemente los derechos de la infancia no están en el centro de las decisiones del estado de Nuevo León, dejándoles en una condición de mayor vulnerabilidad, los subordinan con una mirada adultocéntrica, e impermeable a los principios básicos del enfoque de derechos de la niñez.
Es momento de dejar de lado las peleas y mezquindades por parte de los partidos políticos y el gobierno; y concentrar esfuerzos políticos e institucionales para garantizar el disfrute de todos los derechos de quienes merecen todo nuestro respeto y atención amorosa como sociedad: niñas, niños y adolescentes.
Seguir postergando el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes por los intereses de los adultos es un grave riesgo para su presente y futuro.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
