Dia Internacional de la Mujer: Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

8 de marzo de 2011
Día Internacional de la Mujer

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay
GINEBRA – En este día quisiera saludar a las mujeres del Medio Oriente y de África del Norte, junto a las mujeres de todo el mundo, que enfrentan grandes riesgos para resistir y luchar por la dignidad, la justicia y los derechos humanos, tanto para ellas mismas como para sus compatriotas. En Egipto y Túnez, las mujeres estaban en Twitter, en Facebook, y también en las calles. Mujeres de las condiciones más diversas marchaban lado a lado con los hombres, rompiendo las barreras y los estereotipos de género, igualmente ávidas de cambio, derechos humanos y democracia.
El trabajo, sin embargo, está lejos de concluir. En estos momentos de transición histórica en Egipto y Túnez, es importante garantizar que los derechos de las mujeres no serán postergados o vistos como algo a tratar después de que las reformas ‘cruciales’ sean ganadas. Los derechos de las mujeres deben encabezar la lista de las nuevas prioridades. Si bien las mujeres han tenido un importante rol en las demandas de cambio, ya existe inquietud porque las revisiones constitucionales y el desarrollo de reformas sean emprendidas sin su plena participación. De hecho, existen signos preocupantes sobre el contenido de algunas reformas propuestas en Egipto, que son claramente discriminatorias. Mujeres y hombres del Medio Oriente y África del Norte deben asegurarse de que esto no sea así.
La educación benefició a las mujeres en Túnez y Egipto, mejorando sus derechos humanos como su participación en la política y la economía de sus países. Sin embargo, como otros miembros de la sociedad, las mujeres sufrieron el impacto de la represión, la corrupción y la falta de justicia social. Muchas mujeres en Túnez padecieron tortura, fueron detenidas en forma arbitraria y también silenciadas. Su privacidad fue invadida y su vida familiar violentada. Ellas fueron las primeras en sufrir los recortes de personal y continúan siendo mayoría entre los desempleados. Las diferencias de salario entre mujeres y hombres en el sector privado son sorprendentes y su representación en la vida pública aún es limitada. Además, leyes discriminatorias y políticas públicas basadas en estereotipos de género continúan impactando negativamente en su trabajo.
Las mujeres del Medio Oriente y de África del Norte esperan que sus estados trabajen para beneficio de todos, no solo de algunos. Ellas esperan que el estado defienda su dignidad y valor, y que se adopten leyes, políticas y estrategias que traduzcan estas palabras en resultados tangibles. Ellas esperan procesos transparentes y e inclusivos, que permitan que sus voces sean escuchadas y que sus puntos de vista sean considerados con seriedad.
Ellas esperan debates públicos e inclusivos y un gobierno responsable, que rinda cuentas y que cumpla con los derechos humanos y la justicia social. Es decir, participación, responsabilidad, justicia y equidad son sus demandas que no están dispuestas a negociar.
En todo el mundo, siguen existiendo importantes diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a la educación, al empleo y en los salarios. Mientras las mujeres son las principales productoras de alimentos en el mundo y su jornada laboral es más extensa que la de los hombres, las mujeres solo reciben el 10 por ciento de las ganancias en el mundo y son dueñas de menos del 1 por ciento de la propiedad. Las mujeres comprenden cerca de dos tercios de los 759 millones de adultos iletrados en el mundo. Aun en regiones con altas tasas de alfabetización, los ingresos de las mujeres continúan siendo inferiores a los de los hombres, inclusive desempeñándose en el mismo trabajo. Mientras el acceso igualitario a la educación es un factor clave para aportar al empoderamiento de la mujer y a la equidad de género en el empleo, claramente esto no será suficiente hasta que las discriminaciones de facto y de jure sean tratadas en un nivel más amplio.
Solo cuando las mujeres participen plenamente en el desarrollo de políticas y en la formación de las instituciones, su perspectiva será verdaderamente integrada. El concepto de democracia solo se alcanza realmente cuando la toma de decisiones políticas es compartida por mujeres y hombres, y cuando la plena participación de las mujeres en la reestructuración de las instituciones está garantizada.
Las sociedades en las que las mujeres son excluidas de la vida pública, de manera formal o informal, no pueden ser descritas como verdaderamente democráticas, como ha advertido en diversas ocasiones el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. Las mujeres deben ser capaces de diseñar el futuro de sus países al involucrarse en las reformas institucionales desde el principio. La plena participación de las mujeres es esencial no solo para su empoderamiento, sino también para el avance de la sociedad como un todo.
La euforia en Egipto y Túnez fue compartida tanto por hombres y mujeres alrededor del mundo. Fueron eventos históricos y esperamos que también sean los heraldos de un cambio significativo y duradero. Ahora, trabajemos juntos para garantizar que este ímpetu no se esfume junto a la euforia.
Asegurémonos de que los derechos de las mujeres sean la base de estos nuevos comienzos, y estemos atentos ante cualquier retroceso.
Hoy, declarémonos solidarios también con las mujeres en cada rincón del mundo que trabajan en busca de cambios positivos para sus familias, sus comunidades y sus países.

