Testimonios de señoras que luchan por recuperar a sus hijos, que se encuentran en instalaciones del DIF, fueron dados en adopción o concedieron la tutela temporalmente a otras gentes.
Testimonios de señoras que luchan por recuperar a sus hijos, que se encuentran en instalaciones del DIF, fueron dados en adopción o concedieron la tutela temporalmente a otras gentes.
2 de septiembre de 2009
Comunicado No. 0809/026BP
Operativo Mochila: medida ineficaz y atentatoria a los derechos de la niñez
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio ratificamos nuestra indignación y preocupación por la nueva aplicación del Operativo mochila, en esta ocasión por parte de la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás de los Garza y en perjuicio de niñas y niños que cursan secundaria.
Consideramos que este operativo busca criminalizar a la niñez sin atacar los orígenes del consumo de drogas y las conductas violentas o antisociales: la ruptura del tejido social, derivada en su origen de la disfuncionalidad de algunas familias y consolidada por un quehacer gubernamental ineficiente, reflejado particularmente en el imperio del narcotráfico, la impunidad y la inseguridad.
El operativo Mochila Segura y la aplicación de exámenes antidoping, inscritos en el programa Escuela Segura que a su vez forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la administración federal, han perdido su vigencia, según el reconocimiento hecho por el Secretario Estatal de Educación sobre la ineficacia de los mismos, por lo que resulta una incongruencia que el gobierno municipal nicolaíta insista en su ilegal aplicación.
Dichos operativos son atentatorios a los derechos de la niñez a la no discriminación, a decidir sobre los asuntos que los afectan y a intimidad, respeto y dignidad[1]; además, tales acciones impiden la construcción o el fortalecimiento de relaciones de diálogo y confianza entre niños y adultos, no previenen el uso de drogas, no ayudan a evitar una mayor adicción del adolescente a las drogas y no combaten el tráfico de éstas.
El hecho de que algunos padres o madres de familia hagan presencia en la aplicación del operativo no legitima tal violación a los derechos humanos antes mencionados, ya que éstos pertenecen en forma inalienable a sus titulares niños y niñas, no a los progenitores, quienes pueden revisar las mochilas de sus propios hijos, en la privacidad del hogar, pero no las de niños ajenos y no en actos de exhibición pública ante propios y extraños.
Instamos a las autoridades estatales y municipales, así como a los padres y madres de familia a no normalizar el estado de vigilancia y escrutinio de las principales víctimas de la violencia y el narcotráfico: las niñas y los niños. Particularmente exigimos a la Dirección de Prevención del Delito de San Nicolás de los Garza cancelar la aplicación del Operativo Mochila e invitamos a trabajar en un verdadero programa de prevención que desaliente y erradique la comisión de delitos, sin incurrir en prácticas represivas y violatorias de los derechos fundamentales, en abono a la reconstrucción de la seguridad ciudadana y la confianza en los cuerpos policíacos.
¡Demandamos un alto urgente a los abusos policíacos!
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.
Comunicado No. 0409/014BP
29 de abril de 2009
JUSTICIA PARA LOS NIÑOS EN EL DÍA DEL NIÑO
Nuevo León se apresta a concluir los festejos en honor a las niñas y los niños en medio de una alerta sanitaria sin precedente, misma que además de preocuparnos y paralizar un sinnúmero de actividades, sirve para distraer nuestra atención de otros graves problemas, entre ellos
La DESAPARICIÓN Y NO LOCALIZACIÓN de las niñas
ADRIANA GUADALUPE CASTAÑEDA BERNAL y DIANA LIZETH BERNAL HERNÁNDEZ
y del niño
JULIO CÉSAR CASTAÑEDA BERNAL
Quienes después de cuatro meses y medio SIGUEN SIN RECIBIR JUSTICIA por parte de las autoridades de Nuevo León.
Las madres de los mencionados niños, acompañadas por Cadhac, Alternativas Pacíficas y otras organizaciones de la sociedad civil, han realizado todas las gestiones legales a su alcance, han alzado sus voces, han visitado distintas autoridades, han recurrido a los medios de comunicación, y aún así. . . mañana 30 de abril de 2009, Día del Niño, no lo podrán celebrar porque sus hijas e hijo no están con ellas, porque las autoridades han sido ineficaces, no han logrado detener a la o los responsables de su desaparición forzada y han hecho nugatorio su derecho a vivir en familia y acceder a la justicia pronta y expedita.
