Autor: Cadhac

13 de noviembre del 2014

Boletín de Prensa No. 1411/046

 

Tercera Reunión de Trabajo entre Grupo AMORES y CADHAC con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJT)

El día de hoy se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de N.L., la Tercera Reunión de Trabajo entre familiares de personas desaparecidas (Grupo AMORES) y CADHAC con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJT) y personal de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León(PGJNL), en la que se revisaron las investigaciones de 52 personas desaparecidas (43 hombres y 9 mujeres) en territorio tamaulipeco.

Un importante logro que se alcanzó en el marco de esta tercera reunión es que, al igual que en el estado de Nuevo León, el gobierno de Tamaulipas también ofrecerá recompensas por información que lleve a la localización de personas desaparecidas en aquel estado.

Las personas que así lo deseen podrán solicitar entrar en este esquema que, a través de la Procuraduría de Tamaulipas, a quien le darán la autorización para que su familiar o ser amado que se encuentra desaparecido se adhiera a la plataforma. La cantidad que se ofrecerá por la información sobre personas desaparecidas no fue dada a conocer. En Nuevo León ya existe este esquema y el gobierno estatal ofrece hasta 250 mil pesos por este tipo de información que abone a las investigaciones.

Otro avance que se obtuvo con esta sinergia es que el estado de Tamaulipas creó 5 fiscalías especializadas en ciudades que cubren la totalidad geográfica del estado: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria. Estas fiscalías atienden específicamente los casos de personas desaparecidas en aquella entidad.

La Primera Reunión de Trabajo con la PGJE de Tamaulipas se llevó a cabo el 6 de marzo de este año en la capital de ese estado. Desde entonces, gracias a la difusión que los medios de comunicación hicieron en el momento, de 7 casos (que incluían a 26 personas desaparecidas), recibimos 13 casos más, sumando un total de 20 casos (que contemplan 52 personas) que ahora tenemos registradas.

Es importante mencionar que de los 20 casos revisados hoy, 6 fueron desapariciones ocurridas en Reynosa, 4 en Tampico, 3 en Matamoros y 2 en Ciudad Victoria. En lugares como Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Río Bravo, San Carlos e Hidalgo hay un caso registrado por cada ciudad.

De acuerdo con el registro que llevamos, las desapariciones ocurrieron desde el 2010 y han continuado hasta el 2014. Se dividen del siguiente modo:

2010	2011	2012	2013	2014
2 casos	7 casos	2 casos	6 casos	3 casos

CADHAC reafirma su compromiso con las familias de personas desaparecidas para continuar con este trabajo que busca disminuir las consecuencias de esta tragedia común y que pronto desaparezca por completo esta problemática, habiendo localizado a todas las personas de quienes ahora se desconoce su paradero.

Reconocemos la voluntad política del gobierno tamaulipeco, quienes han demostrado disposición de trabajar en conjunto con autoridades nuevoleonesas, quienes han reafirmado el compromiso de seguir trabajando con familiares de víctimas de desaparición y CADHAC. Sin embargo, esperamos que esa voluntad política se muestre en resultados específicos, en avances en las investigaciones.

Los avances son pequeños, pero seguimos trabajando poco a poco para conseguir nuestro objetivo final: llegar a la localización de todas las personas desaparecidas y erradicar las desapariciones.

Monterrey, N.L. a 4 de noviembre, 2014.

 C. Rodrigo Medina de la Cruz

Gobernador Constitucional

Del Estado de Nuevo León

Quienes suscriben este documento, académicos/as, defensores/as de derechos humanos, ciudadanía interesada y organizaciones enlistadas al calce, con domicilio para recibir notificaciones en Padre Mier No. 617 Pte. Centro, CP. 64000, en Monterrey, NL., y con fundamento en el Art. 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dirigimos a usted solicitándole nos responda las siguientes preguntas, formuladas en torno al reciente anuncio gubernamental de creación de la Policía Militar para Nuevo León, con alcance en San Luis Potosí y Tamaulipas, y con posibilidad de extenderse a lo largo del territorio nacional:

