Categoría: Sistema penitenciario

7 de agosto 2018
1808/18

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos externa sus más sinceras condolencias a la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años de edad, ante el sorpresivo desenlace de su vida en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico.

El sistema penitenciario ha ido en agudo deterioro. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sus recomendaciones realizadas al Gobierno de Nuevo León desde 2015, han sido desestimadas, por lo que  consecuentemente cada día la infraestructura y condiciones de los centros penitenciarios del estado son más y más incompatibles con las condiciones de vida digna que se requieren, y que son indispensable para lograr la reinserción. Sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno, son las  tres características con las que la CNDH ubica la situación de los centros penitenciarios de Nuevo León. La obligación Constitucional y de instrumentos internacionales de preservar la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, es un aspecto en el que el gobierno manifiesta poco o nulo interés.

Es sumamente preocupante y alarmante que desde octubre de 2015 al día de hoy han acontecido más de 90 muertes “oficiales” dentro de los centros penitenciarios estatales y no ha habido respuesta que demuestre una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, ni consecuencias claras para los responsables de estas muertes.  El mensaje que el Gobierno del estado de N.L. ha estado enviando es: “se puede matar en las cárceles, y no pasa nada”.

Conscientes de que la integridad de las personas internas es responsabilidad total de las autoridades estatales, hacemos un llamado urgente para que:

1. Se investigue de manera exhaustiva, imparcial y expedita la muerte de Kevin Armando a fin de esclarecer los hechos, y en caso de que exista irregularidad, se proceda judicialmente con los presuntos responsables.
2. Se garanticen oportunamente el acceso a la información y a la verdad, a la la familia y a la sociedad en general.
3. Se garantice la integridad personal de todas las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
4. Se atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos humanos al Gobierno de Nuevo León, en referencia al Sistema Penitenciario.

La irresponsabilidad e incompetencia de las autoridades, que ha llevado a más de noventa personas a la muerte, debe ser evaluada y sancionada. La impunidad sólo irá haciendo más lejana la tan anhelada paz para Nuevo León.

14 de enero 2018
1801/02

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos externa indignación y preocupación ante el doble homicidio  ocurrido en el Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico ayer sábado 13 de enero, del presente año.

Antony Emmanuel Macías Ovalle, de 20 años, y Víctor Manuel Ortiz Guerrero, de 24 años, a dos días de haber sido recluidos en dicho centro penitenciario, y debiendo estar en Observación, los internos fueron asesinados a golpes en el área de talleres, sin contar aún con sentencia condenatoria y sin que, al parecer, los funcionarios pudieran evitarlo.

Lo anterior ocurre a tan solo unos días de la muerte de Francisco Iván Mateos Melchi en el mismo centro de reclusión,Topo Chico, cuya familia había manifestado su preocupación ante el riesgo en que se encontraba. A unos días de la toma de posesión del Gobernador interino, ya son tres las muertes en presente año, evidenciando drástica y cruelmente la situación que viven las personas privadas de su libertad en las cárceles estatales de Nuevo León.

La versión que emite el Gobierno del estado de Nuevo León, a través de Administración Penitenciaria, en el sentido de que las muertes fueron consecuencia de riñas entre los mismos  internos, no justifica en algún sentido estos hechos, y deja claro que no están haciendo el trabajo que les corresponde. Parecieran tener desconocimiento de la responsabilidad inherente al Estado, de garantizar la integridad física y emocional de quienes tiene privados de su libertad.

Ante estos lamentables hechos, se deberá imputar responsabilidad al gobierno estatal quien sigue mostrando indiferencia para atender la situación penitenciaria, y lejos de tomar acciones para garantizar la vida de las personas privadas de su libertad, disminuye el presupuesto para este año,  anulando las posibilidades de que los penales en Nuevo León, puedan contar con el personal e infraestructura necesaria para cumplir con su responsabilidad.

Vale la pena recordar, que  las personas que son privadas de su libertad y son recluidas en algún centro de reclusión, no deben, ni pueden ser sometidas a ningún maltrato, mucho menos a tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes.  La sanción es la privación de la libertad, es decir, alejarles de la sociedad para que en un espacio debidamente planeado y arreglado, puedan estar mientras pasa el tiempo por el que hayan sido sancionados y se cumple el objetivo de la reinserción.  Lamentable es el abuso que se sigue dando de la prisión preventiva, que sigue poniendo en riesgo de muerte a muchas personas al internarlos en centros penitenciarios que no cuentan con el mínimo de seguridad y, lo más grave,  sin siquiera saber si son responsables de los hechos de que se les acusa.  Este doble homicidio, se encuadra en esta circunstancia.

