¡Justicia para Jessica! ¡Alto a la crisis de violencia de género en Nuevo León!

Nuevo León enfrenta una grave crisis de violencia de género, uno de los casos más recientes es el de Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez de 22 años, madre de dos hijos de 7 y 8 años. Fue detenida por la policía municipal de Escobedo la noche del 19 de enero 2023 y horas después trasladada al Hospital Universitario con serias lesiones. 23 días después falleció.

Según la información proporcionada por la familia de Jessica, ella fue detenida por la policía frente al domicilio de su expareja, en las primeras horas de la madrugada del 19 de enero. Los policías de Escobedo la detuvieron y mantuvieron bajo custodia por varias horas. Un pequeño fragmento del video de su encarcelamiento muestra indicios de brutalidad policial. La autopsia reveló laceraciones, desprendimiento de cabello, así como golpes internos y externos que fueron ignorados.

Los videos de la evidencia de la detención y posible causa de muerte de Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez fueron eliminados posteriormente, los oficiales no entregaron los videos de sus “Body Cam”. Además, es lamentable que no se hayan tomado en cuenta las denuncias de violencia familiar que había presentado Jessica en contra de su ex pareja, quien fue la última persona que estuvo con ella antes de su detención. Se dice que su ex pareja presuntamente llamó a la patrulla para que se llevarán a Jessica. La familia de Jessica ha señalado que esto no se ha tomado en cuenta durante la investigación.

Exigimos justicia para Jessica y su familia y reparación para sus hijos. Condenamos la violencia policial y el ocultamiento de evidencia, así como la falta de debida diligencia por parte de la fiscalía en la investigación del caso en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos. La familia de Jessica aún no ha obtenido una explicación clara sobre lo ocurrido. La falta de acción por parte de las autoridades solo perpetúa la impunidad y el sufrimiento de las víctimas y sus familia

Exigimos una respuesta por parte de las autoridades del Municipio de Escobedo y señalamos que no se trata de un hecho aislado. El pasado 23 de febrero la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó la declaración de la alerta de género por los niveles de violencia registrados. 

Exigimos la protección del reportero Víctor Badillo de Sinpelos.mx al que a través de una causa penal pretenden disuadirlo de continuar informando sobre el caso. Responsabilizamos a las autoridades estatales y municipales por cualquier afectación a su integridad física.

Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigue con debida diligencia y con perspectiva de género, así como de forma imparcial para que se deslinde la responsabilidad penal de las demás personas involucradas.

Expresamos nuestra solidaridad con la familia y seres queridos de Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez en este lamentable momento de dolor. En CADHAC exigimos justicia para Jessica y para todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género en Nuevo León. 

¡Justicia para Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez!

El feminicidio de Jessica no puede quedar impune

#JusticiaParaAngel En el primer aniversario luctuoso de su muerte impune

REF: B2302-05

Sigue sin esclarecerse la muerte del niño Ángel Moreno en el DIF Fabriles tras una vida institucionalizada y una cremación irregular, que lo convierte en un caso paradigmático de violación a derechos humanos en México.

Ángel Moreno, con diez años de vida institucionalizada, junto a otros adolescentes realizaron protestas por los malos tratos recibidos en el DIF Capullos a finales de noviembre del 2021. Aún con medidas cautelares para su protección, fue trasladado a DIF Fabriles para niñez migrante, es decir, no correspondía al perfil de atención que requería la discapacidad psicosocial de Ángel. Quién de acuerdo a los testimonios sufrió acoso y maltrato en ese albergue.

En febrero del 2022 un periodista independiente da a conocer las irregularidades de la muerte del niño dentro del DIF Fabriles, con presuntos maltratos físicos y ocultamiento de las causas de muerte. Destacando la cremación irregular de su cuerpo, lo que eliminaría posibles evidencias y una investigación completa.