1. ¿Por qué hace falta una Policía Militar cuando se ha apostado por el modelo de Fuerza Civil y el Gobierno del Estado lo presenta como un éxito?
2. ¿Cómo se tomó la decisión de crear esta nueva figura policial, en lugar de fortalecer lo que ya se tiene?
3. ¿Quiénes son los promotores de la idea y cuáles son los casos de éxito internacional que se tomaron como referencia para sustentar la propuesta?
4. ¿Cuál es el basamento jurídico del proyecto?
5. ¿Cuál será el proceso de reclutamiento de estos nuevos elementos?
6. ¿Qué proceso de depuración y certificación policial habrá para los elementos con los que iniciará esta corporación?
7. ¿Qué instancia, en qué tiempos y bajo qué seguimiento se capacitará a los elementos de la nueva corporación?
8. ¿Cuáles son los mecanismos de control interno y las instancias de auditoría ciudadana externa que habrá para vigilar el buen funcionamiento de esta nueva corporación?
9. Si parte del objetivo es procurar un ambiente de certidumbre para la actividad industrial y para propiciar inversión, ¿no es precisamente para ello que se creó la Gendarmería?
10. Si el Estado tiene condiciones de relativa paz social, ¿por qué seleccionar a Nuevo León para la formación de una Policía Militar concebida por Ley para emergencias?

 Sin más por el momento, quedamos al tanto de su inmediata respuesta.

 

Suscriben:

Organizaciones Nuevo León

1. Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES.
2. Alternativas Pacíficas, A.C.
3. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC
4. Colectivo Cascadas / Guadalupe, N.L.
5. Colectivo Pueblo Bicicletero
6. Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C.
7. Creando Espacios, A.C.
8. Evolución Mexicana
9. Frente Ambientalista Ciudadano
10. Género, Ética y Salud Sexual, A.C.
11. Mujeres Causando
12. Mujeres de la Esperanza / Guadalupe, N.L.
13. Realidad Expuesta
14. Red Ciudadana Alternativa de Guadalupe, RECIA
15. Rescatemos Nuevo León
16. Vía Ciudadana
17. Zihuame Mochilla, A.C.

Organizaciones Nacionales e Internacionales

1. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM / Guerrero, D.F., América Latina
2. Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad / Baja California, Sonora, Sinaloa
3. Casa del Migrante de Saltillo Frontera con Justicia, A.C. / Coahuila
4. Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM / D.F.
5. Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. / Tlaxcala
6. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres / Chihuahua
7. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro / D.F.
8. Centro de Economía Solidaria, A.C., CES / Tlaxcala
9. Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. / Coahuila
10. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C., CEDIMAC / Chihuahua
11. Ciudadanos para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. / D.F
12. Ciudadanos por una Causa en Común, A.C. / D.F.
13. COFADDEM Alzando Voces / Michoacán
14. Colectivo Mujer y Utopía, A.C. / Tlaxcala
15. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A.C. / D.F.
16. Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, CDHLaredo / Tamaulipas
17. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia/ D.F.
18. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C., IMDEC / Jalisco
19. JASS (Asociadas por lo Justo) / Internacional. Presencia en 27 países
20. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. / D.F.
21. Observatorio de Violencia Social y de Género, UACJ / Chihuahua
22. Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana / Chihuahua
23. Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM

Personas Nuevo León

1. Carlos Piña Loredo, Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL
2. Cinthia Smith Pussetto, Profesora e Investigadora del TEC de Monterrey
3. Clara Eugenia Torres, Directora y actriz de Teatro Popular
4. Claudia Vásquez Ramos, Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN
5. Claudio Tapia Salinas, Maestro en humanidades y profesor de ética parlamentaria del Centro de Estudios Parlamentarios de la UANL
6. Efrén Sandoval Hernández, Investigador del CIESAS Noreste
7. Eleocadio Martínez Silva, Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, UANL
8. Gabriela de la Paz, profesora del TEC de Monterrey
9. José Luis Martínez Canizales, Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, UANL
10. Luis Eduardo Zavala Investigador CIISA de la Universidad Metropolitana de Monterrey
11. Lylia Palacios, Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León
12. María Teresa Villarreal Martínez, Investigadora y Activista
13. María Zebadúa, Catedrática jubilada de la UANL
14. Melina Alfaro, Profesora de la UANL
15. Ximena Peredo, Activista y editorialista en Nuevo León

