La CNDH demoró 3 años y 4 meses de ocurridos los hechos en suscribir la recomendación derivada del proceso de investigación. Dicha recomendación contiene aspectos relevantes en materia de medicina forense, cadena de custodia, manejo de restos, así como recomienda iniciar procedimientos por algunas responsabilidades vinculadas con la investigación penal y medidas estructurales como la creación de un banco de datos en genética y políticas de prevención.
Sin embargo, la recomendación 80/2013 viola dos aspectos fundamentales en perjuicio de las víctimas y de la sociedad porque no se pronuncia sobre los hechos de la masacre (violación al derecho a la vida) ni sobre la responsabilidad del Estado en los hechos. Al no garantizarles su derecho a participar en el proceso, la CNDH no buscó, documentó ni escuchó la voz de los familiares de las víctimas de las 72 personas migrantes asesinadas quienes conforme al derecho nacional e internacional, también son víctimas. La recomendación tampoco establece medidas de reparación integral del daño. Dicha recomendación resulta parcial, violatoria de los derechos humanos de familiares de las víctimas e incluso perjudicial al derecho a saber, tanto de las víctimas como de la sociedad.
Por otra parte, la CNDH también deberá rendir cuentas sobre su falta de actuación para emitir medidas cautelares y prevenir violaciones de derechos humanos de familiares de migrantes. Tal es el caso de la solicitud de medidas que no dictó para evitar la cremación de restos de personas migrantes de San Fernando Tamaulipas.
De ahí la solicitud de comparecencia pública del Presidente de la CNDH ante el Legislativo por las omisiones advertidas en el proceso de investigación en la masacre de 72 personas migrantes y las masacres de las fosas clandestinas de San Fernando. La masacre de las 72 personas migrantes constituye uno de los peores momentos de la historia de México y la CNDH obstaculiza el ejercicio del derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y la sociedad.
Confiamos en las y los senadores para que se hagan voceros de las preocupaciones de las familias de las víctimas. Se aprovechará de esta oportunidad para solicitar a las y los Senadores que se integre una comisión especial para dar seguimiento a los compromisos que la CNDH asumirá para investigar la masacre de las 72 personas, atender a las víctimas y reparar el daño. La reparación debe realizarse a través de un proceso que dignifique y cuide a las víctimas, respetando el derecho que ellas tienen de estar acompañadas por sus representantes y de participar en la definición de las medidas de reparación.
Firman
Comité Cofamipro (Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras)
Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia AC)
La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, Tabasco
Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana
Estancia del Migrante González y Martínez A.C.
Por un Chihuahua Libre y Sin Temor (Chih, Mex)
Por la Superación de la Mujer A.C de Tapachula, Chiapas
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C. (CEDEHM)
Red Mesa de Mujeres Cd Juarez
Eje sobre Migracion, Refugio, y Desplazamiento Forzado del Capitulo Mexico del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP
Comisión Jurídica del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento TICPM
National Lawyers Guild EEUU USA
Border Center for Human Rights and Social Justice, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico EEUU USA
International Association of Peoples Lawyers IAPL
Asociacion Brasileña de Abogados del Pueblo ABRAPO
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.
Monterrey, N.L. a 16 de mayo, 2014.
Of. Núm. 1405/19
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
P r e s e n t e.-
En Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) solicitamos su inmediata intervención ante las presuntas violaciones a derechos humanos perpetradas por elementos de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que colocan en situación de vulnerabilidad al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, instancia ciudadana de atención a víctimas de la violencia en ese estado .
De acuerdo a Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, alrededor de ciento cincuenta elementos de la Secretaría de Marina mantuvieron sitiada su oficina el día de ayer, 15 de mayo de 2014. El personal operativo de la Secretaría de Marina arribó a la colonia La Joya alrededor de las nueve quince horas a bordo de ocho camionetas oficiales y ocho particulares, incluyendo vehículos blindados, para revisar casa por casa en los alrededores, en busca de “personas armadas.” Los marinos llegaron al CDH NUEVO LAREDO poco después de las diez de la mañana y le informaron a uno de sus abogados que necesitaban “revisar las quejas y la documentación de la organización para comprobar que todo estuviera en orden”.
