Abasto de agua potable es indispensable para la vida: ¿y en Nuevo León?

20 de mayo de 2019

1905/15

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), expresa su preocupación por la vulneración del derecho humano al agua y saneamiento de la población en los municipios de Doctor Arroyo, Aramberri, Mier y Noriega, y Galeana, quienes tienen meses sin acceso regular a agua potable y con riesgos a su salud por la falta de este vital líquido.

El agua es indispensable para la vida. De acuerdo al artículo tercero de la Constitución de Nuevo León y a la resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Gobierno del Estado tiene la obligación de proveer acceso suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible al agua para uso personal y doméstico, responsabilidad que el Estado ha fallado en cumplir puesto que las comunidades del sur del estado padecen de episodios de carencia de agua potable desde julio de 2018.

El desabasto de agua potable y la reciente falta de lluvias que ha dejado secos aljibes y represas en esa región, han empujado a la población de estos municipios ha utilizar agua con lama e insectos para consumo y actividades de higiene personal lo que pone en riesgo su salud.

Por si esta múltiple vulneración de derechos no fuera suficiente, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ha seguido cobrado puntualmente de forma injustificada a hogares que no reciben dicho servicio.

Ante este inaceptable escenario, CADHAC urge al Gobierno del Estado de Nuevo León que cumpla con su obligación constitucional e internacional para que a la brevedad:

  1. Garantizar el acceso suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible al agua potable para todos los habitantes de los municipios de Nuevo León, en particular de quienes viven en Doctor Arroyo, Aramberri, Mier y Noriega y Galeana.
  2. Realizar una revisión administrativa al interior de Agua y Drenaje para cancelar todos los cobros injustificados a hogares que no están recibiendo el servicio.

El agua es indispensable para la vida, por lo que el incumplimiento de las autoridades resulta en una directa violación a los derechos humanos de la ciudadanía, por esto urgimos al gobierno de Nuevo León tome de inmediato las medidas necesarias para solucionar dicha problemática.

Urge entrega de recurso asignado a familiares de personas desaparecidas

15 de mayo de 2019

1905/14

En el presupuesto 2019, aprobado por la LXXV Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, se contempla recurso que ha sido etiquetado para hijos e hijas de personas desaparecidas, a demanda de CADHAC, el cual a la fecha no ha sido distribuido.

CADHAC ha exigido en los últimos años montos mensuales para estudiantes con familiares desaparecidos, y no es sino hasta 2019 que la demanda fue atendida, vía el Congreso. En la última solicitud, presentada en diciembre 2018 a legisladores, se plantearon montos mensuales específicos para hijos e hijas de personas desaparecidas, teniendo como marco legal las Leyes Federal y Estatal de Atención a Víctimas, así como la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró en vigor en enero de 2018.  

El recurso referido, de dos millones de pesos, asentado en la Ley de egresos del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 fue canalizado para su distribución al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Nuevo León. A la fecha este no ha sido entregado y se espera se haga a la brevedad y de manera retroactiva al mes de enero del año en curso, definiendo de manera inmediata los lineamientos que se requieran para las familias solicitantes, donde es fundamental contar con la Calidad de Víctima.

Ha pasado más de una década en que se han perpetrado miles de desapariciones de personas en Nuevo León con terribles consecuencias, donde al dolor por la ausencia se suman complicaciones económicas, deterioro en la salud, afectaciones psicoemocionales, impacto en la educación, la alimentación, la vivienda. En gran medida son abuelas las que quedaron a cargo de bebés sin sus padres y/o madres y que ahora son adolescentes, o niños/as que ahora son jóvenes. Estas fuertes abuelas tienen encima un peso enorme.

Al Estado corresponde dar respuesta, por lo que esta asignación presupuestaria es un pequeño avance, que si bien debe ampliarse, antes urge que se concrete el beneficio a las familias con quienes seguimos exigiendo VERDAD y JUSTICIA, hasta saber DÓNDE ESTÁN.    

