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Brinda alimentos a 100 niños y niñas familiares de personas desaparecidas y apadrina su esperanza.

Con tu apoyo económico podremos seguir entregando de manera quincenal una despensa alimentaria a los niños, niñas y sus familias. El familiar que brindaba el principal sustento está desaparecido. 

Ahora el Covid-19 reforzó otra gran enfermedad de nuestra sociedad:

el hambre y la desigualdad.

Hoy ell@s y sus familias se encuentran sin un derecho fundamental:

“la alimentación”

       Visibilicemos a los más olvidados en

esta pandemia “la niñez”.

Recuerda que tu donativo es directamente para las familias. 

 

 

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos  A.C., CADHAC, se ha comprometido a brindar alimentación de los niños y niñas de AMORES ( Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León) y sus familias desde el inicio de la contingencia del COVID-19.


Nosotros no detendremos nuestro trabajo para que puedan seguir caminando y el hambre no gane la batalla. Recordémosles que ¡no están sol@s!

Recuerda que tu donativo es deducible de impuestos y puedes solicitarlo aquí :SOLICITA RECIBO DEDUCIBLE DE IMPUESTO   o directamente al correo: administracion@cadhac.org

Muchas gracias por tu apoyo

Conoce más acerca de AMORES

Give them hope.  Sponsor their hope 

Give Them Hope to provide food pantry to families to help them face potential devastation due  to covid-19. Support families through donations to our humanitarian emergency relief work.

Lighten the weight of their burden

$20 dollars ($500 pesos MX) is equivalent to a basic pantry for a family of 5 members for a week.

Any donation from $ 5 ($100 MX) or $ 10 ($250 MX)  dollars works.

Let’s show together that They are not alone!

Donate. Thank you for your support!

You can request your tax deductible receipt to mail: administracion@cadhac.org

Any information:andres.cr@cadhac.org

 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

 

Defender los Derechos humanos, no es un delito

Comunicado Conjunto

Las organizaciones civiles conformadas en varios colectivos y espacios de defensa de los derechos humanos, hemos tenido información de las recientes declaraciones de los C. Isaac Valeriano García, Francisco Morales, Rogelio García Rodríguez, representantes del núcleo agrario de Cacahuatepec, municipio de Acapulco contra el compañero Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Juan Angulo, director del periódico el Sur, a quienes señalan como generadores de violencia al interior de su núcleo agrario. 

Nos preocupa, en sobremanera esta situación porque se trata de una práctica sistemática que se ha reproducido tanto entre las autoridades estatales y municipales, como entre grupos de interés acostumbrados a desacreditar el trabajo de los defensoras y defensores de derechos humanos, así como de los periodistas independientes. En el contexto de la violencia creciente en Guerrero, la criminalización de defensores y periodistas es una constante que ha vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física, su libertad de expresión y que vulnera directamente su labor.

Las declaraciones de los representantes agrarios son producto de la polarización comunitaria alentada por las autoridades locales y los grupos económicos que han recurrido al despojo y al engaño para proteger intereses facciosos. 

Dichas declaraciones responden a la división comunitaria que desde años ha impulsado el gobierno estatal en las comunidades para imponer megaproyectos en regiones estratégicas para inversiones millonarias. Este modelo de despojo ha dañado profundamente el tejido comunitario de aquellas comunidades que durante años han luchado juntas para defender su río y su territorio. La liberación de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), ha generado malestar entre los grupos económicos y caciquiles que han conformado grupos de choque para diezmar la organización de los comuneros en defensa de su territorio, por eso no es gratuito que esta agresión se haya dado a escasos días de su liberación. 

Hacemos un llamado a las autoridades del Estado para que asuman su responsabilidad de establecer el diálogo y la conciliación entre las comunidades y que no criminalicen más a los campesinos del CECOP. Emplazamos a que el gobierno local investigue a los responsables de los que han atentado contra la vida de los campesinos que han sido víctimas de esta disputa territorial alentada por las mismas autoridades y que se trabaje por la reconstrucción del tejido comunitario. 

Reiteramos nuestro reconocimiento a la labor desempeñada durante 25 años por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña que ha demostrado su compromiso inclaudicable en favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de su territorio. 

Atentamente

Organizaciones:

Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México 

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

El Día Después 

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

I(dh)eas Litigio estratégico en Derechos Humanos, A. C.

Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Laboratorio de Innovación para la Paz A.C.

Latin America Working Group (LAWG)

Propuesta Cívica A.C.

Observaciones Designaciones Públicas

Observatorio Nacional Ciudadano

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Renacer Lagunero, A. C.

