Observaciones jurídicas al anteproyecto del Reglamento de la Ley General de Víctimas

23 de  mayo del 2014

10277621_559394404173276_6857266580260933150_n

Licenciado Enrique Peña Nieto

Presidente de la República Presente

Distinguido Presidente Peña Nieto:

Con fundamento en el artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el debido respeto, nos dirigimos a usted para expresarle las observaciones jurídicas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) al anteproyecto del Reglamento de la Ley General de Víctimas enviado por la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2014 a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). Del análisis del contenido de dicho Reglamento se desprende que existen diversas cuestiones que no son compatibles con lo establecido por la Ley General de Víctimas (LGV), tal como a continuación se muestra:

1. Alcance del Reglamento:

  • El reglamento propuesto corresponde a una ley federal por lo que limita el alcance de la LGV. Como usted sabe, dicha Ley establece bases para la coordinación y aplicación a nivel municipal, estatal y federal en materia de víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas del delito.
  • De la misma forma, el Reglamento deberá establecer que hasta en tanto no se conformen las leyes, reglamentos e instituciones locales, la LGV será aplicable.

2. Definición de Víctima:

• El Reglamento en su artículo 4 sólo contempla a los familiares de la víctima, y en su artículo 25 sólo se refiere a víctimas del delito del fuero federal, lo cual representa limitar el concepto de víctimas de la LGV, la cual incluye a las:

  • víctimas directas que son aquellas personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;
  •  víctimas indirectas que son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella,
  • víctimas potenciales que se refiere a las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito
  • víctimas colectivas, que comprende los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos,intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. 1

3. Sistema de Atención a Víctimas:

  • La LGV establece que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas; sin embargo, la propuesta de Reglamento establece que el Modelo Integral de Atención a Víctimas se integrará sólo por la instancias federales con el objetivo de generar los procedimientos para la atención, asistencia y protección a las víctimas. Lo anterior es sumamente grave, contraviene la LGV y envía una señal negativa por parte del Gobierno de la República de su compromiso para enfrentar los retos en materia de víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas del delito.
  • El Artículo 13 de la propuesta de reglamento no regula adecuadamente lo señalado por el artículo 322 de la LGV, al establecer que las autoridades e instituciones de asistencia pública que se subrogarán en los servicios que presten las autoridades obligadas en materia de salud serán exclusivamente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

4. Asesoría Jurídica Victimal

• El artículo 58 de la propuesta del Reglamento establece que se dará por terminado el servicio de asesoría jurídica cuando la víctima cuente con un defensor de oficio, lo cual es incompatible con lo establecido en la LGV. Una cosa es la función del abogado victimal y la otra la del abogado de defensor. En ocasiones el abogado victimal lleva a cabo la representación del caso por ejemplo por haber sido una víctima del delito, mientras que el abogado defensor asume la defensa de la víctima en el proceso penal en su calidad de imputado. No se debe olvidar que la función del asesor jurídico es más amplia pues pues comprende la defensa de los derechos de la víctimas conforme a lo establecido por los artículos 423 y 1684 de la LGV.

Cabe mencionar que conforme a la LGV la Asesoría Jurídica Federal comprende además de asesores jurídicos, a peritos y profesionales técnicos los cuales no se mencionan en el reglamento. 5

El artículo 59 del Reglamento establece que para darse por terminada la asesoría jurídica levantará un acta en la que consten los motivos de terminación, dicha acta deberá ser firmada por el asesor y la víctima y que en el supuesto de que la víctima se niegue a firmar el acta que da por terminado el servicio de asesoría jurídica, el asesor jurídico deberá asentar los motivos de la negación, lo anterior contradice el espíritu de la LGV al legalizar la privación de la asesoría jurídica a una víctima sin su consentimiento, pudiendola dejar en estado de indefensión. Se puede buscar alternativas para continuar representando los derechos victimales.

El artículo 65 de la propuesta del Reglamento establece que los servicios de asistencia y protección de las víctimas se tendrán por concluidos, entre otros supuestos, cuando la víctima cometa actos de violencia o amenazas en contra del personal de la Comisión Ejecutiva o de las dependencias o instituciones a las que hubiese sido canalizada y cuando a juicio de la Comisión Ejecutiva, se hayan llevado a cabo todas las acciones relacionadas con la atención, asistencia y protección a la víctima. Lo anterior criminaliza y re-victimiza a las víctimas, además que la LGV indica que la asistencia tendrá por objetivo restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política, es decir una vez que se haya reparado el daño y los efectos del delito o la violación a los derechos humanos.

