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8 de marzo 2018
Comunicado Conjunto

Nos sumamos este 8 de marzo al Paro Internacional de Mujeres, demandando un alto inmediato a la violencia que vivimos, y denunciando las constantes violaciones a nuestros derechos.

Desde 1911 se conmemora el Día Internacional de la Mujer, propuesto en un contexto donde las luchas por los derechos laborales y políticos de las mujeres atravesaban el mundo. Luego, en 1975, Naciones Unidas retomó la conmemoración del 8 de marzo, instando a la igualdad, a la no discriminación y a la erradicación de la violencia.

Ciento siete años después, este 2018, las demandas laborales no han sido resueltas totalmente, mientras la violencia permea la vida cotidiana, presentándose de forma sistemática como acoso, agresiones, represión, desapariciones y feminicidios. Mientras que las instituciones encargadas de atender esta violencia siguen sin funcionar del todo, ni aplicar las leyes a cabalidad, con un gobierno que carece de perspectiva de género minimizando los asesinatos a mujeres, y normalizando la violencia hacia nosotras.

Ante ello las mujeres aquí presentes: indígenas, hetero, lesbianas, madres de personas desaparecidas, integrantes de grupos comunitarios, defensoras de derechos humanos y feministas, Demandamos:

• Alto a todas las formas de violencia hacia las mujeres.
• Alto a la violencia feminicida en el estado de Nuevo León y en el país.
• Actuación efectiva del Instituto Estatal de las Mujeres.
• Aplicación real de las Leyes General y Estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
• Atención a la Alerta de Género emitida para cinco municipios de Nuevo León.
• Respeto a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará).
• Respeto a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

¡Conmemoramos la lucha histórica de las mujeres, y exigimos condiciones igualitarias de vida así como el respeto irrestricto a una vida libre de violencia para todas!

Organizaciones y grupos feministas de Nuevo León

Monterrey, N.L. a 8 de marzo, 2018.

24 de febrero de 2018
Comunicado Conjunto

En el marco del XIII encuentro que realizamos organizaciones civiles que acompañamos casos de desaparición de personas en 10 estados de la república, nos pronunciamos ante el incremento de violencia en el contexto electoral.

El pasado año 2017 cerró con la tasa de homicidios dolosos de 20,51 por cada 100 mil habitantes y los índices de violencia más altos de los últimos 20 años. En los 2 meses que estamos completando de 2018 no se muestran signos de que esa tendencia vaya a revertirse, en este periodo en que se elegirán nuevos gobernantes.

Los derechos humanos están ausentes en la agenda de los candidatos, y es su deber como posibles futuros gobernantes, aclarar cuál es su postura ante la desigualdad, las desapariciones, las ejecuciones, los feminicidios, la tortura y demás graves violaciones de derechos humanos que sacuden al país.

Dentro de este contexto, nos preocupa advertir la tendencia de las autoridades a operar con prácticas discrecionales en cuanto a las atribuciones, competencias y capacidades de las nuevas instituciones creadas por la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, tendencia  especialmente notoria en una serie de disposiciones  que no está respetando la inclusión igualitaria de las víctimas y ciudadanía en la aplicación de ley para no convertirse en una simulación y en que realmente sea una herramienta de esperanza, y no en vía dolorosa a la revictimización de todas las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Es una tarea política fundamental, ampliar y profundizar un compromiso firme y coherente de sectores cada vez más amplios de la ciudadanía, para evitar, que, en el contexto electoral, se desdibuje y tergiverse  la implementación e  institucionalización de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, hasta terminar convirtiéndola en una  trampa que  destruya  ese cúmulo de expectativas dirigidas a  mejorar la justiciabilidad, y a combatir la impunidad,  depositadas por cada familia -y por una parte significativa  de la sociedad mexicana-  afectadas por este flagelo y decididas a continuar realizando  acciones encaminadas a ponerle fin.

