El 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación. En este día es fundamental recordar que la educación es un derecho humano que contribuye al desarrollo cognitivo de las personas, lo que tiene el potencial de acabar con el ciclo de pobreza, así como de promover la comprensión y el respeto.
Las autoridades tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan ejercer este derecho. En Nuevo León, el cumplimiento del derecho a la educación ha tenido avances importantes en comparación con otras entidades del país. Sin embargo, alrededor del 14.4% de toda la población del estado padece rezago educativo*. Esto significa que 842 mil personas no cuentan con la escolarización obligatoria completa. Además, aún existen barreras importantes en los servicios relacionados con la educación, como la cobertura, el cobro de cuotas, las condiciones de las instalaciones y la discriminación. Superar estar barreras requiere de esfuerzos institucionales desde un enfoque de derechos humanos.
Los servicios relacionados con la educación deben tener disponibilidad, lo que implica que existan las escuelas, aulas, profesores y materiales suficientes para que todas las personas puedan ejercer este derecho. Con base en lo anterior, es necesario que la infraestructura y el personal necesario estén al alcance de las personas que viven en las distintas comunidades de la entidad.
Las autoridades también están obligadas a brindar educación de calidad. Esto significa que las y los estudiantes cuenten con instalaciones adecuadas para sus necesidades, que los profesores estén apropiadamente capacitados y que los materiales sean pertinentes para favorecer el desarrollo del conocimiento y la creatividad. En este ámbito, es importante que la infraestructura de los centros educativos se encuentre en buenas condiciones para la seguridad, higiene y bienestar de quienes asisten a ellos.
Otra característica que debe tener la educación es la accesibilidad. Esta obligación incluye diferentes aspectos entre los que se encuentran el económico y el físico. La accesibilidad económica se refiere a que el ejercicio de este derecho no genere un gran costo para las familias. No obstante, el cobro de cuotas en las escuelas puede representar una porción muy grande de los ingresos de las familias de escasos recursos. Por otro lado, la accesibilidad física implica que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para que todas las personas, incluyendo aquellas que padecen alguna discapacidad, puedan gozar de este derecho.
Finalmente, cualquier derecho humano está regido por el principio de no discriminación. En el caso de la educación, esto está estrechamente relacionado con el acceso de personas con discapacidad a los servicios educativos. En materia de infraestructura esto se debe reflejar en, por ejemplo, la adaptación de las instalaciones como escaleras, baños y aulas para estudiantes que padecen alguna discapacidad. Al mismo tiempo, esto requiere la capacitación adecuada de los profesores sobre cómo impartir clases a estudiantes que tienen necesidades especiales.
El derecho a la educación tiene el potencial de mejorar el bienestar de los individuos y generar sociedades más pacificas. Su garantía requiere la suficiente provisión de recursos y la implementación de políticas adecuadas. Para ello, el enfoque de derechos humanos es una guía indispensable sobre cómo responder efectivamente a las necesidades y exigencias de la ciudadanía para el ejercicio del derecho a la educación.
El día de hoy recibimos la visita en CADHAC Derechos Humanos del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, el Sr. Morris Tidball-Binz y de Alan García Campos de Onudh Mexico
Equipo CADHAC 2023 con el relator sobre ejecuciones extrajudiciales Morris Tidball-Binz y de Alan García Campos de Onudh Mexico
Hoy se conmemora el día de Martin Luther King Jr., uno de los líderes más importantes de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos.
Ante la lamentable discriminación que padecían millones de afrodescendientes, Martin Luther King Jr. dirigió un movimiento que reivindicaba su dignidad a través de la no violencia. Como resultado, se aprobaron leyes para que los afroamericanos pudieran ejercer sus derechos a la igualdad y a participar en la toma de decisiones a través del voto.
Su legado es fuente de inspiración para la exigencia de condiciones reales de igualdad para todas las personas, la cual se consigue solo cuando quienes han sido marginados de forma social y política pueden ejercer plenamente sus derechos.
Hoy, 16 de enero 2023, se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General). La creación de una ley de estas características fue una de las principales recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, respondió a la exigencia de verdad y justicia de miles de familiares de personas desaparecidas del país. En este sentido, la Ley General representa un compromiso del Estado mexicano con la protección y garantía de los derechos humanos, y ante el dolor de cientos de miles de familias.
