Categoría: Tortura

Boletín No. 0209/05 BP

Basta de Tortura en Nuevo León

Madre que denuncia desaparición de hijo es torturada para autoinculparse

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), expresa su total indignación por la tortura y el abuso de autoridad cometidos por Agentes Ministeriales estatales en contra de la señora JUANA RODRÍGUEZ ANTONIO, durante las investigaciones realizadas con motivo de la desaparición y muerte de su menor hijo Leonardo Rodríguez Antonio.

La señora JUANA RODRIGUEZ ANTONIO ha señalado que Agentes Ministeriales la torturaron en un cuarto del edificio de la Policía Ministerial colocándole una bolsa en la cabeza para que dijera dónde había dejado a su hijo, golpeándola en abdomen y cara e insultándola  para que se declarara culpable de la muerte de su hijo; cabe agregar que la mujer presentaba un estado de embarazo de un mes y que debido a la tortura de la que fue objeto sufrió sangrado vaginal, por lo que se teme que pueda abortar.

Lo anterior constituye claramente un caso de tortura y abuso de autoridad, previstos como delitos en el Código Penal vigente en el Estado[1].

Dicho proceder de la autoridad investigadora, además de evidenciar la persistencia de prácticas policiales retrógradas y autoritarias, presenta también discriminación, por dirigirse a una mujer, de estatus socioeconómico bajo, separada de su familia de origen y del padre del niño cuya desaparición denunció y se constata por el menosprecio a su condición de embarazo, expresado a través de las frases que ella relata le dijeron quienes la “interrogaban”.

Es claro que las acciones emprendidas por el “Estado de Progreso” para la difusión y promoción de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la no violencia contra las mujeres han resultado inútiles; esta flagrante violación a los derechos humanos es una muestra más de que la política pública imperante no es la de reconocer a las ciudadanas y a los ciudadanos como personas con derechos, sino como entes de los cuales el Estado, a través de los agentes gubernamentales, puede abusar impunemente.

Nuestra experiencia en la atención de casos similares en el Estado, nos ha permitido constatar que la tortura y los tratos crueles e inhumanos son utilizados por las diversas corporaciones policíacas, sistemática y recurrentemente, como método de investigación de delitos.

Exigimos al Gobernador del Estado y al Procurador General de Justicia ordenen realizar de inmediato la aplicación del Protocolo de Estambul[2] tanto a la señora JUANA RODRÍGUEZ ANTONIO como a la señora BALBINA ARRIAGA AGUILAR (de quien se ha dicho que se encuentra confesa del crimen del menor) y una investigación imparcial sobre el abuso de autoridad  y la tortura cometidas por los agentes adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que culmine en la aplicación de las sanciones penales y administrativas correspondientes a su ineficiente actuación.

La aberración de estos hechos es una muestra clara de que el estado de descomposición en general de nuestras policías y de nuestro Estado de Derecho, sólo podrá ser frenado si los ciudadanos asumimos nuestra responsabilidad y repudiamos enérgicamente cualquier abuso.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

6 de febrero de 2009

Artículo 209 CPNL: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público: II.- Que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare;

[2] Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; presentado por la Asamblea General de la ONU el 9 de agosto de 1999 y aceptado por Nuevo León el 10 de junio de 2005.