Por todo el país, se han extendido protestas violentas, como respuesta a la acción del presidente Lenín Moreno de eliminar el subsidio a la gasolina. Antes del anuncio de las medidas de austeridad del presidente Moreno, el sindicato de taxistas y conductores de autobuses habían declarado una huelga de varios días para evitar la política. La movilización de los sindicatos atrajo el apoyo de los estudiantes y la oposición del gobierno, lo que provocó una ola de protestas sociales. La confirmación de las medidas hizo que las protestas ganaran fuerza entre varios sectores sociales, especialmente con las comunidades indígenas. Los miembros de la comunidad indígena marcharon desde sus territorios hacia la capital para protestar y presionar al gobierno del presidente para que retirara o renegociara varios de los ajustes económicos y para mantener el subsidio estatal al combustible.
Los aliados del gobierno, incluidos los principales medios de comunicación, están utilizando la resistencia de los pueblos indígenas para criminalizarlos y transformarlos en la parte responsable de esta crisis generalizada que afecta a todo el Ecuador. Dicha acción, es una actitud abusiva y racista que alcanza dimensiones preocupantes. El trasfondo de las protestas indígenas tiene sus raíces en la lucha contra el extractivismo agresivo que ha estado agotando sus tierras con la extracción de petróleo, la minería y la tala de árboles.
De acuerdo con Human Rights Watch, las autoridades ecuatorianas deben investigar y responsabilizar a los manifestantes que cometieron actos de violencia graves y a los miembros de las fuerzas de seguridad que respondieron con fuerza excesiva durante las protestas antigubernamentales en curso. “Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad y las violaciones del debido proceso, así como de la violencia de los manifestantes”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En este momento crucial para Ecuador, cuando el uso excesivo y racista de la violencia ya ha comenzado a causar muertes, y cuando proliferan todo tipo de desinformación en las redes sociales y se desatan operaciones de propaganda política a gran escala, es importante dar prioridad y voz a las personas que han sufrido las consecuencias de las desastrosas políticas económicas y el extractivismo agresivo de la última década.
Aunado a esto, Ecuador enfrenta desafíos crónicos de derechos humanos, que incluyen condiciones penitenciarias deficientes, leyes que otorgan a las autoridades amplios poderes para limitar la libertad de expresión y la independencia judicial, y restricciones de gran alcance sobre el acceso de las mujeres y las niñas a la atención de salud reproductiva. La situación política y el interés mostrado por organismos de derechos humanos debe abrir caminos para poner un foco de atención a la agenda de derechos humanos en el país.
