Comunicado – Página 15

Inaceptable réplica de tragedia en el penal de Cadereyta, integridad de personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado

12 noviembre, 2018 by Edna

12 de noviembre de 2018

Boletín 1811/26

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Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por las recientes señales de alerta que hemos identificado ante la posibilidad real de que hechos violentos como los sucedidos el 9 y 10 de octubre de 2017 tomen lugar de nueva cuenta en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta.

En últimos días, el recién nombrado Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, ha realizado declaraciones que nos preocupan como la autorización del uso de fuerza letal por parte de Fuerza Civil en escenarios de riesgo y la destitución de todo el personal directivo de los centros penitenciarios, incluyendo el titular de la Agencia de Administración Penitenciaria.

Tras la destitución del personal directivo de los centros penitenciarios no se ha informado con claridad quienes ocupan ahora los puestos, lo que nos parece de especial alarma pues al no conocer a estos perfiles no podemos saber si son las personas más adecuadas para asegurar que no existan enfrentamientos entre diferentes grupos al interior de los centros penitenciarios.

Nos parece especialmente preocupante que fue el mismo Aldo Fasci Zuazua quien asumió públicamente la responsabilidad de haber dado la orden a elementos de Fuerza Civil de ingresar con armas de fuego al Centro de Reinserción de Cadereyta el 9 y 10 de octubre de 2017, decisión que provocó la escalada del enfrentamiento y resultó en que elementos policiacos utilizaran la fuerza letal contra las personas privadas de la libertad.

Ante este panorama y considerando el reciente historial de hechos violentos dentro de los centros penitenciarios de Nuevo León, exigimos al Gobernador que asegure que su recién nombrado Secretario de Seguridad Pública actúe con estricto apego a estándares de legalidad y constitucionalidad, y que bajo ningún pretexto se acepte el uso desproporcionado de la fuerza al interior de los centros penitenciarios, menos aún, el uso de armas letales dentro de estos.

No podemos permitir que la serie de decisiones que llevaron a la tragedia del 2017 en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta se repitan. Si desde la Secretaría de Seguridad Pública no se actúa con apego al marco legal ni se garantiza la integridad de las personas privadas de su libertad, deberá tomarse a consideración si el titular actual es realmente el perfil idóneo para el puesto.

Insistencia del Gobierno del Estado en el control de policía regia, medida injustificada sin beneficios claros para la ciudadanía

8 noviembre, 2018 by Edna

8 de noviembre de 2018

Boletín 1811/25

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por la decisión del Gobierno del Estado de asumir el control administrativo de la policía municipal de Monterrey, defendiendo la medida con la utilización imprecisa del término “mando único”, el cual no se encuentra en la Ley de Emergencia Policial del Estado de Nuevo León con la que se respaldó la acción en su anunció el 2 de noviembre.

Esta decisión pareciera ser una reacción cortoplacista que en vez de contribuir a la protección de la ciudadanía puede generar confusión y mayores condiciones de inseguridad, especialmente para el ciudadano de a pie y la población más vulnerable.

Aunado a esto, la justificación inicial de la implementación de la medida ya no se sostiene puesto que el supuesto vacío de poder al que se hizo referencia en el anuncio del 2 de noviembre ya no es tal pues el Concejo Municipal rindió protesta desde el 6 de noviembre.

Desde agosto de 2017 hasta la fecha, hemos identificado múltiples violaciones de derechos humanos por parte de elementos de Fuerza Civil a través de entrevistas con personas detenidas en el Centro del Parque Alamey, las cuales nos dejan en situación de alerta debido a que no ha habido condiciones de transparencia, rendición de cuentas ni sanciones frente a estas acciones de abuso de autoridad desde la policía estatal.

Por esta razón, consideramos importante que las autoridades involucradas en que el Gobierno del Estado mantenga el control de la policía no olviden que el Concejo Municipal tiene un carácter temporal y que ningún interés particular debe estar por encima de la seguridad de la ciudadanía o afectar la institucionalidad del municipio de Monterrey.

