Roberta Jacobson, Embajadora de Estados Unidos en México, se reunió con Amores y CADHAC

14 de septiembre de 2016

Boletín de Prensa No. 1609/40

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La Embajadora Roberta Jacobson con las familias de Amores durante su visita a CADHAC.

La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, estuvo hoy en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) para conversar con nuestro equipo y con integrantes de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (Amores).

Durante la hora que la Embajadora Jacobson estuvo en CADHAC tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre nuestras preocupaciones y temas de nuestro interés en Nuevo León, en la primera parte del encuentro.

Después, las familias integrantes de Amores le presentaron a la Embajadora estadounidense un video con la historia de Tanya González, cuyo esposo Felipe de Jesús Pérez se encuentra desaparecidos desde 2013. También estuvieron compartiendo algunos de sus casos con la diplomática.

“Ahora con el conocimeinto de sus casos reconozco el coraje que tienen ustedes y espero que eso les ayude a continuar su lucha y cuenten con la pequeña parte que yo pueda contribuir a eso, es una pequeña parte, yo sé, pero cuentan conmigo”, dijo la Embajadora a las familias

Por su parte, la Hermana Consuelo Morales,directora de CADHAC, agradeció la visita recalcando que el apoyo de los diplomáticos es importante, pues nos dejan claro que las familias no están solas.

“Tenemos unos ángeles que nos ayudan, son ustedes, y no estamos solas”, dijo al final del encuentro la directora de CADHAC.

Para despedirse, la Embajadora entregó a CADHAC una figura de un corazón dorado como regalo y las familias le entregaron el libro “Te Seguiré Buscando”, que contiene algunas de las historias de sus personas desaparecidas.

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“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

Ejecución extrajudicial de Gustavo Acosta Luján por marinos: 5 años de impunidad

3 de septiembre de 2016

Boletín de Prensa No. 1609/39

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Fotografía de Juan Rodrigo Llaguno.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. junto a Eva Luján -madre de Gustavo Acosta- y su familia, exigimos el esclarecimiento de los hechos en los que integrantes de la Marina ejecutaron extrajudicialmente a Gustavo Acosta Luján en el año 2011, así como resarcir el daño a la víctima y su familia por seguir relacionando a Gustavo con la delincuencia organizada.

El 1 de septiembre de 2011, Gustavo Acosta, de entonces 31 años, se encontraba en su casa con su familia, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, cuando escuchó que un grupo de marinos estaba afuera disparando y gritando. Gustavo Acosta les dijo que esperaran, que les iba a abrir la puerta. Al abrir, en respuesta, recibió dos impactos de bala que terminaron con su vida. Acto seguido los marinos sacaron a la familia y manipularon la escena del crimen “sembrando” armas y señalando a la víctima como integrante de un grupo delictivo.

Ese crimen se presentó en un contexto de ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población civil, provenientes de una política pública ilegal que comprendía militarizar la seguridad pública, contraviniendo de esta manera diversas recomendaciones internacionales de derechos humanos. La ejecución extrajudicial de Gustavo Acosta Luján, sigue los patrones detectados en las violaciones de derechos humanos cometidas durante de la llamada “guerra” contra el narcotráfico:

  • Uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza ante la ausencia de una reglamentación.
  • Actividad preponderante de elementos militares en investigaciones sobre la comisión de delitos.
  • Manipulación de la escena del crimen y “siembra” de armas y otras pruebas.
  • Criminalización de las víctimas, ya que sigue en la internet el comunicado de la Secretaría de la Marina en donde se presenta a Gustavo Acosta como presunto delincuente.
  • Deficiente integración de la investigación por parte del Ministerio Público, motivo por el cual no hay ninguna persona consignada por el homicidio de Gustavo Acosta.

La actuación de los marinos en este caso ocasionó un impacto irreversible en la familia. Cabe decir que la ejecución se realizó estando el papá de Gustavo tras su espalda, mientras su madre, hermanos y sobrina se encontraban en la misma casa, de donde fueron sacados agresivamente, generando secuelas que no terminan por sanar.

Por todo lo anterior, CADHAC exige a la Procuraduría General de la República (PGR) complete la investigación de la ejecución extrajudicial señalada, realice la consignación correspondiente ante la autoridad judicial y, así, se sancione a los marinos responsables de la muerte de Gustavo Acosta Luján. En el mismo sentido es urgente resarcir el daño y desmentir públicamente, por parte de la Marina, la criminalización hecha contra Gustavo Acosta.

 

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Eva Luján y Karen Acosta, madre y hermana de Guatavo Acosta.

Postura de jerarcas, ¿cristiana?

Editorial publicada en Reforma

OPINIÓN INVITADA / PRESBÍTERO DAVID FERNÁNDEZ S.J.