Las amnistías en América Latina: defender la Justicia y el Derecho a Saber la Verdad

Compartimos el siguiente artículo de Navi Pillay

Artículo de opinión por Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

21 de julio de 2010.- La sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a Brasil revisar su ley de amnistía representa un hito crucial en la lucha contra la impunidad en una región que todavía tiene que comprender plenamente y hacer frente a las atrocidades cometidas durante varios de los conflictos internos en las últimas décadas. Las leyes de amnistía que ignoran intencionalmente los abusos de derechos humanos no solo distorsionan los registros históricos que cada país tiene que formular, sino también minimizan el sufrimiento de las víctimas y merman su derecho a saber la verdad y obtener una reparación.
Los gobiernos suelen justificar su recurrencia a las leyes de amnistía generales en nombre de una rápida reconciliación, nacional o comunal. La historia muestra, sin embargo, que blindar de la rendición de cuentas a los autores, al tiempo que niega la justicia y la reparación a las víctimas, es probable que provoque nuevos conflictos en lugar de sanar las heridas del pasado. Cuando se han concedido amnistías en el afán y la ansiedad de pasar la página de los conflictos, o para la razón más siniestra de encubrir los abusos, su derogación debe ser siempre una opción abierta que se debiera tomar en la primera oportunidad.
Sin embargo, en América del Sur y en otros lugares, el olvido sigue siendo activa y oportunamente promovidos a través de leyes antiguas y nuevas. Esto ocurre a pesar del hecho de que, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, dejar indefensas a las víctimas y perpetuar la impunidad en la práctica o por mandato legal son actos manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Un caso de ello es el de Brasil, donde el Tribunal Superior de Justicia negó la posibilidad de modificar la ley de amnistía de 1979, afirmando que los crímenes cometidos durante la dictadura no eran sino “actos políticos”. En Chile, la ley de amnistía sigue vigente 32 años después de su promulgación y a pesar del repudio internacional en los fallidos intentos para condenar al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Es más, la posibilidad de otorgar un indulto a ciertos violadores de derechos humanos, con motivo del Bicentenario en septiembre, se está debatiendo en estos días.
En Uruguay, el gobierno tuvo que intervenir a última hora para evitar la promulgación de un proyecto de ley que hubiera permitido la liberación de los autores de violaciones de derechos humanos debido a su vejez.
En este contexto, medidas para mejorar la rendición de cuentas son aún más notables. En Argentina, el país con el mayor número de juicios de derechos humanos en el mundo, los tribunales continúan presidiendo los casos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia de 1976-1983 en ese país. El ex dictador Rafael Videla se encuentra nuevamente ante los tribunales por los abusos de derechos humanos cometidos en esa época.
Argentina ha demostrado que el conocimiento de la verdad es un derecho que no tiene ningún estatuto de limitaciones. Es también un derecho que nadie puede negar o renunciar. Toda persona y cada sociedad tienen el derecho a saber quién viola los derechos humanos y saber por qué, cuándo, dónde y cómo se cometieron los crímenes, así como a ser informado sobre el destino de las víctimas.
Las amnistías que entierran la verdad y eximen a los responsables de crímenes del pasado contra los derechos humanos pueden socavar la perspectiva de construir sociedades justas y seguras en el futuro. La impunidad fomenta el resentimiento y la falta de confianza en las instituciones de gobierno. Han inspirado algunos autores a cometer nuevos crímenes y también puede alentar a otros a unirse a las filas de los violadores de derechos humanos.
La posición de Naciones Unidas con respecto a las amnistías no puede ser más clara: no son admisibles si evitan el juicio de personas que puedan ser penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad o violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los delitos que se dirigen específicamente a las mujeres, así como delitos relacionados con el género.
El ejercicio de estos derechos es incompatible con la impunidad normativa o de hecho. Los países del hemisferio occidental deben prestar atención a la sentencia de la Corte Interamericana y entregar la justicia negada durante tanto tiempo a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