El artículo 72 de la propuesta del Reglamento establece como único fin del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral el pago subsidiario de las ayudas, lo cual contradice el artículo 1306 de la LGV. Dicho artículo establece que el Fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos,administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.”

Usted señor Presidente, asumió el compromiso con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y del delito de contar con una LGV efectiva y sólida. Dicho respaldo se ha expresado por su Gobierno, en un primer momento con la publicación de la LGV el 9 de enero de 2013, y posteriormente con las modificaciones aprobadas a la misma, en los meses siguientes a dicha promulgación.

Finalmente, no se debe olvidar que el Reglamento es una herramienta clave para el buen funcionamiento de la LGV, así como del SNAV, por lo que su Gobierno debe garantizar que la instrumentación de aquella se lleve a cabo de la manera más adecuada en lo relativo a la protección de los derechos de las víctimas.

Confiamos en que Usted instruirá a su equipo que se tomen en cuenta nuestras observaciones y que trabajemos conjuntamente para que la publicación del Reglamento de la LGV sea un aspecto reconocido por las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, y no un motivo más de distanciamiento.

Le agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente y sin más por el momento aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Fraternalmente,

Hna. Consuelo Morales Elizondo

Directora

Ccp. Licenciado Miguel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
Ccp. Licenciado Humberto Castillejos Cervantes, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Ccp. Maestro Virgilio Andrade Martínez, Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)

Ccp. Maestra Lía Limón García, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación

 

 

1 Ley General de Víctimas, Artículo 4

2 El artículo 32 de la LGV establece que “La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación de un Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace referencia. Este modelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al cual pertenece”.

3 Artículo 42 de la LGV.” Las autoridades del orden federal, estatal, las del Distrito Federal y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales,

4 Artículo 168. La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor Jurídico el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro. En caso de no contar con abogado particular, la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal. La víctima tendrá el derecho de que su abogado comparezca a todos los actos en los que ésta sea requerida. […]

5 Artículo 166 de la LGV. “La Asesoría Jurídica estará integrada por asesores jurídicos de atención a víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.”
8 Artículo 130 de la LGV.. El Fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y
reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.

 

 

La situación actual de los periodistas mexicanos y la libertad de expresión

22 de mayo del 2014

BP. No. 1405/17

IMG_6476
Durante el evento en el Museo de Historia Mexicana.

 

En el marco del 20 aniversario de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y de nuestra exposición “Compasión, Con Pasión, Pasión”, se realizó ayer la conferencia: “Impactos de la Violencia Social en el Ejercicio de la Libertad de Expresión”, en el Museo de Historia Mexicana. La exposición estuvo a cargo de Jesús Cantú, profesor de cátedra de la EGAP del Tec de Monterrey y periodista y Karla Torres, especialista en medios de información e integrante de CADHAC. La moderadora fue Lylia Palacios, investigadora de la UANL.

México vive momentos críticos en materia de libertad de expresión: asesinatos de periodistas, leyes que pretenden coartar el derecho a manifestarse, leyes de telecomunicación que favorecen a oligopolios y una impunidad casi absoluta para quienes agreden a los comunicadores y defensores de derechos humanos.

De esta realidad, sin duda, el problema que más resalta es la situación actual de la prensa, afirmó Jesús Cantú. De acuerdo con el organismo internacional Reporteros Sin Fronteras, actualmente México ocupa el lugar 152 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Es de los que gozan menos libertad, se encuentra debajo de países como Myanmar, Rusia y Bangladesh y justo arriba de Irak. Desde el año 2000 y hasta el 2014 han sido asesinados en México 89 periodistas en ejercicio de sus labores y 17 se encuentran desaparecidos, según las estadísticas de esta organización.

Jesús Cantú indicó que el Comité para la Protección de Periodistas (CJP) realizó una investigación que  reveló que al menos en cuatro de cada diez homicidios de periodistas, las víctimas recibieron amenazas antes de ser asesinados.  “Los asesinos de periodistas tienden a enviar mensajes de advertencia a los medios de comunicación en general. Por ello, al menos una tercera parte de los periodistas asesinados fueron tomados en cautiverio o torturados antes de su muerte”, dijo el experto.