La decisión de bajar el presupuesto al Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, nos parece que es una medida dirigida  -consciente o inconscientemente- a terminar con la vida de las personas privadas de su libertad en dicho penal, al no proveer lo mínimo para que exista seguridad, alimentos, medicamentos y lo necesario que obliga la ley a la autoridad estatal.

Ante ello exigimos la presentación de autoridades de Administración Penitenciaria, Secretaría de Seguridad Pública, y Gobierno del estado en general, ante la Procuraduría y ante el Congreso, a fin de fincar responsabilidades a quienes corresponda de acuerdo a las cadenas de mando definidas, recordando que la tutela de las personas privadas de la libertad corresponde al Estado. Lo anterior dado que las investigaciones anteriores frente a hechos como el que señalamos se limitan a responsabilizar de las muertes a otras personas que también están privadas de su libertad, sin considerar las condiciones que hicieron posible homicidios y hechos de violencia, dejando al Gobierno del estado  exenta de su propia responsabilidad.

Nos solidarizamos y enviamos nuestras condolencias a las familias de los internos que perdieron la vida. Les invitamos a que nos contacten para acompañarles en el esclarecimiento de los hechos y en la medida de lo posible de la reparación del daño.

3 de  enero 2018
Boletín 1801/01

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC, lamenta profundamente la muerte de FRANCISCO IVÁN MATEOS MELCHI, quien  fue señalado oficialmente muerto     por ahorcamiento en el Penal del Topo Chico, y confirmado por las autoridades 36 horas  después de sucedido este penoso hecho.

FRANCISCO IVÁN, había sido recluido en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo  Chico el 19 de noviembre de 2017, y posteriormente procesado por la presunta responsabilidad del secuestro y ejecución de un reconocido empresario y su secretaria.    Con su muerte, se pierde la oportunidad de que se realicen las investigaciones y juicio correspondiente, por lo que nunca sabremos si en realidad fue responsable de estos hechos, favoreciendo desde el primer día del mandato del gobernador interino la impunidad.

Por ello exigimos, que en apego a la legalidad y responsabilidad de las autoridades estatales competentes:

1. Se realice y garantice una investigación exhaustiva  e inmediata de los hechos sucedidos y personas involucradas con la muerte de Francisco Iván Mateos Melchi.
2. Se repare el daño causado por la muerte de Francisco Iván Mateos Melchi, a sus familiares.
3. Se mantenga una supervisión estricta y puntual en cada uno de los tres penales estatales, ubicados en Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, para evitar que este tipo de hechos tan lamentables se repitan.

Ante la grave, precaria y dolorosa situación que se vive en el Sistema Penitenciario de Nuevo León, resulta muy inquietante y lamentable conocer la decisión del Estado de Nuevo León, de la disminución de $21.5 millones (8%) al presupuesto del Penal del Topo Chico.

Las autoridades de Nuevo León, no están asumiendo la responsabilidad que por mandato constitucional tienen para con las personas privadas de su libertad, de garantizar –durante su reclusión- condiciones dignas y seguras.  Vale la pena recordar que el 30% de las personas recluidas en los penales estatales, no cuentan con sentencia fija, es decir, están bajo proceso de investigación, por lo que no se sabe si son responsables o no de los hechos que   se les investigan. El caso que nos ocupa es uno de este 30%.

Finalmente externamos nuestras condolencias a la familia de Francisco Iván Mateos Melchi, por este hecho tan lamentable, invitándoles a que exijan al estado el esclarecimiento de su muerte y la reparación de daño correspondiente.

9 de diciembre de 2017

Boletín 1712/55

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos volvemos a denunciar con gran preocupación la situación de violencia que se vive en Nuevo León. Hemos observando total falta de compromiso del Gobernador Jaime Rodríguez para garantizar la seguridad de la ciudadanía en general, y de manera muy lastimosa, las condiciones de los centros penitenciarios, en donde se han y siguen cometiendo graves y continuas violaciones a derechos humanos, a pesar de que el Estado es responsable de garantizar su bienestar y seguridad.