Marchan para recordar a madres que han partido sin encontrar a sus hijos desaparecidos

10 de mayo de 2019

Boletín 1905/13

Este viernes 10 de mayo, Día de las Madres, decenas de personas se reunieron en la Plaza de La Purísima en el Centro de Monterrey para la Marcha en “Memoria de las madres de personas desaparecidas que murieron sin encontrar a sus hijos” convocada por la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC). Nos acompañó también Alan García como representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Evangelina Arreola, Martha Flores, Florentina Gamboa, Ana María Guzmán y Justina Morales son cinco madres de hijos desaparecidos quienes buscaron incansablemente de la mano de AMORES y CADHAC y que partieron antes de encontrarles. Su labor constante de búsqueda y el dolor de no saber el paradero de su ser querido ocasionaron un desgaste constante que física y emocionalmente fue deteriorando su salud.

Este caminar, acompañando a personas desaparecidas que lleva ya una década nos hace reflexionar que, aunque la muerte es un hecho inevitable, para estas madres es una partida anticipada pues su es fruto del dolor provocado por la desaparición.

La marcha finalizó fuera de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), donde las integrantes de AMORES sostuvieron una reunión con el titular de la FGJNL, Gustavo Guerrero. Ante las palabras de las familias, la Fiscalía asumió el compromiso de seguir la búsqueda, el cual se concreta con la colaboración que está realizando de la mano de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés) y CADHAC. A través de este trabajo se conseguirá que Nuevo León aproveche los mejores avances tecnológicos para realizar las tareas de localización e identificación de personas desaparecidas.

Hoy más que nunca CADHAC afirma su compromiso de seguir abriendo caminos de esperanza, verdad y justicia, asumiendo como una prioridad la búsqueda de los hijos de las compañeras que han partido antes de encontrarles.

Invitamos a todas las familias que tienen algún ser querido desaparecido a que sigan buscando juntas pues sabemos que al final, la vida es más fuerte que la muerte, la verdad que la mentira y la bondad que la maldad.

 

Tenemos la seguridad que el amor de todas las madres que integran AMORES las fortalece las hace incansables hasta encontrarles.

Perversa decisión de empresarios que operan el transporte público en Nuevo León

9  de mayo de 2019

Boletín 1905/12

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), recibe con alarma e indignación el anuncio de suspensión del servicio de transporte público a partir de las seis de la tarde realizado por permisionarios privados que operan rutas de transporte público.

Esta decisión atenta contra más de un millón de usuarios que dependen de la circulación de los camiones como único medio de transporte para poder regresar desde sus trabajos y centros educativos a sus hogares.

El servicio público de transporte es precisamente un servicio al que tenemos derecho y que bajo ninguna circunstancia debe ser violentado. Hay que recordar que los permisionarios privados no son dueños de las rutas de transporte y su rol es el de operadores de un servicio público por lo que cualquier decisión discrecional de acortar el recorrido de los camiones vulnera los derechos de los usuarios e incumple con el permiso de operación que tienen.

El anuncio de suspensión realizado el miércoles 8 de mayo por la tarde contrasta con la suspensión del lunes 29 de abril, la cual fue realizada durante la mañana y afectó la jornada laboral de oficinas y fábricas. De acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), a la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) y al Consejo Cívico Nuevo León, esa suspensión provocó una pérdida de 570 millones de pesos.

Ahora, la pérdida será mayor, en virtud de que se trasladan los costos de la suspensión a estudiantes y trabajadores, quienes serán afectados económicamente pues no tienen ninguna alternativa asequible para regresar a sus casas y quedarán expuestos a traslados peligrosos durante la noche debido al entorno de violencia actual. La responsabilidad de cualquier daño a la integridad de las personas que queden sin poder regresar a sus hogares recaerá directamente en los permisionarios, quienes al decidir suspender el servicio actúan de forma perversa, poniendo sus intereses particulares por delante del interés común.

Exigimos al Gobierno del Estado, a través de la Agencia Estatal del Transporte, que adopte las medidas necesarias para que los recorridos de los camiones se cumplan con regularidad, aseguren el correcto funcionamiento del servicio del transporte público en Nuevo León y, de ser necesario, apliquen las sanciones correspondientes.

