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Categoría: Seguridad

Urge Implementar un plan contra la trata de personas en Nuevo León, tema pendiente del gobierno estatal

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Hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que afecta a millones de personas vulnerables en todo el mundo, es una grave violación a los derechos humanos, cuyas víctimas son mujeres (42%), niñas y niños (35%) y hombres (23%), según el informe más reciente de la ONU sobre el tema. 

La trata de personas es la captación, traslado o acogida de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior a través del engaño, la amenaza o el uso de la fuerza, con fines de explotación laboral o sexual, incorporación forzosa en actividades criminales o mendicidad.

La trata de personas se aprovecha de las vulnerabilidades de las personas por condiciones de discriminación, pobreza, discapacidad o migración, deshumanizándolas reduciéndolas a objetos para uso y explotación comercial. La impunidad y el no reconocimiento de las víctimas vulnera sus derechos a la justicia y reparación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en México se reportaron 381 casos de trata de personas en 2022; ese mismo año, Nuevo León registró 74 casos. Es decir, una de cada cinco personas que fueron víctimas de este delito en México residían en Nuevo León. 

La trata está estrechamente vinculada con la desaparición de personas, delito por el que Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada informó en 2022 que en México aumentaron las desapariciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres, posiblemente ligadas a la trata de personas. Además, destacó la vulnerabilidad de los migrantes que atraviesan el país hacia la frontera de EE.UU., a ser desaparecidos y explotados por grupos criminales.

Combatir la trata de personas demanda acciones urgentes; por lo tanto, enfatizamos las siguientes medidas.

  1. A la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, incluir la trata como una línea de investigación en los casos de personas desaparecidas y revisar criterios de registro y reporte de los casos.

  2. A la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León convocar al Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención Combate y Erradicación de la Trata de Personas para revisar y publicar el el Plan para la Prevención y el Combate contra la Trata de Personas del estado.

  3. A los gobiernos de Nuevo León y municipales a coordinarse y colaborar con organizaciones civiles e iniciativa privada en la creación de políticas y estrategias efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, proteger a las víctimas y restituir sus derechos, en consonancia con el Programa Nacional 2022-2024 y las disposiciones legales en la materia.

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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.

Poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León:

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El bien común de la sociedad debe ser el centro de sus decisiones.

“La única manera de avanzar en el bien común es la construcción de acuerdos que coloquen en el centro a las personas”. 

En Nuevo León existe desde hace meses un enfrentamiento político entre el Gobernador y el Congreso que parece no tener una pronta solución. Estas diferencias lamentables impiden que ambos poderes públicos se coordinen, colaboren y sumen sus esfuerzos en beneficio de todas las personas.

Mientras eso sucede, la sociedad padece una serie de problemas alarmantes que no podrán ser resueltos sin la colaboración y cooperación de todos los poderes públicos, tal es el caso de los diferentes tipos de violencia que en el último año han escalado hasta ubicar a nuestro estado en el segundo lugar a nivel nacional de casos de feminicidios y el quinto de personas desaparecidas.

Además, continúan afectados servicios públicos que proveen derechos fundamentales como el acceso al agua potable, que aún no ha sido resuelto del todo y hay muchas colonias en las que el servicio no es continuo ni permanente, así como el derecho a un transporte público eficiente y de calidad, ya que los usuarios de transporte público utilizan hasta más de tres horas de su tiempo en trasladarse a sus trabajos o escuelas.

Los poderes ejecutivo y legislativo deben recordar que tienen un mandato constitucional que cumplir, y por el que fueron electos democráticamente a través de la voluntad de las y los ciudadanos. El Ejecutivo debe gobernar para que las instituciones públicas funcionen en beneficio de todas y todos, y el Congreso para representarnos en la toma de decisiones que mejor convengan a nuestra sociedad.

Desde CADHAC, como ciudadanos y ciudadanas preocupados por este entorno social y político en el que nos encontramos, hacemos un llamado tanto al Gobernador como al Congreso para que estén a la altura de brindar soluciones a las necesidades urgentes que sufrimos en el estado. Ambos poderes deben colocar a las personas en el centro de sus decisiones y por encima de sus diferencias para poder contribuir a que todas y todos vivamos en un entorno de dignidad y respeto a los derechos humanos.