Posteriormente un marino, con el grado de capitán, se comunicó vía telefónica con el licenciado Ramos “solicitando autorización” para revisar el interior de las oficinas, negándoles el acceso. El grupo de elementos de la Marina, que en ningún momento se identificaron plenamente, dijeron que esperarían la presencia del presidente del CDH NUEVO LAREDO el tiempo que fuera necesario.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado graves violaciones a los derechos humanos en contra de personal de las fuerzas armadas del país por tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y agresiones a periodistas, mismas que han sido corroboradas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Tomando en cuenta el riesgoso trabajo que realiza el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y la actuación de elementos de la Secretaría de Marina, que vulnera no sólo a quienes integran el CDH sino también a las víctimas a cuyos expedientes quiere acceder la Secretaría de Marina, solicitamos:
1) Sea efectivo el Mecanismo de Protección a defensores de Derechos Humanos del cual es beneficiario Raymundo Ramos, Presidente del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
2) Se investiguen y sancionen las presuntas violaciones perpetradas por elementos de la Secretaría de Marina.
3) Se revise que la nueva “Estrategia de Seguridad” de Tamaulipas, que anunció la administración del Presidente Peña Nieto, respete los derechos fundamentales de los ciudadanos y defensores de derechos humanos del estado.
Sin más por el momento quedamos en espera de su inmediata intervención.
A t e n t a m e n t e,
Hna. Consuelo Morales Elizondo
Directora
C.c.p Lía Limón, Subsecretaría de Derechos Humanos
C.c.p. Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
C.c.p. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República
16 de mayo del 2014
REPRODUCIMOS CARTA DE HUMAN RIGHTS WATCH. HECHOS OCURRIDOS EL 15 DE MAYO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernacion
Secretaría de Gobernación
Distrito Federal, MEXICO
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con gran preocupación para solicitar su intervención para garantizar la integridad de una reconocida organización de derechos humanos de Tamaulipas, que ha colaborado estrechamente con Human Rights Watch durante varios años en la documentación de casos de graves violaciones de los derechos humanos. Se trata de las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (dirigido por el Lic. Raymundo Ramos), que se encuentra actualmente rodeado por oficiales de la Marina. Al respecto le solicito respetuosamente que adopte las medidas necesarias para que se suspendan de inmediato las acciones de hostigamiento e intimidación que están ejerciendo contra la mencionada organización, y que sus oficiales se retiren de inmediato de las inmediaciones de esta organización.
A partir de las 9 de la mañana del día de hoy, oficiales de la Marina realizaron un operativo en el barrio la Joya, en Nuevo Laredo, donde se ubica la oficina de la organización. Elementos de la Marina allanaron más que 20 casas en el área, supuestamente buscando a hombres armados que habrían huido. Marinos armados, con sus rostros cubiertos, no permitieron que personal de la organización entrara en sus oficinas “por su seguridad”. Después, les informaron a un funcionario de la organización que necesitaban revisar las denuncias y la documentación de la oficina “para comprobar que todo estuviera en orden”, a pesar de que no tenían una orden judicial para allanar la oficina, ni la facultad para investigar. Actualmente, elementos de la Marina siguen rodeando la oficina de la organización.
El Comité ha sido un constante refugio y apoyo para víctimas de abusos graves de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, y torturas perpetrados por la Marina. Es absolutamente esencial que la nueva “Estrategia de Seguridad” de Tamaulipas, que anunció la administración del Presidente Peña Nieto hace unos días, respete los derechos fundamentales de los ciudadanos del estado, tanto como a los defensores de derechos humanos que los resguardan.
Aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de la más alta consideración y estima.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
CC: Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República; José Antonio Meade, Canciller; Juan Manuel Gomez Robledo, Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Lía Limón, Subsecretaría de Derechos Humanos
15 de mayo del 2014
Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. expresamos nuestra profunda tristeza por el fallecimiento del señor Gustavo Acosta Ríos, ocurrida el día de hoy.
El señor Acosta es padre de Gustavo Acosta Luján, quien el 1 de septiembre del 2011 fue ejecutado extrajudicialmente por integrantes de la Marina en Nuevo León.
