Lamentan familiares de los 43 estudiantes de ayotzinapa desaparecidos que con premura política pgr pretenda cerrar la investigación de los hechos

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30 de enero del 2015

Compartimos este comunicado de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña:

El día de hoy, 27 de enero de 2014, la Procuraduría General de la República dio a conocer información vinculada con la investigación del paradero de los 43 estudiantes de Aytozinapa desaparecidos.

Frente a lo dicho por la Procuraduría General de la República, las y los familiares de los 43 desaparecidos manifestamos:

  1. Que expresamos nuestro repudio a la manera en que el Gobierno Federal ha priorizado informar a los medios de comunicación antes que a las víctimas los avances del caso. Es preciso recordar que el Presidente de la República firmó una minuta comprometiéndose a que se informaría a los familiares antes que a los medios para evitar la revictimización, lo que se ha incumplido y se ha acentuado a las últimas semanas.
  1. Que la información dada a conocer el día de hoy los familiares no la conocíamos a profundidad, pues se ha incumplido el compromiso de proporcionarnos copias de todas las actuaciones que obren en los expedientes consignados, pese a que este también fue un compromiso asumido por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto.
  1. Que no puede darse por concluida la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa debido a que:

a) No puede darse por concluida la investigación porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, no podemos aceptar esos resultados hasta en tanto no realizan esos mismos peritajes expertos independientes con las más altas calificaciones. En ese sentido, reiteramos nuestra confianza en el Equipo Argentino de antropología forense y exigimos que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.

b) No puede darse por concluida la investigación porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la Procuraduría, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.

c) No puede darse por concluida la investigación porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones efectuadas ante ministerio público, por personas que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la posible tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya intervenido para aclarar estas denuncias.

d) No puede darse por concluida la investigación porque la Procuraduría ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado cómo explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos. ¿Cómo explica el señor Murillo este hecho hasta hoy no esclarecido?

e) No puede darse por concluida la investigación porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos once de las quince personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado El mochomo. Ante tanto prófugo, ¿Cómo pretende el Procurador cerrar la investigación?

f) No puede darse por concluida la investigación porque la Procuraduría no ha logrado que exista un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos dado que como todo México ha exclamad o, fue el estado el que desapareció a nuestros hijos. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.

g) No puede darse por concluida la investigación porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran también agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra nuestros hijos no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota. ¿Cómo explica el señor Murillo que en un mismo expediente existan confesiones que se contraponen y son contradictorias entre sí?

h) No se puede cerrar la investigación porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esta certeza no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.

i) No puede darse por concluida la investigación porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que hoy afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el Policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la Policía de Cocula, pese a los cual las Fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes sino que antes bien les brindaron protección.

j) No puede darse por concluida la investigación porque ni siquiera ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.

Ante la falta de justicia y verdad en México, los familiares acudiremos a las instancias internacionales. Por ello, en breve una delegación de nosotros irá ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a denunciar lo que ocurre en México.

Asimismo, no dejamos de lado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha designado un grupo de expertos que a la brevedad deberá comenzar a realizar su verificación técnica de la investigación realizada por México; esta revisión es indispensable pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades.

Al pueblo de México le pedimos que no nos dejen solos y que entiendan nuestra lucha. Frente a un Gobierno Federal que tiene prisa por cerrar el caso Ayotzinapa, reivindicamos nuestro derecho a dudar de autoridades que una y otra vez han fabricado expedientes para salir de crisis que muestran su ineficacia. Exigimos también respeto a nuestra dignidad pues los tiempos de las víctimas no son los tiempos de los políticos.

Hoy, en su conferencia de prensa la PGR afirmó que la desaparición de nuestros hijos era un “hecho atípico”. Pero en nuestro caminar estos cuatro meses, hemos constatado que la desaparición forzada es hoy en México una realidad generalizada a lo largo y ancho del país. Miente la Procuraduría cuando afirma que la desaparición de jóvenes y los narcogobiernos son atípicos, por el contrario hoy ese es el rostro herido de nuestra Nación. Hacia finales del año pasado, el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas ascendía a 26,000 personas; se trata de familias como lasd nuestras, atravedsadas por el dolor y la incertidumbre. Por eso, seguiremos luchando por justicia y verdad hasta que tengamos certeza plena sobre el paradero de nuestros hijos y hasta que transformemos México para que ninguna familia vuelva a vivir lo que nosotros estamos viviendo.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Ayotzinapa Vive!