Una investigación sobre la situación de los periodistas en Nuevo León, realizada por Karla Torres a base de entrevistas con periodistas de diversos medios, arrojó que los reporteros que cubren la sección de seguridad han tenido que hacer muchos cambios en sus rutinas de trabajo para salvaguardar su integridad física.

Los periodistas locales son quienes quedan más desprotegidos porque los grupos del crimen organizado y las autoridades saben quiénes son y ni las empresas mediáticas ni las autoridades les ofrecen garantías. Esto provoca que lo que se publica acerca de la seguridad en el estado sea superficial, una realidad a medias, pues las condiciones actuales de violencia no permiten que ellos realicen investigaciones más profundas.

“Algunos de los cambios más importantes ocurrieron después del 2007, cuando Gamaliel López, reportero de TV Azteca y su camarógrafo desaparecieron. Se perdió la exclusiva (sacar una nota antes que otros medios), la libertad de trabajar por toda el área metropolitana, la interacción con las fuentes, tuvieron que recurrir a la autocensura en muchas ocasiones y aprender a medir los riesgos y amenazas del crimen organizado”, dijo la expositora.

En el periodo 2009-2012 hubo en Nuevo León 9 ataques a instalaciones de medios de comunicación: 7 al periódico El Norte, de Grupo Reforma, uno a Televisa Monterrey y uno más a AW Noticias 1280 AM. También han asesinado o desaparecido a 6 comunicadores desde el 2007.

Para que la situación mejore, coincidieron los expertos, se necesita voluntad por parte de las empresas mediáticas y los mismos periodistas. El caso de Colombia es un ejemplo, pues cuando la violencia se encontraba en su punto más álgido, los periodistas de aquel país se unieron para protegerse, prepararse, coordinarse mejor y reducir sus riesgos para así cumplir a cabalidad con su labor de informar.

 

 

La CNDH responderá ante el Senado por violentar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares en la masacre de 72 migrantes en San Fernando

 

16 de mayo de 2014, México, D.F.- Por primera vez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia responderá ante las y los Senadores de la Comisión de Derechos Humanos, el próximo martes 20 de Mayo, por violentar los derechos humanos de las familias de las víctimas y de la sociedad en la investigación y en la  recomendación 80/2013 sobre la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Ante la petición de comparecencia, hasta la fecha, sólo se ha logrado una reunión de trabajo impulsada por las organizaciones siguientes: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Grupo de Información en reproducción Elegida (GIRE) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). A través de las preguntas de los integrantes del Senado se espera que el ombudsman responda a las inconformidades de este grupo de organizaciones y de familiares.
Si bien la Comisión de Derechos Humanos del Senado consiguió una reunión de trabajo, cuando lo que se estaba pidiendo era una comparecencia, seguimos convencidos que un Estado democrático de Derecho requiere mecanismos de controles eficaces, regulares e institucionalizados entre los diferentes poderes y órganos de la Nación. En este caso, cuando un órgano autónomo como la CNDH viola los derechos humanos de víctimas en situación de vulnerabilidad como son las personas migrantes y sus familias, el titular de la Presidencia de la CNDH tiene la obligación de rendir cuentas.  Además, el ombudsman nacional tiene el deber de investigar los hechos de la masacre de las 72 personas migrantes, de clasificarlos como grave violaciones a los derechos humanos, de escuchar a las víctimas y sus familiares y de dictar medidas específicas para reparar el daño en materia de derechos humanos.

La CNDH demoró 3 años y 4 meses de ocurridos los hechos en suscribir la recomendación derivada del proceso de investigación. Dicha recomendación contiene aspectos relevantes en materia de medicina forense, cadena de custodia, manejo de restos, así como recomienda iniciar procedimientos por algunas responsabilidades vinculadas con la investigación penal y medidas estructurales como la creación de un banco de datos en genética y políticas de prevención.

Sin embargo, la recomendación 80/2013 viola dos aspectos fundamentales en perjuicio de las víctimas y de la sociedad porque no se pronuncia sobre los hechos de la masacre (violación al derecho a la vida) ni sobre la responsabilidad del Estado en los hechos. Al no garantizarles su derecho a participar en el proceso, la CNDH no buscó, documentó ni escuchó la voz de los familiares de las víctimas de las 72 personas migrantes asesinadas quienes conforme al derecho nacional e internacional, también son víctimas. La recomendación tampoco establece medidas de reparación integral del daño. Dicha recomendación resulta parcial, violatoria de los derechos humanos de familiares de las víctimas e incluso perjudicial al derecho a saber, tanto de las víctimas como de la sociedad.