Desde el 2011, Gustavo Acosta Ríos formaba parte del grupo de familiares de personas desaparecidas, AMORES y destacó como un integrante tenaz y activo dentro del grupo.
Acompañamos a su familia en estos momentos y nos comprometemos a seguir caminando junto a ellos hasta encontrar justicia y reparación del daño.
No. Oficio 1405/18
Monterrey, N.L. a 14 de mayo, 2014.
Lic. Mario López Valdez
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa
P r e s e n t e.-
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, condenamos el asesinato de Sandra Luz Hernández ocurrido el pasado 12 de mayo de 2014 en Culiacán, Sinaloa, y demandamos justicia pronta y expedita a fin de sancionar a los responsables de la ejecución de la defensora de derechos humanos, quien llevaba más de dos años en la búsqueda de su hijo desaparecido.
De acuerdo a la información con la que contamos Sandra Luz recibió 15 impactos de bala en la cabeza a plena luz del día, horas después de que acudiera a una reunión con autoridades de la Procuraduría de Sinaloa para revisar el caso de la desaparición de su hijo. El asesinato y la violencia perpetrada en él nos indigna y preocupa sobremanera.
Tenemos conocimiento que desde 2012 la activista, unida a grupos de familiares, emprendió la exigencia de localización de su hijo Édgar Guadalupe García Hernández, quien laboraba en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa y fue desaparecido por personas armadas que irrumpieron en su casa en febrero de ese año. Existe una alta probabilidad de que el móvil del asesinato haya sido la búsqueda incansable de Sandra Luz por conocer el paradero de su hijo.
Las madres y demás familiares de las personas desaparecidas, quienes ante la omisión de las autoridades en las investigaciones y la falta de acceso a la justicia, llevan a cabo la búsqueda e investigación ellas mismas para dar con el paradero de sus hijas e hijos, corren un alto riesgo.
De acuerdo al registro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, RNDDHM, con el asesinato de Sandra Luz, suman 31 asesinatos de defensoras de derechos humanos en nuestro país de 2010 a la fecha. Tan sólo en el primer trimestre de 2014, la RNDDHM registró 41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como 6 agresiones contra sus organizaciones. Las garantías que debe proporcionar el estado para hacer efectivos los derechos humanos, no están siendo proporcionadas.
Por tanto, CADHAC exige al Gobierno que usted encabeza:
1) Justicia pronta y expedita: identifique y sancione, a través de la investigación correspondiente, a las personas responsables del asesinato de Sandra Luz Hernández,
2) Esclarezca los hechos relacionados con el paradero de Edgar Guadalupe García Hernández, y se sancione conforme a derecho a las personas responsables.
Ante este clima de violencia e inseguridad hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales para que atiendan esta situación y tomen medidas efectivas para garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.
Desde CADHAC nos solidarizamos con las y los familiares, así como con las amistades de la defensora y de su hijo, y con quienes junto con Sandra han exigido la aparición de Edgar Guadalupe García Hernández. Quedamos atentas de las acciones que el gobierno de Sinaloa emprenda para que el asesinato de Sandra Luz Hernández y la desaparición de su hijo Edgar Guadalupe García Hernández, no queden en la impunidad.
Sin más por el momento, quedamos al tanto de su pronta comunicación,
A t e n t a m e n t e,
Hna. Consuelo Morales Elizondo
Directora
C.c.p. Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
C.c.p. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
13 de mayo del 2014
Compartimos con ustedes un video sobre el trabajo que el grupo de familiares de personas desaparecidas, AMORES, CADHAC y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León hacen en conjunto.
En este enlace puedes reproducir el video:
Monterrey, N.L. a 13 de mayo, 2014
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. se une a la demanda de justicia pronta y expedita en torno al asesinato de Alberta Cariño y Jyri Jaakkola perpetrado el 27 de abril de 2010 en el municipio de San Juan Copala, Oaxaca, cuando la Caravana de Apoyo Humanitario que integraban fue emboscada por paramilitares.
Si bien se han dictado órdenes de aprehensión en contra de los responsables éstas no han sido ejecutadas. La impunidad que permea el país, envuelve clara e indignantemente este caso.