Personas Nacionales e Internacionales

1. Alejandro Martí, Ciudadano Invitado Permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública
2. Alfredo Limas Hernández, Profesor Universitario / Chihuahua
3. Ana Luna Serrano, Profesora de la Universidad Autónoma de Baja California
4. Ana Paula Hernández Contón, Defensora de Derechos Humanos
5. Andrés Gutiérrez, Activista e integrante de Nonviolent Peaceforce
6. Carlos Karim Zazueta Vargas, Defensor de Derechos Humanos
7. David Pérez Esparza, Consultor e Investigador UCL / Inglaterra
8. Edna Jaime, Ciudadana Invitada Permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública
9. Elena Azaola, Investigadora del CIESAS / D.F.
10. Elio Villaseñor Gómez, Defensor de derechos humanos / D.F.
11. Jordi Rosquillas Tovilla, Defensor de derechos humanos / D.F.
12. José Fabián Ruiz Valerio, Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
13. María Elena Morera, Ciudadana Invitada Permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública
14. Miguel B. Treviño de Hoyos, Ciudadano Invitado Permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

 

3 de noviembre del 2014

Boletín de Prensa No. 1411/044

Incumple Estado obligación de garantizar los derechos a la vida, la seguridad              y la integridad física de las personas privadas de la libertad

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su profunda preocupación por la muerte del interno Santos Zúñiga Jaramillo, ocurrida en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico en el Estado de Nuevo León.

Según información de los medios de comunicación a Zúñiga Jaramillo, de 44 años de edad, se le encontró ahorcado en el área de los baños del ambulatorio F1. Esta muerte y la integridad física de todas las personas internas preocupa, especialmente por el conocimiento que se tiene de la situación de inseguridad, hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno que impera en las prisiones del Estado y que pone en grave riesgo la vida y la integridad física de las personas recluidas.

Cabe recordar que apenas el pasado 14 de agosto, el interno Rolando Garay García del Centro de Reinserción Social Apodaca fue presuntamente asesinado a golpes. Por lo tanto, este nuevo hecho hace evidente que el gobierno del Estado de Nuevo León ha incumplido su obligación general de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de la población, especialmente de aquellos que están privados de su libertad en centros de reinserción social, pues todo lo que sucede dentro de dichos lugares es responsabilidad directa del Estado.

CADHAC reitera que las autoridades estatales tienen obligación de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por lo tanto exigimos que el Gobierno del Estado de Nuevo León asuma sus obligaciones e intervenga inmediatamente en esta situación realizando una investigación pronta e imparcial en torno a la muerte de Zúñiga Jaramillo que lleve a los responsables ante la justicia, asegurando siempre el irrestricto respeto a la legalidad, y estableciendo en lo inmediato garantías de no repetición.

 

26 de octubre del 2014

Boletín de Prensa No. 1410/043

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su posición y preocupación frente al planteamiento de establecer la “Policía Militar” en Nuevo León, cuya instalación además de contravenir la Constitución Federal y a las recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales de protección de derechos humanos, no es la solución para el problema de seguridad.

De acuerdo con declaraciones de funcionarios del gobierno del estado y presidentes municipales del área metropolitana de Monterrey, se instaurará la Policía Militar en Nuevo León, extendiéndose a los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, entidades que, juntas, conforman la IV Región Militar.

El Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las calles.