En México hay más de cien mil personas desaparecidas. A pesar del avance que representó el establecimiento de la Ley General, aún existen brechas en su implementación, lo que limita su capacidad para garantizar verdad y justicia. Una de ellas es la insuficiencia presupuestaria para la operación adecuada de agencias especializadas en desaparición. Al mismo tiempo, los familiares de personas desaparecidas enfrentan grandes dificultades para acceder a medidas de reparación del daño. También existe impunidad sistemática lo que favorece que las desapariciones se sigan cometiendo.
Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas con 6,288 casos registrados*. Esto representa miles de familias cuyo dolor permanece ante la incertidumbre de la situación de su ser querido y la falta de respuestas. A lo largo de los años en los que la entidad no contó con una ley estatal sobre desaparición de personas, CADHAC y colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron esfuerzos promoviendo políticas para la búsqueda de personas y la atención a sus familiares. Ejemplo de lo anterior fue el Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas, el cual estuvo basado en la Ley General y cuyo cumplimiento fue un compromiso de los gobiernos del estado y de nueve municipios.
Finalmente, el 1° de enero de 2023 entró en vigor la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Nuevo León, tras varios años de esfuerzo de familiares de personas desaparecidas, con quienes las autoridades de la entidad tienen una gran deuda. Su implementación efectiva y el compromiso de brindar justicia a las familias de personas desaparecidas requiere tomar en cuenta las limitaciones de la implementación de la Ley General. Por ello, debe garantizarse el acceso de los familiares a medidas de reparación del daño, la provisión de presupuesto suficiente y medidas serias para combatir la impunidad en los casos de personas desaparecidas.
Los gobiernos muestran apatía y desinterés para resolver la crisis de desapariciones y brindar seguridad y verdad a la población. A pesar de algunos esfuerzos institucionales, la justicia sigue siendo inalcanzable. La sociedad está cansada de esta irresponsabilidad e infamia por parte de las autoridades, quienes no priorizan la paz y se constata al observar los presupuestos destinados al tema de personas desaparecidas a nivel nacional y estatal. La Ley General establece que las autoridades, desde el Presidente hasta el funcionario de menor rango, tomen medidas concretas y efectivas para abordar esta problemática y brindar justicia a las cientos de miles de familias y que en México no desaparezca nadie más.
Resaltamos la fidelidad a su compromiso de seguimiento al Señor Jesús, abriendo caminos de protección y dignidad para hermanos migrantes centroamericanos, en momentos donde no había espacios para su acogida.
Su andar es inspirador, con su profundidad analítica de la realidad e interpretaciones que sin duda siempre iluminaron el caminar y seguirá presente a través de su vida y sus escritos.
Nuestras más sentidas condolencias y un abrazo de fuerza a su familia, seres queridos, para la Orden de Dominicos y para los y las compañeras que integran el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Ante los acontecimientos ocurridos al inicio de esta semana, nuestros pensamientos están con las familias de los policías y los civiles que han perdido la vida, y con las personas que han resultado heridas o afectadas por este doloroso incidente.
El trabajo de los policías es una gran responsabilidad, y merecen todo el respeto por proteger y servir a la comunidad.
Es importante que se brinde apoyo y protección a las familias de los policías que han perdido la vida desempeñando su trabajo. Solicitamos que las autoridades tomen medidas para garantizar los derechos de sus familiares, particularmente de sus hijos pequeños.
Llegamos al final de otro año y desde CADHAC Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C, sentimos una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en nuestra entidad
Este año ha sido particularmente difícil. La inseguridad y la violencia han azotado nuestra entidad como en los peores tiempos que dejó a miles de familias vulnerables y en un profundo dolor. Además, gran parte de la población ha sido privada de sus derechos básicos por el estado, como lo es el agua y el transporte.
A pesar de todo esto, no perdemos la esperanza. Tenemos la convicción de que en unión, asumiéndonos como personas defensoras de derechos humanos podemos hacer un cambio real y duradero. Sabemos que podemos construir un futuro más justo y más equitativo para cada persona.
