Comunicado ante la Visita del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU a Nuevo León

DEBEN DETENER LAS DESAPARICIONES EN EL ESTADO Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS Y DE SUS FAMILIARES 


Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU; Albane Prophette-Pellasco, Secretaria Ejecutiva del Comité y Daniel Zapico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitaron Nuevo León para escuchar a colectivos, familiares de personas desaparecidas y personas defensoras de derechos humanos.

En la reunión realizada en el Laboratorio Cultural Ciudadano estuvieron presentes familiares de personas desaparecidas, la Agrupación de Mujeres Organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos de Nuevo León (AMORES DE N.L), Buscadoras de Nuevo León, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Eslabones de Nuevo León, Fundenl y Todos Somos Uno.


Al finalizar la reunión, Fernando Ríos, Director de CADHAC expresó a medios de comunicación que resulta urgente contar con la voluntad política de las autoridades de todos los niveles a fin de que se comprometan a colaborar y coordinarse desde sus competencias como mandata la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD),

Fernando Ríos, Director de CADHAC

“Solo habrá resultados hasta encontrar a las más de 5,700 personas registradas como desaparecidas en Nuevo León, buscamos con las autoridades una mayor capacitación, se ha hablado que existan procesos de confianza, procesos de auditoría interna para que las familias tengan la confianza de denunciar”.

Leonor Flores, integrante de AMORES DE N.L. manifestó ante miembros del Comité que a pesar de los avances que se han tenido en la creación de leyes e instituciones lamentablemente esto no ha significado que el acceso a la verdad y la justicia sea una realidad.

Leonor Flores, integrante de AMORES DE N.L

“saber dónde están nuestros seres queridos desaparecidos ha sido nuestra constante preocupación y ocupación, y a pesar de todas nuestras múltiples acciones y grandes esfuerzos no hemos logrado los resultados que todas las familias anhelamos, que es tener a nuestros seres queridos de nuevo en nuestros brazos y en nuestros hogares”.

Desde CADHAC compartimos al Comité que en Nuevo León para concretar la LGD impulsamos el Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas en dónde promovimos acciones coordinadas de instituciones estatales y municipales en búsqueda e investigación incluyendo los derechos de las familias víctimas a la atención y asistencia digna.

Es urgente encontrar la manera para detener las desapariciones en el estado y en el país, por ello dimos a conocer nuestras preocupaciones y recomendaciones, confiando nos ayudarán a encontrar soluciones para seguir adelante hasta encontrar la verdad, justicia, reparación y la paz.

Por lo que urgimos a:

·  Que todas las autoridades del estado cumplan con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD).

·   Que la Fiscalía General de Justicia y las Fiscalías de los Estados atiendan diligentemente  todas las denuncias y den seguimiento oportuno a todas las carpetas de investigación, presentadas por desaparición.

·   Que se sancione la impunidad, la corrupción que está impidiendo llegar a la verdad y al conocimiento de que fue lo que sucedió, ¿Dónde están?

·  Que se implementen nuevas tecnologías que permitan la identificación de restos a pesar de lo degradado que se encuentren,  garantizar la identificación de estos a la brevedad.

·  Que se asegure presupuesto suficiente para los temas administrativos y logísticos entre otros, para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Desaparición, FGJNL (Servicios Periciales), la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Vale la pena mencionar que gracias al apoyo de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, ICMP* La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha logrado un avance significativo en lo referente a identificación.

Solicitamos de la manera más atenta al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que de acuerdo a su ámbito de competencia actúe acorde a la apremiante crisis de desaparición de personas que vivimos  en México.

*Desde su creación en noviembre de 2001, el sistema de identificación de ADN de personas desaparecidas de ICMP ha sido el punto de referencia para la innovación técnica en el campo forense internacional. Desde el año 2018  ha trabajado con la FGJNL para implementar tecnologías de técnicas forenses con un proceso de comparación de ADN de vanguardia que ha dado como resultado un aumento exponencial en el número de las identificaciones. ICMP ha colaborado con CADHAC  desde el año 2014  ayudando a los grupos de familiares y otras organizaciones de la sociedad civil a recolectar, analizar y proteger información sobre las personas desaparecidas.