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Solidaridad total: CADHAC respalda al Centro Prodh 

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Resaltamos su crucial labor por los derechos humanos en México.

Esta semana hemos presenciado una situación preocupante: la descalificación de manera continua  del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en las conferencias matutinas del Presidente. Resaltamos la labor valiente y comprometida que han desarrollado durante más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México.

Es muy grave que desde el gobierno no se reconozca el papel de las personas y organizaciones defensoras frente a las violencias y violaciones a derechos humanos. Alzar la voz, denunciar estas terribles situaciones y acompañar a las víctimas no busca perjudicar al gobierno en turno, sino que tiene la intención de mejorar las condiciones de todas y todos los mexicanos.

El Centro Prodh es una organización pionera en la defensa de los derechos humanos en nuestro país y ha sido una fuente de inspiración para muchos otros esfuerzos colectivos en favor de la dignidad, como CADHAC.

Nos preocupa profundamente que los espacios de información de alto nivel, como las “mañaneras”, sean utilizados para denostar, denigrar, humillar y descalificar a personas, organizaciones y periodistas, a menudo mediante el uso de información imprecisa.

En una sociedad democrática, es saludable y legítimo cuestionar y asumir una postura crítica frente a las violaciones graves de derechos humanos que aún persisten. Negar o ignorar la existencia de desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos no solucionará el problema, sino que perpetuará la impunidad.

El Estado tiene la responsabilidad de prevenir, atender y erradicar tales violaciones, así como garantizar la seguridad de todas las personas.Es momento de trabajar activamente para detener estas crisis llenas de dolor e impunidad que azotan al país y que en los últimos años no han cesado si no lo contrario siguen en aumento.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, como el centro ProDH son fundamentales para la construcción de otra realidad, al denunciar injusticias, brindar acompañamiento a las víctimas en la exigencia de verdad y justicia, construyen caminitos hacia la dignidad que nos llevará a la paz. 

No podemos permitir que la impunidad prevalezca y que se intente silenciar las exigencias y voces de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos. México debe ser un ejemplo a nivel internacional en el respeto y protección de los derechos de todas las personas.

Apoyamos con total solidaridad al
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

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Fortalecer la búsqueda: Necesario un análisis crítico del Programa Nacional de Búsqueda PNBP

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En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, desde la Red de Organizaciones que Acompañan Casos de Personas Desaparecidas en México observamos con interés la publicación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PNBP). Reconocemos el potencial que tiene su desarrollo en la implementación de una política pública que debe ser activamente coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda.

No obstante, el PNBP presenta importantes limitaciones que reducen el alcance de las acciones que establece para garantizar la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas. Para abordar estas limitaciones, es necesario que el PNBP sea fortalecido en los siguientes rubros:

  • Realizar un diagnóstico integral sobre el problema de la desaparición de personas, así como de las capacidades existentes en el país para la búsqueda y la investigación. Éste requiere incorporar información oficial de la CNB y de la situación en los estados.
  • Proponer los medios o mecanismos para la implementación de las líneas de acción. El PNBP debe señalar elementos clave como responsables de las actividades, indicadores de resultados e impacto, y plazos de las estrategias para que sea realizable.
  • Hacer mención clara de la desaparición forzada y de las estrategias para prevenirla y enfrentarla como una violación grave de derechos humanos que sigue siendo utilizada en el contexto actual de violencia en el país.
  • Establecer lineamientos precisos que garanticen voz y voto para las familias y otros actores sociales en la toma de decisiones en todo el ciclo de la política pública.
  • Definir de manera precisa las estrategias diferenciadas para atender las desapariciones en distintos contextos considerando medidas particulares frente a los diversos grupos de población afectados.
  • Contemplar estrategias locales o regionales de búsqueda y lineamientos para la elaboración y puesta en marcha de programas estatales de búsqueda. La crisis de la desaparición de personas demanda el desarrollo e implementación de acciones estratégicas que respondan en justa medida a su gravedad.