A un año de la muerte de Ángel Moreno las omisiones, complicidades y silencios del gobierno estatal y la fiscalía son evidentes. Aún con la indignación pública y movilización de los primeros meses no se cumplió con el mandato legal de justicia pronta y expedita. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha transparentado el caso, ni el avance de la investigación, medidas urgentes especialmente si hay funcionarios indiciados como presuntos responsables.

CADHAC recuerda a las autoridades que la ONU instó al Estado mexicano llevar a cabo “una investigación exhaustiva de todas las muertes de niños y adultos con discapacidad en todas las instituciones” (2014) por lo cual las autoridades estatales no pueden seguir guardando silencio cómplice, junto a los y las funcionarias responsables del DIF y sus albergues, ni seguir con el silenciamiento a toda exigencia de verdad y justicia.

De seguir protegiendo a los presuntos responsables con impunidad, se coloca en riesgo la vida e integridad de los cientos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en Nuevo León.

Urgimos a la Fiscalía para que a la brevedad presente resultados de su investigación. A su vez, invitamos a la sociedad nuevoleonesa a sentir empatía por Ángel, quien no encontró el cariño y cuidados de quienes tenían la obligación legal de protegerlo y garantizar un proyecto de vida.

¡Verdad y Justicia para Ángel!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación. Se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos desde su fundación en 1993

20 años del Día Mundial contra la Pena de Muerte

Hace 20 años se estableció el 10 de octubre como el Día Mundial contra la Pena de Muerte con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto perjudicial que tiene esta práctica violatoria de derechos humanos y exigir su abolición.  

Esta pena fue completamente abolida en México apenas en 2005. Sin embargo, todavía hay regiones donde las personas son ejecutadas por sentencia de autoridades judiciales. Actualmente, 144 naciones han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica, pero hay  55 países que aún no lo han hecho. La mayoría de las ejecuciones conocidas que se realizaron en el último año se llevaron a cabo en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2021 hubo 579 ejecuciones en 18 países alrededor del mundo, lo que representa un incremento del 20% en comparación con las 538 ejecuciones registradas en 2020.

La visión favorable hacia la pena de muerte, incluso entre personas que viven en sociedades donde se ha abolido, se basa en ideas falsas que es necesario desmentir. La principal de ellas es que representa un método efectivo para acabar con el crimen. Sin embargo, esto no tiene respaldo en la experiencia internacional. No hay evidencia de que los Estados que aplican la pena capital tengan una tasa de criminalidad más baja que aquéllos que no lo hacen. Más bien, el factor clave para disuadir el crimen es la probabilidad de arresto, no la severidad del castigo. 

Lamentablemente, la pena de muerte implica la posibilidad de que una persona inocente sea ejecutada, pues no existe un sistema de justicia inmune al error. Aunque se siga el debido proceso y se apliquen todas las garantías legales, no hay ninguna certeza de que eventualmente no surjan nuevas evidencias que prueben la inocencia de una persona ejecutada. Desgraciadamente, para esa persona no puede haber vuelta atrás.  

En 2022, el Día Mundial contra la Pena de Muerte se enfoca en la relación entre la pena capital y la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos comprenden la tortura física y psicológica de los condenados, así como el sufrimiento de sus familiares y personas cercanas. Asimismo, las discriminaciones basadas en el sexo, el género, la pobreza, la edad, la orientación sexual, la pertenencia a una minoría religiosa y étnica pueden agravar el trato cruel, inhumano y degradante de las personas condenadas a muerte.

POR TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES FALLECE
 UNA PERSONA MÁS EN EL PENAL DE TOPO CHICO

14 de agosto 2018
1808/19

Foto: Archivo Posta MX

El pasado 7 de agosto de 2018 se informó la muerte de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años, quien se encontraba privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social Topo Chico. Ese día se dijo que Kevin se “desvaneció” repentinamente y posteriormente falleció. El día de hoy se conoce, a través de un peritaje, que su muerte fue producto de fuertes golpes, aparentemente con tablas, que le causaron un tromboembolismo cardiopulmonar, al formársele coágulos que le obstruyeron el flujo de sangre al corazón. 

La tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros penitenciarios estatales han cobrado la vida de otra persona más privada de la libertad y el gobierno continua siendo omiso ante esta crisis. En la actualidad, debería ser impensable que la tortura continuara presente en una sociedad como la nuestra y, principalmente, en espacios cuyo control y responsabilidad dependen exclusivamente del Estado, como lo son los centros penitenciarios. 

Vale la pena recordar que a pesar de urgentes llamados por parte de la sociedad civil, y recomendaciones de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Naciones Unidas a través de diferentes instituciones, la respuesta del Gobernador Jaime Rodríguez y su administración continua siendo ineficiente, poco transparente, y sin consecuencias para aquellas personas, tanto autoridades como internos, que cometen actos delictivos violentos dentro de las cárceles.

La muerte de Kevin, evidencia una vez más, no solo la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren día a día en los centros penitenciarios de Nuevo León, sino la evidente ausencia de control y complicidad por parte de las autoridades que permiten se torture y se mate a personas que se encuentran bajo su tutela.

CADHAC reitera su preocupación y exige a las autoridades del gobierno de Nuevo León cumplan sus obligaciones y garanticen, sin más dilación, la vida digna, seguridad e integridad de todas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión estatales.

Además reiteramos nuestra solidaridad con la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, y les invitamos a acercarse para buscar la reparación integral a la que tienen derecho, por la responsabilidad de las autoridades en la muerte de Kevin. 

Seguir ignorando la crisis penitenciaria que se vive en los centros estatales de Nuevo León, perpetua la impunidad e incentiva que se continúen cometiendo estos crímenes, pues se observa que el asesinar y torturar en centros penitenciarios no trae consecuencia alguna.

A un año de la aprobación de la Ley General contra la Tortura, instituciones del más alto nivel incumplen y violan la norma

Ciudad de México a 25 de junio de 2018.
Comunicado Conjunto

Este 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se cumple un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General). A pesar de los avances en la materia, instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional. La tesis, que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)[1]. Este lenguaje deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes.

Por otra parte, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció en febrero de 2018 que había adoptado – mediante un proceso opaco – un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de la tortura. Mientras la Ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos[2]. Así, el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación. El Protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.

En relación a otras acciones requeridas por la nueva Ley General, recordamos que este año se instaló el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos resultados dependerán del apoyo que reciba del presidente del Comité, que a la vez es presidente de la CNDH, y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores, incluyendo a las defensorías públicas, que deben coadyuvar en la prevención de la tortura, y las fiscalías, que deben actuar para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por otra parte, resulta cuestionable la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa Nacional contra la tortura previsto en la Ley General contra la tortura.

En conclusión, las organizaciones firmantes consideramos alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones. Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección popular el próximo 1º de julio, especialmente en el caso de los candidatos presidenciales.

Es por ello que, en este Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura, hacemos un enérgico llamado a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exigimos a las autoridades estatales y federales adoptar inmediatamente acciones encaminadas a erradicar la tortura, tal como lo mandata la legislación aplicable.

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

[1] TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. Tesis: 1a./J. 101/2017 (10a.) Registro: 2015603.

[2] https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Prot_Inv_Tortura.pdf, p. 28-30.

Comité Contra la Tortura de la ONU condena práctica de tortura en México

Comité Contra la Tortura de la ONU condena práctica de tortura en México

· Expresa su rechazo por el uso de la tortura en todo el país para obtener confesiones

· El arraigo: “una violación flagrante de derechos humanos” que carece de control judicial

· Condena impunidad y falta de investigación de actos de tortura

 

31 de octubre, Ginebra. Hoy el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, abrió su evaluación al Estado mexicano, donde estuvo presente una delegación de mas de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y de diversos estados.

 

El Comité expresó su profunda preocupación por la práctica de tortura en el país, en particular ante el contexto del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanece los actos de tortura. Tras escuchar la exposición inicial del Estado, los miembros del Comité -expertos independientes electos por su pericia en temas de tortura- formularon preguntas y observaciones a la delegación gubernamental acerca de algunas de las problemáticas más preocupantes en esta materia en México.