Así mismo, insistimos en la urgencia de que las corporaciones policiales, tanto estatales como municipales, actúen apegadas a normas constitucionales y estándares que eviten el uso desmedido de la fuerza, implementando mecanismos de transparencia y control para identificar y sancionar cualquier acción de sus elementos que viole los derechos humanos.

Responsabilidad de seguridad pública de Monterrey corresponde al municipio

3 noviembre, 2018 by Edna

3 de noviembre de 2018

Boletín 1811/24

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. externamos nuestra preocupación por la decisión de Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, de que la administración estatal asuma el control de la Policía de Monterrey por 60 días con posibilidad de prórroga.

Desde agosto de 2017 a la fecha, hemos venido realizando un Monitoreo Policial en el Centro de Detención Alamey, entrevistando a más de 2000 (dos mil) personas detenidas que nos lleva a concluir que la actuación de la policía estatal conocida como Fuerza Civil tiene un historial de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluso llegando a casos que pudieran considerarse tortura.

Más allá del escenario de transición sin precedentes en el que nos encontramos tras la decisión de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral de anular las elecciones para el Ayuntamiento de Monterrey, consideramos que esta decisión unilateral por parte de la administración estatal no corresponde a la realidad en la que nos encontramos y bien pudiera agravar la situación de incertidumbre e inseguridad.

La responsabilidad de encabezar la administración municipal está siendo desempeñada con el reconocimiento oficial del Congreso de Nuevo León por Genaro García de la Garza, el Secretario General de Ayuntamiento de Monterrey de la administración que concluyó el 31 de octubre de 2018. Coincidimos con el Consejo Cívico de las Instituciones (CCINLAC) en que lo más conveniente sería dejar que el C. Eduardo Sánchez Quiroz siga siendo el responsable de la Seguridad Municipal de Monterrey.

El asumir las funciones de seguridad del municipio de Monterrey por parte de Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León sienta un precedente no deseado y abre la posibilidad de que las fuerzas municipales repliquen actuaciones de Fuerza Civil que vulneren los derechos humanos de los habitantes del municipio.

Por esta razón, consideramos necesario que la decisión se revierta y que el Gobierno del Estado se abstenga de actuar unilateralmente y por el contrario dialogue con el responsable oficial a la cabeza del Ayuntamiento de Monterrey, reconociendo que no existe el supuesto estado de emergencia o vacío de poder con el cual justifican la medida.

Protocolo de Búsqueda Inmediata impulsado por CADHAC en Nuevo León es modelo para su implementación en Tamaulipas

28 septiembre, 2018 by Edna

28 de septiembre de 2018

Boletín 1809/23

Con la presencia de Irving Barrios Mojica, Procurador de Tamaulipas, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal de Nuevo León, Cristina Hardaga, Coordinadora de Programas de EnfoqueDH, Heidy Servin-Baez. jefa de la sección política y económica del consulado de los Estados Unidos en Monterrey, y Consuelo Morales, directora de CADHAC, presentamos el Protocolo para la Búsqueda Inmediata de Víctimas de Desaparición en Tamaulipas para promover una efectiva respuesta ante las desapariciones en ese estado.

El Protocolo de Búsqueda Inmediata especifica las acciones que se deben realizar por parte de la autoridad durante las primeras 72 horas desde que se presenta el hecho de desaparición de una persona. Su aplicación se alinea con las obligaciones establecidas para las autoridades en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este modelo fue adoptado inicialmente por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León en 2013, tras una estrecha colaboración entre CADHAC, organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y expertos internacionales independientes.

Este modelo responde a una necesidad generada por los altos índices de desapariciones que se han presentando en gran parte del país, siendo una de las zonas de mayor incidencia la región Noreste de México. En el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con corte a abril de 2018, Nuevo León reporta 2,919 personas desaparecidas. Por su parte, son 6,131 personas las que aparecen en el registro para Tamaulipas.

La implementación de este protocolo muestra el interés de la Fiscalía de Tamaulipas para dotar de agilidad a sus labores de búsqueda. Para lograr la efectividad necesaria, motivamos también a las familias a denunciar de forma inmediata a las autoridades cuando no localicen a su ser querido.