Dentro de este mismo contexto electoral ominoso, denunciamos la multiplicación de   situaciones de riesgo a la que nos enfrentamos, ejemplificada en los sucesos ocurridos a la familia de nuestra compañera Janahuy Paredes Lachino, cuando el pasado 15 de Febrero agentes de la Policía Michoacán pertenecientes al Mando Único de la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado y de la Policía Ministerial irrumpieron en su domicilio y  extrajeron parte del equipo de seguridad entregado por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del que, por su situación de riesgo, son beneficiarias. Consentir  que sean los propios servidores públicos,  responsables de nuestra seguridad, los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos, implica enviar  un mensaje del tipo de “doble vínculo” (dar una orden y de modo simultáneo indicar su incumplimiento), lo que provoca que el sistema de administración de justicia actúe esquizofrénicamente. Como sabemos se trata de una infalible fórmula para extender indefinidamente nuestra persistente tragedia nacional.

Como punto final, compartimos la perspectiva consensuada entre numerosos expertos, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, en cuanto a que la  controvertida  Ley de Seguridad interior no vendría más que a aumentar el riesgo que enfrentamos todas y todos los mexicanos, con la regularización de un estado de excepción permanente.

Importantes análisis, y todo el debate actual,  en torno a las tendencias arriba señaladas,  nos parecen suficientemente concluyentes para esperar razonablemente, que, de mantenerse sin modificaciones tales tendencias, nuestro país  desembocaría,  si no hay cambios verdaderos en la hoja de ruta,  en un  aumento exponencial de la violencia generalizada y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Por esta serie de razones, exigimos:

• Que se tengan en cuenta los Derechos Humanos, y nuevos enfoques y estrategias para combatir la violencia y la impunidad, situándolas en el primer plano  del debate público, mediante su incorporación a la agenda de los candidatos, e implementando debates desde la sociedad civil, que analicen y sometan a reflexión pública  ese conjunto de propuestas.
• Hacer efectiva la protección a personas defensoras.
• Qué el proceso de implementación de la  Ley General en Materia de Desaparición Forzada y por Particulares se transforme en un proceso abierto al escrutinio público, haciendo efectiva la participación de los familiares y de la sociedad civil, como el mejor modo de evitar las “trampas de la institucionalización” (ahora perfectamente visibles).
• Se declare la inconstitucionalidad de la ley de Seguridad Interior, por parte de la SCJN.

Organizaciones firmantes: 

1. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) (Guerrero)
2. Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja California, Sinaloa y Sonora)
3. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (CEDIMAC) (Chihuahua)
4. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (Nuevo León)
5. Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces” (Michoacán)
6. Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos
7. Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) (Latinoamérica)
8. Grupo Vida Laguna A.C., Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila)
9. Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua)
10. Zacatecanos por la Paz (Zacatecas)

09 de febrero 2018
Comunicado Conjunto

9 de febrero 2018

Ciudad de México

El día de hoy se presentó en Casa Lamm, Ciudad de México el informe Derecho a la verdad en México: Alcances y limitaciones en casos de graves violaciones a derechos humanos. El informe fue elaborado de forma conjunta por el Centro Prodh, CMDPDH, Universidad Iberoamericana,  Tlachininollan, Article 19, Fundar, CADHAC. Así mismo se contó con la presencia de Jacobo Dayán, de la Universidad Iberoamericana, y Michael Reed-Hurtado, de Georgetown University, quienes comentaron el informe.

En el informe se reflexiona desde casos particulares sobre el derecho a la verdad de acuerdo a la experiencia de las organizaciones, la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC, habló sobre el capítulo “Las desapariciones forzadas en Nuevo León (2006-2012) y el derecho a la verdad” escrito por CADHAC, en donde se habla desde la experiencia del acompañamiento a familiares de personas desaparecidas.

Para ver la transmisión en vivo de la presentación da clic aquí

A continuación se pueden leer las palabras y reflexión de CADHAC:

Desde 2009 CADHAC ha venido acompañado integralmente a familiares que tienen un ser querido desaparecido. La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) se conforma de mas de 60 familias que se reúnen, desde entonces, cada semana y que juntas buscan  incansablemente a sus seres amados y luchan por la verdad y justicia. Es así, desde la experiencia de 9 años del acompañamiento legal, social, organizativo, y psicológico que CADHAC reflexionó junto con ellas para  tratar de entender lo que significa la verdad.

