Categoría: Seguridad

13 de noviembre de 2018

Boletín 1811/27

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., estamos atentas a la situación en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta tras los eventos acontecidos durante la tarde del 12 de noviembre que levantaron señales de alerta por condiciones que pudieran detonar hechos violentos al interior de este centro.

Es de nuestro conocimiento que el centro penitenciario no está funcionando en condiciones de normalidad debido a que personas privadas de su libertad al interior del centro penitenciario de Cadereyta permanecen incomunicadas desde el 12 de noviembre en la tarde y tampoco han recibido alimentos durante esta mañana.

Existen además señales que indican la posible realización de traslados de personas desde la mañana de hoy al identificarse la salida de las instalaciones del centro penitenciario de dos autos de policías ministeriales, un camión de transporte de pasajeros sin rótulos oficiales y una vagoneta de Seguridad Penitenciaria.

Ante este escenario, exigimos que el Gobierno del Estado actúe con transparencia y se pronuncie de forma pública frente a la situación, ofreciendo información oportuna a las familias de las condiciones en que se encuentran sus familiares al interior del Centro de Reinserción Social de Cadereyta y notificando cualquier traslado que se haya realizado o pretenda realizarse, ya que precisamente la falta de información es lo que genera incertidumbre y vulnera el derecho de las familias a ser informadas.

La tutela de las personas privadas de la libertad es responsabilidad del Estado, el ofrecer los alimentos suficientes, garantizar la integridad física y emocional, y el apegarse a los protocolos establecidos para realizar traslados de personas no es una opción, sino que es una obligación del Gobierno de Nuevo León.

12 de noviembre de 2018

Boletín 1811/26

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por las recientes señales de alerta que hemos identificado ante la posibilidad real de que hechos violentos como los sucedidos el 9 y 10 de octubre de 2017 tomen lugar de nueva cuenta en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta.

En últimos días, el recién nombrado Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, ha realizado declaraciones  que nos preocupan como la autorización del uso de fuerza letal por parte de Fuerza Civil en escenarios de riesgo y la destitución de todo el personal directivo de los centros penitenciarios, incluyendo el titular de la Agencia de Administración Penitenciaria.

Tras la destitución del personal directivo de los centros penitenciarios no se ha informado con claridad quienes ocupan ahora los puestos, lo que nos parece de especial alarma pues al no conocer a estos perfiles no podemos saber si son las personas más adecuadas para asegurar que no existan enfrentamientos entre diferentes grupos al interior de los centros penitenciarios.

Nos parece especialmente preocupante que fue el mismo Aldo Fasci Zuazua quien asumió públicamente la responsabilidad de haber dado la orden a elementos de Fuerza Civil de ingresar con armas de fuego al Centro de Reinserción de Cadereyta el 9 y 10 de octubre de 2017, decisión que provocó la escalada del enfrentamiento y resultó en que elementos policiacos utilizaran la fuerza letal contra las personas privadas de la libertad.

Ante este panorama y considerando el reciente historial de hechos violentos dentro de los centros penitenciarios de Nuevo León, exigimos al Gobernador que asegure que su recién nombrado Secretario de Seguridad Pública actúe con estricto apego a estándares de legalidad y constitucionalidad, y que bajo ningún pretexto se acepte el uso desproporcionado de la fuerza al interior de los centros penitenciarios, menos aún, el uso de armas letales dentro de estos.

No podemos permitir que la serie de decisiones que llevaron a la tragedia del 2017 en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta se repitan. Si desde la Secretaría de Seguridad Pública no se actúa con apego al marco legal ni se garantiza la integridad de las personas privadas de su libertad, deberá tomarse a consideración si el titular actual es realmente el perfil idóneo para el puesto.

8 de noviembre de 2018

Boletín 1811/25

 

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por la decisión del Gobierno del Estado de asumir el control administrativo de la policía municipal de Monterrey, defendiendo la medida con la utilización imprecisa del término “mando único”, el cual no se encuentra en la Ley de Emergencia Policial del Estado de Nuevo León con la que se respaldó la acción en su anunció el 2 de noviembre.

Esta decisión pareciera ser una reacción cortoplacista que en vez de contribuir a la protección de la ciudadanía puede generar confusión y mayores condiciones de inseguridad, especialmente para el ciudadano de a pie y la población más vulnerable.

Aunado a esto, la justificación inicial de la implementación de la medida ya no se sostiene puesto que el supuesto vacío de poder al que se hizo referencia en el anuncio del 2 de noviembre ya no es tal pues el Concejo Municipal rindió protesta desde el 6 de noviembre.

Desde agosto de 2017 hasta la fecha, hemos identificado múltiples violaciones de derechos humanos por parte de elementos de Fuerza Civil a través de entrevistas con personas detenidas en el Centro del Parque Alamey, las cuales nos dejan en situación de alerta debido a que no ha habido condiciones de transparencia, rendición de cuentas ni sanciones frente a estas acciones de abuso de autoridad desde la policía estatal.

Por esta razón, consideramos importante que las autoridades involucradas en que el Gobierno del Estado mantenga el control de la policía no olviden que el Concejo Municipal tiene un carácter temporal y que ningún interés particular debe estar por encima de la seguridad de la ciudadanía o afectar la institucionalidad del municipio de Monterrey.

