Comunicado no. 1202/05
Traslados y violencia institucional, no solucionan la crisis del sistema penitenciario de Nuevo León
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se encuentra extremadanamente preocupada y en estado de máxima alerta por los nuevos hechos violentos en el centro penitenciario en Apodaca, Estado de Nuevo León.
Los hechos de esta noche son una muestra más de la fragilidad del sistema penitenciario en el Estado que no puede garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. El sistema se encuentra en una profunda crisis que ha llevado a las recientes explosiones de violencia, pero que si recordamos, son recurrentes en la entidad. Cada año hay más motines, más asesinatos, más quejas y menos intervención preventiva o correctiva del Estado. Así, la actual situación hace imperante, en un marco de derechos humanos los siguientes puntos.
1. Las autoridades ahora no pueden pretender solucionar esta delicadísima situación con fuerza bruta, por ello exigimos se realice una intervención inteligente, transparente y acompañada en todo momento del sistema ombudsman (Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, en uso de sus facultades constitucionales, así como de organizaciones civiles de derechos humanos que participen como observadoras del proceso. Es fundamental que las medidas de las autoridades no produzcan más violencia. Medidas como traslados irracionales y poco fundamentados de personas privadas de libertad, a otros centros penitenciarios no hacen más que alterar los ánimos de los internos que ya han sido testigos de múltiples brutalidades y muertes y no saben a qué destino los envían. No es necesario un mensaje de fuerza bruta del estado sino un mensaje contundente de su autoridad moral. En estos momentos es imprescindible que se restablezca la legalidad -lo que implica que las autoridades no cometan más abusos- y que se garantice la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, sus familias y seres queridos, así como de todas las funcionarias y funcionarios públicos que laboran en el sistema penitenciario.
2. La crisis debe ser superada de forma pacífica, y posterior a ello, dar paso a un proceso auténtico de investigación en el que se trabaje de forma pronta, imparcial y profesional, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de sistemas penitenciarios y de derechos humanos. La investigación debe garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño para todas las personas involucradas y no limitarse a aspectos penales o administrativos sino dar con las causas profundas de las arbitrariedades y de la pavorosa corrupción que permea todo el sistema penitenciario.
Todas las personas involucradas en faltas y delitos deben ser llevadas a tribunales imparciales y ser juzgadas con el más estricto respeto a todos sus derechos procesales, incluida la presunción de inocencia, el respeto a su integridad, y la no aplicación del arraigo.
3. Finalmente, se deben abordar las graves fallas estructurales que han permitido que la situación llegue a este punto. El Estado debe replantearse sus estrategias para hacer frente a la corrupción y para manejar espacios tan delicados como los centros de privación de la libertad. También deben abordarse las políticas que han multiplicado el número de personas detenidas, muchos por delitos menores, o que aún no tienen una condena. Todas las medidas que se tomen para mejorar la situación penitenciaria deben inscribirse en un proceso de construcción de paz y de comunidad, y deben alejarse de los estándares de venganza social y de la violencia estereotipada y discriminatoria en contra de la población sujeta de sanciones penales. Toda acción debe estar puntualmente acompañada por la sociedad civil y enmarcarse en un auténtico esfuerzo de democratización de las políticas públicas de seguridad y de justicia.
CADHAC exige a las autoridades que cumplan con su función de garantizar la seguridad ciudadana a través de un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Resulta inadmisible que las autoridades hayan desoído las múltiples alertas sobre la inminencia de un estallido violento en las cárceles del Estado de Nuevo León. Es tiempo de que nuestros gobernantes cumplan con lo ordenado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes; garantizando la integridad física y emocional de todas las personas privadas de su libertad recluidas en los penales estatales del Estado de Nuevo León.
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.
13 de diciembre de 2011
Boletín No. 039/1211/BP
Aumenta el Número de Muertes en los Penales de Nuevo León, bajo la complacencia de las autoridades
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) deplora y condena las más de 60 muertes que durante este año han ocurrido en los tres centros penitenciarios de la entidad, vislumbrándose en ello una intolerable e injustificable complacencia por parte de las autoridades.
El más reciente de estos hechos corresponde a una joven de nombre Janeth de la Cerda Palacios de 23 años de edad, quien ingresó al Penal del Topo Chico el 4 de agosto de este año y fue encontrada muerta el día de ayer, 12 de diciembre. Las autoridades señalan que se suicidó ingiriendo insecticida. Sin embargo, la presunción de suicidios en muchas de las muertes ocurridas en 2011 genera suspicacias. Está fallando gravemente el sistema penitenciario. No es posible que en un lugar que se encuentra protegido y vigilado las 24 horas, y donde la seguridad debe ser garantizada por las autoridades, ocurran estos hechos que se han vuelto sistemáticos.