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

Colectivos:

Buscando Desaparecidos México (BÚSCAME)

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M)

Sabuesos Guerreras A.C. 

 

Personas:

Alberto Athié

Alfredo Pineda

Axel Didrikson

Cipriana Jurado

Catalina Pérez Correa 

Daniel Vázquez, profesor del Instituto de Investigaciones y Jurídicas de la UNAM y FLACSO-México

Darvy Batallar

Denise Dresser

Humberto Zazueta

Eliana García Lagunas

Esperanza Olguín Hernández

Edgar Cortez

Jorge Javier Romero Vadillo, profesor de la UAM

Leticia Burgos Ochoa

Mara I. Hernández Estrada, investigadora del CIDE

Mariclaire Acosta

Mario Saucedo

Nicómedes Fuentes

Oscar Estrada

Mara I. Hernandez Estrada, investigadora del CIDE

Raymundo Sandoval Bautista

Rocío Culebro

Rosa Ma. Gómez Saavedra

Simón Hernández León

Yolanda Tello

Militarización se concreta en Nuevo León; Senado considera alternativas

8 de febrero de 2019

Boletín 1902/03

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externamos nuestra preocupación ante la designación de un mando militar para coordinar la operación de seguridad de los once municipios metropolitanos, decisión que va en sentido contrario al compromiso asumido por el Senado de la República de realizar una dinámica de Parlamento Abierto para considerar modificaciones a la iniciativa de reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional.

El nombramiento de José Luis Cruz Aguilar, Comandante de la Cuarta Brigada de la Policía Militar, como responsable de la coordinación de seguridad de los once municipios metropolitanos representa la decisión del Gobierno del Estado y las administraciones municipales de profundizar la participación militar que pasa de un rol ejecutivo y operativo a una función de mando y coordinación de la estrategia de seguridad pública de Nuevo León.

En contraste, legisladores en el Senado de la República acordaron realizar un ejercicio de Parlamento Abierto para considerar alternativas que respondan a las posturas de organismos internacionales de protección a los derechos humanos y personas expertas en seguridad pública a nivel nacional agrupadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra, quienes han evidenciado en múltiples foros y comunicaciones que la reforma constitucional propuesta profundizaría y haría permanente la militarización de la seguridad pública en México.

Si bien, la colaboración con las corporaciones militares y el fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes municipios y el Gobierno del Estado en labores de seguridad son necesarias, el camino para realizarla no debe ser el ceder a la autoridad militar la titularidad para la definición de estrategia y la gestión operativa de las fuerzas policiales.

Hacemos un llamado al Gobierno del Estado y a las administraciones municipales a recuperar la esencia de la seguridad pública, la cual implica la prevalencia del mando civil sobre el militar. A su vez, les instamos a atender las recomendaciones de organismos internacionales que afirman que el camino para disminuir la violencia en el país debe partir del fortalecimiento de las corporaciones civiles policiacas que permitan el retiro paulatino de la presencia militar.

Urgen a crear Comisiones Estatales de Búsqueda

26 de enero de 2019

Monterrey, Nuevo León

La falta de creación de Comisiones Estatales de Búsqueda pone en riesgo la localización de más de 40,000 personas desaparecidas en el país, declararon hoy participantes del XVI Encuentro de Organizaciones que acompañan familias de personas desaparecidas en México.

“El que sólo estén creadas menos de diez comisiones en las entidades da cuenta del desinterés de las autoridades por este grave problema de un crimen permanente y continuado. Es indispensable que el estado mexicano asuma su deber de garantizar la búsqueda exhaustiva de personas desaparecidas”, señaló Dora Jaimes, representante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, “Alzando Voces”, COFADDEM.

En el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda está pendiente el nombramiento de su titular, quien tendrá la tarea de coordinar la búsqueda y localización, investigación e identificación de personas desaparecidas en el país, por lo que las organizaciones exigen que su nombramiento sea a través de un proceso transparente, con los perfiles idóneos, lo que se demanda también para los gobiernos de los estados del país en la creación de las comisiones locales.

“Es urgente que se designen presupuestos suficientes para la operación de estas Comisiones Estatales, pues de lo contrario se demostraría que estamos ante otra simulación, como la que se observó hasta el 2018”, indicó la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, el proceso de selección del titular fue transparente y se creó la Comisión Estatal de Búsqueda, pero hasta el momento no cuenta con presupuesto, equipo, personal ni instalaciones; en Coahuila pasa lo mismo. En los estados de Veracruz y Zacatecas se iniciaron los procesos para crear las respectivas Comisiones. Ricardo Bermeo, de Zacatecanos por la Paz, señaló que “en ese estado se corre el riesgo de que se repita la experiencia de Nuevo León: se creará la Comisión, pero con un presupuesto irrisorio”.