Participación en Grupo Técnico sobre Estándares de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario

20 de febrero de 2018

El día de hoy se realizó la Sesión de Instalación del Grupo Técnico de Trabajo para la elaboración de Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano -UNAPS, por sus siglas en inglés-, del cual CADHAC forma parte. El proyecto encabezado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, tiene como objetivo fortalcer la capacidad del sistema penitenciario a través de a) el desarrollo de un conjunto de estándares para el adecuado funcionamiento de los centros penitenciarios, basado en el respeto a los derechos humanos, la reinserción social, la prevención de la reincidencia y la justicia restaurativa, y, b) la implementación de un sistema de evaluación y certificación de centros penitenciarios.

Además de las instancias gubernamentales, el Grupo Técnico está integrado por representantes de sociedad civil como Documenta, Reinserta, La Cana y CADHAC. La participación nuestra tiene por interés contribuir al mejoramiento de las condiciones penitenciarias que particularmente en Nuevo León se encuentran en un estado crítico.

SE REÚNE AMORES CON EXPERTOS INTERNACIONALES

05 de  Agosto 2017
Boletín 1708/29


El sábado 5 de agosto, los expertos internacionales Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU; Alán García, de ONU-DH Mexico; y Alejandro Valencia, miembro del GIEI, tuvieron oportunidad de reunirse con AMORES para escuchar y conocer más sobre los casos de desaparición que acompaña CADHAC, como la situación que enfrentan las familias.

Esta reunión permitió reforzar lazos de acompañamiento y amistad entre todas las personas participantes.

La ONU-DH saluda la reforma al Código Penal del estado de Nuevo León en materia de desaparición forzada de personas

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2012.- La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) celebra la aprobación el día de hoy de la reforma penal que tipifica el delito de desaparición forzada de personas en el estado de Nuevo León.

Dicha reforma incorpora los principales estándares internacionales en la materia, dotando a la ciudadanía de Nuevo León de una herramienta esencial para combatir este grave delito. Además, sirve como referente y estímulo para que otros Congresos adecuen sus códigos penales a los compromisos internacionales asumidos por México.

El Sr. Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que: “el mérito compartido de este resultado está en todos los actores que hicieron parte del mismo, empezando por el infatigable y valiente papel de los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, hasta la genuina disposición del Congreso del Estado para favorecer un verdadero proceso participativo de diálogo y consulta. A su turno, la entrada en vigor de la ley reforzará la voluntad política y las acciones con las que el Gobierno del Estado venía ya abordando varios casos de presuntas desapariciones forzadas en Nuevo León”.

La ONU-DH México reitera su compromiso de continuar acompañando los esfuerzos participativos de convergencia en favor de una agenda de Derechos Humanos en Nuevo León y refrenda su plena disponibilidad para seguir brindando asesoría y cooperación técnicas al Estado mexicano, a sus diferentes ramas y sus distintos niveles de Gobierno, para seguir avanzando en la adecuación de la legislación interna a los contenidos de los tratados internacionales, de conformidad con la reforma de la Constitución mexicana en materia de derechos humanos del año 2011.

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Necesario que el Estado cumpla recomendaciones del Comité sobre Derechos del Niño de la ONU en el marco de la lucha contra el crimen organizado

Difusión Cencos México D.F., 4 de noviembre de 2011

Boletín de prensa

Redim

Este 1 de noviembre la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) recuerda a los aproximadamente 1,373 niños y niñas que han muerto en el marco de la lucha contra el crimen organizado, víctimas inocentes de la violencia y las omisiones institucionales para garantizar su derecho a la vida.

Es importante recordar que el Estado Mexicano al ratificar la Convención sobre los derechos del Niño (CND, 1989) hace ya dos décadas, tiene la responsabilidad de reconocer, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así mismo los distintos niveles de gobierno están obligados a cumplir con la reciente modificación del Artículo 4 de Constitución Mexicana que establece que “En todas las decisiones y actuaciones del estado se velara y cumplirá con el principio del interés superior del niño garantizando de manera plena sus derecho […] Este principio guiará el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

REDIM manifiesta su profunda preocupación porque el actual contexto de violencia generalizada, en parte desencadenada por la forma en que se combate al crimen organizado, se expresa en un mayor número de homicidios de la población de 15 a 17 años de edad que aumento de 5.3 en 2007, a 10.7 en 2009 (por cada 100 mil habitantes)[1]; y en miles de niñas y niños que han quedado sin cuidados parentales “huérfanos”, ya sea sin padre, madre o ambos, de los más de 40 mil homicidios ocurrido en los último cuatro años.