Organizaciones firmantes

  • –  Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM
  • –  Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja California, Sonora y Sinaloa)
  • –  Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en V eracruz (V eracruz)
  • –  Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC (Nuevo León)
  • –  Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM, Alzando Voces (Michoacán)
  • –  Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos
  • –  Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua)
  • –  Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz (Zacatecas)
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¡¿Dónde Están?! Verdad para las familias de personas desaparecidas en Nuevo León

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REF: B2403-10

El Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas es una conmemoración establecida por la ONU para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, tales como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Al conmemorar este día se reconoce en el ámbito internacional la gravedad del problema que representa la incertidumbre sobre la situación de una víctima de violaciones graves de derechos humanos, una incertidumbre que no es casual, sino producida. Para llegar a la justicia es necesaria la verdad.

El Estado es responsable cuando una persona es desaparecida ya que al negar el hecho, ocultar evidencia, no investigar o hacerlo de forma negligente, las autoridades no garantizan el derecho a la verdad para los familiares de personas desaparecidas. La exigencia de verdad también es un paso importante para evitar que las desapariciones sigan ocurriendo.

La angustia que experimentan los familiares ante la incertidumbre sobre la situación de su ser querido les genera un sufrimiento que se sitúa en el umbral de la tortura. El impacto de este duelo suspendido en las familias generalmente ocasiona el deterioro de su salud física y mental. Debido a lo anterior, la garantía del derecho a la verdad es parte fundamental de la reparación integral del daño a las familias de las víctimas, ya que contar con toda la información sobre las condiciones de la desaparición de su familiar ayuda al proceso de restituir su paz.

La exigencia del derecho a la verdad fomenta las acciones contra la impunidad, necesarias en Nuevo León, donde el porcentaje de delitos que no fueron denunciados o en los que no se inició una carpeta de investigación fue de 94.6%, cifra superior al promedio nacional. También Nuevo León tiene un índice alto de impunidad, el cual es de 61.64%. Dicho porcentaje es mayor que en la mayoría de los estados. 

La verdad es un elemento clave para que se haga justicia, se llegue a la reparación del daño y se brinde paz a las familias de personas desaparecidas, Todas las familias tienen derecho a la verdad. Por ello, desde CADHAC exigimos a las autoridades competentes de Nuevo León que garanticen el derecho inalienable de los familiares de personas desaparecidas a conocer la verdad, mediante la realización de investigaciones exhaustivas en cada caso.

Este día como todos los días exigimos saber ¡¿Dónde están?!

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¡Justicia para Jessica! ¡Alto a la crisis de violencia de género en Nuevo León!

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Nuevo León enfrenta una grave crisis de violencia de género, uno de los casos más recientes es el de Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez de 22 años, madre de dos hijos de 7 y 8 años. Fue detenida por la policía municipal de Escobedo la noche del 19 de enero 2023 y horas después trasladada al Hospital Universitario con serias lesiones. 23 días después falleció.

Según la información proporcionada por la familia de Jessica, ella fue detenida por la policía frente al domicilio de su expareja, en las primeras horas de la madrugada del 19 de enero. Los policías de Escobedo la detuvieron y mantuvieron bajo custodia por varias horas. Un pequeño fragmento del video de su encarcelamiento muestra indicios de brutalidad policial. La autopsia reveló laceraciones, desprendimiento de cabello, así como golpes internos y externos que fueron ignorados.

Los videos de la evidencia de la detención y posible causa de muerte de Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez fueron eliminados posteriormente, los oficiales no entregaron los videos de sus “Body Cam”. Además, es lamentable que no se hayan tomado en cuenta las denuncias de violencia familiar que había presentado Jessica en contra de su ex pareja, quien fue la última persona que estuvo con ella antes de su detención. Se dice que su ex pareja presuntamente llamó a la patrulla para que se llevarán a Jessica. La familia de Jessica ha señalado que esto no se ha tomado en cuenta durante la investigación.