México, en crisis y bajo el escrutinio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

 

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  • El Comité examinará por primera vez a México sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones respecto de las víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias.
  • La revisión se realiza en el contexto de la crisis del Estado mexicano en materia de derechos humanos, de legitimidad de sus políticas y de impunidad.
  • Las conclusiones del Comité deben representar un punto de inflexión que permitan un cambio profundo en las acciones estatales.

México, a 29 de enero de 2015.- El próximo 2 y 3 de febrero el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, en su 8º periodo de sesiones a celebrarse en Ginebra, Suiza, examinará a México sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Comité cuenta con informes rendidos tanto por el Estado como por diversas organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, sostendrá un diálogo público con el Estado mexicano, brindará un espacio para las organizaciones y víctimas para finalmente adoptar sus conclusiones y recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13 de febrero.

México llega a este espacio señalado nacional e internacionalmente por usar la desaparición forzada desde la llamada “guerra sucia”, cuya impunidad persistente ha hecho posibles las más de 23,000 desapariciones contabilizadas oficialmente hasta el 2014. A la fecha, según el reporte del Estado, sólo existen 6 sentencias a nivel federal por casos de desaparición forzada lo cual continúa generando la comisión impune, generalizada y sistemática de estas graves de violaciones a derechos humanos.

En este marco, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero ha puesto en evidencia el actuar del Estado al violar los derechos humanos fundamentales para luego incumplir con su obligación de búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de los estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a los responsables y brindar una reparación adecuada y proporcional por los trágicos hechos.

A la par, resultan inaceptables los persistentes retrasos que México ha tenido frente al CED, que en el actual contexto debería resultarle prioritario. Ejemplo de ello es que el primer informe estatal, cuya fecha límite de presentación era diciembre de 2012, fue presentado en marzo de 2014. Igualmente, México se negó a contestar la petición del Comité de visitar el país durante el 2014 y finalmente demoró y limitó su contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité, omitiendo abordar las cuestiones más críticas el número real de personas desaparecidas así como la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa.

La falta de transparencia e información adecuada constituye una de las limitantes para un verdadero escrutinio internacional que permita exigir procesos de rendición de cuentas sobre una problemática que ya ha tenido diversos pronunciamientos de órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, hasta la fecha el Estado se ha negado a reconocer la competencia del Comité para recibir tanto quejas individuales como interestatales de casos de desaparición forzada lo cual, en el contexto mexicano, limita seriamente los derechos humanos de las víctimas de acceder a instancias que puedan garantizar sus derechos de acuerdo al artículo 31 de la Convención. Además, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitó una reunión con la Cancillería para plantear este tema desde el 8 de septiembre de 2014, pero nunca recibieron respuesta a su solicitud.

Tanto familiares de personas desaparecidas -mexicanas o migrantes- como las organizaciones abajo firmantes participaremos activamente en las sesiones del Comité CED para exigir que en México ninguna persona vuelva a desaparecer y se esclarezca la historia de decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales las familias y organizaciones no nos cansaremos de exigir verdad, justicia y reparación.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación Diego Lucero

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

H.I.J.O.S. México

Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Declaración del Procurador Murillo Karam entorno a caso Ayotzinapa deja más inquietudes que certezas.

29 de enero del 2015

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Nuestra postura entorno a la declaración del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el trato que la PGR le ha dado al caso Ayotzinapa y a las familias de las víctimas.
Aquí pueden ver el video con la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

https://www.youtube.com/watch?v=mcEHEaH629Q

Mensaje transcrito:

Desde CADHAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Monterrey, México, nos sentimos muy preocupados, muy preocupadas por las declaraciones que ha hecho el Procurador Jesús Murillo Karam de México en torno al caso Ayotzinapa.

Vemos que la autoridad no está a la altura de las circunstancias y que lejos de ayudar a acercarnos a la verdad y a la armonía nos está separando; nos parece que el Sr. Murillo Karam no ha cumplido con su compromiso de mantener informadas de cerca a las familias y a las personas u organizaciones que legalmente les acompaña. Esto es muy importante, ¿por qué? porque estamos en un momento de mucha confusión y hay una gran crisis de credibilidad hacia las autoridades. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProDH, quienes acompañan el proceso, también manifiestan sus preocupaciones y dudas en torno a las declaraciones que vertió el Procurador General.