La creciente impunidad que representa la ausencia física de ADRIANA GUADALUPE, DIANA LIZETH y JULIO CÉSAR nos obliga seguir preguntando ¿Porqué no avanza su búsqueda?, ¿Porqué no han sido localizados?, ¿Quién o quiénes están de por medio?, ¿Acaso se está protegiendo a la o los responsables? ¿Porqué no hay justicia para los niños en Nuevo León? ¿Realmente les interesa a las autoridades de Nuevo León localizarlos?
No esperamos respuestas veraces a esas preguntas, puesto que el Subprocurador del Ministerio Público, Lic. Alejandro Garza y Garza, nos mintió diciendo que no existía orden de que los niños captados en los cateos realizados a las instalaciones de CAIFAC y remitidos al DIF Nuevo León fuesen retenidos ahí hasta nueva orden ministerial, cuando en realidad sí existe esa orden desde el día 6 de febrero del año en curso, lo cual constituye otro atentado a diversas prerrogativas fundamentales de esos otros niños, ya que sus derechos a la libertad y a vivir en familia están siendo violentados por la Agente del Ministerio Público número 7 en Justicia Familiar, Lic. Martha Nelly Mireles, pues bajo el argumento de “requerir desahogar diversas diligencias para la integración de la indagatoria” los mantiene alejados de sus familiares e ingresados en las instalaciones del DIF Capullos, como si ellos fuesen los responsables directos de la desaparición de los niños mencionados y no víctimas de las injustas acciones del personal adscrito a CAIFAC e infligiéndoles así un nuevo daño emocional, por el dolor que conlleva la separación de sus familiares, quienes, adicionalmente, viven otro vía crucis tratando de recuperarlos.
La única verdad es que DIANA LIZETH, ADRIANA GUADALUPE y JULIO CÉSAR no aparecen y sus respectivas madres y las organizaciones civiles seguimos reclamando a las autoridades de justicia y asistenciales que hagan todo lo necesario para localizarlos, infructuosamente.
A las organizaciones de la sociedad civil sí nos importan las niños y el niño; por ello, seguiremos luchando y no descansaremos sino hasta encontrarlos.
Reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que sigan ayudando en la búsqueda de DIANA LIZETH BERNAL HERNÁNDEZ y ADRIANA GUADALUPE y JULIO CÉSAR CASTAÑEDA BERNAL, hasta encontrarlos y regresarlos a sus madres.
¡Feliz Día del Niño?
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.
ALTERNATIVAS PACÍFICAS, A. C.
Nota de última hora: En respuesta a la petición realizada por las organizaciones civiles mencionadas, la SIEDO informó el día de hoy en la tarde, a través de su Unidad Especializada en Investigación para el Tráfico de Infantes y Órganos, que determinó atraer el caso CAIFAC, por lo que desde hace una semana requirió a la Procuraduría General de Justicia del Estado remitir el expediente correspondiente a la Averiguación Previa 2554/2008-VII-4, lo cual hasta la fecha no ha sido realizado.
Dada la urgente situación de riesgo que viven las mencionadas niñas y niño, solicitamos dirijan peticiones telefónicas o escritas para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León envíe de inmediato la Averiguación Previa 2554/2008-VII-4 a la Unidad Especializada en Investigación para el Tráfico de Infantes y Órganos de la SIEDO.
Pueden llamar al teléfono (01 81) 20 20 40 33, o enviar las solicitudes escritas a:
C. Lic. Luis Carlos Treviño Berchelmann
Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León
Ocampo 470 Poniente
64,000 Monterrey, Nuevo León
Fax: (01 81) 20 20 40 38
Correo: ltrevino@nl.gob.mx
Favor de marcar copia a:
Boletín No. 0209/008 BP
19 de febrero de 2008
Los niños deben ser protegidos, no usados como una forma de reprimir a los manifestantes que bloquean calles en Monterrey
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, manifiesta su más profunda preocupación por la separación de niños de sus madres y padres en el marco de los operativos contra manifestaciones en esta entidad.
En los últimos días la ciudad de Monterrey se ha visto afectada por una serie de bloqueos viales a manos de manifestantes que han protestado contra la utilización de efectivos militares en tareas que son propias sólo de las autoridades civiles. Varios manifestantes estaban acompañados de sus pequeños hijos, la prensa local ha informado que varios de esos niños han sido separados de sus familias con el pretexto de que los habían puesto en riesgo.
Es necesario recordar que el derecho a manifestarse está garantizado en nuestro país en la misma medida que lo está el derecho al libre tránsito. La autoridad tiene la obligación de mediar en la búsqueda de un equilibrio entre ambos derechos, nuestras autoridades no pueden dejar de lado sus obligaciones de protección de los derechos humanos alegando, correcta o incorrectamente, que los manifestantes son manejados por grupos delictivos o que consideran que su petición es errónea o ilegítima.