La privación de la libertad, de ninguna manera significa que las personas recluidas en centros penitenciarios puedan ser expuestas a tratos crueles inhumanos y denigrantes y mucho menos que puedan ser privadas de sus vidas.
Las autoridades muestran que no pueden o no quieren mantener un control legal y suficiente en un lugar especialmente vigilado, en el que las personas están confinadas. No es racional pensar que en un ambiente cerrado y extremadamente protegido puedan suceder en menos de 12 meses, mas de 60 muertes que hasta hoy han quedado en total impunidad. Es necesario que las autoridades replanten su estrategia de control y seguridad en las prisiones desde una visión de derechos humanos.
Asimismo CADHAC se manifiesta profundamente preocupada por la inactividad que ante estos hechos ha mostrado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Como institución pretendidamente protectora de derechos humanos, la Comisión debió iniciar quejas de oficio y tomar todas las medidas administrativas necesarias para proteger a las personas privadas de la libertad. La inactividad de este organismo ha comprometido la integridad de las y los presos.
CADHAC hace un llamado enérgico a las autoridades para que cumplan con sus funciones legales y constitucionales de brindar un servicio penitenciario acorde con los más altos estándares internacionales.
Es necesario detener la muerte de personas privadas de la libertad, así como investigar de manera pronta y expedita las muertes ocurridas en lo que va del año, para que se sancione a los responsables. Se debe garantizar que las prisiones sean un auténtico espacio de reinserción social, no un lugar de abusos, extorsiones, tortura y de riesgo para la vida de las personas ahí recluidas.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
01 de noviembre de 2011
Boletín de Prensa No. 1111/035
Las muertes en las cárceles necesitan una respuesta inteligente e integral
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., se encuentra extremadamente preocupada por las constantes muertes en los centros de privación de la libertad en el Estado de Nuevo León.
Mes con mes hay personas privadas de la libertad que pierden la vida en condiciones violentas, ante esta terrible realidad las autoridades estatales no han implementado una política pública clara y racional que desaliente las ejecuciones dentro de los penales, mejore la seguridad de las y los internos, de sus visitas y de todas las personas que trabajan en los centros penitenciarios y que garantice el acceso a la justicia y el castigo efectivo y apegado a derecho por estas muertes.
Rechazamos la militarización de los penales, porque no se trata de tener más fuerza o más seguridad altamente armada en las entradas, no de realizar revisiones indignantes e ilegales a las visitas, sino que el problema de fondo sólo se puede afrontar desarrollando una política penitenciaria integral e inteligente, que cumpla con los objetivos constitucionales de reinserción social.
Las autoridades parecen no saber que las drogas y demás mercancía de contrabando no entran a los penales a través de las visitas, sino a través de la porosidad de un sistema corrupto e impune que no controla eficientemente a sus subordinados y que no ofrece ni incentivos ni garantías para el trabajo correcto, profesional y honesto. Mientras el Estado se niegue a reconocer la dimensión de corrupción del problema y mientras las muertes y otros abusos queden en la impunidad, no se logrará avanzar en el control efectivo de los penales, pero tampoco se logrará que nuestro sistema penitenciario coadyuve a tener una sociedad más pacífica y más sana.
CADHAC exige a las autoridades que cumplan sus obligaciones legales y en ese sentido garanticen la seguridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad en la entidad. Es necesario recordar que la sujeción a proceso penal o el cumplimiento de una sentencia privativa de la libertad no conllevan más restricciones a los derechos fundamentales que las ordenadas legalmente por el juez respectivo. Por lo tanto, las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar todos los demás derechos humanos de los internos e internas. La pérdida de la vida de las personas recluidas en penales estatales, sujetas a proceso o durante el cumplimiento de su sanción es una grave responsabilidad de la autoridad estatal, la que debe garantizar en todo momento el derecho a la vida de todas las personas privadas de la libertad.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
BOLETIN DE PRENSA
De acuerdo con la información pública que han dado las autoridades al respecto, hasta el día de hoy, son 161 reos federales, los que han sido trasladados de diferentes centros penitenciarios, como lo son de Santa María Ixcotel y Tehuantepec en el estado hacia la colonia penitenciaria de las Islas Marías, en el Estado de Nayarit, en varios operativos realizados a partir del día lunes 10 de octubre de este año, donde han participado conjuntamente tanto Policía Federal, como Ejercito Mexicano y Policía del estado, entre otros puntos.