 

Los expertos señalaron que sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales. Señalaron que la reforma penal que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y acusatorio no está siendo eficaz ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales. Ejemplo de ello, señalado por diversos expertos del Comité fue el caso de Israel Arzate, joven juarense víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a autoinculparse falsamente por la masacre de Villas de Salvárcar. El Comité consideró “muy importante” este caso que se encuentra actualmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el precedente que puede sentar en el sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura en el nuevo sistema penal.

 

Por otra parte se señaló que no es admisible que la PGR “monopolice” la aplicación del Protocolo de Estambul y se expresó profunda preocupación porque los peritos que aplican dicho instrumento para detectar casos de tortura, carecen de independencia al depender de la misma PGR, institución muchas veces señalada por incurrir en violaciones a derechos humanos. Los expertos también cuestionaron al Estado sobre la falta casi absoluta de sentencias firmes por tortura frente al número elevado de quejas por este delito registradas por la CNDH.

 

Un tema de particular preocupación fue la figura del arraigo, la cual permite la práctica de la tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales. La Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos Ruth Villanueva, defendió ante el Comité su aplicación y la denominó como una medida constitucional, excepcional y temporal; además justificó que en algunos casos las detenciones no se realicen en el Centro Nacional de Arraigos.

Al respecto, los expertos haciendo referencia a la información presentada por ONGs, expresaron su preocupación por la aplicación del arraigo en instalaciones militares y el uso de confesiones obtenidas bajo arraigo las cuales pueden ser obtenidas mediante tratos inhumanos o tortura. Igualmente sobre la falta de protección judicial en casos de arraigo, el Relator del Comité para México, Fernando Mariño, manifestó, “las estadísticas son abrumadoras” al evidenciar que de 6102 juicios de amparo interpuestos contra órdenes de arraigo, en sólo 188 fue concedida la protección de la justicia federal. En palabras de la experta Essadia Belmir, “es una violación flagrante de derechos humanos… ¿Qué pasa con una persona que va a estar en manos de las autoridades, quienes pueden conseguir una confesión por las buenas o por las malas?”

 

El Comité planteó asimismo su preocupación por la tortura, incluyendo la violencia sexual, cometida contra mujeres tanto por agentes estatales (planteando el caso de las mujeres sobrevivientes de San Salvador Atenco) como por actores privados. En este sentido el Comité constató que había “demasiadas lagunas de información” en el informe presentado por el Estado y pidió información sobre los resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de mujeres, los feminicidios y la tortura cometida por razones discriminatorias en contra de las mujeres. Igualmente expresó su preocupación por la situación de “gran vulnerabilidad” por la que atraviesan las personas migrantes en su tránsito por México, así como por los ataques y actos de represalia en contra de las personas defensoras de derechos humanos.

 

Los expertos también hicieron hincapié en la obligación del Estado de tipificar el delito de tortura en el Estado de Guerrero, donde actualmente no se encuentra contemplado en el Código Penal sino sólo en una ley secundaria, lo cual constituye un obstáculo para que tal delito sea investigado; y expresó preocupación porque la utilización del Protocolo de Estambul se desconoce en Guerrero, permitiendo que se sigan cometiendo actos de torturas con impunidad. Por otro lado, expresaron que es urgente informar sobre los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, en diciembre de 2011.

Las organizaciones mexicanas e internacionales firmantes recordamos que el Estado debe dar cabal cumplimiento a las recomendaciones finales del Comité, mismas que serán publicadas en las próximas semanas, con el fin de empezar a prevenir y erradicar la tortura en el país.

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) – Francia

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

Católicas por el Derecho a Decidir

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los

Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo

a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la

Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.);

Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir,

A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y

Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador,

A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las

Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos

Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de

Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos

“Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos

Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray

Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de

la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos

de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” ,

A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd.

Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.);

Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro

de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos

Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante

(DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD)

(Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF)

(Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral

(CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los

Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro

Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal

de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental

(Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de

Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro

Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.);

Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía

Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.);

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL);

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San

Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad

(Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos

Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión

de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua,

Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C.

(CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz

y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos

“Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos

Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa

Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa

de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos

Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo

de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos

“Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos

Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de

Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité

de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de

Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos

Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.);

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC

(Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico

Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación,

A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría

del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la

Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos

Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos

Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el

Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa

Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de

Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal),

Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla,

Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.);

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal);

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación

(Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de

Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.);

Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios

de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de

Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

“A fuerza querían que dijera que era Zeta”, texto de Sanjuana Martínez

“A fuerza querían que dijera que era zeta”

Daniel Rodríguez Morales narra que tres días fue torturado por marinos; “me fabricaron pruebas”

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Monterrey, NL. Nosotros te vamos a arreglar la columna, cabrón, le gritaron a Daniel Rodríguez Morales, cuyas piernas no le respondían y era cargado por dos marinos al entrar a lo que parecía un gimnasio. Lo colgaron de las manos. Desnudo, con los ojos vendados. El golpe inicial de una tabla de madera en las nalgas lo hizo estremecerse de dolor. Luego siguieron las quemaduras en todo el cuerpo, las patadas en la columna vertebral, los puñetazos en las costillas… Aguantó el tormento físico en silencio para no darles gusto a sus verdugos que le exigían que gritara. Apretó las quijadas y los dientes hasta que lo intentaron ahogar con una bolsa de plástico. En ese momento emitió un grito desgarrador. Un golpe seco en la nariz y en la frente lo llevó a la oscuridad reparadora de un desmayo momentáneo. Al despertar, los torturadores lo esperaban para continuar con su tarea, la cual duró tres días.

“Di que la Marina te rescató –le exigían sus captores. Di que eres zeta, que vendes droga, que eres del crimen organizado”. Daniel se rehusaba. No podía aceptar someterse a una mentira: “Pensaba que me iban a matar. Éramos varios. Sólo oía los gritos y el llanto de otros. Me decían: ‘ya se nos murió uno. ¿Quieres ser el próximo? Coopera’. Cuando me iba a derrumbar tomaba fuerza pensando en mis dos hijos, en mi mamá, en mis hermanos. Quería despertar. Quería que se acabara aquella pesadilla.”

Integrantes de la Armada de México lo detuvieron el 15 de octubre por la mañana en la calle Uranio, colonia San Pedro 400. Ocho marinos entraron a su casa sin orden de cateo y se lo llevaron sin orden de detención: “Nunca dijeron a quién buscaban, sólo me agarraron de la camiseta y me la pusieron en la cabeza, me estiraron del escapulario de San Judas Tadeo que traía en el cuello y me abrieron la cabeza de un cachazo. Desperté cuando me bajaron entre dos. Me torturaron durante tres días. No me dieron de beber ni de comer; no me permitían dormir. A fuerza querían que dijera que era narco”.

Daniel habla mientras camina con mucha dificultad. Usa bastón. La mañana es luminosa. El sol brilla en el patio del penal de Apodaca, Nuevo León. Su madre, Blanca Eva Morales, le ha traído carne con mole y arroz para almorzar. Su hermano Víctor está sentado en la mesa esperándolo. Han pasado tres meses de la tortura y las secuelas se traducen en intensos dolores que mitiga con las medicinas que su familia le trae cada semana: “Estoy desesperado, deprimido, hundido. No hice nada y aquí estoy por un montaje de la Marina. Me fabricaron delitos. Me sembraron pruebas. Alteraron todo. Dicen que me detuvieron en otra parte. Me convirtieron en zeta. Sacaron un comunicado y mi nombre está en Internet. Soy inocente. ¿Qué va a pasar cuando salga de aquí? ¿Cómo voy a recuperar mi buena reputación? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? Me han destruido”.