En el caso de las desapariciones, por la propia naturaleza de la violación a derechos humanos, la verdad queda desdibujada, pues es un intento de eliminar y borrar la existencia y memoria de una persona; por ejemplo, en Nuevo León se hizo de una manera atroz, en donde se buscó deshacer, desintegrar literalmente, al ser humano. No obstante la verdad tiene un componente en sí misma, la verdad es.  

Una desaparición es real, aún y cuando no se sepa la forma en que les llevaron, ni las circunstancias que hicieron posible este evento. De forma que la desaparición de una  persona se convierte en un hecho fehaciente y la verdad se constata de forma permanente ante la ausencia de la persona desaparecida. No obstante, acceder a  la verdad del cómo, cuándo, dónde y qué pasó a cada una de las personas desaparecidas, es en sí el verdadero reto, para acceder al derecho a la verdad.  

Y es aquí donde desde AMORES y CADHAC hemos reflexionado sobre algunos componentes, que juntos pueden llegar a construir este camino para conocer o al menos acercarnos a la verdad. Es importante resaltar que no siempre se podrá contar con todos los elementos, y que inclusive en algunos casos, para alguna de las partes involucradas, tener acceso a uno o unos cuantos, será suficiente para satisfacer su derecho a la verdad.

Veamos los componentes mencionados:

1ero. Reconocer a las víctimas y su verdad: En la medida que de manera colectiva-familiares, sociedad civil, iglesias, autoridades- no solo se solidaricen con la causa de las desapariciones, sino que además escuchen, crean y acompañen a estas familias, se satisface un primer nivel del acceso a la verdad que consiste en reconocer la problemática a nivel de toda la sociedad, sea local,  nacional ó internacional.

2ndo. Saber dónde están: este es el principal elemento para las familias, la entrega en vida o muerte, de su familiar. Responder a este pregunta es el centro de la demanda de la verdad en el caso de una desaparición y muchas veces, este único elemento satisface el acceso a la verdad por parte de las familias, porque termina con la angustia diaria al saber dónde están.

3ero. Saber qué sucedió:  si bien, conocer el paradero de la persona es lo más importante para las familias, desde la sociedad civil no podemos aceptar únicamente la presentación del familiar desaparecido. Es necesario un ejercicio de rendición de cuentas por parte de la autoridad en donde se esclarezca, idealmente de forma individual, esta laguna, este vacío de información de la desaparición de la persona.  Pero si bien, esto no puede lograr en todos los casos, es necesario que se haga de manera colectiva y contextual en donde se de respuesta al por qué de las desapariciones. Aunado a esto, el cuarto componente.

Reconocimiento por parte del Estado: las desapariciones son un tema de interés público, son heridas que se abren de forma colectiva y que necesitan ser sanadas. las familias,  merecen no solo respuestas, sino un reconocimiento público por parte de autoridades de alto nivel moral y jerarquía gubernamental, en donde se nombre y les  reconozca a ellas y a las víctimas. Donde reconozca que incumplió su deber de garantizar seguridad. Este acto tiene gran relevancia, pues no solo visibiliza la problemática, sino que también reivindica y empodera a las familias, quienes en la inmensa mayoría de las veces son marginadas, criminalizadas y juzgadas por su comunidad. Este ejercicio se suma a la rendición de cuentas, pues lamentablemente, en muchas ocasiones, las condiciones no han permitido dar con el paradero de la persona o conocer qué sucedió. Al mismo tiempo, el reconocimiento público por parte del Estado, es un primer paso para garantizar medidas de no repetición y reparación de daño.

5º. Además de estos elementos, creemos que es indispensable que se tenga acceso a la justicia penal. Esta se convierte en un instrumento y plataforma para que las familias puedan acceder a su derecho a la verdad, mientras que para la autoridad es una obligación proporcionarla.

Tras 7 años de la revisión conjunta de expedientes entre AMORES, CADHAC y la Procuraduría de Justicia de NL, hemos aprendido que el acceso a la verdad se construye de forma conjunta. Entre más actores participen, más se puede conocer y desentrañar esta verdad, es un paso indispensable, pero muy difícil, pues requiere generar confianza entre ciudadanía y autoridades (voluntad política). La verdad nos lleva a tocar todo lo que no se ha tocado, a romper la impunidad, esto implica llevar a servidores públicos involucrados frente a la justicia.