Ante esta situación resulta por demás preocupante que las autoridades del Estado de Nuevo León hayan decidido separar a los niños de sus familias. La autoridad argumenta que los niños fueron puestos en riesgo, pero ese riesgo no existiría si la dispersión de los bloqueos se llevara a cabo de forma pacífica, preferiblemente mediante una negociación. El Gobierno del Estado no puede alegar que los niños están en riesgo porque las fuerzas públicas pueden llegar a golpearlos al reprimir a los manifestantes, si eso llegara a suceder no se trataría del delito de violencia familiar, como se ha manejado, sino de abuso de autoridad.
Esta organización condena que las autoridades estatales arrebaten a los niños como una forma de represión social en contra de los manifestantes. La separación de los niños de su núcleo familiar debe ser siempre una medida extrema, llevada a cabo con apego a derecho, después de una amplia reflexión y cuando sea la única alternativa para garantizar sus derechos humanos. Si los manifestantes actúan de forma violenta o si la negociación se torna imposible, la autoridad tiene todas las herramientas legales y materiales para reabrir la circulación vial sin lastimar a nadie, sin separar familias y sin causar más daño a la sociedad.
Exigimos que se cumpla con el compromiso internacional suscrito en la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y por lo tanto, para cualquier acción o decisión, el bienestar superior de los niños, esté por encima de cualquier otro interés.
“Protestar es un derecho, reprimir es un delito”
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C
Boletín No. 0209/05 BP
Basta de Tortura en Nuevo León
Madre que denuncia desaparición de hijo es torturada para autoinculparse
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), expresa su total indignación por la tortura y el abuso de autoridad cometidos por Agentes Ministeriales estatales en contra de la señora JUANA RODRÍGUEZ ANTONIO, durante las investigaciones realizadas con motivo de la desaparición y muerte de su menor hijo Leonardo Rodríguez Antonio.
La señora JUANA RODRIGUEZ ANTONIO ha señalado que Agentes Ministeriales la torturaron en un cuarto del edificio de la Policía Ministerial colocándole una bolsa en la cabeza para que dijera dónde había dejado a su hijo, golpeándola en abdomen y cara e insultándola para que se declarara culpable de la muerte de su hijo; cabe agregar que la mujer presentaba un estado de embarazo de un mes y que debido a la tortura de la que fue objeto sufrió sangrado vaginal, por lo que se teme que pueda abortar.
Lo anterior constituye claramente un caso de tortura y abuso de autoridad, previstos como delitos en el Código Penal vigente en el Estado[1].
Dicho proceder de la autoridad investigadora, además de evidenciar la persistencia de prácticas policiales retrógradas y autoritarias, presenta también discriminación, por dirigirse a una mujer, de estatus socioeconómico bajo, separada de su familia de origen y del padre del niño cuya desaparición denunció y se constata por el menosprecio a su condición de embarazo, expresado a través de las frases que ella relata le dijeron quienes la “interrogaban”.
Es claro que las acciones emprendidas por el “Estado de Progreso” para la difusión y promoción de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la no violencia contra las mujeres han resultado inútiles; esta flagrante violación a los derechos humanos es una muestra más de que la política pública imperante no es la de reconocer a las ciudadanas y a los ciudadanos como personas con derechos, sino como entes de los cuales el Estado, a través de los agentes gubernamentales, puede abusar impunemente.
Nuestra experiencia en la atención de casos similares en el Estado, nos ha permitido constatar que la tortura y los tratos crueles e inhumanos son utilizados por las diversas corporaciones policíacas, sistemática y recurrentemente, como método de investigación de delitos.
Exigimos al Gobernador del Estado y al Procurador General de Justicia ordenen realizar de inmediato la aplicación del Protocolo de Estambul[2] tanto a la señora JUANA RODRÍGUEZ ANTONIO como a la señora BALBINA ARRIAGA AGUILAR (de quien se ha dicho que se encuentra confesa del crimen del menor) y una investigación imparcial sobre el abuso de autoridad y la tortura cometidas por los agentes adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que culmine en la aplicación de las sanciones penales y administrativas correspondientes a su ineficiente actuación.
La aberración de estos hechos es una muestra clara de que el estado de descomposición en general de nuestras policías y de nuestro Estado de Derecho, sólo podrá ser frenado si los ciudadanos asumimos nuestra responsabilidad y repudiamos enérgicamente cualquier abuso.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.
6 de febrero de 2009
Artículo 209 CPNL: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público: II.- Que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare;
[2] Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; presentado por la Asamblea General de la ONU el 9 de agosto de 1999 y aceptado por Nuevo León el 10 de junio de 2005.
