Mes: mayo 2016

30 de mayo del 2016

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) exigimos la protección a la defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta. Para ella, nuestro apoyo y solidaridad.

Reproducimos el comunicado de prensa que la ONU difundió hoy sobre la situación de esta defensora.

La Sra. Acosta has sido repetidamente el blanco, en los medios de comunicación mexicanos, de declaraciones difamatorias que alientan implícitamente la violencia contra ella.

La Sra. Acosta tiene una larga trayectoria como defensora de los derechos humanos en México y actualmente es miembro de un órgano consultivo de derechos humanos de la ONU, nombrado por el Secretario General Ban Ki-Moon, para proporcionar asesoramiento sobre el fortalecimiento de la asistencia  a los Estados para la efectiva promoción y protección de los derechos humanos en el terreno. Fue nombrada en 2013 como uno de los cinco expertos eminentes mundiales de derechos humanos de un órgano, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos y del Fondo Voluntario para la Asistencia Financiera y Técnica para el seguimiento del Examen Periódico Universal. El servicio que prestan estos expertos mundiales pro-bono  en este órgano de la ONU, ha sido altamente reconocido por la comunidad internacional.

“La Sra. Acosta es una prominente defensora con una reputación mundial debido a su integridad, profesionalidad y compromiso. Si ella puede ser sometida a este tipo de ataques y amenazas indignantes, entonces los defensores de los derechos humanos con un perfil menos visible deben vivir en constante temor por sus vidas “, dijo la Presidenta de la Junta, Sra Lin Lim en nombre de los cinco miembros de este órgano. “El Gobierno de México debe garantizar la protección y el apoyo a la Sra Acosta y para todos los defensores de los derechos humanos, y darles el espacio y las condiciones para trabajar en seguridad, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado.”

“El Gobierno debe garantizar, en particular, que los defensores y las defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a amenazas de violencia física, a ataques a su integridad y otros intentos intimidatorios, tienen una protección adecuada. Esto incluye a estudiantes, agricultores, pueblos indígenas y defensores de los derechos de los trabajadores, entre otros. La Junta de Síndicos espera que el Gobierno de México ejerza su gran voluntad soberana para salvaguardar la reputación de este gran país y la integridad de su vibrante sociedad civil”.

La Sra. Lin Lim dijo que los ataques contra la Sra Acosta se han producido en el contexto de una campaña más amplia contra los defensores de derechos humanos en México desde la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

La Junta tomó nota de las declaraciones públicas del Gobierno de México sobre sus esfuerzos para mejorar la situación. La Junta hizo hincapié en que el Gobierno debe asumir seriamente la responsabilidad de resolver los desafíos de derechos humanos y relativos al estado de derecho en el país y de manera urgente tomar medidas para mejorar la situación.

FIN

La Sra. Acosta, con una gran trayectoria como defensora y activista de los derechos humanos en México, es actualmente la Jefa de la Organización Freedom House en México. Fue Embajadora Especial para los Derechos Humanos y Democracia (2000) y la Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México (2001-2003). Durante diez años presidió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y fue fundadora y directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

25 de mayo de 2016

Boletín de Prensa No. 1605/27

Las desapariciones siguen ocurriendo, ya sean perpetradas por funcionarios públicos o por delincuencia organizada, y, en cualquiera de los casos, sin la garantía de seguridad que el Estado debe a la ciudadanía.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se une hoy a la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que hace más de tres décadas fue instituida en América Latina por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM). Desde 2009 y hasta hoy, en CADHAC tenemos un registro 1,353 personas desaparecidas, de las cuales han sido localizadas 155 (86 mediante perfiles genéticos, y 69 con vida).

Recordemos que el delito de desaparición tiene carácter permanente y continuado, es decir, mientras no sea localizada la persona desaparecida, el delito se sigue cometiendo.

En Nuevo León y en todo México, las desapariciones se siguen cometiendo. Sabemos que la intención al desaparecer una persona es eliminarla, borrar del entorno, sembrar terror, y frente a ello estamos aquí, haciendo presente a las personas que han sido desaparecidas: develamos sus rostros, exigimos justicia.

Las familias de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) a quienes acompañamos desde CADHAC, en acto simbólico develan, junto a la ciudadanía, rostros de jóvenes que han sido desaparecidos, pero traídos a nuestros ojos en retratos creados por Rogelio Alejandro Carrizales, artista sensible y comprometido de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos rostros se develan al raspar la pintura negra que simboliza esa oscuridad en que se pretende dejar a las personas desaparecidas, esa falta de búsqueda, y de ceguera de autoridades o ciudadanía. Los rostros convocan a la ciudadanía a unirse en esta lucha, a saber que esta problemática nos pertenece a todas/os, porque somos una sociedad víctima de la violencia.