Ahora, me permito ejemplificar esto con el caso de AMORES, particularmente el caso de Luzma, quien desde 2011 busca a su hijo Israel, desaparecido por agentes municipales cuando tenía 17 años, en presencia de su hermano. Luzma se dio de inmediato a su búsqueda, pero las autoridades le negaron el paradero. Debido a la investigación se supo que los agentes entregaron a Israel a miembros del crimen organizado.  

Este caso se tiene en el ámbito judicial a 3 policías sentenciados, se cuenta con la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una disculpa pública del alcalde de la localidad, pero no se ha localizado su paradero ni el de sus 3 compañeros… para Luzma su derecho a la verdad sigue sin ser satisfecho, ella continúa la búsqueda de su hijo.

La lucha de estas mujeres, ejemplifica la necesidad de tener acceso a la verdad, pues ellas no descansarán hasta tener respuestas. La justicia, verdad y el amor de estas madres por sus hijos son el motor que debe impulsarnos a exigir y garantizar, junto a ellas, que se cumpla este derecho.

En México nos faltan más de 30 mil personas, son más de 30 mil verdades e historias que necesitamos conocer, pues reflejan una realidad terrible y cruel, cuyas repercusiones se agravan día a día. El derecho a la verdad en el caso de las desapariciones es entonces esencial para subsanar la ausencia y el dolor, es con éste que se garantizan otros derechos, como la reparación, medidas de no repetición, y el reconocimiento de la vida y dignidad de la personas desaparecidas… ya que sin verdad y sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz.

Te invitamos a la presentación del Informe, Derecho a la verdad en México: Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos.

La Hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC, estará presentando el capítulo “Las desapariciones forzadas en Nuevo León (2006-2012) y el derecho a la verdad” escrito por CADHAC, en donde se habla desde la experiencia del acompañamiento a familiares de personas desaparecidas del derecho a la verdad.

28 de enero 2018
Comunicado 1801/03

Fotografía: La Silla Rota

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C (CADHAC) expresa grave preocupación y rechazo por los continuos actos de corrupción e impunidad que se viven en México. Si bien estos actos han sido denunciados por la ciudadanía, organizaciones civiles y organismos internacionales desde hace décadas, la corrupción continúa presente lastimando a nuestra sociedad.

La corrupción, la trampa, el agandalle por parte de autoridades y de quienes aspiran a algún puesto público, no solo afecta seriamente la vida diaria de las y los mexicanos, sino que además ha fragmentado el tejido social y la confianza que tiene la ciudadanía hacia sus instituciones y gobernantes. La misma ha frenado el desarrollo y arrebatado recursos y oportunidades a quienes más lo necesitan. Al mismo tiempo se ha favorecido la impunidad como resultado de una falta de compromiso real para terminar con la corrupción y ante un sistema que la favorece.

CADHAC rechaza enérgicamente cualquier acto de corrupción, ya sea por particulares o autoridades, y hace un llamado a las y los ciudadanos para denunciar y combatir esta práctica en todas sus formas. Así mismo es necesario  exigir a sus representantes rendir cuentas, sancionar la mentira y el uso indebido de los recursos y, como ciudadanía, realizar un compromiso por actuar siempre con legalidad, como forma de vida.

Por su parte exigimos a todas las autoridades gubernamentales combatir la corrupción desde una estrategia integral en el que se realicen investigaciones serias e imparciales en donde se procesen a todas las personas responsables de estos actos. A su vez, es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda hacer valer sus derechos y los gobernantes cumplan sus obligaciones constitucionales.

Terminar con la corrupción requiere de una clara decisión y esfuerzo conjunto por parte las autoridades y de todas y todos los ciudadanos. Es indispensable que el centro que motive todas las decisiones sea el bien común, se actúe y respete siempre la legalidad y el Estado de Derecho; solo de esta manera se puede aspirar a tener una verdadera sociedad democrática.