La inacción del Gobierno del Estado al permitir este tipo de violencia y dejar desprotegidos a más de un millón de ciudadanos, deberá ser evaluada y sancionada por el pueblo de Nuevo León.

Inadmisible posible participación de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública en muerte de ciudadano

22 de abril de 2019

Boletín 1904/11

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), demandamos el esclarecimiento de los hechos perpetrados presuntamente por elementos de Seguridad Pública del Gobierno del Estado en los que una persona murió tras ser arrojada del piso catorce de un edificio ubicado en el Centro de Monterrey la noche del sábado 21 de abril.

De acuerdo a la información vertida en medios, los policías habrían ido al lugar con una orden de aprehensión falsa, mientras que testigos vieron cómo la persona era sostenida por los pies y soltada posteriormente al vacío. ¿Qué hacían elementos de seguridad pública en el lugar? ¿Los testigos ya fueron presentados?

La información emitida desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha sido contradictoria, aceptando en un primer momento, a través de un comunicado, la implicación de integrantes de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil. Sin embargo, hoy por la mañana el titular de la SSP, afirmó que los elementos de seguridad investigados pertenecen a la Dirección General de Investigaciones y no a Fuerza Civil. En cualquier caso se confirma el involucramiento de elementos de seguridad pública del Gobierno del Estado.

Por lo anterior, demandamos a las autoridades correspondientes:

  1. Una seria y profunda investigación para esclarecer los hechos
  2. Sanción a responsables materiales y, de ser el caso, a los mandos correspondientes que pudieran verse implicados
  3. Garantizar que el desempeño de quienes integran Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública en general sea apegado a derecho

Es inadmisible que quienes deben garantizar la seguridad de la población se vean involucrados en hechos tan terribles que abonan al clima de inseguridad y riesgo de la ciudadanía, vulnerando la integridad y los derechos humanos de las personas.

Comisión Estatal de Derechos Humanos actúa apegada a derecho

11 de abril de 2019

Boletín 1904/10

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), emite su preocupación por las descalificaciones hacia la Mtra. Sofía Velasco Becerra, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), después de que esta institución cumplió con su obligación legal de proteger los derechos humanos al presentar una Acción de Inconstitucionalidad por la reforma al artículo 1 de la Constitución de Nuevo León que va contra la progresividad de los derechos de las mujeres en el estado.

La petición para destituir y someter a juicio político a la titular de la CEDHNL presentada ayer por un grupo de ciudadanos ante el Congreso de Nuevo León, representa un riesgo para el libre ejercicio de la función pública de la Presidenta, vulnerando su autonomía y amagando a su titular por haber cumplido con su obligación de protección del marco legal de derechos humanos.

Al presentar la Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Presidenta de la CEDHNL ejerció la facultad establecida en el artículo 105 de la Constitución mexicana al identificar que la reforma aprobada al artículo 1 de la Constitución de Nuevo León contravenía disposiciones del marco constitucional federal y de los tratados internacionales, así como de resoluciones internacionales vinculantes para México como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica.

Reiteramos que no existe fundamento legal alguno para solicitar la destitución o el juicio político de la titular de la CEDHNL puesto que al presentar este recurso actuó conforme a derecho y está cumpliendo con su obligación constitucional de llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cualquier disposición legal que entre en contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hacemos un llamado a las diputadas y los diputados, a las autoridades estatales y a la sociedad en general para fortalecer a la CEDHNL, respetando su autonomía y permitiendo que su titular cumpla cabalmente con las obligaciones que le marca la ley como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Congreso de Nuevo León va contra el principio de presunción de inocencia

10 de abril de 2019

Boletín 1904/09

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), reprueba el aval a la modificación del artículo 19 de la Constitución Federal por parte del Congreso de Nuevo León, cuyo objetivo es ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva obligatoria, echando por tierra el avance en materia de justicia y derechos humanos.

El Congreso de Nuevo León se vuelve una de las 19 legislaturas locales que aprueban la reforma constitucional para que surta efecto a nivel federal, ampliando de seis a dieciocho el catálogo de delitos que obligan a los jueces a ordenar que se prive de la libertad a la persona acusada antes de que se demuestre su culpabilidad.

