Más de 740,000 musulmanes rohinyá están estancados en Bangladés, sin la oportunidad de regresar a su casa tras haber sido expulsados del estado norteño de Rakhine (ubicado en Myanmar), huyendo de asesinatos generalizados, violaciones y la quema de sus hogares a manos del ejército de Myanmar.
Los rohinyá son un grupo étnico musulmán de Myanmar que desde 2017 han sido objeto, de acuerdo con Naciones Unidas, de una limpieza étnica por parte de las autoridades de Myanmar que ha obligado a la mayoría a refugiarse en Bangladés. El gobierno de Myanmar continúa desafiando al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas al negar la existencia de violaciones de derechos humanos hacia los rohinyá, además de negarse a investigar seriamente y enjuiciar estos crímenes o cooperar con los esfuerzos internacionales.
El gobierno de Myanmar considera a los rohinyá inmigrantes ilegales y, en efecto, les ha negado la ciudadanía, a pesar de que la mayoría de ellos han vivido en Myanmar por generaciones. En los últimos años, la marginación de los rohinyá en 10 sociedades de Myanmar ha conducido a diversas oleadas de violencia entre la minoría musulmana rohinyá y la mayoría budista rakhine. Hoy, los rohinyá viven en el asentamiento de refugiados más grande del mundo, donde casi un millón de personas esperan la oportunidad de regresar a sus hogares algún día.
Los donantes y los actores institucionales involucrados deben insistir en que el gobierno y el ejército de Myanmar garanticen la seguridad y los derechos básicos de los rohinyá, garanticen el acceso sin trabas a las agencias humanitarias internacionales para proporcionar recursos y monitorear los derechos, y brindarles la ciudadanía plena, con todos los derechos y protecciones correspondientes. El gobierno de Myanmar debe abordar estas demandas y las causas profundas de la crisis, incluida la persecución sistemática y la violencia, la apatridia y la impunidad militar por violaciones graves de los derechos humanos.