De acuerdo con el testimonio de familiares de los presos, los operativos se han realizado sin importar que en el momento de los mismos hubiere convivencia con los reos y sus familiares al interior de los penales, donde los cuerpos policiacos han ingresado violentamente, lanzando gases lacrimógenos y golpeando a algunos internos, resultando lesionados varios de ellos, inclusive mujeres y niños que se encontraban en ese momento con sus familiares.
De igual forma, a los reos les fue tapado el rostro y fueron conducidos hacia el exterior para abordar autobuses aparentemente de uso particular, que tenían las ventanas tapadas con periódicos y bolsas negras para llevárselos con uso desconocido, así mismo, los familiares han denunciado maltrató , amenazas y chantajes en su contra, por parte de autoridades penitenciarias del Gobierno del Estado, pues refieren que una persona del sexo femenino que sin identificarse se ostento como Subdirectora del penal de Santa María Ixcotel y les dijo textualmente de manera irrespetuosa y sarcástica que “no se preocuparan por sus presos porque ellos iban a estar bien calientitos a donde los iban a llevar”, sin informales hasta este momento sobre el paradero de sus familiares presos. De igual forma, mencionan los familiares de los reos que el personal de seguridad y custodia del penal de Santa María Ixcotel los han amenazado diciéndoles que mejor no la hagan de pedo, porque si le siguen moviendo, se van a desquitar con sus familiares presos, diciéndoles que les va a ir peor, además de que la mayoría de los presos trasladados, a decir sus familiares se encontraban recibiendo educación y desempeñando algún oficio como trabajo o practicando algún deporte al interior de los penales; como parte fundamental del proceso de reinserción a la sociedad y a la que tienen derecho por mandato constitucional.
Por lo que, por su proceder las autoridades responsables, que incluyen a las federales y locales, vulneraron los derechos humanos de los reos; el derecho que tienen estos a ser notificados de la determinación de su trasladado; se les viola su derecho de audiencia, en el que se le reciban pruebas y argumentos tendientes a demostrar que el reo de que se trata no está en los supuestos que alude la ley para ser trasladados injustificadamente a otro centro o colonia penitenciaria, como es el caso, con el fin de garantizar su reinserción a la sociedad.
Situación que también regula la ley que establece las norma mínimas sobre la readaptación social de sentenciados, que otorga facultades en su Artículo 3º., para que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurgen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los gobiernos estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso sea posible, a criterio de la Secretaria de Seguridad Pública.
Por ello hacemos un llamado a las autoridades del gobierno del Estado, al Secretario de Seguridad Pública y al Director General de Reinserción Social, para que en uso de sus facultades y atribuciones que les confiera la ley, dentro de un marco de legalidad y pleno respecto a los derechos humanos, realicen lo siguiente:
1.- Inicien los procedimientos administrativos pertinentes a afecto de sancionar y corregir las faltas y abusos en que hayan incurrido sus subordinados en el desempeño de su encargo, de acuerdo con los hechos aquí expuestos, en perjuicio de los presos trasladados a la colonia penitenciaria de las Islas Marías del Estado de Nayarit.
2.- De acuerdo a las atribuciones que la propia ley les confiere, realicen las gestiones pertinentes necesarias, a efecto de regresar a los centros penitenciarios del estado de Oaxaca, más cercanas al domicilio de los reos trasladados a la colonia penitenciaria de las Islas Marías con el efecto de restituirlos en el goce de sus garantías y los derechos humanos violados, por no reunirse los requisitos que claramente prevée la ley para su traslado justificado con la finalidad de garantizar su reinserción a la sociedad, de acuerdo con lo que mandata la constitución federal.
3.- En el ámbito y sus respectivas competencias y de acuerdo a sus retribuciones que la propia ley les confiere revisar y hacer eficientes los modelos y herramientas de comunicación social, con el objeto de garantizar el derecho de la sociedad a la información pública, con apego a los principios de veracidad y objetividad en el manejo de la información.
Oaxaca de Juárez, 30 de Octubre de 2011.
FAMILIARES DE LOS REOS TRASLADADOS A LA COLONIA DE LAS ISLAS MARIAS
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DERECHOS HUMANOS DE OAXACA.
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOME CARASCO BRISEÑO” A.C.