La entrada en vigor de esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos e implica un retroceso para la implementación del Sistema Penal Acusatorio pues, como lo ha señalado la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en lugar de fortalecer y capacitar a las personas que integran las instituciones de investigación y procuración de justicia, desincentiva la mejora y fomenta el mantenimiento de las peores prácticas como la fabricación de delitos y extracción de confesiones bajo tortura.

Además, la reforma provocará un crecimiento acelerado de la población penitenciaria en Nuevo León, afectando las condiciones de los ya de por sí mal administrados centros penitenciarios y exponiendo a más personas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Suponer que esta reforma contribuirá a disminuir la incidencia delictiva y abonará a la seguridad ciudadana es una gran equivocación. Los jueces cuentan ya con la facultad de utilizar la prisión preventiva en casos que lo ameriten. Sin embargo, ahora estarán obligados a enviar a la cárcel a personas por el simple hecho de ser señalados como posibles responsables de los delitos aprobados, sin elementos que comprueben su culpabilidad. La prisión preventiva es una medida excepcional de último recurso, por lo que la reforma aprobada resulta en una aberración legal que lleva a un franco retroceso en materia de justicia.

Inaceptables tratos crueles, inhumanos y degradantes en Centros Penitenciarios de Nuevo León

28 de marzo de 2019

Boletín 1903/08

Para Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), resultan inaceptables los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron y están siendo sometidas las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del estado de Nuevo León por parte de las autoridades estatales responsables de la seguridad al interior de dichos centros.

Después del traslado masivo de más de 500 personas iniciado la noche del martes 26 de marzo, elementos de seguridad penitenciaria llevaron a las personas privadas de la libertad a las canchas al aire libre del Centro Penitenciario de Topo Chico obligándolos a desnudarse y permanecer por largo tiempo hincados boca abajo sobre el suelo de terracería e inmovilizados con cinchos plásticos alrededor de sus muñecas. De igual forma, hay reportes de que les hicieron correr hasta el área de canchas y, mientras ingresaban a ésta, fueron golpeados con tubos de acero.

Al menos una persona murió y 29 más resultaron heridas entre custodios y personas privadas de la libertad como resultado de las irresponsables acciones por parte de las autoridades estatales durante el traslado y los hechos posteriores referidos

Por lo anterior:

  1. Exigimos la inmediata atención médica y psicológica de la totalidad de la población penitenciaria afectada para asegurar su integridad física y emocional.
  2. Exhortamos a que se realice una auditoría que permita identificar a los actores intelectuales y materiales al interior del Gobierno del Estado que giraron las órdenes para llevar a cabo estas acciones violatorias a los derechos humanos y que presuntamente representan hechos delictivos con el fin de que sean sancionadas de acuerdo a la ley.

 

Transparencia para familiares por el traslado de personas privadas de la libertad

27 de marzo de 2019

1903/07

Foto de Raúl Palacios

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externa su preocupación por el traslado de más de 500 personas privadas de la libertad que se encontraban en los centros penitenciarios de Cadereyta, Apodaca, Topo Chico y el Centro Único para Mujeres, ubicado en Escobedo, debido a la posible vulneración de derechos de estas personas por parte del Estado al incumplir los requisitos necesarios para la autorización de los traslados.

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para realizar un traslado es indispensable contar con la autorización de un juez de ejecución penal, quien antes de validar la reubicación deberá respetar el derecho a audiencia de la persona privada de la libertad y escuchar las posibles razones para no realizar el traslado.

Sin embargo, familias de personas trasladadas siguen sin información clara sobre el paradero de su familiar y reportan que las autoridades estatales han asumido actitudes hostiles al buscar solicitar información fuera de los centros penitenciarios, por lo que consideramos posible que el procedimiento para la autorización del traslado no fue realizado con apego al marco jurídico.

Es importante recordar que en situaciones anteriores, como los traslados realizados en noviembre de 2018, parte de las personas que fueron reubicadas permanecieron por hasta 72 horas desaparecidas pues no se les permitió comunicarse con sus familiares, dejando tanto a las familias como a la persona privada de la libertad en una grave situación de vulnerabilidad.