Les invitamos a seguir apoyando en la defensa y promoción de los derechos humanos en Nuevo León. Juntas, juntos podemos hacer la diferencia.
En este espíritu de esperanza y amor, queremos desearles a todos un feliz año nuevo y enviarles nuestros más sinceros deseos de paz y prosperidad. Que el nuevo año sea un año de cambio y de avance hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos conmemoramos la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Este evento tan importante, ocurrido hace 74 años, inauguró una nueva etapa en la lucha por los derechos humanos pues fue el fundamento de las agencias de la ONU enfocadas en su defensa. A partir de este documento, se crearon diversos tratados de alcance global y regional que establecen los compromisos de los Estados para el cumplimiento de los derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona las condiciones que son necesarias para que todas las personas vivan dignamente. Por ello, incluye los derechos a la vida, a la protección de la ley, a la libertad de expresión, a la salud, a la alimentación y a la educación, entre otros. Con base en el reconocimiento internacional de estos derechos, se han conformado leyes y organismos que obligan a los representantes del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Casi tres cuartos de siglo después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es necesario reflexionar sobre los logros y límites que han tenido los derechos humanos en la creación de condiciones dignas de vida para todas las personas.
En Nuevo León, el aumento de la pobreza causada por la crisis económica y el crecimiento de la violencia reflejada en un mayor número de homicidios, feminicidios y desapariciones de personas representan graves riesgos para la dignidad y la vida, son condiciones que deben ser atendidas a la brevedad para que no existan más víctimas. Las familias de las víctimas de la violencia han sido expuestas a un terrible dolor y han visto obstaculizados sus derechos humanos pues siguen sin ver cumplida su exigencia de verdad, justicia y reparación.
En este año que finaliza también se vio afectado el derecho al agua potable, lo que impactó también en otros derechos porque gran parte de la población modificó su rutina diaria, e hizo gastos adicionales para la obtención del vital líquido que les permitiera cubrir sus necesidades básicas.
El medio ambiente es otro derecho que se ha visto afectado, la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey ha sido continua, lo que incide en las enfermedades respiratorias de toda la población.
La agenda de los derechos humanos es amplia y esta situación demanda que las autoridades se comprometan con la materialización de los derechos humanos a través de políticas públicas efectivas. También requiere que asuman su papel como representantes de la ciudadanía y que enfoquen sus acciones hacia el bien público más allá de disputas partidistas.
Conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la comunidad internacional nos recuerda que estos derechos surgen como una exigencia de dignidad, se establecen mediante leyes y se materializan a través de políticas públicas. No obstante, la clave de su éxito es que las personas puedan ejercerlos en su vida diaria. De esta forma, los derechos humanos no son solo documentos normativos, sino que representan demandas de la ciudadanía por una vida digna que las autoridades tienen la obligación de cumplir.
Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken
Secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard
Estimados Secretarios Blinken y Ebrard:
En nuestra calidad de organizaciones no gubernamentales estadounidenses y mexicanas comprometidas con los derechos humanos y el estado de derecho, les escribimos de cara al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre EE.UU. y México programado para el 13 de octubre de 2022, para compartir observaciones y recomendaciones para mejorar la seguridad y la protección de los derechos humanos en consonancia con algunos de los ejes más prometedores del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.
En el contexto actual, urgen acciones basadas en evidencia para superar los retos críticos que enfrentan las comunidades de Estados Unidos y México en materia de seguridad y salud pública. México sigue viviendo niveles récord de violencia letal, con más de 35.000 homicidios registrados en cada uno de los últimos cuatro años y una crisis de más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, de las que la mitad fueron vistas por última vez en los últimos seis años. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que unas 108.000 personas fallecieron por sobredosis de drogas en 2021.
A través del Entendimiento Bicentenario, adoptado en octubre de 2021, los gobiernos de Estados Unidos y México se comprometen a abordar el uso problemático de las drogas desde un enfoque de salud pública y priorizar la reducción de las formas de violencia que más lastiman a las poblaciones de uno o ambos países, tales como los homicidios, las desapariciones y la violencia basada en género.