INICIATIVA CIUDADANA OAXACA.
01 de agosto de 2011
Boletín de Prensa No. 1108/ 027
Otra muerte más en Topo Chico
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su más profunda preocupación por el asesinato de otro interno del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico.
La semana pasada, un interno de 25 años de edad murió a golpes —propinados con tablas y palos— dentro del centro penitenciario Topo Chico, en la ciudad de Monterrey. Supuestamente, la agresión habría tenido lugar por una deuda no pagada. Las autoridades han iniciado proceso penal en contra de dos personas supuestamente responsables de este deplorable acto. Sin embargo, no es la primera vez que se cometen homicidios dentro de este centro penitenciario y las autoridades han fallado en revisar sus protocolos de trabajo y en lanzar un plan concreto para garantizar la seguridad todas las personas privadas de la libertad.
Como en otras ocasiones, esta organización estima pertinente recordar que el derecho a la vida no se pierde ni se limita por haber sido condenado o por estar sujeto a un proceso penal. El Estado, y en especial las autoridades penitenciarias, tienen la obligación de garantizar todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Una muerte en un centro de reclusión, que se supone es un lugar cuidadosamente vigilado y controlado, supone no sólo un fracaso de nuestra política penitenciaria, sino que demuestra la enorme negligencia de las autoridades de administración penitenciaria. Ante las constantes muertes y agresiones que se registran en las cárceles de Nuevo León, no basta iniciar un proceso penal, es necesario indagar y corregir las causas estructurales de la violencia en las cárceles.
CADHAC hace un llamado a las autoridades penitenciarias de nuestro estado para que cumplan con su obligación legal, derivada tanto de la Constitución federal como de los tratados internacionales, de garantizar la vida y los demás derechos humanos de los reclusos. El Estado está en una posición de garante frente a esta población en situación de vulnerabilidad, dicha posición implica que no basta tomar medidas reactivas para castigar la violencia, sino que se debe trabajar activamente en prevenirla.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su más profunda preocupación por la muerte de dos internos en el Centro de Reinserción Social Apodaca ocurrida a sólo dos días de que ingresaran a dicho centro penitenciario.
Esta organización se encuentra profundamente preocupada por la noticia dada a conocer el día de hoy de que dos internos del centro penitenciario del Estado de Nuevo León localizado en Apodaca fueron hallados sin vida, colgados en su celda.El hecho de que estas personas muertas a escasos dos días de ingresar al centro penitenciario, cuando se supone deberían estar en observación y separadas del resto de la población, demuestra la negligencia e incapacidad de las autoridades para garantizar la integridad de los internos. No es la primera vez que muertes sospechosas ocurren en ese centro penitenciario que, según reportes con que cuenta esta organización, se caracteriza por violar sistemáticamente los derechos humanos de los internos.
Cuando una persona es privada de la libertad, ya sea para que se le juzgue o porque ya está condenada, el Estado tiene la obligación legal de garantizar todos los derechos humanos que no hayan sido restringidos por el juez, es decir, que la pérdida temporal de la libertad ambulatoria no conlleva la pérdida de otros derechos o de la dignidad humana. El Estado debe garantizar la vida, el trato digno, la integridad, la salud, y todos los demás derechos de todas y cada una de las personas privadas de la libertad.
Esta organización exige una investigación pronta, profesional e imparcial sobre los hechos, que los responsables de los mismos, por acción o por omisión, sean llevados ante los tribunales y sancionados conforme a derecho y que se garantice la seguridad y los demás derechos humanos de todos internos e internas del sistema penitenciario del Estado de Nuevo León.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se encuentra extremadamente preocupada ante voces que claman por la reducción de la edad penal en el Estado de Nuevo León.
Según han reportado medios locales, integrantes de las bancadas panistas y otras personas han externado su interés en que se reduzca la edad penal y se aumenten las penas para los adolescentes. Las propias voces que piden esta medida regresiva aceptan que los jóvenes son usados como carne de cañón y que se ven orillados a la delincuencia por necesidad económica y la falta de oportunidades. Sin embargo, en vez de proponer programas que den oportunidades reales a los jóvenes de nuestro estado y que sancionen a quien los utilice en la delincuencia, se propone castigarlos más severamente. Es decir, de nuevo se trata de presionar a los miembros más débiles de la cadena delincuencial.