Exigimos justicia para Jessica y su familia y reparación para sus hijos. Condenamos la violencia policial y el ocultamiento de evidencia, así como la falta de debida diligencia por parte de la fiscalía en la investigación del caso en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos. La familia de Jessica aún no ha obtenido una explicación clara sobre lo ocurrido. La falta de acción por parte de las autoridades solo perpetúa la impunidad y el sufrimiento de las víctimas y sus familia

Exigimos una respuesta por parte de las autoridades del Municipio de Escobedo y señalamos que no se trata de un hecho aislado. El pasado 23 de febrero la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó la declaración de la alerta de género por los niveles de violencia registrados. 

Exigimos la protección del reportero Víctor Badillo de Sinpelos.mx al que a través de una causa penal pretenden disuadirlo de continuar informando sobre el caso. Responsabilizamos a las autoridades estatales y municipales por cualquier afectación a su integridad física.

Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigue con debida diligencia y con perspectiva de género, así como de forma imparcial para que se deslinde la responsabilidad penal de las demás personas involucradas.

Expresamos nuestra solidaridad con la familia y seres queridos de Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez en este lamentable momento de dolor. En CADHAC exigimos justicia para Jessica y para todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género en Nuevo León. 

¡Justicia para Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez!

El feminicidio de Jessica no puede quedar impune

La desaparición de personas va en aumento ¿Qué está pasando en Nuevo León?

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REF: B2302-04

En enero de 2023, se registraron 52 desapariciones en Nuevo León, incluyendo casos de desapariciones grupales, lo que refleja la gravedad de un problema que no ha sido atendido. Esto sucede en un contexto de violencia equivalente a los momentos más álgidos de la guerra contra el narcotráfico en 2010 y 2011. Desde CADHAC denunciamos la preocupante inacción del gobierno del estado.

No existen excusas ni impedimentos legales para que el gobierno desarrolle políticas de prevención, atención, reparación e investigación efectivas. En 2023 entró en vigor la Ley estatal sobre desaparición de personas. Además, desde 2011 existen múltiples acciones e instituciones desarrolladas para hacer frente a esta tragedia, propuestas desde las propias familias víctimas. En pocas palabras, las autoridades de Nuevo León están ante una problemática bien conocida por la sociedad neoleonesa y especialmente por las familias de las personas desaparecidas.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no tiene fiscal por una crisis de gobernabilidad que lleva varios meses. Así mismo, es evidente la incapacidad de las autoridades para detener las desapariciones y otros actos violentos que están a la orden del día.

Las desapariciones de personas en Nuevo León han aumentado de forma alarmante durante los últimos años. No hay pretextos para la inacción de las autoridades. CADHAC hace un llamado urgente a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde y a poner en marcha el andamiaje institucional construido durante más de una década de denuncia, búsqueda y demanda.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos, desde su fundación en 1993.

El arraigo y la prisión preventiva oficiosa vulneran los derechos humanos: Corte Interamericana de Derechos humanos CoIDH

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REF: B2301-03

CADHAC celebra la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que condena al Estado mexicano en el caso Tzompantle Tecpile donde tres personas fueron detenidas de forma ilegal y arbitraria por policías, con un inadecuado proceso judicial. La sentencia genera un precedente que limita el uso de la prisión preventiva. Es decir, evita que las personas sean encarceladas sin que exista una condena en su contra.

En dicha sentencia, la CoIDH ordenó al Estado mexicano:

1. Eliminar el arraigo, pues viola los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia. El arraigo es la privación de la libertad de una persona con fines de investigación y hasta por 80 días en casos de delincuencia organizada.

2. Adecuar la prisión preventiva oficiosa para evitar medidas arbitrarias y garantizar la presunción de inocencia. La prisión preventiva implica enviar a una persona a la cárcel sin que haya sido condenada por un delito y puede permanecer años sin que se le dicte sentencia.

La implementación de las medidas derivadas de esta sentencia es fundamental para garantizar el derecho al debido proceso legal y la presunción de inocencia. En nuestro país hay 230,000 personas privadas de la libertad. De ellas, casi la mitad, el 40%, no tiene una sentencia. 