Sin embargo, a un año de la adopción del Entendimiento, nos preocupa profundamente que el gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública. En septiembre de 2022, el Congreso mexicano aprobó la propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional —fuerza de seguridad federal en México que en teoría es de naturaleza policial— a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares. Dicha reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia. Las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas. Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia.
En Estados Unidos, reconocemos la adopción de ciertas medidas encaminadas a reducir el tráfico de armas. Al mismo tiempo, resaltamos la necesidad de mayores acciones de parte de Estados Unidos para reducir el flujo ilícito de armas a México. Por otra parte, nos alienta la inclusión inédita de un enfoque de reducción de daños en la estrategia nacional de control de las drogas del gobierno del presidente Joe Biden, presentada en abril de 2022. Sin embargo, notamos con preocupación que las acciones transnacionales contempladas en la estrategia todavía se enfocan en gran parte en esfuerzos por reducir la producción y el tráfico de drogas desde el extranjero “para impedir que las drogas ilegales jamás lleguen a nuestras fronteras”. Lo anterior, a pesar de los límites documentados de tales estrategias a lo largo de décadas de implementación, así como los daños registrados en términos de violaciones de derechos humanos y aumentos de la violencia y la corrupción en la región.
Asimismo, recordamos la importancia de que los gobiernos estadounidense y mexicano brinden información sobre las actividades y avances en la cooperación bilateral de seguridad, facilitando el diálogo y la participación de la sociedad civil. Los resultados preliminares del Entendimiento, dados a conocer en abril de 2022 por autoridades de ambos gobiernos, se centraron en una lista de detenciones de alto perfil, laboratorios de droga desmantelados, droga incautada y esfuerzos por combatir el tráfico de personas, regular precursores químicos y ampliar el rastreo de armas de fuego. La principal acción anunciada en materia de salud pública en ese momento fue la firma de un memorando de entendimiento sobre el tratamiento de las adicciones. Esperamos que el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad se acompañe de información actualizada y más completa sobre cómo la cooperación está avanzando en otras áreas referidas en el Entendimiento Bicentenario, tales como mejorar las investigaciones penales de los homicidios y fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia. Si bien dichas áreas pueden requerir mayor tiempo para mostrar resultados medibles en terreno, hacemos hincapié en la necesidad de mantener tales metas transformadoras al centro de las discusiones y acciones bilaterales.
Para garantizar que la cooperación construya soluciones duraderas, incluidas especialmente instituciones capaces de prevenir y responder a la violencia, las adicciones y los demás retos que subyacen el Entendimiento Bicentenario, instamos a ambos gobiernos a priorizar la implementación de compromisos prometedores del Entendimiento tales como los siguientes, y a publicar información sobre el progreso que se registre:
“prevenir y reducir el consumo abusivo de sustancias, en paralelo a limitar los daños asociados con la adicción”
“explorar alternativas al encarcelamiento para casos de abuso en el consumo de sustancias”
“prom[over] los derechos humanos respondiendo a las necesidades de las víctimas y las comunidades”
“realizar investigaciones de homicidios de manera efectiva y consistente”
“profesionalizar los sistemas de impartición de justicia penal y aplicación de la ley”
“expandir el conocimiento para implementar las mejores prácticas para combatir la violencia de género”
“la creación de capacidades compartidas y mejorar el sistema de rendición de cuentas”
“garantizar que los tribunales apoyen a las víctimas y preserven sus derechos humanos y civiles”
Nuestras organizaciones estamos atentas a la oportunidad de seguir dialogando con los gobiernos de Estados Unidos y México para promover avances en el acceso a la seguridad y la justicia en nuestros países y a continuar compartiendo información basada en nuestra documentación de casos, patrones, áreas de preocupación y recomendaciones en los temas mencionados aquí. Muchas gracias por su atención al presente.
Atentamente,
Amnistía Internacional México
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Due Process of Law Foundation (DPLF) / Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Human Rights Watch
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Robert F. Kennedy Human Rights
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Washington Office on Latin America (WOLA) / Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
El pasado 4 de octubre, el Senado aprobó por mayoría dividida ampliar hasta el 2028 la presencia de fuerzas armadas en las calles argumentando que era necesario proporcionar seguridad a la ciudadanía pues hasta ahora la Guardia Nacional no había hecho lo suficiente. Hoy la Cámara de Diputados discutirá y someterá a votación el dictamen del Senado para votar mañana en el Pleno.
La participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es particularmente preocupante debido a la opacidad con las que éstas pueden operar en comparación con las corporaciones policiacas. Asimismo, la lógica de operación militar es reactiva y de combate frontal al enemigo, mientras que la seguridad de la ciudadanía demanda un enfoque basado en la prevención del delito y la atención a las víctimas. Estas circunstancias han puesto en riesgo el respeto y la protección de los derechos de las y los ciudadanos, lo que se ha reflejado desde 2007 en un aumento de las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Por ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en su informe de mayo de 2022 que el enfoque de seguridad pública caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos.
La estrategia de militarización de la seguridad pública no ha tenido un impacto significativo en garantizar la paz y la justicia de la ciudadanía. Al contrario, recurrir a las fuerzas armadas para sustituir las funciones de las corporaciones policiales agravó la violencia en distintas zonas del norte del país y propició la violación de derechos humanos como en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Neutralizar la amenaza que representan las actividades del crimen organizado requiere un enfoque que trascienda las tácticas de combate frontal al enemigo, pues éstas generan condiciones que posibilitan la violación de derechos humanos. Una estrategia de seguridad adecuada y efectiva requiere la creación de corporaciones policiales comandadas por civiles, con elementos bien capacitados, en contacto cercano con la ciudadanía y que cuenten con el equipo necesario. Además, el despliegue efectivo de estos elementos debe realizarse a partir de una exhaustiva labor de inteligencia e investigación. También es fundamental generar mecanismos que impidan la corrupción y la impunidad en las fuerzas destinadas a tareas de seguridad.
Como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la sentencia: Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182:
La participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública debe ser excepcional, extraordinaria, justificada, subordinada, complementaria y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes.
Para quienes vivimos en los estados del norte de México como son Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, el hecho de que el Ejército continúe en las calles garantiza graves violaciones a derechos humanos, pues en los últimos años, las organizaciones aquí representadas, hemos documentado casos donde militares se encuentran involucrados directa e indirectamente, sobre todo posterior a la implementación de estrategias donde miembros del Ejército participaron en instituciones de seguridad pública como los llamados “Modelo Coahuila” en el 2008, “Nuevo León Seguro” en el 2007 y “Operativo Conjunto Chihuahua” en el 2008.
Coahuila
En Coahuila se puede recordar un hecho de abuso por parte del Ejército en el 2006. En un bar de Castaños, Coahuila, 14 bailarinas sufrieron abuso sexual por varios militares; fue después de un tiempo en que finalmente la misma institución castrense los llevó a ser juzgados en lo civil.
Posteriormente la violencia aumentó en el estado y coincidió con la implementación de la estrategia llamada “Modelo Coahuila”, donde militares retirados estuvieron al frente de instituciones de seguridad pública. En ese entonces se crearon diversos grupos especiales que fueron entrenados por estos militares para combatir a los grupos delincuenciales. Pero parece que el gobierno no pensó en una estrategia a favor de la sociedad civil, pues se incrementaron graves violaciones a derechos humanos, especialmente desapariciones, extorsiones y homicidios. Es decir, el modelo fracasó y los militares al frente de dichas instituciones se retiraron del estado.
Hoy se vive otra situación gravísima: Las violaciones a derechos contras personas en movilidad. En el mes de julio de 2019 se realizó un operativo afuera de la Casa del Migrante Saltillo integrado por la Policía Militar, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y elementos de la SEDENA, bajo el argumento de búsqueda de personas que se dedican al narcomenudeo. También en su trayecto hacia la frontera norte, las personas migrantes son interceptadas tanto por elementos de la policía estatal como de la Guardia Nacional, siendo despojados de sus pertenencias y de los documentos que en muchos casos les permite un libre tránsito por el país. En el informe Bajo la Bota realizado por varias organizaciones a nivel nacional describen: “La política migratoria militarizada ha profundizado los contextos de riesgos de las personas migrantes”.