El día de hoy cumple 15 días la Huelga de Hambre que sostiene Omar Esparza y compañeros de Oaxaca en la ciudad de México. Desde CADHAC en Monterrey, N.L., respaldamos las demandas que Omar Esparza ha hecho al gobierno federal para levantar la Huelga de Hambre:
1) Fecha y metodología de las reuniones de trabajo de la articulación interinstitucional para el caso.
2) Fecha en que se dará respuesta al cumplimiento de las órdenes de aprehensión y al mecanismo de protección a testigos.
3) Emitir las “fichas rojas” de captura, solicitando la aprehensión de los responsables a nivel nacional, ante todas las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia.
4) Inclusión a los responsables en el programa de recompensas y su difusión.
El derecho al acceso a la justicia está siendo totalmente vulnerado. Nos solidarizamos con la Huelga y demandamos el cumplimiento de los puntos señalados. Responsabilizamos al gobierno de la integridad física y psicoemocional de quienes se encuentran exponiendo su vida en favor de la resolución del caso. Exigimos la inmediata y contundente intervención de los gobiernos estatal y federal.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
9 de mayo de 2014
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra la reciente aprobación de reformas al Código de Justicia Militar por parte del Congreso mexicano, mediante las cuales se restringen los alcances de la jurisdicción militar.
De conformidad con estas reformas, los casos de violaciones a derechos humanos de personas civiles cometidas por militares serán juzgados exclusivamente por el sistema de justicia civil y no por tribunales castrenses. La CIDH valora esta reforma como un paso importante en la protección de los derechos fundamentales en México y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, principalmente en lo referente a las garantías del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas y sus familiares.
Asimismo, la Comisión valora positivamente que la reciente aprobación de reformas al Código de Justicia Militar se da en el marco del cumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones emitidas por esta Comisión en su informe de país de 1998 y en el caso de las Hermanas Gonzalez Pérez, entre otros. Asimismo, estas reformas dan cumplimiento a las reparaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro sentencias: Rosendo Radilla (2009), Rosendo Cantú y otra (2010), Fernández Ortega y otros (2010), Cabrera García y Montiel Flores (2010).
En estas decisiones la Corte Interamericana dispuso, en lo fundamental, que el Estado mexicano debía realizar las reformas legislativas pertinentes al Código de Justicia Miliar para compatibilizarlo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En estas sentencias, la Corte Interamericana señaló que “[e]n un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares”. De igual manera, la CIDH recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió el 12 de julio de 2011 adoptar como criterio orientador la restricción del fuero militar en los casos en que elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, la Comisión Interamericana insta al Estado a que en su legislación se indique claramente que la naturaleza del derecho que ha sido afectado debe ser el factor determinante para establecer jurisdicción.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
09 de mayo de 2014
BP. No. 1405/16
Mañana, 10 de mayo, se conmemora el día de las madres en nuestro país. Es un día históricamente centrado en la valoración de las madres tanto en la familia, como en la sociedad.
Sin embargo, en el marco de la violencia e inseguridad en que vivimos, todas ellas viven en una constante angustia e incertidumbre sobre el bienestar y el futuro de sus hijos e hijas.
La violencia social y estructural creciente afecta de manera significativa la tranquilidad de todas las madres de familia. La angustia constante en que viven por no saber si sus hijos e hijas al salir a la calle a realizar sus actividades cotidianas regresaran a casa a salvo se relaciona con las ejecuciones, desapariciones, secuestros, extorsiones, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, delincuencia organizada y común y la impunidad constante, delitos de los que muchas madres ya son víctimas.
Una madre que tiene a su hija o hijo desaparecido, vive en una constante agonía al no saber sobre el paradero y la suerte de su familiar, si estará comiendo, si estará padeciendo hambre, frío, golpes, incluso si se encuentra con vida. De igual manera, las madres que tiene a sus hijas o hijos recluidos en algún centro penitenciario se enfrentan al dolor constante de no saber si sus familiares están bien, si están siendo maltratados o golpeados por otros internos e incluso por los propios custodios. Ellas se endeudan para cubrir las cuotas que les piden para poder ver a sus hijos e hijas, o para evitar que sean constantemente acosados y golpeados.