Desde CADHAC seguiremos acompañando con la Procuraduría de Tamaulipas y las familias la correcta implementación del Protocolo.

El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad absoluta de proteger la integridad y seguridad de las personas internas en los Centros Penitenciarios

26 septiembre, 2018 by Edna

26 de septiembre de 2018

Boletín 1809/22

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) urgimos a las autoridades estatales a garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad en los Centros Topo Chico y Apodaca, frente a los hechos perpetrados entre ayer y hoy en ambos lugares, donde se han presentado manifestaciones, disturbios y presuntamente personas heridas, además de haberse encontrado un cuerpo en las cercanías del Topo Chico cuya identidad no se ha esclarecido, aunque se presume como hecho vinculado a las manifestaciones en el centro referido.

Desde CADHAC hemos hecho constantes llamados en los últimos años a que el Estado actúe de forma efectiva. Particularmente hoy es urgente una intervención adecuada para evitar que los hechos escalen a situaciones como las ocurridas durante febrero 2016, marzo y octubre de 2017 en los penales de Topo Chico y Cadereyta, fechas en las que se documentaron graves violaciones a derechos humanos.

Las manifestaciones que se presentan hoy en el penal del Topo Chico y Apodaca, están vinculadas con dinámicas de extorsión e intimidación dentro de las instalaciones del centro penitenciario. Esto evidencia las malas prácticas y condiciones deterioradas en las que siguen operando estos centros.

Es sumamente preocupante y alarmante que desde octubre de 2015 al día de hoy han acontecido más de 90 muertes –de acuerdo a cifras “oficiales”- dentro de los centros penitenciarios estatales. Ante esto, no ha habido respuesta que demuestre correcta aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal ni la mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Tampoco han habido consecuencias claras para los responsables de estas muertes, incluyendo los cargos de alto mando.

Por lo anterior demandamos a las autoridades:

Explicar lo que ocurre actualmente al interior de los centros penitenciarios Apodaca y Topo Chico.
Proporcionar a las familias de personas privadas de la libertad información respecto a traslados y/o estado en que se encuentran sus familiares.
Investigar y esclarecer lo relativo al cuerpo encontrado a unas cuadras del penal del Topo Chico, verificando la identidad, y sancionando a las personas responsables.
Atender en lo inmediato las condiciones dentro de los tres centros penitenciarios, garantizando la seguridad e integridad de las personas privadas de la libertad.

Hasta que el Gobierno del Estado asuma cabalmente su obligación frente a las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y solucione los problemas de control que mantiene la delincuencia organizada, será imposible lograr la función de reinserción a la que estos espacios están orientados.

Ante las graves violaciones a Derechos Humanos en México, presentamos el libro “La respuesta frente a la desaparición”

14 septiembre, 2018 by Edna

13 de septiembre de 2018

1809/21

Hoy, jueves 13 de septiembre de 2018 en el Auditorio del Museo Metropolitano de Monterrey, presentamos el libro “La respuesta frente a la desaparición: Una mirada al trabajo de nueve organizaciones en diez estados de la República Mexicana”.

Este libro documenta los aprendizajes y experiencias acumuladas de nuestras organizaciones que acompañan casos de personas desaparecidas en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Nos ha congregado el objetivo de fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación e incidencia, visibilizando a la vez una crisis humanitaria producto de una política de Estado, donde la realidad de la desaparición de personas en México es desoladora y sigue sin ser dimensionada.

Las graves violaciones de derechos humanos no cesan y se intensifican con la militarización del país y la permisividad de las autoridades. Aunado a ello, el contexto de trabajo se vuelve cada vez más adverso. Los riesgos para las defensoras y los defensores prevalecen, agudizándose debido a su criminalización y a las amenazas de grupos delictivos y las propias autoridades.

Nos encontramos inmersos en la tragedia nacional representada por al menos 37 mil personas desaparecidas y sus familias que siguen en espera de verdad y justicia. El hallazgo de 32 fosas clandestinas con 174 cráneos y un número indeterminado de restos óseos en Veracruz durante esta semana ha resonado en todo el país como una muestra clara de la crisis de impunidad y derechos humanos que se replica en todo el territorio nacional.