La entrada de periodistas al penal para ver a Daniel no está permitida. Su caso, como el de otros nueve presos, es considerado como un asunto delicado. Esta reportera entró a través de los controles de visita familiar, con una cita previamente acordada con el interno: Mi mamá intentó que otros medios denunciaran lo que me pasó, pero nadie quiso por tratarse de la Marina. La gente le tiene mucho miedo a los marinos; yo en cambio les tengo coraje. No es justo lo que me hicieron, comenta y muestra las huellas de torturas en las fotos tomadas por su madre cuando lo presentaron ante el juzgado quinto federal.

El montaje

¿Quieres abecedario o las vocales?, le preguntaban los torturadores a Daniel. Se trataba de darle un tablazo por cada letra: “Querían que me quebrara. Me dejaban tirado en el piso. Apenas me mojaban los labios con agua. Nunca pude ver el lugar, pero parecía un gimnasio. Cerca había unos baños. Recuerdo el olor y hasta allí me llevaban. Nunca dejaron de golpearme. El tercer día me dijeron: Mucho cuidado con hablar y contar algo. Si lo haces, mataremos a tu familia.

La Secretaría de Marina tiene su destacamento en instalaciones deportivas ubicadas en avenida López Mateos. Tres días después del operativo en la calle Uranio, colonia San Pedro 400, emitió un comunicado donde señalaba que había detenido a 10 hombres pertenecientes a un grupo del crimen organizado, concretamente a Los Zetas. El documento decía que en la operación aseguraron dos AK47 (cuerno de chivo), un fusil ametralladora M-1 calibre 30, dos armas cortas, 111 cartuchos de diversos calibres, 220 dosis de cocaína, 440 dosis más de crack, 80 gramos de mariguana, un vehículo y equipo de comunicación.

Cuando la Marina presentó a los 10 detenidos ante la Procuraduría General de la República el Ministerio Público se sorprendió: “Se quedó asustado al ver lo golpeado que estábamos. Nos dijo: ‘Cómo los han dejado’. Pero nadie intercedió por nosotros. Yo traía el ojo derecho cerrado por los golpes. En las heridas de las muñecas traía pus. No podía caminar. Estaba muy adolorido. En ese momento conocí a los que supuestamente eran mis cómplices”, cuenta Daniel.

Para su sorpresa, Daniel descubrió que no era el único inocente acusado falsamente por la Marina. En el penal se fue familiarizando con cada uno de los detenidos que componían la supuesta célula de Los Zetas. Cuenta que tres fueron sacados por los marinos de un taller mecánico cercano a su casa en San Pedro; otros tres lavacoches los detuvieron en el estacionamiento del supermercado Soriana y dos eran camioneros que fueron detenidos una noche antes en un enfrentamiento que ocurrió en Santa Catarina, donde murió un marino. Ambos se resguardaron de la balacera en la tienda de una gasolinera: Un trailero trabaja en Vitro y llevaba la carga. Tiene todos los documentos que avalan el recorrido que hizo. Iba a Tepic, de donde es. El otro trailero es de Querétaro. Los tres compartimos celda.

Todos han tenido la oportunidad de contarse sus historias y cotejar los datos con los que cuentan. El proceso que se les sigue es por pertenencia al crimen organizado. La Marina no se ha presentado en las pasadas dos citas jurídicas: Todo fue un montaje. Fueron levantando inocentes por puro coraje, porque les mataron a uno de ellos y querían presentar a los culpables de cualquier manera. Ahora saben que el caso no se sostiene. No tienen nada de lo que dicen. Hay muchas contradicciones en el expediente.

Daniel es un gran amante de la música. Y ha trabajado como DJ en bares y discotecas. Estaba desempleado desde hacía unos meses, intentando recuperarse de sus problemas de columna. Su madre lo ayudaba económicamente: Lo único que quiero es salir de aquí y olvidarme de todo. No he dejado que mis niños me vengan a ver. No lo soportaría. Sólo pienso en abrazarlos y estar nuevamente con ellos, dice llorando.