En Nuevo León, hay 9,648 personas privadas de la libertad, de las cuales el 39% siguen esperando una sentencia. Además, en nuestra entidad hay una sobrepoblación penitenciaria que es particularmente preocupante en los penales Norte 1 y 2 en Apodaca, las cuales son del 21% y del 17% respectivamente.     

México debe cumplir con las medidas ordenadas por la Corte y asegurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Esta sentencia es trascendental para el respeto y protección a los derechos humanos dentro de los procesos penales en el país garantizando la presunción de inocencia.

A 5 años de Ley General en Materia de Desaparición: La crisis de desapariciones en México sigue en aumento

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REF: B2301-01

Hoy, 16 de enero 2023, se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General). La creación de una ley de estas características fue una de las principales recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, respondió a la exigencia de verdad y justicia de miles de familiares de personas desaparecidas del país. En este sentido, la Ley General representa un compromiso del Estado mexicano con la protección y garantía de los derechos humanos, y ante el dolor de cientos de miles de familias.

En México hay más de cien mil personas desaparecidas. A pesar del avance que representó el establecimiento de la Ley General, aún existen brechas en su implementación, lo que limita su capacidad para garantizar verdad y justicia. Una de ellas es la insuficiencia presupuestaria para la operación adecuada de agencias especializadas en desaparición. Al mismo tiempo, los familiares de personas desaparecidas enfrentan grandes dificultades para acceder a medidas de reparación del daño. También existe impunidad sistemática lo que favorece que las desapariciones se sigan cometiendo.

Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas con 6,288 casos registrados*. Esto representa miles de familias cuyo dolor permanece ante la incertidumbre de la situación de su ser querido y la falta de respuestas. A lo largo de los años en los que la entidad no contó con una ley estatal sobre desaparición de personas, CADHAC y colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron esfuerzos promoviendo políticas para la búsqueda de personas y la atención a sus familiares. Ejemplo de lo anterior fue el Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas, el cual estuvo basado en la Ley General y cuyo cumplimiento fue un compromiso de los gobiernos del estado y de nueve municipios.

Finalmente, el 1° de enero de 2023 entró en vigor la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Nuevo León, tras varios años de esfuerzo de familiares de personas desaparecidas, con quienes las autoridades de la entidad tienen una gran deuda. Su implementación efectiva y el compromiso de brindar justicia a las familias de personas desaparecidas requiere tomar en cuenta las limitaciones de la implementación de la Ley General. Por ello, debe garantizarse el acceso de los familiares a medidas de reparación del daño, la provisión de presupuesto suficiente y medidas serias para combatir la impunidad en los casos de personas desaparecidas. 

Los gobiernos muestran apatía y desinterés para resolver la crisis de desapariciones y brindar seguridad y verdad a la población. A pesar de algunos esfuerzos institucionales, la justicia sigue siendo inalcanzable. La sociedad está cansada de esta irresponsabilidad e infamia por parte de las autoridades, quienes no priorizan la paz y se constata al observar los presupuestos destinados al tema de personas desaparecidas a nivel nacional y estatal. La Ley General establece que las autoridades, desde el Presidente hasta el funcionario de menor rango, tomen medidas concretas y efectivas para abordar esta problemática y brindar justicia a las cientos de miles de familias y que en México no desaparezca nadie más.

El trabajo de los policías es una gran responsabilidad. Merecen todo el respeto por proteger y servir a la comunidad.

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Nuestras más sentidas condolencias

Ante los acontecimientos ocurridos al inicio de esta semana, nuestros pensamientos están con las familias de los policías y los civiles que han perdido la vida, y con las personas que han resultado heridas o afectadas por este doloroso incidente.

El trabajo de los policías es una gran responsabilidad, y merecen todo el respeto por proteger y servir a la comunidad.

Es importante que se brinde apoyo y protección a las familias de los policías que han perdido la vida desempeñando su trabajo. Solicitamos que las autoridades tomen medidas para garantizar los derechos de sus familiares, particularmente de sus hijos pequeños.

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