Con los rostros y nombres de cada hombre y mujer que ha sido desaparecido, demandamos saber ¿DÓNDE ESTÁN? Demandamos la aplicación de las directrices internacionales para la búsqueda y localización de quienes se desconoce su paradero. Exigimos reparación del daño, medidas de no repetición, justicia y verdad de manera pronta y expedita.

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

El mensaje íntegro que se leyó en el evento por parte de AMORES:

La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, con CADHAC, estamos aquí reunidas para conmemorar la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que se celebra en América Latina desde hace treinta y cinco años demandando la presentación de personas víctimas de desaparición forzada que ocurrió en diferentes países de nuestro continente.

Hoy el grupo AMORES se une a esa exigencia pues lamentablemente también hemos sido víctimas de ese delito que desde hace algunos años ha afectado a muchas familias en Nuevo León y a miles en todo México. Las familias de AMORES repudiamos la desaparición de nuestros seres queridos y denunciamos la falta de intervención eficiente de las autoridades, pues aunque se han hecho esfuerzos los resultados son insuficientes y a la fecha no sabemos el paradero de la mayoría de nuestros seres amados. Esto ocurre por la falta de personal, capacidad técnica, y equipo de investigación y búsqueda en la Procuraduría de Justicia.

Colocamos las fotos de nuestros desaparecidos y desaparecidas para hacerles presentes, develamos sus rostros para decir que no han logrado borrarlos de nuestras vidas, de nuestros corazones y de nuestra historia, ellos y ellas siguen siendo parte de nosotras/os; eso significa que nos preguntemos ¿hasta cuándo tenemos que vivir con esta zozobra?, levantarnos cada mañana con la esperanza de que llegue el día de saber la verdad. Por eso demandamos a la autoridad competente la localización de nuestros familiares desaparecidos.

¡Exigimos verdad y justicia! Exigimos saber ¿Qué pasó?, saber ¿DÓNDE ESTÁN?

24 de mayo de 2016

• Miscelánea, incluida en el extraordinario del 13-17 de junio
• Ley Anti-Tortura no está en la agenda, pero propuestas pro-tortura sí

Las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas firmantes, quienes durante los últimos nueve meses hemos aportado insumos técnicos para la Ley General en materia de tortura, aprobada el mes pasado por el Senado, lamentamos que dicha ley no se contemple para el periodo extraordinario acordado por el Congreso para el 13-17 de junio, aun cuando el plazo constitucional para su aprobación venciera en enero de este año.

Al contrario, una de las reformas en la agenda es el paquete conocido como la “Miscelánea Penal”, misma que contiene propuestas que fomentarían la tortura. Entre otros se propone:

• Legalizar que las fuerzas de seguridad no pongan a las personas detenidas a disposición de la autoridad ministerial de la localidad de la detención, sino que puedan llevar a la persona a otro lugar distinto “por cuestiones de seguridad o atendiendo las características del hecho investigado”. Esto significa no más y no menos que legalizar la paseada, es decir la retención inconstitucional y prolongada durante la cual ocurren actos de tortura.
• Suspender indefinidamente el plazo máximo de la prisión preventiva cuando la persona imputada denuncia tortura. Puesto que gran número de personas imputadas se encuentran en prisión preventiva, debido a la aplicación automática de tal medida, esto significa que una persona acusada falsamente con base en una prueba fabricada bajo tortura, se podría quedar años en la cárcel con su proceso suspendido, medida que provocará que las víctimas de tortura simplemente se desistan de su denuncia.
• Eliminar el derecho de la defensa de desahogar pruebas en la audiencia inicial. En otras palabras, incluso si la persona cuenta con un video que demuestre que estuvo en otro país el día del delito, no lo puede reproducir y podría ser encarcelada y procesada.

Recordamos que en semanas pasadas, el país se conmovió y se indignó ante varios videos circulados en las redes que muestran actos de tortura por fuerzas federales y estatales, así como uno en el que un funcionario de la Procuraduría del Estado de México reconoce que la fabricación de delitos es una práctica “de toda la vida”. Otra serie de casos referidos en el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) apunta a que la “verdad histórica” de Ayotzinapa se construyó bajo la fabricación de declaraciones. La sentencia recién dada a conocer en el caso Tlatlaya también otorga valor a declaraciones fabricadas bajo tortura a las sobrevivientes.