En otros estados, como Michoacán, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Sonora no se han iniciado los procesos para crear las Comisiones. Es indispensable que se instituyan todas las Comisiones Estatales de Búsqueda en las 32 entidades de la República para que se integre el Sistema Nacional de Búsqueda que define la Ley en esa materia. “Esto exige una articulación correcta entre las Comisiones y las Fiscalías Especializadas en la Investigación de Desaparición de Personas”, comentó Alfredo Limas, de Ciudad Juárez.

“Exigimos que el Presidente de la República asuma la responsabilidad de atender y erradicar la desaparición en México y que se propicie la oportunidad de que colectivos y organizaciones de defensa de derechos humanos vigilen las acciones gubernamentales en este tema” indicó Anaís Palacios, integrante del Grupo Buscando a Nuestras Desaparecidas y Desaparecidos de Veracruz.

Las organizaciones participantes proponen la elaboración de un Plan Nacional Frente a la Desaparición de Personas, para responder al dolor y exigencia de justicia de los familiares de personas desaparecidas y favorecer la plena vigencia de derechos humanos en el país.

Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), Grupo VIDA Laguna A.C. Víctimas por sus Derechos Humanos en Acción, Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Zacatecanos por la Paz.

Posible alza a la tarifa del transporte público atenta contra derechos de los usuarios

8 de enero de 2019

Boletín 1901/01

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), nos resulta inaceptable el alza a la tarifa del transporte público que pretende autorizar el Gobierno del Estado de Nuevo León ya que atenta directamente contra los derechos de los usuarios y hace aún más inaccesible el derecho a moverse libremente en la ciudad.

La intención de aumentar el costo del pasaje de los camiones de rutas urbanas, el Metro y la Ecovía daña gravemente el bolsillo de los usuarios y limita su derecho a moverse en la ciudad ya que se hace imposible cubrir el costo de hasta cuatro camiones que las personas de una familia deben tomar a diario para llegar a su escuela o trabajo.

Así mismo, el alza a las tarifas resulta injustificable por parte de los permisionarios y del Gobierno del Estado pues la situación actual del sistema no ofrece la cobertura necesaria para conectar a toda la ciudad y presenta bajos niveles de calidad y seguridad que ponen en riesgo la integridad de quienes se mueven ellos.

Es indispensable que asumamos que un sistema de transporte no debe entenderse primariamente como un negocio de alta rentabilidad, sino como un servicio público que debe asegurar el derecho que tiene una persona para realizar sus traslados básicos del día a día y poder desplazarse entre sus lugares de estudio o trabajo y el lugar en el que viven.

Hacemos un llamado a la sociedad, particularmente a estudiantes que conocen de primera mano la realidad de moverse diariamente en transporte público, a solidarizarse con las acciones de protesta cívica y pacífica en defensa de los derechos de los usuarios del transporte público que han sido convocadas por la organización Únete Pueblo desde septiembre de 2018 hasta la fecha.

Conscientes de que la decisión final está en manos del Gobernador, le exigimos no autorizar el aumento anunciado a las tarifas del transporte y poner en primer lugar los intereses de los ciudadanos, comprometiéndose a invertir el tiempo y recursos necesarios para que el servicio público de transporte ofrezca la cobertura necesaria, mejore cualitativamente su calidad y proteja los derechos de los usuarios.

Estado debe actuar con transparencia frente a familiares de personas privadas de la libertad en centro penitenciario de Cadereyta

13 de noviembre de 2018

Boletín 1811/27

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., estamos atentas a la situación en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta tras los eventos acontecidos durante la tarde del 12 de noviembre que levantaron señales de alerta por condiciones que pudieran detonar hechos violentos al interior de este centro.

Es de nuestro conocimiento que el centro penitenciario no está funcionando en condiciones de normalidad debido a que personas privadas de su libertad al interior del centro penitenciario de Cadereyta permanecen incomunicadas desde el 12 de noviembre en la tarde y tampoco han recibido alimentos durante esta mañana.

Existen además señales que indican la posible realización de traslados de personas desde la mañana de hoy al identificarse la salida de las instalaciones del centro penitenciario de dos autos de policías ministeriales, un camión de transporte de pasajeros sin rótulos oficiales y una vagoneta de Seguridad Penitenciaria.