26 de junio de 2010,
La Convención contra la Tortura exige a los Estados tratar la tortura como un delito y, procesar o extraditar a los presuntos autores de la misma. Incluso los Estados que no han ratificado la Convención tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos de la tortura. Sin embargo, a pesar de esto, son escasos los juicios por casos de tortura. ”
“No obstante, hay un aspecto de todo esto que debería provocar que incluso los más despiadados torturadores reflexionen: con el tiempo, todos los regímenes cambian, incluyendo los más arraigados y despóticos. Esto quiere decir que quienes piensan que su inmunidad frente a la justicia está blindada pueden – y espero que cada vez más – enfrentarse a la justicia. ”
GINEBRA. “Casi todos los Estados tienen leyes que prohíben la
tortura y la declaran un crimen. Sin embargo, aún algunos Estados practican la tortura y
no enjuician a quienes la comenten. A pesar de que algunos Estados que practican la
tortura intentan mantenerla escondida en lugares pequeños y oscuros, que la mayoría de
nosotros no conocemos y que a muchos nos gustaría pensar que no existen tras las
fachadas de nuestras luminosas ciudades del siglo XXI, todos los días, en los escritorios
de funcionarios del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hay
escalofriantes informes sobre actos de tortura “.
“El miércoles, Pakistán se convirtió en el Estado 147 en ratificar la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ahora “solo” faltan 45
Estados miembros de la ONU por ratificar este tratado histórico, uno de los baluartes más
importantes de la civilización moderna contra el abuso de poder. ”
“Desafortunadamente, eso no quiere decir que la práctica de la tortura se limite a sólo 45
países. Las autoridades estatales de muchos países que son parte en la Convención siguen
practicando la tortura, ya sea porque la legislación nacional que la prohíbe no es
suficiente, o porque no se cumple. ”
“Tanto en tiempo de guerra como de paz, la tortura es un grave delito según el derecho
internacional.
“Mientras que muchos torturadores están en libertad, y continúan cometiendo este horrible crimen, la lista de los procesados por tortura está creciendo año tras año. Ejemplos recientes incluyen casos contra personas acusadas de haber cometido torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales en Chile y Argentina en los años 1970 y 1980. A nivel internacional, los tribunales ad hoc, incluidos los de la antigua Yugoslavia y Ruanda, han condenado a ex dirigentes por actos de tortura, y el tribunal de Camboya tiene previsto anunciar su veredicto sobre Kaing Guek Eav, el famoso Khmer Rouge, jefe de la prisión conocida como “Duch”, el 26 de julio. La Corte Penal Internacional, en el futuro, juzgará casos similares si los tribunales nacionales se abstienen de hacerlo. ”
“Me preocupa, sin embargo, que varios Estados mantienen amnistías que protegen a torturadores de ser llevados a la justicia, pese que los regímenes durante los que se cometieron los crímenes han terminado. Por eso, democracias establecidas que, en general acatan el Estado de Derecho, y están orgullosas de hacerlo, lo cual está, acaban en efecto protegiendo a torturadores y negando justicia – y, a menudo, como resultado, reparación – a las víctimas. ”
“La tortura es un crimen extremadamente grave, y en determinadas circunstancias puede constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o genocidio. Ningún sospechoso de cometer actos de tortura puede beneficiarse de una amnistía. Ese es un principio básico y vital de la justicia internacional “.
“Los torturadores y sus superiores, necesitan escuchar el siguiente mensaje alto y claro: por muy poderoso que sean hoy, hay muchas posibilidades de que tarde o temprano tengan que rendir cuentas por su falta de humanidad. Los gobiernos, las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los defensores de derechos humanos, los medios de comunicación y todos nosotros necesitamos asegurar que este mensaje sea respaldado por acciones contundentes. ”
(*) Si desea revisar ratificaciones, incluida la Convención contra la Tortura, visite:
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes:
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
Más información sobre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx

Secuestros a migrantes en México “Una Tragedia Humanitaria”

COMUNICADO DE PRENSA

México, D.F., 23 de marzo de 2010

Secuestros a personas migrantes en México “Una Tragedia Humanitaria”: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

• Relator sobre Trabajadores Migrantes pide visitar México este año
• Comisionados expresan que la cifra de migrantes secuestrados es escalofriante y constituye una violación masiva de derechos humanos

En el marco de una audiencia pública del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuada el día 22 de marzo de 2010 en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, las organizaciones de la sociedad civil firmantes de este comunicado presentamos la temática del secuestro sistemático y generalizado a personas migrantes en México, cometido por el crimen organizado con la complicidad de autoridades como producto de una política migratoria restrictiva y con escasa perspectiva de derechos humanos.

Al recibir la información, Felipe González, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, señaló que la cifra presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 9,758 personas migrantes secuestradas en un lapso de seis meses es escalofriante y, por lo tanto, que el Estado debe redoblar esfuerzos para prevenir que esta situación se continúe reproduciendo. Asimismo, destacó la importancia que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el respeto a los derechos humanos de los defensores, por lo que conminó al Estado a facultar garantías de seguridad para la vida y el trabajo del Padre Alejandro Solalinde y del Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, así como del Padre Pedro Pantoja y del albergue Belén, Posada del Migrante, Frontera con Justicia, A.C. y Humanidad Sin Fronteras, A.C.

Por su parte, el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator para México, fue contundente al expresar que la situación de secuestros masiva y generalizada que sufren las personas migrantes en tránsito por México ha adquirido las características de una verdadera tragedia humanitaria. Particularizó que en el secuestro se violan absolutamente todos los derechos humanos, afectando no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y a sus comunidades. Por estas razones, señaló que el Estado no debe sólo intervenir con medidas policíacas, sino que tiene, forzosamente, que ejecutar una política integral, involucrándose a partir de sus tres órdenes de gobierno para brindar, sobre todo, acciones de prevención y de atención integral a todas las problemáticas derivadas de esta grave violación a los derechos humanos.

Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad. Por lo tanto, pusimos en evidencia el incumplimiento del Estado mexicano a los instrumentos americanos de Derechos Humanos al consentir la comisión del secuestro, así como al no garantizar la protección y la defensa de los derechos humanos de las víctimas.

Asimismo, reiteramos que las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes continúan siendo criminalizados y puestos en condiciones de extremo riesgo al no garantizárseles mecanismos de seguridad que permitan desarrollar labores de defensa y representación legal.

La delegación del Estado no contestó puntualmente a la información proporcionada por los peticionarios, rechazando, además, los calificativos expresados por los Comisionados de graves violaciones a los derechos humanos y de tragedia humanitaria; sin embargo, no aportó ningún argumento para demostrar lo contrario. Por no contar con los datos relevantes durante la audiencia, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior sobre el tema.

Las organizaciones peticionarias estaremos pendientes de que se concrete la visita del Relator de Migrantes al país este año, para que pueda cumplir con su objetivo de recabar información de primera mano sobre la situación de vulnerabilidad y violencia extrema en la que viven las personas migrantes en tránsito por México y víctimas de secuestro.

Organizaciones que participamos en este proceso
y presentamos a la CIDH un informe específico en la materia:

1. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
2. Frontera Con Justicia, A.C.
3. Humanidad Sin Fronteras, A.C.
4. Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
5. Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca
6. Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana
7. Servicio Jesuita a Migrantes México
8. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
9. Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios
10. Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C. de Reynosa, Tamaulipas
11. Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz

Redes que se solidarizan con las organizaciones que presentaron
el informe ante la CIDH y se adhieren a este comunicado.

Foro Migraciones
Red nacional de la sociedad civil que trabaja por los derechos humanos de las personas migrantes,
Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos Para Todos y Todas
Organismo conformado por 69 organizaciones de todo el país

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