Dichos ejemplos actuales de alto perfil son sólo un botón de muestra de la práctica cotidiana de la tortura. Mientras persista la tortura en vez de las investigaciones, las miles de víctimas en México no tendrán acceso a verdad y justicia, y no podrá funcionar el sistema acusatorio y oral.

Por lo anterior, hacemos un enérgico llamado al Senado a no aprobar las propuestas realizadas a la minuta de la Miscelánea Penal, y al Congreso en su conjunto para que demuestre un claro compromiso con la erradicación de la tortura como prioridad legislativa.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., Universidad Iberoamericana, Puebla Instituto Intercultural Ayuuk

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Universidad Iberoamericana, Tijuana

Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Programa de Paz y Desarrollo, Universidad Loyola del Pacífico

Programa Universitario de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, León

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos

Hoy trascendió en los medios de comunicación el nombramiento del Mayor Antonio Lucas Martínez, quien será el coordinador de Policía y Tránsito en el municipio de San Pedro. El Alcalde sampetrino, Mauricio Fernández, anunció también un replanteamiento de la seguridad que incluye la incorporación tres pelotones compuestos por 30 elementos del Ejército que atacarán delitos del fuero federal en San Pedro.

19 de mayo de 2016

Boletín de Prensa No. 1605/24

La muerte del reo Elías Alberto Canavatti Frech, de 70 años, quien era paciente psiquiátrico, registrada el 16 de mayo en el penal del Topo Chico, refleja la probable tardanza con la que se atienden a las personas internas que presentan alguna enfermedad.

Ante esta situación, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) exhorta una vez más al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a proveer las condiciones dignas (higiene, acceso a servicios, atención médica, entre otros) para la estancia de los reos dentro de las cárceles del estatales, sobre todo si como en este caso pertenecen a la población de inimputables.

Es especialmente preocupante la imposibilidad del Estado de proveer los cuidados necesarios para las personas imputables que se encuentran internas, ya que la falta de infraestructura, marco normativo y atención especializada atentan contra los derechos humanos y la dignidad de quienes se encuentran recluidos, de acuerdo a lo establecido la por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Con base a lo anterior, CADHAC hace un llamado a que se esclarezca la muerte del reo Elías Canavatti y así mismo, a adoptar las recomendaciones de la CNDH, según lo indica el informe sobre la Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios de la República Mexicana, publicado este año.

Es indispensable y urgente que se tomen medidas para transformar a fondo la organización y administración del sistema penitenciario en Nuevo León, a fin de que cumpla con su misión de lograr la reinserción social de quienes allí se encuentran, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2016.

El Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo, entre otros. Después de esta decisión, la totalidad de los elementos militares que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya están libres.

Lo anterior, a pesar de que otro órgano de Estado como lo es la CNDH determinó en su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas, a lo que se suma las propias declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes de la masacre, que coinciden contundentemente: si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida.

En la resolución del 13 de mayo de 2016 dictada dentro del expediente 247/2015, el Magistrado Ambriz sostiene que alguien privó ilegalmente de la vida a los civiles; sin embargo, consideró que no podía determinar la probable responsabilidad de los militares procesados, pues se requerían de mayores elementos probatorios.

Dicha decisión judicial evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad” sigue sin ser investigada.

La resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

En el mismo sentido, la resolución del Magistrado Ambriz, no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que su libertad es por insuficiencia probatoria. Esto abre la posibilidad de que la PGR perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad.

Para Clara Gómez González, sobreviviente y testigo, la resolución evidencia la falta de acceso a la justicia y abre su preocupación en torno a su seguridad y la de su familia, por lo que exigimos garantías en su proceso de búsqueda de verdad.

Preocupa a las organizaciones firmantes, la intencionalidad de algunos articulistas que han pretendido poner en duda la existencia de los hechos de Tlatlaya e incluso la legitimidad de quienes hemos solicitado justicia en el caso. Reiteramos que la CNDH reconoce la ejecución sumaria, por lo que refrendamos que los hechos deben ser investigados y sancionados.

Todo lo anterior nos confirma que en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de ser una realidad, asimismo es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país.

12 de mayo de 2016

Boletín de Prensa No. 1605/23

Una vez más, desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) nos pronunciamos en contra del incremento de militarización de la seguridad pública en la entidad.

El día de ayer, la Diputación Permanente aprobó un exhorto dirigido al Gobernador Jaime Rodríguez, para que pida más presencia de las fuerzas federales en la región y que si se requiere, éstas tomen el control de la seguridad. Lo anterior como reacción al incremento de violencia en la zona.