19 Ago. 2016
Una de las frases más citadas del Papa Francisco es aquella que externó cuando, a su vuelta de Río de Janeiro, los periodistas le preguntaron sobre las personas homosexuales.

“¿Quién soy yo para juzgarlos?”, dijo. Con esa expresión, ponía en práctica lo que expresó él en Roma desde el principio de su pontificado: “hay que dar menos importancia a las normas y más a la misericordia”.

De hecho, en un documento de trabajo difundido en el mes de junio de 2014, el Papa jesuita señalaba, en alusión a las personas homosexuales, que “los católicos del mundo deben ser menos excluyentes y más humildes”. Más recientemente, también afirmó que la Iglesia debería pedir perdón a los y las homosexuales.

En el documento preparatorio del Sínodo de Obispos de octubre de 2014 el Papa afirmó que, aunque los jerarcas sigan oponiéndose a las uniones entre personas del mismo sexo, “la Iglesia católica debe tener una actitud respetuosa”. Y un tono semejante, comedido, tuvo el documento oficial publicado en esa ocasión.

Más misericordia quiere decir un trato respetuoso, afectuoso, con cariño, por todas las personas, incluidas aquellas cuya sexualidad es diversa a la de la mayoría. Algo que tiene que entender la Iglesia a la que pertenezco es que, mientras queramos seguir siendo cristianos seguidores de Jesús, debemos respetar a las personas gays y lesbianas.

Desafortunadamente, no es precisamente esto lo que estamos viendo en estos días de debate sobre la iniciativa del Ejecutivo acerca del matrimonio igualitario.

Muchos sacerdotes y dignatarios eclesiásticos, siguiendo la postura oficial de la Iglesia, afirman que ser homosexual no es pecado; pero al mismo tiempo preconizan que los homosexuales no deben practicar su homosexualidad, y los exhortan a abstenerse. Esto para mí es muy difícil de entender.

Esa misma Iglesia que llama a la abstinencia postula que el celibato y la castidad son dones de Dios. Es decir, que no se pueden forzar: a unos los da y a otros no. ¿Todas las lesbianas y personas transgénero u homosexuales tienen el don de la castidad? Probablemente alguna de las dos posturas que sostiene la Iglesia debe estar equivocada. Obligar a algo que es un don, ¿es posible?

Muchas veces, delante de Dios me he hecho esa y otras preguntas y admito que me siento confundido. ¿Podrá el Dios revelado por Jesús, el Dios de la misericordia, de la ternura, de la liberación, de la solidaridad, nuestro buen Padre Dios, exigirle obligatoriamente a un joven que nació homosexual o lesbiana que guarde un celibato impuesto hasta el día de su muerte?

Y luego me pregunto de nuevo. ¿Podría ese Dios que es Padre y Madre buenos, ese Dios bondadoso y benévolo, exigir a un joven o una joven que nacieron distintos, que nunca, en toda su vida, tengan una pareja y expresen hacia ella su amor?

Hay muchas hipótesis y teorías sobre el origen de estas sexualidades minoritarias. La discusión continúa y me confieso abierto a lo que la ciencia diga. Pero lo que puedo afirmar con toda rotundidad es que, en mi experiencia pastoral y educativa, la enorme mayoría de las personas que se consideran homosexuales lo descubrieron desde pequeños, y se asumen así desde su nacimiento.

Su sexualidad no es mayoritaria, ciertamente, pero tampoco es anormal: justo igual que los zurdos. En todas las culturas, las más homofóbicas, incluso en aquellas en la que la homosexualidad se penaliza con la muerte, siempre hay un porcentaje constante de personas con estas orientaciones, que ronda entre el 6 y el 10 por ciento. De manera que lo verdaderamente importante para nosotros cristianos es que creemos que a todos y todas los ha creado Dios. Así como son.

Y después de tratar a muchos durante mucho tiempo puedo afirmar que buena parte de ellos son excelentes seres humanos, sensibles, afectuosos, comprometidos, devotos del servicio y la compasión. Me atrevo a decir que Dios no sólo los ama, sino que le caen bien.

¿Puede la Iglesia privar a estas personas del derecho al ejercicio genital de su sexualidad?

Cuando la Carta a los Romanos habla de su condena a “cambiar el uso natural por otro contra la naturaleza”, el autor no tenía ni idea de las realidades que nosotros conocemos ahora de manera más científica sobre la sexualidad, y pensaban que sólo eran costumbres de paganos e idólatras.

En el debate actual una pregunta central es si la unión de personas del mismo sexo es matrimonio u otra cosa. No lo sé. Pero me pregunto de nuevo: ¿discriminarlos es auténticamente humano, digno de un Dios fiel a lo que ha creado y rebosante de misericordia? Me siento ofuscado.