Algunos ejemplos de estas graves violaciones son: los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México en donde militares ejecutaron extrajudicialmente a 22 civiles durante un  enfrentamiento; el caso de Jorge Otilio Cantú, ejecutado extrajudicialmente en 2011 por elementos del ejército mientras se trasladaba en su coche hacia su trabajo; y el caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey quienes fueron asesinados por militares en 2010, cuando quedaron atrapados en un enfrentamiento a las afueras de esta universidad. Situaciones que además, entre muchas otras, corroboran que la milicia no está entrenada para tratar con la ciudadanía.

Por otro lado, es incongruente que la corporación Fuerza Civil ha sido etiquetada recientemente, no sólo por el gobierno local, sino también por el federal, como un ejemplo de policía que se debería replicar en todo el país, y que ahora el gobierno local busque una militarización policial, además de una inversión económica para la instalación de los miembros militares. ¿Será entonces que Fuerza Civil no ha dado los resultados que tanto se han alardeado?

Y si es así, por qué invertir en más militares y mejores instalaciones para ellos, cuando tenemos fuertes problemas en los sistemas penitenciario, de educación y de salud. ¿Por qué no invertir en estos rubros, buscando resultados seguros y a largo plazo, en lugar de “soluciones exprés”?

Institucionalizar una policía militar, no sólo contraviene a los estándares internacionales y las recomendaciones emitidas en ese sentido al gobierno, sino que viola la Constitución Federal, específicamente el artículo 129 que nos dice claramente que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, a menos que México se encuentre en estado de guerra.

Por todo lo anterior, demandamos que el Estado Mexicano y el gobierno del estado de Nuevo León atiendan puntualmente a lo dispuesto en nuestra Constitución Federal, a las recomendaciones emitidas por las instancias internacionales en la materia, e incluso a las opiniones de expertos locales que conocen la realidad regional, cumpliendo con el compromiso de retirar a la milicia de las calles, como lo ha dicho en numerosas ocasiones el Presidente de nuestro país.

Cifras de la SEDENA

Las autoridades explicaron que la Policía Militar es un nuevo esquema que se implementaría en el Estado y consiste en el despliegue de elementos de instrucción militar, pero bajo un modelo de policía civil con atribuciones para operar en todo el territorio nacional, hacer patrullajes y realizar detenciones.

El número de efectivos en la Cuarta Región Militar (que abraca los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí) no ha variado:

2012 = 8,917 militares

2013 = 9,188 militares

2014 = 8,919 militares

Entre 2007 y 2012 presencia militar en:

Chihuahua =  37,799 militares

Tamaulipas =  23,440 militares

Veracruz =  16,404 militares

Nuevo León =  13,317 militares

Edo. de Méx   =  12,167 militares

Guerrero =  10,365 militares

En 2011, hubo 52,690 Militares para combatir el narco en todo México. En ese año, los estados con mayor presencia militar fueron Chihuahua (7, 552)  y Tamaulipas (7,690).

En 2013, la presencia militar en todo México bajo a 34,529.

24 de octubre del 2014

Boletín de Prensa No. 1410/042

XX Reunión: Análisis de logros y retos

 Hoy se lleva a cabo la XX Reunión entre la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL), familiares de víctimas de desaparición y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC).

El camino que hemos recorrido desde junio del 2011, cuando Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llegaron a Nuevo León con la Caravana del Consuelo, que abrieron la puerta de interlocución con las autoridades, ha sido sin duda retador, pero también productivo. Estos tres años han traído consigo avances relevantes, pero seguimos teniendo muchos objetivos por cumplir.