En este sentido exhortamos al Estado Mexicano a cumplir con las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño (CRC-CDN) emitió el pasado 4 de febrero del presente año, entre las cuales destacamos:

30. El Comité insta al Estado Parte a que:

a. Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o asesinados en la lucha del Ejército y las fuerzas policiacas contra los grupos armados no estatales;

b. Investigue todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños cometidos por el Ejército;

c. Evite la impunidad, asegurándose que los responsables sean procesados y sancionados;

d. Adopte medidas adecuadas para proteger a los niños de las acciones militares y policiacas en el contexto de las medidas para mantener la seguridad pública, así como de la violencia armada por los grupos armados no estatales;

e. Establezca los mecanismos formales y los marcos legales correspondientes que garanticen los derechos humanos y la protección de los niños, en particular de las niñas, de la violencia de las fuerzas armadas y los grupos armados no estatales; y

f. Establezca reglas específicas y protocolos para las fuerzas armadas a fin de garantizar la integridad de los niños durante la investigación y los operativos contra los grupos armados no estatales.

32. El Comité alienta al Estado Parte a crear un mecanismo de identificación de los niños que puedan haber sido reclutados o utilizados en hostilidades y a tomar las medidas necesarias para su recuperación física, psicológica y su reintegración social. Dichas medidas deberían comprender la evaluación pormenorizada de su situación, el refuerzo de los servicios de asesoría jurídica de que disponen y la prestación de asistencia inmediata, respetuosa de su cultura, que tenga en cuenta sus necesidades y que sea multidisciplinaria para su recuperación física, psicológica y su reintegración social, de conformidad con el Protocolo Facultativo. (CRC/C/OPAC/MEX/CO/4 Febrero 2011)

En este contexto exhortamos al Estado (en sus diferentes niveles federal, estatal y municipal) a:

Dar cumplimiento a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU hizo al Estado mexicano desde 2006 con referencia al sistema de justicia para adolescentes.

Incorporar en el Código Penal Federal y en otras leyes estatales la prohibición explícita al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, tal y como lo solicitó el Comité de los Derechos del Niño el pasado 4 de febrero de 2011.

Designar presupuesto para el desarrollo de un Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia como parte de las estrategias de prevención y protección especial para las y los adolescentes en conflicto con la ley.

Atentamente

Juan Martín Pérez García

Director Ejecutivo

Red por los Derechos de la Infancia en México

56.04.24.66

Mail / Messenger

Twt: @derechoinfancia

@juanmartinmx

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

“Reformas de los Estados que establecen la protección de la vida desde la concepción no deben limitar los derechos de las mujeres”, afirma Naciones Unidas en México

· Legislaciones nacionales y estatales deben incorporar los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos de las mujeres.

· Acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva es indispensable para la realización de los objetivos de desarrollo.

(Naciones Unidas, México).- El Sistema de Naciones Unidas en México (SNU) ha seguido con atención y respeto el debate nacional sobre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en particular el producido en las últimas semanas con motivo de las discusiones al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desestimó la acción de inconstitucionalidad de las reformas de Baja California y San Luis de Potosí para proteger la vida desde la concepción. El SNU reconoce como, en ambos casos, la mayoría de quienes integran a la SCJN se pronunciaron a favor de los derechos humanos de las mujeres al señalar que las reformas de los Estados que establecen la protección de la vida desde la concepción no deben limitar los derechos de las mujeres reconocidos en la normativa mexicana y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte.

 

Asimismo, en junio pasado, el SNU reconoció y celebró la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la reforma en materia de derechos humanos a su Constitución, la que establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual representa un avance sustantivo en favor del respeto y la garantía de los derechos y libertades. En tanto, responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por México.

 

En este sentido, el SNU en México reitera la importancia de asegurar la plena incorporación, en la legislación local y las políticas públicas de los países, de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos reconocidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, incluyendo la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la incorporación de las observaciones emitidas por los Comités que emanan de estos tratados y que representan importantes precedentes vinculantes para México.

 

Los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en estos instrumentos, incluyen el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, que comprenden la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia; el acceso universal a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, a disponer de una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, el acceso efectivo a servicios seguros para la interrupción voluntaria del embarazo, en las circunstancias previstas en la ley, que deben cumplir con las condiciones de seguridad, calidad y calidez, así como promover campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres dirigidas en particular al personal sanitario y también al público en general.

 

La restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente y la expansión del VIH/SIDA. Asimismo, pone en riesgo la realización del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, referente a la reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a salud reproductiva. En consonancia con lo anterior, diferentes Comités y Relatorías de Naciones Unidas han recomendado al Estado Mexicano eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y armonizar la legislación sobre salud sexual y reproductiva con los tratados internacionales.