Si a nosotros sacerdotes católicos que hemos abrazado libremente el celibato nos cuesta mucho trabajo ser fieles hasta la muerte, ¿cómo será para las personas homosexuales, lesbianas, transgénero o transexuales, llevar esa carga impuesta contra su voluntad por los años sin cuento que tienen por vivir después de confesarse a sí mismos y a sí mismas su condición?

El Dios de Jesucristo es antes que nada misericordia, amor, perdón, cercanía, comprensión, ternura. Y no hace acepción de personas, no tiene preferencia entre sus hijos e hijas.

El autor es Rector de la Universidad Iberoamericana.

Disponible: http://www.elnorte.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=95223

 

Preocupante estrategia de seguridad del municipio de San Nicolás

31 de Agosto de 2016

Boletín de Prensa No. 1608/38

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Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. expresamos una vez más nuestro absoluto rechazo ante las declaraciones del Alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes.

Hace unos días medios de comunicación difundieron declaraciones del Edil en donde habló de sus intenciones de contratar [1]francotiradores con el objetivo de combatir el crimen en su municipio.

Esto es muy preocupante. Si bien la policía debe ser capacitada, el enfoque y discurso del Alcalde nicolaíta abona a crear un ambiente de violencia y a la estigmatización de quienes entran en conflicto con la justicia, y lo que es mas grave, que pareciera invitar a su policía a actuar fuera del marco de la ley.

En reiteradas ocasiones nos hemos pronunciado a favor de una policía de proximidad, una política de seguridad enfocada en la prevención y en contra de la constante militarización y política de seguridad reactiva. Expertos y la experiencia nos dicen, que por ningún motivo se debe combatir un delito, cometiendo otro delito.

El Alcalde señala que sabrá lidiar con las agrupaciones de derechos humanos para que no se intente proteger más al criminal que al ciudadano. No sabemos si este tipo de señalamientos son de su propia convicción, o bien, pareciera pretender confundir a la población, ya que esa es una falsa disyuntiva: se deben de respetar todos los derechos humanos de todas las personas, así también se deben llevar ante la ley a cualquier persona que cometa delito, sea de la sociedad civil o sean servidores públicos.

El camino a seguir es el de la seguridad ciudadana, no la lógica de guerra; el respeto irrestricto de los derechos humanos de la ciudadanía y el fortalecimiento de las instituciones para que se pueda respetar el debido proceso y sancionar a quienes sean verdaderamente responsables de los delitos.

Invitamos al Alcalde de San Nicolás a consultar expertos en este tema, a explorar estrategias menos violentas y capacitar a sus elementos de seguridad en la lógica de la seguridad ciudadana y el respeto los principios constitucionales, para que pueda garantizar la seguridad de todos los nicolaítas.

 

[1] Mendieta, Eduardo. 2016.“San Nicolás tendrá 50 francotiradores”. Milenio. Disponible en: http://www.milenio.com/region/milenio_noticias-san_nicolas_tendra_francotiradores-policia_san_nicolas_0_800920047.html

 

Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada: Exigimos justicia y reparación de daño para las víctimas

 

30 de Agosto de 2016

Boletín de Prensa No. 1608/37

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Durante la rueda de prensa, Liz Sánchez y la Hna. Consuelo Morales, de CADHAC, junto a integrantes de AMORES.

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, jornada en la que en México y el mundo se demanda verdad, justicia y el fin de la impunidad ante las miles de personas que han sido desaparecidas y separadas involuntariamente de sus seres queridos.

En el país y en Nuevo León vivimos una crisis humanitaria: miles de personas continúan desaparecidas y sus familias han quedado devastadas emocional y económicamente debido a la violencia generada por el crimen organizado y el propio Estado.

Ante esto, urge que el gobierno de Nuevo León dé respuesta a las diversas necesidades de estas familias, a quienes la reparación del daño les resulta apremiante, en ese sentido es necesaria la real operatividad del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y su Comisión Ejecutiva, con un presupuesto, programa y vinculaciones suficientes que le permitan funcionar efectivamente, como lo marca la Ley Estatal de Atención a Víctimas. Asimismo, es imperativo que el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI), que actualmente existe en la entidad, opere bajo lo más altos estándares de calidad.

Si bien la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó ayer en su comunicado las experiencias de trabajo conjunto de búsqueda entre autoridades y familias que tenemos en Nuevo León y Coahuila, es necesario decir que en nuestros registros todavía tenemos más de 800 personas por localizar.

En Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., hemos documentado casos de desaparición ocurridos desde 2007 hasta la fecha. En nuestro registro las personas desaparecidas ascienden a 1363, de las cuales 35 corresponden al 2016. Además,

se han localizado 159 personas: 72 personas vivas y 87 identificadas por perfiles genéticos. De estas, 151 personas localizadas son casos que pertenecen al estado de Nuevo León y 8 personas de Tamaulipas. En 2016 se han localizado 7 a personas: 2 por perfil genético y 5 personas con vida.