Así mismo, insistimos en la urgencia de que las corporaciones policiales, tanto estatales como municipales, actúen apegadas a normas constitucionales y estándares que eviten el uso desmedido de la fuerza, implementando mecanismos de transparencia y control para  identificar y sancionar cualquier acción de sus elementos que viole los derechos humanos.

22 de marzo 2018
Monterrey,  N.L

la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC, dio una conferencia sobre la Ley de Seguridad Interior en la Facultad Libre de Derecho. Asistieron estudiantes y profesores quienes mostraron gran interés en la legislación que permite regular el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública.

La directora de CADHAC realizó un análisis de las implicaciones de esta ley desde una lógica de derechos humanos e invitó a las y los estudiantes a actuar con legalidad para lograr una verdadera seguridad ciudadana en respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. 

 

 

2 de noviembre de 2016

Boletín de Prensa No. 1611/47

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. lanzamos un exhorto al gobierno del estado de Nuevo León para que analice profundamente las opciones que existen para reconstruir el sistema penitenciario del estado, ya que la experiencia de privatización de las cárceles en México tiene resultados dudosos y poco transparentes.

El gobernador Jaime Rodríguez afirmó que se cabildearán recursos para reactivar el proyecto del Penal de Mina con inversión de la iniciativa privada, sin embargo, expertos en la materia como la investigadora y académica, Elena Azaola consideran que la privatización no es la mejor opción.

“El esquema de privatización es muy costoso y lo que se privilegia es el tema económico, no los modelos de atención para los internos. Entiendo que el gobierno diga que no tiene recursos para construir un nuevo penal pero, al final, termina pagando mucho más y las únicas que ganan son las empresas”, dijo al respecto Azaola.

Existe autogobierno, cobros de piso, tortura, condiciones de hacinamiento, es decir, la integridad y seguridad de las y los internos está en riesgo permanente, la prueba está en todos los episodios de violencia que se han vivido en el Penal de Topo Chico este año, incluyendo la revuelta de hoy en donde policías de Fuerza Civil resultaron heridos y heridas.

La solución de todos estos problemas es responsabilidad del Estado. Estas responsabilidades no pueden depositarse en particulares bajo la lógica del mercado, es el Estado en el que tiene obligaciones contundentes en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las quienes están privados de su libertad.

Es un hecho que el sistema penitenciario de Nuevo León está en crisis, sobre todo el Penal del Topo Chico, sin embargo, es importante destacar que el sistema penitenciario colapsa por apartarse de los principios que se enmarcan en la Constitución, no por falta de inversión del sector privado.

Existen estudios que confirman lo inconveniente de la participación privada en el sistema penitenciario, como por ejemplo, el informe: “Privatización del sistema penitenciario en México”, presentando este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por diversas organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa y la Fundación para el Debido Proceso [1]se deja bien claro los riesgos que traerían para las personas privadas de su libertad.

The Sentencing Project, una organización estadounidense de la sociedad civil, realizó en 2013 un estudio que analiza el crecimiento de las tendencias privatizadoras de prisiones en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, entre otros, llega a la conclusión de que los servicios prestados en las prisiones privadas no representan una diferencia sustantiva con las prisiones públicas. Señala que el fin preponderante de lucro provoca que los empresarios de la privación de libertad favorezcan las ganancias sobre la calidad de los servicios prestados. Por ejemplo, la atención médica y cuestiones de higiene son sacrificadas para ahorrar costos.^[2]

Por todo lo anterior, exhortamos a las autoridades penitenciarias y al gobierno del estado de Nuevo León tomen en cuenta estos estudios que les permitan contar con más elementos de análisis y así tomar una buena decisión para el sistema penitenciario estatal.

 

 

[1] (2016).“Privatización del sistema penitenciario en México”. Ciudad de México. Disponible en: http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/08/privatizacion-sistema-penitenciario.pdf

^[2] Mason, Cody (2013), International growth trends in prison privatization. The Sentencing Project. Washington, D.C. Disponible en http://sentencingproject.org/doc/publications/inc_International% 20Growth%20Trends%20in%20Prison%20Privatization.pdf

11 de octubre de 2015

Boletín de Prensa No. 1510/36

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) ve con gran preocupación que el Gobierno de Nuevo León continúe designando a más militares en puestos claves de la seguridad pública del estado, pues constituye una completa indiferencia a las sugerencias que organismos internacionales y locales le han hecho al gobierno federal y local, en el sentido de que las funciones de seguridad pública no deben tener ningún tinte militar.

La designación del General Brigadier Tomás Reyes Rodríguez como Comisiario General de Fuerza Civil, así como al Capitán retirado Juan Carlos Campos como el segundo al mando, se suman al nombramiento del General Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, así como del Contralmirante Augusto Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Estas designaciones contravienen diversas recomendaciones internacionales en cuanto a seguridad ciudadana y derechos humanos. La más reciente fue la del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, quien el 7 de octubre recomendó adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.

El Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y también han exhortado al Estado a retirar a los militares de  las funciones de seguridad pública.

Hacemos un llamado al Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a no ser indiferente a las sugerencias que los expertos en la materia han hecho, pues insistimos en no olvidar que durante la militarización de Nuevo León se cometieron graves violaciones a derechos humanos.