Debemos reconocer que esta dinámica de trabajo, entre familiares de víctimas, autoridades y sociedad civil, ha producido logros que no existen en ninguna otra entidad de México:

• Una de los principales resultados ha sido el empoderamiento de las familias de personas desaparecidas, quienes desde su dolor han construido una labor de activismo que ha aportado a la prevención y reparación del daño para otras víctimas en Nuevo León.
• En diciembre del 2012 se tipificó el delito de desaparición forzada con los más altos estándares internacionales.
• En  octubre del 2013 el Congreso local aprobó una Ley Estatal de Víctimas apegada a la Ley General de Víctimas, la cual se publicó en diciembre de ese mismo año.
• Con la ayuda de expertos en la materia, CADHAC y la PGJNL, se elaboró el Protocolo de Búsqueda Inmediata que actualmente  el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Procuraduría estatal utiliza para localizar personas que han sido reportadas como desaparecidas en Nuevo León.
• En marzo del 2014, la PGJNL inauguró la Unidad Especial de Búsqueda Inmediata que investiga el paradero de personas en las primeras 72 horas de haber ocurrido la desaparición. Las denuncias se pueden hacer las 24 horas, los 365 días del año.
• En 2014 el método de trabajo que realizamos con la Procuraduría estatal comenzó a utilizarse  para trabajar con la Procuraduría de Tamaulipas.
• La PGJNL adquirió equipo de rastreo para la búsqueda y localización de personas (Geo Scanner) con el que ya se han tenido buenos resultados.

A pesar de estos logros, hoy reconocemos que queda mucho camino por recorrer.  Existen retos como:

• Que los jueces conozcan y usen el delito de desaparición forzada.
• Los médicos forenses de la PGNL no tienen suficientes perfiles de ADN con qué comparar restos que esperan a ser identificados.
• Que la ciudadanía denuncie más y más rápido para hacer uso de las herramientas existentes.
• El Estado necesita incrementar el presupuesto y el número de personal capacitado para la atención de casos de desaparición.
• Se necesita la aprobación de la Declaración de Ausencia por Desaparición para que las familias y las víctimas puedan obtener los beneficios que les corresponden para así aligerar su carga.
• Urge el efectivo funcionamiento la Ley Estatal de Atención a Víctimas.
• Identificar las estructuras que favorecieron las desapariciones en Nuevo León.
• El más grande reto: la localización de las personas que continúan desaparecidas y la erradicación de las desapariciones en Nuevo León.

Para seguir trabajando en estos y otros puntos pendientes, la experiencia nos indica que el camino más efectivo es el de la permanente colaboración entre los familiares de la víctimas, las autoridades de la PGJNL y organizaciones de la sociedad civil, como CADHAC.

Es importante recalcar que mientras las familias de las personas desaparecidas no sepan qué pasó con su ser amado el delito sigue perpetrándose y no podemos hablar de justicia. La justicia, la verdad y la reparación del daño resultan ser lo central.

México vive un entorno desesperanzador y lleno de impunidad: tenemos un mes sin conocer el paradero de los 42 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Y no sólo eso, sino que existen cientos de fosas en todo el país con cuerpos sin identificar, sin justicia ni verdad. Urge la identificación de todos los restos y cuerpos encontrados a fin de alcanzar la verdad, la justicia y la paz por lo que es necesario que todos los estados cuenten con laboratorios de genética.

Mientras la verdad no llegue a cada una de las personas que se encuentran en el doloroso proceso de búsqueda, no descansaremos en este caminar.

Panorama General de las Desapariciones desde las estadísticas de CADHAC

• De 2009 al 20 de octubre del 2014 hemos recibido un total de 329 casos, que representan 1248 personas.
• 273 de estos casos (1036 personas) sucedieron en el estado de Nuevo León, lo que representa el 83% de nuestro registro.
• 38 casos sucedieron en el estado de Tamaulipas y representan el 12%.
• 18 casos pertenecen a otros estados y representan el 5%.
• Del total de las personas que tenemos registradas como desaparecidas, el 86% son hombres y el 14% mujeres.
• En 2014 hemos recibido 14 casos de personas desaparecidas, en donde los hechos ocurrieron este año, de los cuales 9 son de Nuevo León. De estos 9, 7 han sido encontrados vivos y 2 continúan desaparecidos.
• De los 7 encontrados, 5 eran casos de desaparición forzada y 2 de desaparición.
• Hasta hoy, tenemos registradas a 101 personas localizadas (58 vivas y 43 por ADN).