Y no solamente las madres sufren por sus hijos e hijas, igualmente éstos sufren por sus madres, pues también hay mujeres madres de familia que se encuentran recluidas en centros penitenciarios, madres desaparecidas que dejaron a sus familias a la deriva y que sufren constante y permanentemente por no saber nada de ellas, y muchas otras madres que han muerto en esta cruda y sangrienta guerra contra el narcotráfico dejando huérfanos a miles de niños y niñas, en la total indefensión y desprotección, sin contar también con los miles y miles de padres que han sido asesinados y que dejaron a sus esposas y madres de sus hijos e hijas a cargo de la familia y que estas tienen que dejarlos solos para salir a trabajar.
Hoy en día, las madres se ven de alguna u otra forma afectadas por toda esta violencia social y estructural en la que vivimos. A lo anterior se suman las denuncias por violencia familiar, las cuales van en aumento en los últimos años, violencia que afecta de manera significativa, en su mayoría, a las mujeres y menores de edad, causándoles daños físicos, emocionales y psicológicos con los que tendrán que lidiar toda su vida. La violencia y la discriminación laboral también tiene graves consecuencias en la vida de las madres, incluso por ese hecho natural de la maternidad las mujeres son discriminadas o despedidas. La constante violencia social y de estado afecta en mayor medida a las mujeres, quienes por cuestiones de género están en mayor vulnerabilidad.
Inclusive las muertes violentas de mujeres se han incrementado, principalmente los homicidios y feminicidios. Según datos del INEGI, en 2007 del total de muertes violentas registradas en México el porcentaje de muertes por homicidios de mujeres fue de 9.6%, para 2010 está cifra aumentó a 18.9%, es decir, de 2007 a 2010 hubo un incremento de 96.8% de muertes de mujeres por homicidios con respecto al total de muertes violentas registradas en el país. Para 2012 este porcentaje aumentó aún más, siendo de 20.6% de muertes de mujeres por homicidio con respecto al total de muertes violentas que se presentaron en el México (en este año el porcentaje aumentó 114.5% con respecto al 2007).
Para el caso de Nuevo León estás cifras son mucho más desoladoras. En 2007 el porcentaje de muertes por homicidio de mujeres respecto al total de muertes violentas fue de 5.6%, para 2009 creció este porcentaje a 11.4%, en 2010 aumentó a 19.4%, y en 2011 se registró el punto más alto siendo éste de 36.5% mientras que en 2012 bajó solo un poco a 29.1%, muy lejos todavía de los niveles que había en 2007. Del año 2007 al 2011 año en que se registró el porcentaje más alto de homicidios de mujeres respecto al total de muertes violentas, esta cifra aumentó en 551.7%.
Algunos datos adicionales del INEGI:
En 2012, del total de nacimientos registrados en México, el 19.4% fueron madres adolescentes las que dieron a luz, es decir, mujeres menores de 20 años de edad, en Nuevo León esta cifra fue del 17.6%.
En 2012, del total de nacimientos registrados en México, el 58.2% de las madres tiene apenas educación básica (primaria y secundaria o equivalentes). En Nuevo León está cifra es del 61.7%. En contraste, del total de nacimientos registrados en este mismo año, en el país el 78.8% de las madres no estaban económicamente activas al momento de dar a luz. Mientras que en Nuevo León fueron el 76.4% de madres que no estaban laborando.
Estas condiciones de edad temprana de embarazo, bajo nivel educativo y falta de empleo, ponen en una particular condición de vulnerabilidad a las mujeres que son madres y que carecen de varios de los elementos básicos para proporcionarle un futuro prometedor y de oportunidades a sus hijos e hijas.
Por todo ello, este 10 de mayo denunciamos la violencia de que son víctimas las madres de nuestro país, y particularmente de Nuevo León. Denunciamos la violencia social y familiar. Denunciamos las desapariciones, ejecuciones, la inseguridad, la corrupción, la violencia doméstica, denunciamos que el derecho de las mujeres, de las madres, a vivir libres de violencia está siendo totalmente vulnerado.