Ante estas circunstancias, exigimos acción pronta, máximo esfuerzo y cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, con todo lo que ello implica: la designación de personas con el perfil idóneo, asignación de recursos suficientes, capacidades técnicas y herramientas tecnológicas necesarias.

Es inaceptable una respuesta de las autoridades donde la impunidad prevalezca a pesar de contar con sentencias de Tribunales Internacionales como en los casos de Campo Algodonero y de Rosendo RADILLA PACHECO, y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en el caso de Ayotzinapa. Las autoridades estatales y federales deben atender con urgencia esta situación en colaboración y apoyo de instancias internacionales.

COMUNICADO – Consejo Ciudadano lamenta que Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos no esté debidamente instalado

31 agosto, 2018 by Edna

30 de agosto de 2018

El Estado no ha logrado detener la desaparición de personas en México.

Llama al Estado mexicano a adoptar inmediatamente un plan de fortalecimiento progresivo enfocado en la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de garantizar el crecimiento significativo y rápido de sus capacidades institucionales.

México (30 de agosto de 2018).- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas exhorta al Estado mexicano a intensificar las labores de instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y garantizar el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

La desaparición de personas es una violación de extrema gravedad cometida en México durante la denominada “guerra sucia” y desde hace más de una década en el marco de la fallida estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal. Se trata de una situación que no se ha logrado detener, por el contrario, el número de víctimas continúa en aumento. De hecho, hasta abril de 2018 se tuvo registro oficial de 37,435 personas desaparecidas. En este escenario, es de vital importancia la adopción de medidas para diseñar políticas de prevención y atender las necesidades de búsqueda que actualmente son apremiantes.

Por lo anterior, el Consejo Nacional Ciudadano lamenta profundamente que el Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido debidamente instalado, aun cuando ya ha transcurrido el plazo de 180 días establecido en el transitorio sexto de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tal como señala el artículo 44 de la Ley, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene a su cargo el diseño y la evaluación de los recursos del Estado “para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley”. Por lo tanto, la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda es clave para la definición de las políticas de prevención y de búsqueda antes mencionadas. Además, su instalación sería una muestra de voluntad política de la administración actual para los Estados.

Asimismo, el Consejo Nacional Ciudadano señala que es indispensable que el Estado mexicano adopte de manera inmediata todas las medidas necesarias para fortalecer institucionalmente a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es el órgano mandatado por la Ley General para “determina[r], ejecuta[r] y da[r] seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas”, en coordinación con las comisiones locales de búsqueda, la Procuraduría General de República y demás autoridades.

En línea con lo establecido por el Consejo Nacional Ciudadano en su Recomendación 01/2018, publicada el 11 de julio pasado, el cumplimiento del mandato asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda requiere que se le dote de todos los recursos y personal necesarios para llevar a cabo las actividades que le han sido encomendadas para la localización de las personas desaparecidas en México. Ello incluye, a juicio de este Consejo, todo el respaldo político-institucional requerido para la consecución de sus responsabilidades.

Frente a lo anterior, el Consejo considera indispensable que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, incluyendo la adopción inmediata de un plan de fortalecimiento progresivo, a fin de garantizar el crecimiento significativo y rápido de las capacidades institucionales de dicha Comisión, en beneficio de miles de víctimas de personas desaparecidas y sus familias.

La implementación de la Ley General es igualmente importante que la Ley misma. El Consejo Nacional Ciudadano considera que los retrasos existentes en la puesta en operación de las instancias y herramientas creadas por dicha Ley ponen en riesgo su efectividad. Ello en la medida en que impiden que se avance en la implementación de políticas públicas serias y obstaculizan la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho miles de familias de personas desaparecidas.