Por otra parte, la CNDH también deberá rendir cuentas sobre su falta de actuación para emitir medidas cautelares y prevenir violaciones de derechos humanos de familiares de migrantes. Tal es el caso de la solicitud de medidas que no dictó para evitar la cremación de restos de personas migrantes de San Fernando Tamaulipas.

De ahí la solicitud de comparecencia pública del Presidente de la CNDH ante el Legislativo por las omisiones advertidas en el proceso de investigación en la masacre de 72 personas migrantes y las masacres de las fosas clandestinas de San Fernando. La masacre de las 72 personas migrantes constituye uno de los peores momentos de la historia de México y la CNDH obstaculiza el ejercicio del derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y la sociedad.

Confiamos en las y los senadores para que se hagan voceros de las preocupaciones de las familias de las víctimas. Se aprovechará de esta oportunidad para solicitar a las y los Senadores que se integre una comisión especial para dar seguimiento a los compromisos que la CNDH asumirá para investigar la masacre de las 72 personas, atender a las víctimas y reparar el daño. La reparación debe realizarse a través de un proceso que dignifique y cuide a las víctimas, respetando el derecho que ellas tienen de estar acompañadas por sus representantes y de participar en la definición de las medidas de reparación.

 
Firman

Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, El Salvador

Comité Cofamipro (Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras)

Casa del Migrante de Saltillo  (Frontera con Justicia AC)

La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, Tabasco

Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Estancia del Migrante González y Martínez A.C.

Por un Chihuahua Libre y Sin Temor (Chih, Mex)

Por la Superación de la Mujer A.C de Tapachula, Chiapas

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C. (CEDEHM)

Red Mesa de Mujeres Cd Juarez

Eje sobre Migracion, Refugio, y Desplazamiento Forzado del Capitulo Mexico del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP

Comisión Jurídica del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento TICPM
National Lawyers Guild EEUU USA

Border Center for Human Rights and Social Justice, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico EEUU USA

International Association of Peoples Lawyers IAPL

Asociacion Brasileña de Abogados del Pueblo ABRAPO

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Acción Urgente: Marinos sitian al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

Monterrey, N.L. a 16 de mayo, 2014.

Of. Núm. 1405/19

pf-4464111221_MARINOS_YC-c

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

P r e s e n t e.-

 

En Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) solicitamos su inmediata intervención ante las presuntas violaciones a derechos humanos perpetradas por elementos de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que colocan en situación de vulnerabilidad al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, instancia ciudadana de atención a víctimas de la violencia en ese estado .

De acuerdo a Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, alrededor de ciento cincuenta elementos de la Secretaría de Marina mantuvieron sitiada su oficina el día de ayer, 15 de mayo de 2014. El personal operativo de la Secretaría de Marina arribó a la colonia La Joya alrededor de las nueve quince horas a bordo de ocho camionetas oficiales y ocho particulares, incluyendo vehículos blindados, para revisar casa por casa en los alrededores, en busca de “personas armadas.” Los marinos llegaron al CDH NUEVO LAREDO poco después de las diez de la mañana y le informaron a uno de sus abogados que necesitaban “revisar las quejas y la documentación de la organización para comprobar que todo estuviera en orden”.

Posteriormente un marino, con el grado de capitán, se comunicó vía telefónica con el licenciado Ramos “solicitando autorización” para revisar el interior de las oficinas, negándoles el acceso. El grupo de elementos de la Marina, que en ningún momento se identificaron plenamente, dijeron que esperarían la presencia del presidente del CDH NUEVO LAREDO el tiempo que fuera necesario.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado graves violaciones a los derechos humanos en contra de personal de las fuerzas armadas del país por tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y agresiones a periodistas, mismas que han sido corroboradas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Tomando en cuenta el riesgoso trabajo que realiza el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y la actuación de elementos de la Secretaría de Marina, que vulnera no sólo a quienes integran el CDH sino también a las víctimas a cuyos expedientes quiere acceder la Secretaría de Marina, solicitamos:

1)     Sea efectivo el Mecanismo de Protección a defensores de Derechos Humanos del cual es beneficiario Raymundo Ramos, Presidente del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

2)     Se investiguen y sancionen las presuntas violaciones perpetradas por elementos de la Secretaría de Marina.

