Autor: Cadhac

 

2 de septiembre de 2014

Boletín de Prensa No. 1409/033

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su preocupación por la nueva restricción para introducir alimentos y productos para higiene personal al penal del Topo Chico.

Hoy, los medios de comunicación difundieron imágenes de una manifestación de familiares de internos en este centro pneitenciario social, quienes afirmaron que la venta de estos productos ha sido concesionada al interior del penal con precios sumamente excesivos para los internos.

Señalaron, por ejemplo, que una tapa de huevos se vende en 80 pesos. Esto nos parece inaceptable, pues además de atenta contra la economía de las familias de los reos, atenta contra la salud de los mismos. Recordemos que la responsabilidad de la manutención de los internos es de las autoridades estatales y que la inmensa mayoría de las personas recluídas porviene de estratos socioeconómico que no les permitiría acceder a semejantes precios. Esto representa un golpe a la calidad de vida de estas personas y sus familias, que desde el exterior consiguen viveres a bajos precios a fin de ayudar a la manutencion de sus internos.

Desde CADHAC exigimos a las autoridades revisar la pertinencia del servicio que ofrece el Fomento Laboral Penitenciario (FOLAPAC) en los centros de reclusión del Estado, que presuntamente se encargará de forma exclusiva de la venta de alimentos y todos productos de primera necesidad al interior del los penales. Lo anterior en relación a la naturaleza de interés público que representa el sistema penitenciario, y por tanto, la obligación de las autoridades por regular adecuadamente a los organismos públicos y privados que interactúan con las personas privadas de libertad.

 

 

2 de septiembre de 2014

Boletín de Prensa No. 1409/032

A raíz de señalamientos realizados por usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) externa su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en las que está incurriendo la compañía de luz con motivo de una supuesta campaña de verificación de medidores iniciada en mayo de 2014.

Hay usuarios del municipio de Monterrey que denuncian haber sido injustamente acusados de robo de energía eléctrica por la compañía de luz, motivo por el cual la CFE los privó de servicio de luz eléctrica. Acusan que los procedimientos de revisión de la CFE fueron irregulares y que no existe evidencia de su responsabilidad. Más bien, estas acusaciones infundadas han servido para justificar la acción de la CFE en su contra y el cobro de montos extraordinarios por concepto de regularización.

Asimismo, denuncian haber sido obligados por la CFE a firmar un reconocimiento de deuda y pagarés –llamado “convenio” por la CFE– a fin de obtener la reconexión del servicio de luz eléctrica en su domicilio.

Sin embargo, los montos exigidos por la CFE rebasan incluso los 100 mil pesos. Escudándose en el supuesto robo de energía eléctrica por los usuarios, y una estimación de la carga eléctrica del hogar realizado por la compañía de luz, ésta solicita a los usuarios una regularización cuyo monto está desproporcionado. Mediciones posteriores a la reconexión evidencian que el consumo estimado no guarda proporción con el consumo real y está fuera de serie.

Asimismo, los usuarios denuncian no haber tenido la oportunidad de defenderse ya que las pruebas que presentaron a la CFE no fueron consideradas por sus agentes. Por ejemplo, no se toman en cuenta facturas que evidencian la compra reciente de aires acondicionados, pues la compañía de luz asume que estos aparatos siempre han estado instalados en la casa. Asimismo, en cuanto a la fecha de inicio de la regularización, ésta no tiene fundamento y es evidente el afán de cobrar el máximo monto de regularización posible.

Por último, cuando los usuarios han pedido copia de su expediente a la CFE para tener información acerca de cómo ha sido calculado el monto de la regularización exigida, estos han recibido una respuesta negativa, siendo este hecho violatorio del artículo 8 constitucional (derecho de petición). Por lo mismo, se denuncia la falta de transparencia de la compañía de luz y un total desapego a los procedimientos legales.

