Prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas

24 de marzo de 2019

Desde Palacio Nacional, autoridades estatales y federales, representantes de la sociedad civil, familiares de personas desaparecidas y funcionarios públicos que desempeñan las labores de búsqueda y defensa los derechos humanos en México se anunció la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda para hacer frente a los enormes retos de la crisis en materia de desaparición que atravesamos en el país.

Durante el evento, tomaron la palabra Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Miguel Angel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila y Coordinador de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Gobernadores, Edna Dolores Rosas Huerta, familiar de persona desaparecida y representante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, Karla Quintana Ozuna, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas.

En su intervención y con la presencia de gran parte de los gobernadores del país, Alejandro Encinas recalcó que cada entidad federativa debe asumir como prioridad la integración de su Comisión Local de Búsqueda, precisando que en 19 entidades aún no hay avances legislativos o decretos para su conformación.

“Este gobierno hereda una deuda histórica de más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar, y cientos de fosas clandestinas”, enunció Encinas.

Encinas añadió que para este año están asignados 400 millones 791 mil pesos del Presupuesto de Egresos Federal para la Comisión Nacional de Búsqueda y que al menos el 50% de estos recursos serán trasladados a las entidades federativas que cuenten ya con una Comisión Local de Búsqueda en activo para asegurar su correcta operación.

Sánchez Cordero apuntó que la administración federal actual reconoció que han habido pocos resultados en el trabajo de búsqueda de las personas desaparecidas, resultado de un olvido institucional que se ha mantenido por años y que ha detenido también las investigaciones para encontrar a los responsables con el objetivo de asegurar el derecho de verdad y justicia de las víctimas.

Por su parte, Edna Dolores Rosas Huerta aseguró que para responder a esta crisis es urgente echar a andar un mecanismo extraordinario de identificación forense que se aboque a dar nombre a esos cuerpos que hoy en día están ya en resguardo del Estado.

Karla Quintana explicó que la Comisión Nacional de Búsqueda es la piedra angular del Sistema Nacional y la encargada de coordinar a todas las instituciones para que el Estado mexicano cumpla con su obligación constitucional de atender la crisis en materia de desaparición.

Quintana detalló también que las acciones de búsqueda de personas deben comprenderse desde sus diferentes dimensiones, considerando la búsqueda en vida de las personas, las labores de búsqueda en campo, el manejo efectivo y homologado de datos entre instituciones de búsqueda y de procuración de justicia , la identificación de cuerpos y restos óseos que permanecen en instituciones de servicios forenses, y las acciones de búsqueda jurídica e histórica con la revisión de expedientes para casos de larga data.

Durante su intervención de cierre, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció tres compromisos por parte del Gobierno Federal para asegurar avances concretos durante los próximos meses en lo que corresponde a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas indicando que se destinará el presupuesto necesario para enfrentar el reto de identificación forense a nivel nacional, la totalidad de las Comisiones Locales de Búsqueda estarán instaladas antes de septiembre de 2019 y habrá una nueva reunión entre el Sistema Nacional de Búsqueda y autoridades federales para evaluar avances de la estrategia en tres meses.

Con la presencia de familiares de personas desaparecidas, hubo un reconocimiento expreso del rol fundamental que han jugado éstas en la consolidación de un marco institucional para la búsqueda y la importancia de cumplir con la reparación del daño a las víctimas de esta violación a derechos humanos.

 

 

 

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