3)     Se revise que la nueva “Estrategia de Seguridad” de Tamaulipas, que anunció la administración del Presidente Peña Nieto, respete los derechos fundamentales de los ciudadanos y defensores de derechos humanos del estado.

 Sin más por el momento quedamos en espera de su inmediata intervención.

A t e n t a m e n t e,

Hna. Consuelo Morales Elizondo

Directora

 

C.c.p Lía Limón, Subsecretaría de Derechos Humanos

C.c.p. Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

C.c.p. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República

 

 

 

 

 

 

 

Exigimos que se garantice seguridad de defensores de derechos humanos en Tamaulipas.

16 de mayo del  2014

REPRODUCIMOS CARTA DE HUMAN RIGHTS WATCH. HECHOS OCURRIDOS EL 15 DE MAYO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernacion
Secretaría de Gobernación
Distrito Federal, MEXICO

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con gran preocupación para solicitar su intervención para garantizar la integridad de una reconocida organización de derechos humanos de Tamaulipas, que ha colaborado estrechamente con Human Rights Watch durante varios años en la documentación de casos de graves violaciones de los derechos humanos. Se trata de las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (dirigido por el Lic. Raymundo Ramos), que se encuentra actualmente rodeado por oficiales de la Marina. Al respecto le solicito respetuosamente que adopte las medidas necesarias para que se suspendan de inmediato las acciones de hostigamiento e intimidación que están ejerciendo contra la mencionada organización, y que sus oficiales se retiren de inmediato de las inmediaciones de esta organización.

A partir de las 9 de la mañana del día de hoy, oficiales de la Marina realizaron un operativo en el barrio la Joya, en Nuevo Laredo, donde se ubica la oficina de la organización. Elementos de la Marina allanaron más que 20 casas en el área, supuestamente buscando a hombres armados que habrían huido. Marinos armados, con sus rostros cubiertos, no permitieron que personal de la organización entrara en sus oficinas “por su seguridad”. Después, les informaron a un funcionario de la organización que necesitaban revisar las denuncias y la documentación de la oficina “para comprobar que todo estuviera en orden”, a pesar de que no tenían una orden judicial para allanar la oficina, ni la facultad para investigar. Actualmente, elementos de la Marina siguen rodeando la oficina de la organización.

El Comité ha sido un constante refugio y apoyo para víctimas de abusos graves de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, y torturas perpetrados por la Marina. Es absolutamente esencial que la nueva “Estrategia de Seguridad” de Tamaulipas, que anunció la administración del Presidente Peña Nieto hace unos días, respete los derechos fundamentales de los ciudadanos del estado, tanto como a los defensores de derechos humanos que los resguardan.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de la más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

CC: Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República; José Antonio Meade, Canciller; Juan Manuel Gomez Robledo, Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Lía Limón, Subsecretaría de Derechos Humanos

Nuestra solidaridad con la familia Acosta

 

 

15 de mayo del 2014

Slide1

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. expresamos nuestra profunda tristeza por el fallecimiento del señor Gustavo Acosta Ríos, ocurrida el día de hoy.

El señor Acosta es padre de Gustavo Acosta Luján, quien el 1 de septiembre del 2011 fue ejecutado extrajudicialmente por integrantes de la Marina en Nuevo León.

Desde el 2011, Gustavo Acosta Ríos formaba parte del grupo de familiares de personas desaparecidas, AMORES y destacó como un integrante tenaz y activo dentro del grupo.

Acompañamos a su familia en estos momentos y nos comprometemos a seguir caminando junto a ellos hasta encontrar justicia y reparación del daño.

 

 

 

Condenamos el asesinato de la activista Sandra Luz Hernández

No. Oficio 1405/18

Monterrey, N.L. a 14 de mayo, 2014.

 Captura de pantalla 2014-05-14 a la(s) 15.34.18

Lic. Mario López Valdez

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa

P r e s e n t e.-

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, condenamos el asesinato de Sandra Luz Hernández ocurrido el pasado 12 de mayo de 2014 en Culiacán, Sinaloa, y demandamos justicia pronta y expedita a fin de sancionar a los responsables de la ejecución de la defensora de derechos humanos, quien llevaba más de dos años en la búsqueda de su hijo desaparecido.