Considerando que la CFE es el único proveedor de luz eléctrica, afirmamos que se trata de un abuso de poder. La luz eléctrica es un bien energético de primera necesidad del que no podemos prescindir para vivir. Enfriar y reservar alimentos es una necesidad básica que no puede ser satisfecha sin luz, aún más en una ciudad como Monterrey, cuyo clima es extremo. El usuario, ante la CFE, se encuentra en un claro estado de indefensión al no contar con servicio de luz eléctrica y se ve obligado a firmar un reconocimiento de deuda para que este servicio sea reconectado. Denunciamos que la CFE está incurriendo en un abuso de poder al quitar el suministro de luz para así ejercer coerción sobre los usuarios y obligarlos a firmar un reconocimiento de deuda, cuyo monto está fuera de serie.

En este sentido, los usuarios denunciantes y CADHAC exhortan a la CFE a cesar estos abusos y a las autoridades competentes en materia de Defensa del Consumidor y de Derechos Humanos a tomar cartas en el asunto. Asimismo, instan a la CFE a proveer un servicio eléctrico de calidad y cambiar los medidores cuyo funcionamiento considere deficiente, mas no responsabilizar a los usuarios de su mal funcionamiento. Cabe recordar que es responsabilidad de la CFE dar un adecuado mantenimiento.

Ante la reciente resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia el miércoles 26 de agosto, CADHAC celebra su decisión e insta a los usuarios afectados a esperar su publicación en el Diario Oficial de la Federación y presentar juicios de amparo para obtener la reconexión del servicio de luz. Asimismo, se informa a los usuarios que pueden acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública en Nuevo León (83 72 60 61) para recibir la asesoría jurídica correspondiente para demandar a la compañía de luz.

Asimismo, en el contexto de la reforma energética, los usuarios afectados y CADHAC externan su preocupación por el destino de los millones de pesos que la CFE está recaudando de manera presuntamente irregular.

 

 

28 de agosto de 2014

Boletín de Prensa No. 1408/030

 

El día de hoy se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de N.L., la Segunda Reunión de Trabajo entre familiares de personas desaparecidas (AMORES de NL) y CADHAC con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJT) y personal de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León(PGJNL), en la que se revisaron las investigaciones de 52 personas desaparecidas (43 hombres y 9 mujeres) en territorio tamaulipeco.

La Primera Reunión de Trabajo con la PGJE de Tamaulipas se llevó a cabo el 6 de marzo de este año en la capital de ese estado. Desde entonces, gracias a la difusión que los medios de comunicación hicieron en el momento, de 7 casos (que incluían a 26 personas desaparecidas), recibimos 13 casos más, sumando un total de 20 casos (que contemplan 52 personas) que ahora tenemos registradas.

Es importante mencionar que de los 20 casos revisados hoy, 6 fueron desapariciones ocurridas en Reynosa, 4 en Tampico, 3 en Matamoros y 2 en Ciudad Victoria. En lugares como Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Río Bravo, San Carlos e Hidalgo hay un caso registrado por cada ciudad.

De acuerdo con el registro que llevamos, las desapariciones ocurrieron desde el 2010 y han continuado hasta el 2014. Se dividen del siguiente modo:

2010 – 2 casos

2011- 7 casos

2012 – 2 casos

2013 – 6 casos

2014 – 3 casos

En la reunión estuvieron presentes, por parte de las autoridades: Lic. Óscar Fuentes, Subprocurador del Estado de Tamaulipas; Lic. Juan Antonio Jara, Director de Enlace para la Comisión Nacional de Seguridad de la Oficina del Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas;  un Agente del Ministerio Público de Nuevo Laredo y tres Agentes más de Reynosa, además de integrantes de la Unidad de Colaboraciones de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.  Las familias de cada uno de los casos, así como personal de CADHAC.

Al día de hoy, CADHAC tiene registradas más 1,200 personas desaparecidas, de las cuales 80% ocurrieron en Nuevo León y 20% en Tamaulipas y otros estados, en estos momentos nos encontramos actualizando nuestra base de datos.