Hace unos días, y muchas otras ocasiones, nos hemos manifestado en contra de la colocación de filtros de seguridad, la presencia de policía militar en Nuevo León y el manejo de la seguridad pública por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o Secretaría de Marina (Semar).

Nuestra preocupación no es infundada, está basada en la experiencia que demuestra que a mayor presencia de militares en las calles, aumentan las violaciones a los derechos humanos de civiles.

Le recordamos al Poder Ejecutivo y Legislativo que la militarización de la seguridad pública contraviene recomendaciones internacionales, como la de octubre del año pasado, durante la visita a México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al-Hussein, quien recomendó adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad misma que se suma a otras recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales de protección de derechos humanos.

En esta ocasión exhortamos especialmente al Congreso del Estado a reconsiderar la solicitud para el Gobernador, en donde le piden más presencia de fuerzas federales en las calles, por los motivos que en esta y muchas otras veces les hemos expuesto.

De acuerdo con Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el abordaje de los problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos humanos, en lugar de los conceptos de “seguridad pública” u “orden público”. La seguridad ciudadana tiene un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona como objetivo central de las políticas, contrario al enfoque de “seguridad pública”, que es propia de un régimen autoritario. En los regímenes democráticos, el concepto de seguridad frente a la amenaza de situaciones delictivas o violentas, se asocia a la seguridad ciudadana y se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales.

Para Nuevo León es urgente hacer la transición de seguridad pública a seguridad ciudadana si se quiere realmente realizar un cambio que reduzca los índices de inseguridad y se reconstruya el tejido social.

12 de mayo de 2016

El Día de las Madres es una fecha especialmente difícil para las madres que tienen un hija/o desaparecida/o.
Sin embargo, ayer fue un día especial para las mujeres integrantes de Amores pues estuvieron festejando el 10 de mayo con la esperanza y la fuerza que las caracteriza.

La coordinación de esta agrupación fue la encargada de planear este festejo que comenzó con un grupo de estilistas listas para hacerle un “cambio de look” a las señoras. CADHAC se convirtió por unas horas en un gran salón de belleza en donde estas madres pudieron relajarse y salir de su rutina por un rato.

Luego llegó la hora de jugar lotería y recibir algunos regalos que ellas mismas prepararon, como una pulsera con dos corazones que simboliza el inacabable amor de las madres hacia sus hijxs asusentes. Finalmente, merendaron tamales y pastel.

El objetivo de estas actividades fue hacer de este día uno menos difícil para ellas, hacerlas pasar un rato agradable y refrendar la esperanza de que algún día todas ellas sabrán qué pasó con sus hijas/os ausentes.

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

11 de mayo de 2016

Boletín de Prensa No. 1605/22

En Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. nos encontramos a la expectativa de que el cambio en la titularidad del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) signifique realmente un nuevo impulso a los avances ya logrados en el campo de la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas.

No conocemos los criterios que siguió el Ejecutivo para nombrar a Yamilett Orduña como presidenta del IEM. Tampoco se ha dado a conocer información que evidencie que la persona designada haya desarrollado de forma destacada una “labor a nivel estatal en favor de la igualdad y equidad de género o en actividades relacionadas con la promoción de las oportunidades, el trato, la toma de decisiones y los beneficios del desarrollo para las mujeres”, requisito legal indispensable para poder ocupar la presidencia del Instituto, de acuerdo con el artículo 20 fracción III de la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres-.

Ante el incremento de casos de violencia intrafamiliar, que se duplicaron en tan sólo cuatro años –se pasó de 8,744 averiguaciones previas en 2011 a 17,062 en 2015 según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la preocupación por otras graves problemáticas en el terreno de los derechos de las mujeres, como la trata de personas, la explotación laboral, el acceso a la salud, los feminicidios y la violencia social, es importante que el Instituto se coordine con otras instancias públicas y sociales para generar acciones encaminadas a atender este problema con conocimiento y experiencia.

Desde CADHAC subrayamos que es prioritario que el gobierno estatal, a través del Instituto, continúe, amplíe y profundice el trabajo ya desarrollado desde hace 12 años por impulsar políticas públicas transversales que promuevan y fomenten las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad, la igualdad de oportunidades, de trato entre los géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, económica y social del Estado.

La atención que requiere la ciudadanía en este tema implica un mejoramiento del quehacer del Instituto, por lo tanto la nueva designación de la titular debe ir acorde a cumplir el cometido de coadyuvar comprometida y profesionalmente a la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Es por esto que consideramos primordial hacer público los criterios de designación y la experiencia de la ahora Presidenta del IEM en el tema referido.