Finalmente, el Consejo Nacional Ciudadano exhorta al Estado mexicano a asumir la gravedad de la situación de desaparición en nuestro país y a reconocer y corregir las fallas institucionales en materia de acceso a la verdad y a la justicia. Sobre este punto, al Consejo le consterna, y por lo tanto condena, que el presidente de la República haya generado el día de ayer nuevos agravios a la dignidad de las víctimas de desaparición, al refrendar una versión de los hechos en el caso de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa que ha sido refutada científicamente por órganos nacionales e internacionales. Este Consejo exhorta al Estado mexicano a priorizar el fortalecimiento de las instituciones e instrumentos establecidos en la Ley General a fin de que responda sin más dilación a la deuda histórica que tiene para con todas las víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares en nuestro país.

ATENTAMENTE

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Información adicional:

El Consejo Nacional Ciudadano fue instalado formalmente en mayo del 2018 como parte de los instrumentos de monitoreo de la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada en noviembre del 2017. Es un órgano ciudadano integrado por cinco familiares de víctimas de desaparición, cuatro especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil. Cabe subrayar que sus integrantes no son servidores públicos ni reciben remuneración o emolumentos por la función que ejercen como consejeros y consejeras. El Consejo está integrado por:

Familiares de personas desaparecidas: Francisco Olvera Acevedo, Grace Mahogany Fernández Morán; Mirna Nereida Medina Quiñonez; Margarita Michelle Quevedo Orozco, Edna Dolores Rosas Huerta.
Especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas y en materia forense: Denise González Núñez, Santiago Corcuera Cabezut, Volga Pilar de Pina Ravest y Mercedes Celina Doretti.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos: Humberto Francisco Guerrero Rosales, Juan Martín Pérez García, Consuelo Gloria Morales Elizondo y Norma Patricia Quintero Serrano.

Contacto: consejociudadano_snb@outlook.com

Twitter: @CCiudadanoSNB

COMUNICADO – GRUPO AMORES CON MOTIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA

30 agosto, 2018 by Edna

Monterrey, N.L, México a 30 de agosto, 2018.

La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, como cada año nos manifestamos en este Día Internacional de las Personas Desaparecidas, uniéndonos también a la Movilización Nacional para exigir BÚSQUEDA, VERDAD y JUSTICIA ante las desapariciones de personas en el país.

Llevamos años de búsqueda y aunque en un momento parecía que íbamos avanzando al menos en Nuevo León y Tamaulipas, vemos que actualmente no se está investigando como debe de ser. Se necesita sensibilidad y voluntad para localizar a nuestras hijas, hijos, familiares desaparecidos. Es mucho tiempo ya, que no tenemos resultados.

Se requiere que funcionen las leyes y las instancias que hemos impulsado. Necesitamos que las autoridades cumplan, que no se quede en promesas, sino que haya actuación, pues mientras el propio gobierno no apoye, y no asigne recursos para que funcione, esto no va a avanzar. En nuestro estado sigue habiendo violencia y desapariciones, por ello se necesita un compromiso real del gobierno, una búsqueda constante y una atención a las víctimas tal como lo marcan las leyes.

Nuevo León cuenta con un Protocolo de Búsqueda de Personas, un Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una Comisionada Local de Búsqueda, una Fiscalía de Desapariciones. En todo ello hemos tenido que ver, lo hemos impulsado, pero si el Estado no hace que funcione adecuadamente, de nada sirve. Necesitamos que respondan a las necesidades de las víctimas.

Estamos en una lucha por las víctimas del pasado y del presente. No nos cansaremos ni nos resignaremos. Hoy les decimos que la esperanza no desaparece, ni tampoco nuestra demanda de Justicia y Verdad, hasta saber DÓNDE ESTÁN.

CADHAC LLAMA A EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR JUSTICIA Y VERDAD A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

30 agosto, 2018 by Edna

30 de agosto de 2018

Boletín 1808/20

El día 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Este día fue declarado así en diciembre de 2010, cuando la Organización de las Naciones Unidas advirtió un aumento del fenómeno de desaparición forzada en diferentes regiones y países del mundo.

En el caso de México, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), Nuevo León es el quinto estado con mayor número de desapariciones en el país. Entre 2009 y 2018, CADHAC tiene registro de 1431 personas desaparecidas. El 47% de ellas caen en la tipificación de desaparición forzada.