Madre Coraje

Blanca Eva Morales tuvo cinco hijos. Al nacer el último, con una deficiencia mental, su esposo la abandonó. Eso fue hace 18 años y desde entonces los ha sacado adelante: Yo vendo zapatos, ropa, trabajo todos los turnos que haga falta porque no quiero que anden mal vestidos ni que les falte nada, dice mientras sirve el mole y anima a Daniel a comer.

Tiene los ojos verdes. Lleva recogido el pelo en una coleta. Usa pantalón de mezclilla y camiseta. Parece una mujer enérgica, pero su cara amorosa se expone en cuanto mira a Daniel. Todos los días que puede viene a verlo a la cárcel. Le trae despensa, medicinas, cobijas, ropa, calzado: No puedo dejar que se me venga abajo.

Recuerda la angustia que padeció mientras el joven estaba desaparecido y el vía crucis judicial de estos últimos tres meses. Se limpia las lágrimas. Da un trago al refresco y dice: “Fui y me paré a la Marina hasta que apareció. Les gritaba. Los escupía. Les decía: ‘Deténganme a mí, desgraciados. Si me lo matan, no se la van a acabar”. Yo sabía que lo estaban torturando. Allí estuve día y noche. Me tomaban por loca. Yo pensé: si me lo entregan va estar bien golpeado. Me lo van a dejar peor de la columna. Tal vez tenga que volver al pañal y la sonda, pero no me importa. Si me lo matan, lo van a desaparecer”.

Blanca es policía y conoce los entresijos del sistema judicial: “Fui viendo los detalles del expediente. Todo se cae por sí solo (…) Me entró mucho coraje. Fui y hablé con la directora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no quiso hacer nada. Le pedí ayuda a mucha gente. Nadie quiso hacer nada. Todo mundo le teme a la Marina. Yo no.”

Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

La Red Todos los Derechos para Todos obtuvo, mediante la Ley de Acceso a la Información el Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (PDF 6Mb) realizado durante el 2009.

Menores severamente golpeados en el Tutelar

02 de marzo de 2010 Comunicado número: 1003/03/BP

Menores severamente golpeados en el Tutelar

Esta organización ha recibido múltiples informes que indican que en la mañana del pasado sábado 27 de febrero de 2010, los jóvenes reclusos del Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes fueron severamente golpeados y vejados. La información recibida indica que dichos abusos fueron cometidos por elementos de cuerpos de seguridad ajenos a dicho Centro, ante la cómplice pasividad de los funcionarios del mismo. Se ha informado que el día de ayer los jóvenes fueron nuevamente golpeados, esta vez por los propios funcionarios del Centro. No es la primera vez que esta organización recibe información sobre los constantes abusos que sufren los adolescentes privados de su libertad en la entidad.
Los informes recibidos indican que los adolescentes fueron golpeados, esposados, tableados, vejados y atacados con perros y cuando pidieron explicaciones sobre lo sucedido fueron amenazados con inventarles faltas a la disciplina interior o delitos. La conducta desplegada por las autoridades, tanto por las que golpearon a los internos, como por las que pasivamente permitieron estos abusos, resulta violatoria de los derechos humanos a la integridad personal, incluida la prohibición de la tortura, a la seguridad jurídica y a la honra y dignidad.
Esta organización condena enérgicamente los abusos cometidos en contra de los adolescentes y demanda que las autoridades:
1. Brinden inmediatamente atención médica y psicológica a todos los jóvenes privados de su libertad y documenten los abusos cometidos a través de la aplicación del Protocolo de Estambul o Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. Inicien de inmediato una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables de los abusos ante la justicia para que sean sancionados conforme a derecho.
El sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley está pensado para dar seguridad a la comunidad a la vez de brindar a los jóvenes medios adecuados para su protección y desarrollo durante el cumplimento de su sanción, es inaceptable que las autoridades encargadas de administrar tal sistema violen los derechos de los jóvenes y les envíen el mensaje de que en Nuevo León la violación a la ley y la impunidad son la norma.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

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