La Constitución mexicana y tratados internacionales de que México es parte establecen que los adolescentes sólo deben ser sujetos a prisión por los crímenes más graves, como última opción y por el menor tiempo que proceda. Es decir, de lo que se trata es de brindar oportunidades y lograr que menos jóvenes delincan y, cuando lo hagan, de reintegrarlos lo antes posible a la sociedad.
Dejar a estos adolescentes, que fueron víctimas de las redes de la delincuencia organizada, encarcelados por más tiempo en nada ayudará a su reinserción social, máxime cuando el Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes es considerado por el Subcomité sobre Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas como un centro de privación de la libertad en el que se brinda un trato que sólo puede calificarse como cruel, inhumano o degradante.1
Esta organización pide que se privilegien políticas públicas que favorezcan a los jóvenes a través de oportunidades auténticas, en vez de sentencias más graves que no acabarán con el problema pero disminuirán sus posibilidades de reinserción en nuestra comunidad.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
1 Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. CAT/OP/MEX/1. pág. 55, párrafo 246. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/ReportMexico_sp.pdf
02 de marzo de 2010 Comunicado número: 1003/03/BP
Menores severamente golpeados en el Tutelar
Esta organización ha recibido múltiples informes que indican que en la mañana del pasado sábado 27 de febrero de 2010, los jóvenes reclusos del Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes fueron severamente golpeados y vejados. La información recibida indica que dichos abusos fueron cometidos por elementos de cuerpos de seguridad ajenos a dicho Centro, ante la cómplice pasividad de los funcionarios del mismo. Se ha informado que el día de ayer los jóvenes fueron nuevamente golpeados, esta vez por los propios funcionarios del Centro. No es la primera vez que esta organización recibe información sobre los constantes abusos que sufren los adolescentes privados de su libertad en la entidad.
Los informes recibidos indican que los adolescentes fueron golpeados, esposados, tableados, vejados y atacados con perros y cuando pidieron explicaciones sobre lo sucedido fueron amenazados con inventarles faltas a la disciplina interior o delitos. La conducta desplegada por las autoridades, tanto por las que golpearon a los internos, como por las que pasivamente permitieron estos abusos, resulta violatoria de los derechos humanos a la integridad personal, incluida la prohibición de la tortura, a la seguridad jurídica y a la honra y dignidad.
Esta organización condena enérgicamente los abusos cometidos en contra de los adolescentes y demanda que las autoridades:
1. Brinden inmediatamente atención médica y psicológica a todos los jóvenes privados de su libertad y documenten los abusos cometidos a través de la aplicación del Protocolo de Estambul o Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. Inicien de inmediato una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables de los abusos ante la justicia para que sean sancionados conforme a derecho.
El sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley está pensado para dar seguridad a la comunidad a la vez de brindar a los jóvenes medios adecuados para su protección y desarrollo durante el cumplimento de su sanción, es inaceptable que las autoridades encargadas de administrar tal sistema violen los derechos de los jóvenes y les envíen el mensaje de que en Nuevo León la violación a la ley y la impunidad son la norma.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
07 de enero de 2010
Comunicado número: 1001/01/BP
Injusticia de la prisión preventiva: aplica a ciudadanos, pero no a autoridades
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su indignación por la desigualdad legal que impera en el Estado de Nuevo León en cuyas leyes los abusos de la autoridad no son considerados delito grave, pero la resistencia de los particulares sí.
Los hechos de violencia en la Colonia Los Altos tuvieron como consecuencia la privación de la libertad tanto de policías municipales como de ciudadanos. Sin embargo, los policías podrán seguir el juicio en libertad mientras que los ciudadanos tendrán que hacerlo encarcelados, debido a que el artículo 16 BIS del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que el delito de Resistencia de particulares es grave, pero el delito de abuso de autoridad no lo es, y toda persona acusada de un delito grave es sometida a prisión preventiva.
Esta organización ha sostenido que el sistema de remisión automática a prisión preventiva por estar acusado de un delito considerado grave en la ley es incorrecto y poco eficaz, porque impide que los jueces valoren en cada caso si la situación de los inculpados es tal que sería un riesgo dejar que enfrentaran su proceso penal en libertad. Este sistema lleva a abusos e injusticias, como la manifestada en este caso en el que personas procesadas por los mismos hechos reciben tratos sumamente desiguales.
Exhortamos a nuestros legisladores a ajustar el sistema de prisión preventiva a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que ésta se aplique sólo en casos excepcionales cuando se ha demostrado al juez de la causa que de la libertad provisional del acusado se seguirían graves perjuicios a la sociedad.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
