¿Qué significa la renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda?

La reciente renuncia de Karla Quintana como comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) se da en un contexto preocupante: con un registro de más de cien mil personas desaparecidas, 40,000 de ellas en el presente sexenio. Además, cerca de vencer el plazo para responder al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU (CED-ONU). Esto evidencia la profunda crisis humanitaria que enfrentamos en México. No se trata simplemente de números; detrás de cada cifra hay madres, padres, hijos e hijas desaparecidas que dejan familias desconsoladas y a una sociedad marcada por el dolor.

Diversas inquietudes han surgido en torno a la renuncia de la Sra. Quintana, particularmente por su relación con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la propuesta de llevar a cabo un “censo casa por casa”. Más que ofrecer claridad, tal iniciativa parece sugerir una posible intención de minimizar la verdadera magnitud del problema, desviándose además del reconocimiento del trabajo de las familias en este registro. 

La CNB es parte fundamental del engranaje del Sistema Nacional de Búsqueda que nace con la Ley General en Materia de Desaparición, es decir que emerge del esfuerzo de miles de familias mexicanas. La Comisión es concebida como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno y autónoma a las fiscalías, para coordinar la búsqueda dando voz a las y los desaparecidos y sus familias. La partida de Quintana no es únicamente la renuncia de una funcionaria, es un reflejo de los retos y obstáculos que enfrenta ahora este sistema a nivel nacional y en cada Comisión Local. Cada decisión impactará directamente en las esperanzas de miles de familias a quienes el Estado aún adeuda respuestas y justicia.

La priorización de cuestiones estadísticas por parte del Estado, en lugar de abordar las necesidades de las familias, es  preocupante. Las víctimas y sus familiares no solo deben estar en el centro de cualquier estrategia o acción; su participación activa es esencial, ya que pueden ofrecer una perspectiva invaluable basada en su experiencia personal.

Con la próxima designación de un nuevo titular para la CNB,, es fundamental que las víctimas tengan una participación en su elección. Ignorar su voz sería un retroceso en los esfuerzos y avances ya logrados. Las próximas autoridades deben poseer un conocimiento profundo y experiencia en la materia, y es esencial que valoren y continúen el trabajo ya emprendido.

Exhortamos a que el proceso de selección del próximo titular de la CNB se realice conforme a lo establecido en la Ley General de personas desaparecidas, garantizando una elección con plena participación de las familias y asegurando la designación de alguien respaldado por las víctimas y sus familiares.

Aunque no se quiera reconocer, en México enfrentamos una terrible realidad. Detrás de cada persona desaparecida hay dolor y sufrimiento, el negarse a verlo y atenderlo no nos llevará a ningún cambio¡Ni una persona desaparecida más!.

Más de 100,000 personas registradas como desaparecidas en México 

¿Qué significa esto?

Esta semana el Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas, dio a conocer, que en México, superamos las más de 100,000 personas desaparecidas. Frente a esta terrible situación CADHAC considera urgente reflexionar acerca de ¿qué significa esto? 

Significa que miles y miles de familiares en todo el país, en su mayoría mujeres, buscan incansablemente a sus seres queridos. Tocan todas las puertas, suplican, gritan, toman palas para buscar, se convierten en investigadoras para que sus casos avances en las fiscalías y también en expertas en derecho para hacer avanzar el andamiaje legal que haga efectivos sus derechos (y los de sus seres queridos) a la verdad, la justicia y la reparación del daño. Esfuerzos de años que sin embargo no alcanzan. Tenemos un México donde la tristeza y la impotencia nos impregna.

Significa que la falta de respuesta de las autoridades y la indiferencia de muchas de ellas no tiene límites. Nos faltan 100,000 personas y no hay resultados. Para nuestros gobiernos la búsqueda de la verdad y la justicia no parece ser una prioridad. Lo que hemos vivido en las últimas semanas en Nuevo León da cuenta de ello. 

Significa que ante la ausencia del cumplimiento de sus obligaciones las autoridades optan por la revictimización, la indiferencia, el uso político de los casos e incluso la negación cuando las desapariciones son una realidad que nos golpea la cara. 

Significa que somos un país en que se optó por una política de seguridad militarizada que está lejos de poner en el centro las necesidades de las personas.

Significa que somos el segundo país con más acciones urgentes ante el Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, solo superado por Irak. El país al que este Comité decidió realizar su primera visita a un Estado y constató la crisis de violencia, la diversidad de perpetradores, la crisis forense y señaló claramente el camino a transitar: terminar con la impunidad e implementar una política de prevención para que esto no siga sucediendo. 

Significa que es momento de que las organizaciones de la sociedad civil, nos mantengamos cada vez más cerca, con un abrazo protector, y fortalezcamos la exigencias desde nuestros espacios para que la negación se torne en reconocimiento, la indiferencia en atención, la revictimización en la centralidad de las víctimas, la competencia y la mezquindad entre dependencias en colaboración, la simulación en recursos y decisión para hacer las cosas de otro modo acorde a la magnitud del problema para brindar las respuestas que se merecen las víctimas.

Significa que necesitamos una dosis de humildad para reconocer esta terrible y desoladora realidad y sumarnos para que quienes no están vuelvan a casa. 

XXIII Encuentro de Organizaciones que Acompañan Casos de Personas Desaparecidas en México.

Del 7 al 9 de julio realizamos el XXIII Encuentro de Organizaciones que Acompañan Casos de Personas Desaparecidas en México. Elaboramos una agenda y planes de acción frente al contexto de recientes cambios políticos con nuevas autoridades electas en el país.Las 9 organizaciones participantes de los estados de Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas, seguiremos fortaleciendo nuestras redes y nuevas alianzas que contribuyan a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en México. Estas alianzas son indispensables en un contexto en que no han habido cambios sustanciales para erradicar graves violaciones a derechos humanos como: detención desaparición, desaparición forzada, y agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

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