De acuerdo a la información con la que contamos Sandra Luz recibió 15 impactos de bala en la cabeza a plena luz del día, horas después de que acudiera a una reunión con autoridades de la Procuraduría de Sinaloa para revisar el caso de la desaparición de su hijo. El asesinato y la violencia perpetrada en él nos indigna y preocupa sobremanera.

Tenemos conocimiento que desde 2012 la activista, unida a grupos de familiares, emprendió la exigencia de localización de su hijo Édgar Guadalupe García Hernández, quien laboraba en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa y fue desaparecido por personas armadas que irrumpieron en su casa en febrero de ese año. Existe una alta probabilidad de que el móvil del asesinato haya sido la búsqueda incansable de Sandra Luz por conocer el paradero de su hijo.

Las madres y demás familiares de las personas desaparecidas, quienes ante la omisión de las autoridades en las investigaciones y la falta de acceso a la justicia, llevan a cabo la búsqueda e investigación ellas mismas para dar con el paradero de sus hijas e hijos, corren un alto riesgo.

De acuerdo al registro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, RNDDHM, con el asesinato de Sandra Luz, suman 31 asesinatos de defensoras de derechos humanos en nuestro país de 2010 a la fecha. Tan sólo en el primer trimestre de 2014, la RNDDHM registró 41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como 6 agresiones contra sus organizaciones. Las garantías que debe proporcionar el estado para hacer efectivos los derechos humanos, no están siendo proporcionadas.

Por tanto, CADHAC exige al Gobierno que usted encabeza:

1)     Justicia pronta y expedita: identifique y sancione, a través de la investigación correspondiente, a las personas responsables del asesinato de Sandra Luz Hernández,  

2)     Esclarezca los hechos relacionados con el paradero de Edgar Guadalupe García Hernández, y se  sancione conforme a derecho a las personas responsables.

Ante este clima de violencia e inseguridad hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales para que atiendan esta situación y tomen medidas efectivas para garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

Desde CADHAC nos solidarizamos con las y los familiares, así como con las amistades de la defensora y de su hijo, y con quienes junto con Sandra han exigido la aparición de Edgar Guadalupe García Hernández. Quedamos atentas de las acciones que el gobierno de Sinaloa emprenda para que el asesinato de Sandra Luz Hernández y la desaparición de su hijo Edgar Guadalupe García Hernández, no queden en la impunidad.

 

Sin más por el momento, quedamos al tanto de su pronta comunicación,

 

A t e n t a m e n t e,

Hna. Consuelo Morales Elizondo

Directora

 

C.c.p. Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

C.c.p. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.

 

Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Slide1

 

Monterrey, N.L. a 13 de mayo, 2014

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. se une a la demanda de justicia pronta y expedita en torno al asesinato de Alberta Cariño y Jyri Jaakkola perpetrado el 27 de abril de 2010 en el municipio de San Juan Copala, Oaxaca, cuando la Caravana de Apoyo Humanitario que integraban fue emboscada por paramilitares.

Si bien se han dictado órdenes de aprehensión en contra de los responsables éstas no han sido ejecutadas. La impunidad que permea el país, envuelve clara e indignantemente este caso.

El día de hoy cumple 15 días la Huelga de Hambre que sostiene Omar Esparza y compañeros de Oaxaca en la ciudad de México. Desde CADHAC en Monterrey, N.L., respaldamos las demandas que Omar Esparza ha hecho al gobierno federal para levantar la Huelga de Hambre:

1)    Fecha y metodología de las reuniones de trabajo de la articulación interinstitucional para el caso.

2)    Fecha en que se dará respuesta al cumplimiento de las órdenes de aprehensión y al mecanismo de protección a testigos.

3)    Emitir las “fichas rojas” de captura, solicitando la aprehensión de los responsables a nivel nacional, ante todas las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia.

4)    Inclusión a los responsables en el programa de recompensas y su difusión.

El derecho al acceso a la justicia está siendo totalmente vulnerado. Nos solidarizamos con la Huelga y demandamos el cumplimiento de los puntos señalados. Responsabilizamos al gobierno de la integridad física y psicoemocional de quienes se encuentran exponiendo su vida en favor de la resolución del caso. Exigimos la inmediata y contundente intervención de los gobiernos estatal y federal.

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.