CADHAC reafirma su compromiso con las familias de personas desaparecidas para continuar con este trabajo que busca disminuir las consecuencias de esta tragedia común y que pronto desaparezca por completo esta problemática, habiendo localizado a todas las personas de quienes ahora se desconoce su paradero. Asimismo, reconocemos la voluntad política del gobierno tamaulipeco, quienes han demostrado disposición de trabajar en conjunto con autoridades nuevoleonesas, familiares de víctimas de desaparición y CADHAC, esperando, sin embargo, que esa voluntad política se muestre en resultados específicos, en avances en las investigaciones. Vale la pena mencionar que valoramos muy positivamente, las gestiones y la hospitalidad que la PGJNL brindó para que las autoridades tamaulipecas pudieran venir y realizarse la reunión.

Sabemos que no podemos hablar de justicia real mientras no se localice a todas las personas que han sido desaparecidas, por eso seguiremos trabajando por la verdad hasta encontrarles, hasta saber dónde están. Instamos, por tanto, a una justicia pronta e integral, y a que estas reuniones deriven en resultados concretos.

26 de agosto del 2014

Les invitamos a la Segunda Reunión entre familiares de personas desaparecidas, CADHAC y la Procuraduría de #Tamaulipas. Este jueves 28 de agosto. ¡Exigimos justicia y verdad! Ven y acompaña a las víctimas en esta búsqueda. 

23 de agosto del 2014

 

En el marco del 4to Encuentro con Organizaciones que Acompañan a Víctimas de Desaparición, que se llevó a cabo los días 22 y 23 de agosto en Monterrey, Nuevo León y al que asistieron 12 organizaciones con presencia en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se manifestó como preocupación generalizada, que la búsqueda y localización de personas desaparecidas pierda importancia ante la eminente explotación de recursos naturales en diferentes sitios del país.

En los estados mencionados ha habido graves problemas de inseguridad y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo desapariciones. También existen grandes intereses de la industria energética y petroquímica, como es el caso de Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Un claro ejemplo de esto es la Cuenca de Burgos, que se ubica en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde radica la reserva de gas natural más importante de México.

Resulta evidente que habrá un auge de “industrialización” en estos estados a causa de la reciente aprobación de la cuestionada reforma energética y consideramos que esto representa un riesgo para la búsqueda y localización de desaparecidos. Exigimos que antes de realizar cualquier perforación en busca de hidrocarburos se constate que no haya restos humanos en dichos lugares.

Nos preocupa que en la implementación de la reforma energética se pueda anteponer el interés económico, al dolor y la deuda que tiene el estado mexicano con familiares de personas desaparecidas.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al gobierno de la República y a los gobiernos de los estados para que en caso de encontrar restos humanos, se realicen los procesos forenses confiables y en presencia de familiares u organizaciones civiles que acompañan casos de personas desaparecidas. Asimismo, que exista investigación y castigo a los responsables.

Recordamos al estado mexicano que tiene la obligación de buscar a personas desaparecidas, hombres y mujeres, que contra su voluntad han sido separados de sus seres queridos. Hay casos en los que se desconoce su paradero desde los años sesentas a la fecha.

Organizaciones firmantes:

19 de agosto del 2014

Boletín de Prensa No. 1408/030

 

Una muerte más, fruto de la violencia

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su preocupación por el presunto asesinato de Rolando Garay García, de 37 años, quien fue encontrado muerto el día de ayer en el Centro de Readaptación Social  Apodaca, en Nuevo León.

De acuerdo con reportes de los medios de comunicación, el cuerpo del interno Garay García presentaba marcas de golpes en el tórax, glúteos, rodillas y tobillos.

Garay García se encontraba, por narcomenudeo, purgando una condena de 6 años en el CERESO de Apodaca desde agosto del 2011.

Recordamos a las autoridades competentes que ellos son los responsables de la integridad física y emocional de cada una de las  personas recluidas en los Centros Penitenciarios Estatales, por lo que urge cuenten con las medidas de seguridad necesarias para que este tipo de hechos tan lamentables no vuelvan a repetirse.

Asimismo, solicitamos que la investigación de este crimen llegue hasta sus últimas consecuencias y las autoridades hagan del conocimiento público el resultado de ésta.