 

Por último, el SNU en México reitera su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado Mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

ONU-DH invita unirte a la campaña “declárate” a favor de las y los defensores de derechos humanos

El miércoles 6 de julio, Navi Pillay lanzará la campaña “Declárate defensor o defensora”, diseñada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Esta campaña tiene por objetivo difundir el mensaje sobre el derecho a defender los derechos humanos entre el público en general.

 

Organismos Nacionales e Internacionales demandan cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Cadhac se adhiere a la solicitud hecha por Amnistía Internacional para que la Procuraduría General de la República intervenga en la solución de los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García que ya fueron sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuyas sentencias permanecen sin cumplirse, mostrando al Estado Mexicano en una abierta situación de desacato a los mandatos de este órgano de justicia del continente americano.

 

CARTA ABIERTA A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
14 de abril de 2011
LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Distinguida Procuradora Morales:
En el marco de su reciente nombramiento como titular de la Procuraduría General de la República, las organizaciones firmantes nos dirigimos a Usted para solicitar su intervención en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en agosto y noviembre de 2010, respectivamente.
Los tres casos -paradigmáticos de los obstáculos que enfrentan en México las mujeres indígenas y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente para acceder a la justicia- se encuentran hoy en día bajo el conocimiento de autoridades militares, en abierto desacato de las sentencias del tribunal interamericano, sin que su predecesor en el cargo haya tomado medidas para acatar los fallos internacionales. Teniendo en cuenta el rezago imperante, confiamos en que su llegada a la Procuraduría contribuya a que las investigaciones sean inmediatamente asumidas por las instancias civiles; sin duda, ello demostraría el grado de relevancia y prioridad que durante su gestión asignará al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos, dentro del ámbito de la procuración de justicia.
Es preciso recordar, por una parte, que tanto la señora Rosendo Cantú como la señora Fernández Ortega fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el año 2002, sin que hasta ahora hayan accedido a la justicia. La denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar desde el 16 de mayo de 2002. Un día después, el 17 de mayo de ese año, ocurrió lo mismo con la denuncia de Inés Fernández. Por otra parte, los señores Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad personal a manos de militares en el año de 1999.
En los tres casos las investigaciones fueron remitidas a las autoridades militares, quienes, a decir de la propia Corte Interamericana, “no eran competentes para conocer de este caso”. La falta de imparcialidad e independencia del ministerio público militar al investigar delitos cometidos por los propios elementos castrenses, surge de los hechos tenidos como probados por la CoIDH, y se manifiesta en el modo en que la carga de la prueba fue revertida en perjuicio de las víctimas, y en la impunidad que ha beneficiado a los miembros del Ejército responsables desde entonces.
La búsqueda de justicia de las dos mujeres indígenas Me’phaa y de los dos campesinos ecologistas los llevó hasta la CoIDH, la cual al resolver los casos, consideró plenamente probado que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados mexicanos, y que Rodolfo y Teodoro fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En consecuencia, ordenó al Estado en los tres casos una investigación efectiva de los hechos en la jurisdicción penal ordinaria.

Organizaciones Internacionales
Amnistía Internacional; Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (EE.UU); Latin American Working Group LAWG (EE.UU); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL (EE.UU.) Misereor (Alemania); Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (España); Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF (EE.UU).
Organizaciones Mexicanas
Instituto para la seguridad y la democracia, Insyde; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C.; Comité Cerezo México; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C.; Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 72

organizaciones: Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.);

Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de

Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de

Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.

C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan,

A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.);

Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C.

(Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.);

Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense

de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y

Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal).
C.c.p. Lic. Felipe de Jesús Zamora Castro. Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos

Humanos de la Secretaría de Gobernación. Para su conocimiento

Visita del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU a Saltillo

VISITA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE LA ONU EN SALTILLO, COAHUILA

Saltillo, Coahuila, 27 de marzo del 2011

El 19 de diciembre del 2008 Yolanda Morán llegó a Torreón, Coahuila a pasar la navidad con su hijo Dan Jeremeel como años atrás. La mamá de Dan esperó en la central camionera pero su hijo nunca llegó. Desde ese día, Yolanda ha vivido un vía crucis tocando puertas, denunciando, hablando con autoridades, participando en marchas, recorriendo kilómetros en la búsqueda de Dan Jeremeel. Aún no sabe dónde está, quién lo tiene, por qué está desaparecido.