La crisis penitenciaria que enfrenta Nuevo León, es una problemática que se ha vivido desde hace años, no obstante observamos que en esta administración se ha deteriorado de manera alarmante. En tan solo dos años han ocurrido 8 eventos violentos que han dejado al menos 78 personas privadas de la libertad asesinadas y cientos heridas. Aunado a esto, todos los días las y los internos ven vulnerados sus derechos a una vida digna, a la alimentación, atención médica adecuada, a su integridad personal mediante el cobro de cuotas y amenazas, también son víctimas constantes de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones precarias en las instalaciones que viven.

A esta grave situación, se suma la falta de transparencia y voluntad política de las autoridades estatales para atender la situación con base en la legalidad. La administración estatal públicamente ha externado la necesidad de destinar mayor presupuesto a la problemática, sin embargo, recientemente el Gobernador ha expresado que transferiría 600 millones de pesos al DIF. Por otro lado, el Estado busca evadir su responsabilidad al privatizar las cárceles, cuando se ha documentado que esta estrategia contraviene la buena administración de los centros.

Eventos como el ocurrido en el mes de octubre en el penal de Cadereyta evidencian la grave situación que se vive: actuación delictiva de cuerpos policiacos, asesinatos, lesiones graves, hacinamiento, falta de control y transparencia por parte de las autoridades. Situación que aún sigue sin ser atendida del todo y que continúa en la impunidad.

No debemos olvidar que si bien las personas privadas de la libertad cometieron un delito, la sanción es estar recluidas en la cárcel, es decir privadas de su libertad. Por su parte el Estado tiene como objetivo la reinserción social de estas personas, y ante los tratados internacionales de los que México forma parte, así como indican las leyes de nuestra Constitución, es responsabilidad del gobierno velar por la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que tiene bajo su custodia.

Por todo lo anterior, resulta inconcebible que en un espacio delimitado, controlado por el Estado, se sigan violentando de forma tan grave los derechos humanos. Desde nuestra organización no descansaremos hasta conseguir las investigaciones serias, e independientes de expertos, sobre los hechos violentos y actos de corrupción sucedidos al interior de los penales estatales. Los asesinatos, torturas, extorsiones al interior de éstos, no pueden, no deben quedar en la impunidad, ya que rompe todos nuestros anhelos de justicia y de reconocer nuestra fraternidad.

La Conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos, es un fuerte impulso para romper la corrupción e impunidad en espacios tan limitados, pero tan explotados, como lo son los penales estatales.

1 de diciembre de 2017
Boletín 1712/54

Ante la grave situación de crisis penitenciara en el estado de Nuevo Léon, donde de forma reiterada se observa la falta de un Estado de Derecho que garantice la seguridad de las personas privadas de la libertad, así como el respeto a sus derechos humanos, es urgente que las autoridades asuman un compromiso con los centros penitenciarios.

Tan solo ayer, volvió a ocurrir un evento violento en el CERESO de Apodaca en donde falleció una persona y al menos dos más resultaron heridas. Estos hechos continúan evidenciando una falta de control por parte de las autoridades, además de un compromiso ambiguo que no ha generado resultados sino, por el contrario, ha dejado más de 70 fallecidos en lo que va de la administración actual.

Es por esto que se necesitan tomar acciones inmediatas que permitan atender la grave crisis penitenciara que atraviesa el estado. En este sentido, urgimos al congreso local a emitir de forma inmediata la declaratoria de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la cual tenía como fecha límite el día 30 de Noviembre 2017, según dicha ley. Los beneficios de la LNEP servirán para que se den los primeros pasos a la legalidad y que sea a través del poder judicial que se vigile y tenga control de los centros penitenciarios.

Continuar ignorando la situación penitenciaria en Nuevo León, es un daño no solo para las personas que se encuentran internas y sus familias, sino para toda la ciudadanía. En la medida en que se criminalice, juzgue, y se violen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, la sociedad no podrá reparar el tejido social. Las autoridades no puedan deslindarse de su responsabilidad ante los hechos que ocurren en los centros penitenciarios, pues se perpetúa la impunidad y se vulnera el Estado de Derecho.

Desde CADHAC nuevamente hacemos un llamado a las autoridades del estado para que atiendan de forma urgente la situación en los centros penitenciarios. La aprobación de la declaratoria de la LNEP es un primer paso para afirmar su compromiso por el respeto del  Estado de Derecho y los derechos humanos.