Hemos tenido avances pero la problemática no ha sido erradicada.

Seguimos caminando junto a las familias de AMORES con esperanza y fe de que llegaremos a la verdad. Seguimos demandando justicia al Estado y dando seguimiento a los procesos legales, teniendo la convicción de que trabajando junto a las familias encontraremos verdad y justicia.

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“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

Retroceso de la SCJN: criterio de la Primera Sala podría validar condenas basadas en tortura

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23 de agosto de 2016.- Externamos nuestro rechazo ante la tesis aislada CCV/2016 publicada el 19 de agosto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, a no ser que exista confesión o “autoincriminación” de la persona acusada.

En otras palabras, si la declaración bajo tortura de la persona acusada no es calificada como confesión; si una persona es torturada para que incrimine a otra; o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación, podrían quedar intactas las condenas basadas en tales pruebas ilícitas, según la regla aprobada por los Ministros Pardo Rebolledo, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea.

Por esta razón, la tesis es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a cualquier prueba obtenida mediante tortura, reflejada en la Constitución (“Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”[1]), el Código Nacional de Procedimientos Penales y numerosos tratados internacionales.

El año pasado, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades judiciales bajo diversos tratados ratificados por México, incluyendo la de excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”[2]. La Corte Interamericana, misma que actualmente se encuentra en México a invitación de la propia SCJN, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura… ostenta un carácter absoluto e inderogable”[3], observando además que “las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces”[4].

Recordamos que permitir que las condenas sigan basándose en declaraciones o pruebas fabricadas bajo tortura, significaría frenar desde el inicio el proyecto de transformación que debería representar el nuevo sistema penal. En tal escenario, en vez de mejorar la calidad de las investigaciones penales, el país seguiría en un ciclo vicioso, en el que la poca capacidad para investigar conlleva la falta de esclarecimiento y sanción de la gran mayoría de delitos cometidos, así como la fabricación de culpables mediante la tortura, entre otros, con tal de ocultar el tamaño de la impunidad.

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la Primera Sala a modificar su criterio, aclarando que ninguna prueba obtenida mediante tortura es válida.

 

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT)

[1] Artículo 20(A)(9).

[2] Informe sobre México del Relator Especial sobre tortura, A/HRC/28/68/Add.3, párr. 83(d).

[3] Corte IDH, Cabrera García y Montiel Flores v. México, párr. 165.

[4] Ibíd., párr. 167.

Magistrados comparten visiones sobre el respeto al debido proceso

16 de agosto del 2016

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El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.

Ayer por la tarde se llevó a cabo la conferencia “La importancia del debido proceso en contextos de violencia”, organizada por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJNL). Este evento fue encabezado por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, de Colombia, César San Martín, de Perú, y Carlos Arenas Bátiz, de México.

Los tres expertos señalaron la importancia del respeto al debido procesos para la construcción y existencia de un Estado verdaderamente democrático. Coincidieron en que los derechos fundamentales de todos los individuos deben ser respetados, y que el debido proceso garantiza el acceso a la justicia.

Además hicieron un llamado para que las autoridades no justifiquen graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, en aras de combatir la violencia y el crimen organizado.

“Esta práctica (torturar a una persona y hacerla firmar una confesión) nació del medievo, de la Inquisición y es una grave violación a los derechos humanos”, dijo Beltrán Sierra durante su intervención”.

Sobre las críticas al nuevo Sistema Penal Acusatorio, que permite llevar procesos en libertad y por el cual se prevé la liberación de presos por delitos menores que hayan llevado más de la mitad de su condena, los tres magistrados coincidieron en que este sistema permite mejorar los procesos de imputación.

“La ciudadanía no debe alarmarse porque se cumpla la ley, la alarma debe ser porque no se cumpla la ley”, expresó Beltrán Sierra.

El Magistrado peruano César San Martín, por su parte, añadió que una sociedad segura no se mide por el número de personas que estén privadas de su libertad.

“Una sociedad no es más sana o más segura cuantos más presos tiene, al contrario, es más insegura, porque uno tiene que preguntarse cuántos inocentes están presos”, consideró San Martín.

Finalmente, en entrevista, el Magistrado Carlos Arenas Bátiz reiteró que el respeto al debido proceso y un combate efectivo al crimen organizado y la violencia no están peleado.

“Dejemos o superemos esa falsa disyuntiva entre o respeto al debido proceso y los derechos humanos o eficacia en el combate al crimen, esa es una disyuntiva falsa, es un falso dilema”, aseguró Arenas Bátiz.

 

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(de izq a der: Los Magistrados Carlos Arenas Bátiz, César San Martín, Alfredo Beltrán Sierra y Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso).
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