El caso de Dan Jeremeel es tan sólo uno de los casos que el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, junto con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (FUUNDEC), así como los documentados por Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) de Monterrey, Nuevo León, presentaremos al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el próximo martes 29 de marzo en Saltillo, Coahuila.

Se entregara información de 24 casos donde se tiene datos de presunta participación de agentes estatales (Militares, Policías Estatales y Municipales en el momento de la Desaparición). Sin embargo, también informaremos de aproximadamente 150 casos en los que no se tiene documentada la participación directa de agentes del Estado, pero que según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se considera como tal, cuando las personas o grupos actúan con la autorización o el apoyo o la aquiescencia del Estado.

La visita de esta instancia internacional de Derechos Humanos en Coahuila se da en un contexto de inseguridad y terror en el norte del país, donde las autoridades se muestran omisas para atender las demandas de seguridad de los ciudadanos. Esto provoca graves violaciones a los Derechos Humanos y contribuye a la supremacía de la impunidad y a vivir lejos de un Estado de derecho.

Por lo tanto, consideramos que la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU a Saltillo, Coahuila, es una oportunidad para que instancias internacionales escuchen el dolor, la angustia, pero también escuchen la denuncia que en Coahuila, Nuevo León y el norte del país ha sido silenciada individual y grupalmente. Buscamos que esta problemática sea conocida a nivel internacional para que no haya más

Para mayor información sobre estas actividades comunicarse al cddhsaltillo@gmail.com, o a las teléfonos del CDDH Fray Juan de Larios, A.C., 01 844 412 37 84, ext. 116 y 137.personas desaparecidas y el Estado Mexicano actúe de manera inmediata para localizar a los y las seres queridos de tantas familias.

La visita de este Grupo de Trabajo de la ONU a nuestro país inició el 18 y concluirá el 31 marzo de 2011 con una conferencia de prensa en la Ciudad de México y posteriormente presentarán un informe al Consejo de Derechos Humanos en 2012.

Aunado a la visita del grupo de trabajo de la ONU, les informamos que el lunes 28 de marzo, se llevará a cabo una audiencia temática titulada “Seguridad ciudadana y derechos humanos en México” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D. C. de las 15:00 a las 16:00 horas (Hora de Washington) en el Salón Padilha Vidal donde se expondrán también los casos de desaparición forzada en el norte del país, así como el riesgo que corremos los y las defensoras de derechos humanos que acompañamos a las familias víctimas de esta situación. Por lo tanto, los invitamos a que a través de Internet (http://www.cidh.oas.org) sigan la audiencia en vivo.

Atentamente

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan Larios” Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C

 

ONU congratula a México por aprobación de la reforma en materia de DDHH

8 de marzo de 2011. El Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México), especialmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), congratula a la Nación por la aprobación de la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El día de hoy, el Congreso de Unión culminó el proceso federal de modificación de once artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, el cual constituye para la República Mexicana el paso más significativo en este campo en los últimos años e implica un avance sustantivo en favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales.

Para la ONU México, el nuevo marco constitucional responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por México y dentro de sus avances destacan la elevación a rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, así como la aplicación prevalente de la norma más favorable a la persona; la consagración de las obligaciones de las autoridades; la enunciación de los derechos humanos en el eje de la educación, el sistema penitenciario y la política exterior; el más estricto ámbito de la figura del estado de excepción; la modificación del artículo 33 para reconocer el derecho de audiencia de las personas extranjeras a quienes se pretenda expulsar del territorio nacional; el fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos; y el mejoramiento del sistema de control abstracto de la constitucionalidad. Además, la ONU México espera que la reforma al artículo 11, referido al derecho de asilo, pueda próximamente acomodarse a los estándares internacionales y a la propia legislación mexicana sobre personas refugiadas recientemente aprobada.

La ONU México alienta a los Congresos estatales para que la ratificación de la reforma finalice su curso a la brevedad. Una vez que la reforma constitucional inicie su vigencia se tendrán que hacer los ajustes legislativos a nivel federal y estatal correspondientes para garantizar su eficacia plena.

La ONU México considera que la reforma constitucional favorecerá sin duda el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado Mexicano y dará un nuevo impulso a los ámbitos de trabajo de las 21 agencias que integran al Sistema de las Naciones Unidas en México de conformidad con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por último, la ONU México, particularmente la ONU-DH, reitera su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado Mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Más información del Sistema de la ONU México: http://www.onu.org.mx/inicio_ONU_Mexico.html Información disponible en la página de ONU-DH México: http://www.hchr.org.mx/Naciones Unidas México Logo

 

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