Junto con las familias de personas desaparecidas y en colaboración con las instituciones públicas, CADHAC logró que el tema de desapariciones se atendiera con la diligencia necesaria. Entre 2009 y 2018, se localizaron a 172 personas, 78 de ellas vivas y 94 a través de muestras de ADN.

Sin embargo, la efectividad en la labor de búsqueda ha venido a la baja, pasando de 69 personas entre 2013 y 2015, a solo 20 personas entre 2016 y 2018. De igual forma, las consignaciones en procesos judiciales contra las personas responsables de las desapariciones cayeron de 28 entre 2013 y 2015, hasta solo 2 entre 2016 y 2018.

En coordinación con el legislativo, las familias y la sociedad civil, CADHAC ha logrado posicionar en la agenda pública la necesidad de responder con urgencia ante la realidad de violencia que los enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad provocaron en Nuevo León y la mayor parte del país. La Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición y la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León son dos muestras de los logros que se concretaron.

Sin embargo, estas Leyes no aseguran automáticamente mejoras en el desempeño institucional ni en el acceso de las víctimas a sus derechos. Aunque el trabajo de las familias y de organizaciones civiles ha resultado en avances concretos, las autoridades responsables de investigar e impartir justicia no han estado a la altura.

Hacemos una exigencia al Gobierno del Estado y a las autoridades de investigación, procuración e impartición de justicia para que la atención a víctimas no se estanque. Necesitamos que las investigaciones sigan su curso y que los casos no queden archivados.

Hemos comprobado que una búsqueda exitosa y la consignación de los culpables es posible al trabajar de forma coordinada las instituciones públicas, las familias y la sociedad civil organizada. Por esto, no aceptamos la baja en la efectividad de las instituciones y les urgimos que aseguren a las familias su derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

POR TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES FALLECE  UNA PERSONA MÁS EN EL PENAL DE TOPO CHICO

14 agosto, 2018 by Edna

14 de agosto 2018
1808/19

El pasado 7 de agosto de 2018 se informó la muerte de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años, quien se encontraba privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social Topo Chico. Ese día se dijo que Kevin se “desvaneció” repentinamente y posteriormente falleció. El día de hoy se conoce, a través de un peritaje, que su muerte fue producto de fuertes golpes, aparentemente con tablas, que le causaron un tromboembolismo cardiopulmonar, al formársele coágulos que le obstruyeron el flujo de sangre al corazón.

La tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros penitenciarios estatales han cobrado la vida de otra persona más privada de la libertad y el gobierno continua siendo omiso ante esta crisis. En la actualidad, debería ser impensable que la tortura continuara presente en una sociedad como la nuestra y, principalmente, en espacios cuyo control y responsabilidad dependen exclusivamente del Estado, como lo son los centros penitenciarios.

Vale la pena recordar que a pesar de urgentes llamados por parte de la sociedad civil, y recomendaciones de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Naciones Unidas a través de diferentes instituciones, la respuesta del Gobernador Jaime Rodríguez y su administración continua siendo ineficiente, poco transparente, y sin consecuencias para aquellas personas, tanto autoridades como internos, que cometen actos delictivos violentos dentro de las cárceles.

La muerte de Kevin, evidencia una vez más, no solo la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren día a día en los centros penitenciarios de Nuevo León, sino la evidente ausencia de control y complicidad por parte de las autoridades que permiten se torture y se mate a personas que se encuentran bajo su tutela.

CADHAC reitera su preocupación y exige a las autoridades del gobierno de Nuevo León cumplan sus obligaciones y garanticen, sin más dilación, la vida digna, seguridad e integridad de todas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión estatales.

Además reiteramos nuestra solidaridad con la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, y les invitamos a acercarse para buscar la reparación integral a la que tienen derecho, por la responsabilidad de las autoridades en la muerte de Kevin.

Seguir ignorando la crisis penitenciaria que se vive en los centros estatales de Nuevo León, perpetua la impunidad e incentiva que se continúen cometiendo estos crímenes, pues se observa que el asesinar y torturar en centros penitenciarios no trae consecuencia alguna.

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