Ante esto, quiero hacer mención de dos asuntos que me parecen muy importantes: uno, lo relativo a que según el Sr. Murillo Karam puede afirmar que no hubo ninguna intervención militar, y vale la pena mencionar que la omisión es también un aspecto fundamental en esto, y en ello nos unimos a la solicitud de que se haga una verdadera investigación en torno a esto. Pero también nos preocupa que el Sr. Murillo Karam esté preocupado por elevar el número de años qué puedan ser sancionados estas personas, autores materiales, sin que se haga una investigación más profunda y se llegue también a la estructuras que de alguna manera favorecieron que este tipo de hechos sigan llegando o hayan llegado hasta tal fin, y en ese sentido vemos que están preocupados por una tipificación que no necesariamente corresponde a la mirada ni preocupación de las organizaciones sociales que les acompañan o bien de los familiares. Y es que necesitamos que se encuadre en el delito de desaparición forzada porque constituye la detención legal o ilegal de unas personas con la intervención de alguna manera, o no intervención (omisión) pero favorecieron esta desaparición, luego seguida de una negación del paradero del paradero de estas personas. Y en este sentido nosotros nos unimos a la solicitud de que se considere, que se tipifique como una desaparición forzada, no importa tanto el número de años, pero sí (que) este delito establece una responsabilidad directa del Estado de la cual no debe ni puede renunciar, es más analizar bien por qué se dieron los hechos y buscar todos los medios posibles para que esto no se vuela a repetir.

Exigimos se investigue la muerte del interno Eduardo Sosa de León

27 de enero de 2015

Boletín de Prensa No. 1501/02

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  • En lo que va del 2015 se han registrado 3 muertes de internos en Nuevo León.
  • En el 2014 se presentaron 39 muertes en los centros penitenciarios de la entidad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) externa su profunda preocupación por la muerte del interno Eduardo Sosa de León ocurrida el 26 de enero del presente año, que evidencia la falta de vigilancia y supervisión que atenta contra la seguridad de los internos.

Sosa de León, de 35 años, fue encontrado el día de ayer colgado en su celda en el Centro de Reinserción Social Apodaca. Se encontraba recluido desde 2010, acusado de homicidio.

En lo que va del 2015 (27 días) se han presentado en las prisiones de Nuevo León, al menos 3 muertes de internos, en condiciones irregulares, dos de ellos han sido con asfixia por ahorcamiento, ambas en el mismo Centro de Reinserción Social Apodaca.

De acuerdo con información de las propias autoridades del Sistema Penitenciario, en el 2014 se presentaron 39 muertes en los centros penitenciarios de la entidad: 32 “muertes por causas naturales”, 5 aparentes suicidios y 2 homicidios.

Por lo anterior exigimos se realicen las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer el caso de Sosa de León, y de todas las demás víctimas del Sistema Penitenciario, teniendo presente que de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales, corresponde al Estado garantizar la seguridad, integridad y derechos de las personas internas en los penales.

 

 

Mensajes de Javier Sicilia y Ariel Dulitzky sobre trabajo con personas desaparecidas en NL

20 de enero del 2015

 

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Javier Sicilia (arriba) y Ariel Dulitzky (abajo).

 

En el marco de la presentación del documento:“Desaparición de personas en Nuevo León. Sistematización de experiencias en búsqueda de la justicia y la verdad”, el poeta y activista Javier Sicilia y Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU enviaron un mensaje en video en donde hablan del trabajo que CADHAC, el Grupo AMORES y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León hacen en el tema de personas desaparecidas.

 Aquí puedes encontrar el mensaje de Javier Sicilia:

https://www.youtube.com/watch?v=sk8PBs7-LLE&feature=youtu.be

Aquí puedes encontrar el mensaje de Ariel Dulitzky:

https://www.youtube.com/watch?v=Xpt22tg81Bs&feature=youtu.be

Presentación del documento: “Desaparición de personas en Nuevo León. Sistematización de experiencias en búsqueda de la justicia y la verdad”.

15 de enero de 2015

Boletín de Prensa No. 1501/01

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“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

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Integrantes del Grupo Amores con el Procurador Adrián de la Garza, la Hna. Consuelo Morales y Javier Hernández, del Alto Comisionado de la ONU en México.

Descargar el documento en INGLES

Descargar el documento en ESPAÑOL

El trabajo de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), quienes luchan por encontrar a las personas desaparecidas, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y la   Procuraduría General de  Justicia de Nuevo León fue reconocido por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

La presentación del documento “Desaparición de personas en Nuevo León. Sistematización de experiencias en búsqueda de la justicia y la verdad” se realizó hoy en el Auditorio del Museo del Noreste.

Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refirió que esta experiencia debe ser compartida a nivel nacional e internacional.

“Este es un protocolo hecho desde la experiencia generada por las familias y sus organizaciones y no desde una experiencia estricta, purista, jurídica y técnica, separada de las familias”, subrayó.

 El evento fue presidido por la Sra. Luz María Durán Mota, integrante de AMORES; Consuelo Morales Elizondo, directora y fundadora de CADHAC, Adrián de la Garza Santos, Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, y Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 El poeta Javier Sicilia, quien en 2011, visitó Monterrey junto con el Movimiento por la Paz en la Caravana del Consuelo, y atestiguo la primera reunión con la Procuraduría estatal abriera sus puertas, envió un  video resaltando la importancia de este trabajo.

 “Esta reunión es la puesta en evidencia de los logros que ha tenido este modelo y de lo que es posible hacer en un clima de tragedia humanitaria para caminar hacia la solución del problema de las víctimas en este país”, expresó.

Luz María Durán, representante del Grupo AMORES, compartió su experiencia, hablando sobre cómo antes de llegar a CADHAC las dependencias gubernamentales le cerraban las puertas.

“Las puertas que nos han sido abiertas en la Procuraduría no queremos que se nos cierren porque detrás de nosotras vienen más familias buscando a sus seres queridos, las puertas deben de seguir abiertas y el trabajo debe de ser efectivo”, pidió la madre de Israel Arenas Durán, desaparecido desde 2011.

Consuelo Morales destacó que este documento se trata de un esfuerzo por identificar los aprendizajes que han tenido en estos años y de ubicar las mejores prácticas con la intención de que sirva a otras personas que sufren la misma problemática y para que no haya más desaparecidos en el país.

 “Se trata de aprendizajes sencillos, pero que en México son  fundamentales: no estigmatizar a la víctima, empezar la búsqueda de inmediato, tratar con dignidad a las personas denunciantes, cuidar la evidencia forense, usar todos los medios para la búsqueda”, explico. “Procesos que aunque sencillos no se realizaban antes de que iniciara la lucha del Grupo Amores y que no se realizan en muchos estados” añadió.

Por su parte, Ariel Dulitzky, Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU, sobre las desapariciones forzadas e involuntarias, envió también un video desde Austin, Texas, subrayando la importancia de replicar este modelo.

“Nosotros creemos que el ejemplo de Nuevo León debe extenderse no solamente a otros estados de la República sino también a nivel internacional”, afirmó.

El Procurador Adrián de la Garza Santos dijo que con este trabajo han demostrado que el estado está de parte de las víctimas y sus familias; que trabajando unidos la Procuraduría General de Justicia, las organizaciones de la sociedad civil y las familias de las víctimas se pueden obtener más y mejores resultados, y que solo hay una forma de recuperar la confianza de la sociedad hacia las instituciones públicas, especialmente a las instituciones de seguridad: con trabajo, diálogo, coordinación y, especialmente, resultados.

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Alrededor de 150 personas asistieron al evento.

Premio al Mérito Cívico entregado a la Directora de CADHAC. Reconoce la lucha de los familiares de desaparecidos en Nuevo León.

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Los homenajeados y el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

17 de diciembre del 2014

 

  • La lucha por verdad, justicia y reparación para las y los desaparecidos es hoy la razón de ser de CADHAC: Hna. Consuelo Morales Elizondo

 

El día de hoy, la Hermana Consuelo Morales Elizondo recibió el reconocimiento al mérito cívico, máximo galardón que se otorga en Nuevo León por el ejercicio de una ciudadanía comprometida con el ejercicio de derechos.

Para CADHAC, el reconocimiento recibido por su Directora es consecuencia de veinte años de trabajo constante a favor de los derechos humanos de las personas más desprotegidas. Pero considerando el reciente contexto que ha imperado en la entidad y en el país, la ocasión implica, ante todo, un reconocimiento de la lucha que cientos de familias de personas desaparecidas han dado en Nuevo León los últimos años.

Efectivamente, ante la grave crisis de violaciones a derechos humanos y violencia que se cierne sobre el país, el trabajo de CADHAC en los últimos años se ha concentrado en acompañar a las familias que buscan justicia, verdad y reparaciones por sus desaparecidos. La perseverancia de esas familias ha significado una profunda enseñanza de dignidad para el equipo de CADHAC.