De igual forma, estos traslados debilitan uno de los pilares del principio de reinserción social que implica el contacto permanente con la familia, preocupación específicamente relevante al considerar el traslado de 40 mujeres desde el Centro Único para Mujeres de Escobedo hasta el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en el estado de Morelos.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades estatales respetar en todo momento los derechos de las personas privadas de la libertad, cumpliendo los requisitos de autorización de cada traslado ante un juez de ejecución, respetando su derecho a audiencia, y cumpliendo con la responsabilidad de informar de manera oportuna y clara a las familias sobre el paradero de su familiar.

Personal del Centro de Detención Alamey dignifica trato a personas detenidas

21 de marzo de 2019

Boletín 1903/06

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), reconoció hoy la mejora en el respeto a la dignidad de las personas por parte del personal del Centro de Detención ubicado en el Parque Alamey del municipio de Monterrey, resultado de una colaboración entre autoridades de Monterrey y CADHAC para el diseño e implementación de un Protocolo de Uso de la Fuerza para Policías Municipales.

Tras la presentación del Protocolo de Uso de la Fuerza en julio de 2017 y la capacitación del personal de seguridad del municipio de Monterrey para su aplicación, el equipo de CADHAC asumió, desde agosto de 2017, la tarea de monitorear la implementación de éste.

Las 3,028 entrevistas aplicadas hasta la fecha a personas detenidas en el centro Alamey nos han permitido evaluar las variaciones en las condiciones de detención la interior del centro e identificar importantes mejoras.

De los avances registrados a través del monitoreo destaca que más del 90% de las personas detenidas reportan un buen trato por parte del personal del centro. Además, la observación realizada por el equipo de CADHAC nos ha permitido identificar que los custodios han asumido una actitud positiva y de respeto a la dignidad de las personas detenidas.

“Ustedes han aplicado el uso de la fuerza de forma muy adecuada. Ha habido un incremento de cuando iniciamos a ahorita de una actitud positiva y de respeto. Ustedes nos muestran que este cambio sí es posible”, declaró Morale en referencia al trabajo.

Por otra parte, identificamos que anteriormente la revisión de ingreso realizada a las personas detenidas se hacía en condiciones que podían considerarse humillantes pues solo el 37% de éstas se hacía con ropa. Esta situación ha cambiado ya que el porcentaje de las revisiones que se hace con ropa alcanza ahora el 91%, lo que asegura que este proceso no sea humillante para la persona detenida.

De igual forma, se aprecia una mejora en la realización de inspecciones médicas generales, las cuales pasaron de aplicarse en solo 56% de casos a llevarse a cabo con el 95% de las personas detenidas. Además, se tiene registro de que las personas detenidas reciben alimentos de calidad tres veces al día, cuentan con acceso a agua potable y reconocen condiciones de higiene adecuadas dentro del centro de detención.

Los avances identificados han sido posibles gracias a la voluntad y apertura de las autoridades del municipio de Monterrey, quienes han reconocido la importancia de apostar al fortalecimiento de sus corporaciones de seguridad pública y de trabajar para que la observancia a los derechos humanos sea una condición irrenunciable.

“El cambio que ustedes sembraron va a ser fundamental para que en la calle se refleje, empezando con detenidos, pero si cada quien hacemos en nuestra área de responsabilidad lo que tenemos que hacer, va a tener resultados importantes en el corto tiempo ”, afirmó Adrián de la Garza, alcalde del municipio de Monterrey, momentos antes de anunciar que el municipio incrementará los sueldos de los custodios con el objetivo de dignificar su trabajo y reconocer el compromiso que han mostrado.

Para lograr que las mejoras se consoliden, CADHAC continuará realizando este trabajo de monitoreo mientras la apertura y voluntad de las autoridades municipales se mantenga, siendo constantes en nuestra convicción de que sí es posible fortalecer las corporaciones policiacas civiles para cumplir con las funciones de seguridad pública con una perspectiva de derechos humanos y de pleno respeto a la dignidad de todas las personas.

 

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