En Nuevo León, los municipios en los que han ocurrido más desapariciones, de acuerdo a nuestro registro son:

• Monterrey 32%
• Guadalupe 12%
• Apocada 10%
• Juárez 8%

Tenemos registrados casos en 25 municipios de la entidad, de éstos, San Pedro es el municipio que menos casos tiene, con 4.

En Tamaulipas los municipios en donde más tenemos casos registrados son:

• Reynosa 31%
• Nuevo Laredo 16%
• Tampico 13%

Reuniones entre familias de personas desaparecidas (Grupo Amores), CADHAC y la PGJNL:

• Total de casos que se han revisado en las 20 reuniones: 87.
• Personas desaparecidas dentro de esos 87 casos: 211 (178 hombres y 33 mujeres).
• Personas encontradas dentro de esos 87 casos: 15 (10 identificados por ADN y 5 vivos).
• De estos 87 casos, hay 60 personas consignadas como presuntas responsables, 12 personas sentenciadas y 4 personas con orden de libertad.

Sobre esta XX Reunión:

• Casos que se revisarán hoy en las mesas de trabajo: 51.
• Personas desaparecidas dentro de esos 51 casos: 125 (97 hombres y 28 mujeres).
• Dentro de esos 51, hay 5 casos nuevos recibidos en 2014.

 

 

8 de octubre del 2014

Boletín de Prensa No. 1410/040

Ante el evidente Crimen de Estado perpetrado en Guerrero, nos unimos a la demanda nacional de localización de los normalistas que fueron desaparecidos a manos de funcionarios públicos y al reclamo de justicia frente a las ejecuciones perpetradas el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala. Asimismo demandamos la pronta y profesional identificación de los restos encontrados el pasado sábado 4 de octubre en la cercanía de la ciudad de Iguala, Guerrero; y denunciamos la impunidad, corrupción y colusión delincuencial con que siguen perpetrándose las desapariciones y ejecuciones de personas en todos los estados del país.

El 26 de septiembre se registraron al menos tres hechos violentos en Iguala, Guerrero, donde asesinaron a siete personas, entre ellas estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, además de desaparecer a 43 estudiantes de dicha Escuela. Lo ocurrido son claramente Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales mostrándose nuevamente que el Estado, encargado de proteger a la sociedad, está, por el contrario, perpetrando el terror, asesinando a la ciudadanía y desapareciéndola.

Las ejecuciones y desapariciones en el país siguen siendo una constante, desapariciones individuales y colectivas han ocurrido en los últimos años a los largo del país, encontrándose en su mayoría, en la total impunidad. En este contexto, nos unimos a las familias de todas las personas desaparecidas en el país, en especial las de Guerrero y demandamos:

• Que las autoridades federales y locales proporcionen la información respecto a los normalistas desaparecidos en primera instancia de forma directa a sus propias familias.
• Que las Procuradurías federal y del estado de Guerrero concluyan de manera exhaustiva, pronta y expedita la investigación en torno a las fosas recientemente ubicadas en Iguala. Identificando en lo inmediato la identidad de los cuerpos.
• Que se ubique el paradero de los normalistas desaparecidos de manera pronta y expedita.
• Que se sancione a los funcionarios, de todos los niveles, responsables de las ejecuciones y desapariciones ocurridas recientemente en el estado de Guerrero, así como a los integrantes de la delincuencia organizada implicados.
• Que se investige la colusión entre agentes policiacos y otros funcionarios estatales con la delincuencia organizada en Guerrero, depurando de inmediato el sistema de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia.
• Que la autoridad federal y las autoridades de los diversos estados del país, reconozcan y resuelvan todos los casos de personas desaparecidas, a fin de que sean localizadas en lo inmediato.

 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Basta de violencia! ¡Justicia!

 

Aquí, un video con una reseña del evento:

Justicia para normalistas desaparecidos