Ante este escenario, exigimos que el Gobierno del Estado actúe con transparencia y se pronuncie de forma pública frente a la situación, ofreciendo información oportuna a las familias de las condiciones en que se encuentran sus familiares al interior del Centro de Reinserción Social de Cadereyta y notificando cualquier traslado que se haya realizado o pretenda realizarse, ya que precisamente la falta de información es lo que genera incertidumbre y vulnera el derecho de las familias a ser informadas.

La tutela de las personas privadas de la libertad es responsabilidad del Estado, el ofrecer los alimentos suficientes, garantizar la integridad física y emocional, y el apegarse a los protocolos establecidos para realizar traslados de personas no es una opción, sino que es una obligación del Gobierno de Nuevo León.

Inaceptable réplica de tragedia en el penal de Cadereyta, integridad de personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado

12 de noviembre de 2018

Boletín 1811/26

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Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por las recientes señales de alerta que hemos identificado ante la posibilidad real de que hechos violentos como los sucedidos el 9 y 10 de octubre de 2017 tomen lugar de nueva cuenta en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta.

En últimos días, el recién nombrado Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, ha realizado declaraciones  que nos preocupan como la autorización del uso de fuerza letal por parte de Fuerza Civil en escenarios de riesgo y la destitución de todo el personal directivo de los centros penitenciarios, incluyendo el titular de la Agencia de Administración Penitenciaria.

Tras la destitución del personal directivo de los centros penitenciarios no se ha informado con claridad quienes ocupan ahora los puestos, lo que nos parece de especial alarma pues al no conocer a estos perfiles no podemos saber si son las personas más adecuadas para asegurar que no existan enfrentamientos entre diferentes grupos al interior de los centros penitenciarios.

Nos parece especialmente preocupante que fue el mismo Aldo Fasci Zuazua quien asumió públicamente la responsabilidad de haber dado la orden a elementos de Fuerza Civil de ingresar con armas de fuego al Centro de Reinserción de Cadereyta el 9 y 10 de octubre de 2017, decisión que provocó la escalada del enfrentamiento y resultó en que elementos policiacos utilizaran la fuerza letal contra las personas privadas de la libertad.

Ante este panorama y considerando el reciente historial de hechos violentos dentro de los centros penitenciarios de Nuevo León, exigimos al Gobernador que asegure que su recién nombrado Secretario de Seguridad Pública actúe con estricto apego a estándares de legalidad y constitucionalidad, y que bajo ningún pretexto se acepte el uso desproporcionado de la fuerza al interior de los centros penitenciarios, menos aún, el uso de armas letales dentro de estos.

No podemos permitir que la serie de decisiones que llevaron a la tragedia del 2017 en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta se repitan. Si desde la Secretaría de Seguridad Pública no se actúa con apego al marco legal ni se garantiza la integridad de las personas privadas de su libertad, deberá tomarse a consideración si el titular actual es realmente el perfil idóneo para el puesto.

Insistencia del Gobierno del Estado en el control de policía regia, medida injustificada sin beneficios claros para la ciudadanía

8 de noviembre de 2018

Boletín 1811/25

 

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por la decisión del Gobierno del Estado de asumir el control administrativo de la policía municipal de Monterrey, defendiendo la medida con la utilización imprecisa del término “mando único”, el cual no se encuentra en la Ley de Emergencia Policial del Estado de Nuevo León con la que se respaldó la acción en su anunció el 2 de noviembre.

Esta decisión pareciera ser una reacción cortoplacista que en vez de contribuir a la protección de la ciudadanía puede generar confusión y mayores condiciones de inseguridad, especialmente para el ciudadano de a pie y la población más vulnerable.

Aunado a esto, la justificación inicial de la implementación de la medida ya no se sostiene puesto que el supuesto vacío de poder al que se hizo referencia en el anuncio del 2 de noviembre ya no es tal pues el Concejo Municipal rindió protesta desde el 6 de noviembre.

Desde agosto de 2017 hasta la fecha, hemos identificado múltiples violaciones de derechos humanos por parte de elementos de Fuerza Civil a través de entrevistas con personas detenidas en el Centro del Parque Alamey, las cuales nos dejan en situación de alerta debido a que no ha habido condiciones de transparencia, rendición de cuentas ni sanciones frente a estas acciones de abuso de autoridad desde la policía estatal.

Por esta razón, consideramos importante que las autoridades involucradas en que el Gobierno del Estado mantenga el control de la policía no olviden que el Concejo Municipal tiene un carácter temporal y que ningún interés particular debe estar por encima de la seguridad de la ciudadanía o afectar la institucionalidad del municipio de Monterrey.