Coahuila se ha convertido en uno de los principales estados donde hay presencia militar: ocupa el sexto lugar con 4,453 integrantes de las fuerzas armadas después de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.[i] Se tienen tres mega cuarteles, tres bases militares; tres bases aéreas, un cuartel Puerta Amarilla; seis centros de operación militar y hasta el pasado 22 de septiembre llegaron 300 militares a través del Mando Especial Laguna, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, sólo en Coahuila se cuenta con un Bachillerato Tecnológico Militarizado desde el 2017.
Nuevo León
La presencia de miles de efectivos de las fuerzas armadas en Nuevo León comenzó a partir de la entrada en vigor del convenio “Nuevo León Seguro” en 2007. A partir de ese año, los gobernadores subsiguientes renovaron y ampliaron dicho acuerdo. Durante la administración actual, el operativo Monterrey Seguro ha promovido la participación de militares en labores de patrullaje e instalación de puestos de control. Desde febrero de 2022, varios centenares de elementos del Ejército han llegado a la capital para incorporarse paulatinamente a tareas de seguridad pública en la zona metropolitana. Esta tendencia representa un riesgo para los derechos civiles de los ciudadanos de la entidad, ya que anteriormente algunos miembros de las fuerzas armadas han participado en ejecuciones y desapariciones.
Entre los casos de ejecuciones extrajudiciales destacan los de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Chavarría, ejecutados por militares en marzo de 2010 en el municipio de Anáhuac cuando salían de su trabajo; Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, asesinados por elementos del ejército en marzo de 2010 dentro del campus de la institución educativa; Jorge Otilio Cantú, asesinado por militares en abril de 2011; y Gustavo Acosta, ejecutado en su domicilio por elementos de la Marina en septiembre de ese año. En cuanto a la desaparición forzada, un militar fue sentenciado en mayo de 2012; en marzo de 2016, cinco elementos de la Marina fueron vinculados a proceso judicial por la desaparición forzada de Humberto del Bosque registrada en agosto de 2013.
Chihuahua
En el caso concreto del estado de Chihuahua, sufrimos las consecuencias de la violencia y de la respuesta militarizada a la misma, esta se vio exacerbada desde la salida a las calles del ejército en el contexto del “Operativo Conjunto Chihuahua” en 2008, durante la fallida guerra contra el narcotráfico, estrategia implementada por el entonces presidente Felipe Calderón, y cuyo único logro fue colocar a Ciudad Juárez en el primer lugar del listado de ciudades más peligrosas del mundo, situación que hasta la actualidad tiene un impacto profundo en la ciudadanía en relación a la confianza hacía las autoridades, especialmente debido a las múltiples denuncias de desapariciones forzadas, allanamientos de vivienda, tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por militares.
Precisamente a razón de la estrategia de militarización fortalecida actualmente, nos permitimos recordar la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en diciembre de 2009, misma que se dio en el Ejido Benito Juárez del Municipio de Buenaventura, Chih. por parte de elementos del Ejército Mexicano, según lo reconoce la CoIDH en la sentencia emitida sobre el caso en 2018.
Seguiremos exigiendo que se cumpla con lo resuelto por la Corte en la sentencia antes mencionada:
182. […] como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles […]. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:
a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso […];
b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial […]; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad […] y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia […], y
d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces […].
(CoIDH. Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182.)
La estrategia de militarización violenta lo establecido tanto por la Corte como por diversas instancias internacionales y el artículo 21 constitucional: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Por lo anterior, exigimos que:
Se cumpla con lo establecido en el párrafo 182 anteriormente citado,
Que se establezca una estrategia de seguridad pública desde una perspectiva ciudadana, que estos elementos de seguridad pública estén debidamente capacitados;
Estrategias de seguridad que convengan con las necesidades de la población, así como de quienes ya han sufrido una violación a sus derechos humanos por parte de Ejército y continúan esperando reparación, así como medidas de no repetición.
Desde las organizaciones firmantes estaremos atentas a las decisiones de los Congresos y no repararemos en denunciar las arbitrariedades que desde la institución castrense se cometen, abonando a la corrupción e impunidad que hasta hoy prevalece.
¡Basta de impunidad!
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Frontera con Justicia, AC. (Casa del Migrante Saltillo)