Así mismo, insistimos en la urgencia de que las corporaciones policiales, tanto estatales como municipales, actúen apegadas a normas constitucionales y estándares que eviten el uso desmedido de la fuerza, implementando mecanismos de transparencia y control para  identificar y sancionar cualquier acción de sus elementos que viole los derechos humanos.

Reunión de trabajo de vecinas de San Ángel Sur y municipio de Monterrey

8 de octubre de 2018

Durante la tarde del martes 8 de octubre, vecinas organizadas de la colonia San Ángel Sur se reunieron con funcionarios municipales para dar seguimiento al trabajo que de forma conjunta se realiza desde 2016 en el marco de un proyecto de seguridad ciudadana que tiene como propósito modificar factor de inseguridad en la colonia ubicada al sur de Monterrey.

En este diálogo, las vecinas reconocieron los resultados del trabajo llevado a cabo durante 2017. En ese año, se realizó la pavimentación de la calle principal de la colonia, se promovió la organización de eventos culturales y se integró a la colonia en el programa de pinturas de fachadas que tuvo un alcance de más de 650 viviendas en el sector.

Estos resultados son muestra clara de que la coordinación entre autoridades, sociedad civil y organizaciones vecinales, promueven una dinámica de corresponsabilidad en la que todos los actores involucrados suman para conseguir un mejor entorno.

En la reunión, los funcionarios municipales asistentes presentaron avances de dos proyectos clave que representan los siguientes pasos en este proceso de mejora integral. Estos son la construcción de una cancha deportiva como espacio recreativo y de unas escalinatas hacia la parte alta de la colonia.

Desde el inicio de la relación de trabajo, las vecinas y los vecinos identificaron como necesidad la falta de un espacio digno de esparcimiento que pudiera también ser útil para hacer deporte. Así fue como decidieron apostar por la construcción de una cancha que ahora está cerca de convertirse en realidad. De acuerdo a los funcionarios municipales, ya se tiene un proyecto arquitectónico del espacio y su licitación podrá realizarse durante este final de año o a principios del próximo para comenzar pronto con su construcción.

Las escalinatas son también un punto central en la dignificación del espacio de la colonia. San Ángel Sur se encuentra ubicado a las faldas del Cerro de la Silla, por lo que sus recorridos diarios implican subir y bajar desde sus casas hasta escuelas, trabajos y demás actividades cotidianas. El construir estas escalinatas, implicará contar con una vía de fácil acceso peatonal y reemplazar las condiciones peligrosas de senderos con piedras que implicaban riesgos para la integridad física de las personas que viven en la colonia.

Desde CADHAC, reconocemos el compromiso tanto del municipio de Monterrey como de las vecinas de San Ángel Sur en esta relación de colaboración. Seguiremos acompañado este proceso para contribuir a que se convierta en una experiencia de éxito y que se mejoren mantengan las condiciones de vida en la colonia.

Protocolo de Búsqueda Inmediata impulsado por CADHAC en Nuevo León es modelo para su implementación en Tamaulipas

28 de septiembre de 2018

Boletín 1809/23

Con la presencia de Irving Barrios Mojica, Procurador de Tamaulipas, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal de Nuevo León, Cristina Hardaga, Coordinadora de Programas de EnfoqueDH, Heidy Servin-Baez. jefa de la sección política y económica del consulado de los Estados Unidos en Monterrey, y Consuelo Morales, directora de CADHAC, presentamos el Protocolo para la Búsqueda Inmediata de Víctimas de Desaparición en Tamaulipas para promover una efectiva respuesta ante las desapariciones en ese estado.

El Protocolo de Búsqueda Inmediata especifica las acciones que se deben realizar por parte de la autoridad durante las primeras 72 horas desde que se presenta el hecho de desaparición de una persona. Su aplicación se alinea con las obligaciones establecidas para las autoridades en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este modelo fue adoptado inicialmente por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León en 2013, tras una estrecha colaboración entre CADHAC, organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y expertos internacionales independientes.

Este modelo responde a una necesidad generada por los altos índices de desapariciones que se han presentando en gran parte del país, siendo una de las zonas de mayor incidencia la región Noreste de México. En el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con corte a abril de 2018, Nuevo León reporta 2,919 personas desaparecidas. Por su parte, son 6,131 personas las que aparecen en el registro para Tamaulipas.

La implementación de este protocolo muestra el interés de la Fiscalía de Tamaulipas para dotar de agilidad a sus labores de búsqueda. Para lograr la efectividad necesaria, motivamos también a las familias a denunciar de forma inmediata a las autoridades cuando no localicen a su ser querido.

Desde CADHAC seguiremos acompañando con la Procuraduría de Tamaulipas y las familias la correcta implementación del Protocolo.

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