Precisamente por ello, más que una ocasión para celebrar, la entrega del reconocimiento por mérito cívico implica para CADHAC una nueva oportunidad para insistir en que siguen habiendo cientos de familias que esperan a sus familiares desaparecidos en Nuevo León; en que no puede haber democracia con desaparecidos; en que las y los desaparecidos nos faltan a todos.

Entendiendo esta ocasión como un reconocimiento de que en Nuevo León se respeta el trabajo civil en materia de derechos humanos, incluso cuando éste es crítico con las instituciones, CADHAC enfatiza que la sociedad neolonesa sigue teniendo una enorme deuda con las familias de los desaparecidos y con las víctimas de la violencia y las violaciones a derechos humanos más en general.

México hoy se encuentra en una profunda crisis, como lo han puesto en evidencia los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa. En Nuevo León, donde el horror se instaló dentro de nuestra cotidianidad sin que hubiese una reacción tan enérgica, organizaciones como CADHAC hemos aprendido que el tejido social sólo puede recomponerse con justicia y con verdad. Hoy refrendamos nuestro compromiso a seguir caminando, de la mando de quienes han sido agraviados y lastimados en su dignidad, hacia la construcción de un nuevo león más humano, con independencia y con humildad.

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Expresamos nuestra indignación por la desacreditación y criminalización de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos

17 de diciembre del 2014

 

srpreside

Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec
C.P. 11850, México, D.F.

 

Estimado Señor Presidente,

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra indignación por la desacreditación y criminalización de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, particularmente de quienes acompañan el caso de los normalistas de Ayotzinapa, por parte del gobierno federal.

En particular nos referimos a las recientes declaraciones del Secretario de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, quien el 10 de diciembre del año en curso, con motivo de un desayuno de fin de año con medios de comunicación, declaró que los grupos que acompañan a las familias de los estudiantes desaparecidos “lucran con el dolor de los padres” y “trata[n] de manipular la información para alcanzar objetivos individuales u objetivos de grupos”.

Consideramos que es sumamente preocupante que el titular de la Secretaría de Marina busque deslegitimar la labor de organizaciones serias con una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos, como son el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), sugiriendo falsamente que dichas organizaciones y otros grupos de apoyo intentan obtener “beneficios personales” y “manipulan” a las familias de los desaparecidos.

Cabe destacar, además, que estas declaraciones se suman a la elaboración de fichas de inteligencia por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), mismas que fueron filtradas recientemente a varios medios de comunicación, que vinculan a defensores de derechos humanos con supuestos “grupos subversivos” en Guerrero. En particular, dichas fichas acusan a dos defensores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera y Vidulfo Rosales, de ser “peligrosos para la gobernabilidad”. Además de resultar preocupante esta información, alarma que la supuesta peligrosidad y radicalidad de los defensores antes mencionados sea construida, inter alia, a partir de la labor de defensa de los derechos humanos ante organismos internacionales. En este sentido la ficha señala como elemento para considerar la “radicalidad” de ambos defensores que “en su activismo a favor de la defensa de los derechos humanos ha[n] acudido a instancias internacionales en la materia”.

Nos parece muy grave que en lugar de profundizar las líneas de investigación solicitadas por los familiares de los estudiantes desaparecidos, incluyendo investigar los papeles de las Fuerzas Armadas y del ex gobernador Ángel Aguirre, las declaraciones del Secretario de Marina y las labores de inteligencia se dirijan a criminalizar a personas defensoras de derechos humanos que, acompañando a las familias, luchan a favor de la justicia. Es necesario señalar, además, que tanto las declaraciones del Secretario de Marina como el hecho de que el CISEN esté enfocándose en personas defensoras y organizaciones, coloca a estas últimas en una situación de grave riesgo para su seguridad e integridad.

Como organizaciones mexicanas e internacionales condenamos este hostigamiento y exigimos una explicación sobre estas acciones que demuestran una falta de apoyo y respeto por parte del Estado al trabajo de defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo el Estado debería explicar cómo se filtró la información a los medios de comunicación, investigar las responsabilidades inherentes a la entrega de esa información privada y, si fuera el caso, desmentir públicamente los señalamientos directos que las fichas del CISEN hacen de los defensores mencionados.

Asimismo exigimos garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan esta actividad, incluyendo por supuesto a las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos en su búsqueda de justicia. También lo instamos para que, como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, instruya a funcionarios y funcionarias bajo su cargo a evitar y detener estos actos y declaraciones que desacreditan y criminalizan el trabajo de defensa de derechos humanos y, finalmente, que asegure el agotamiento de todas las líneas de investigación para esclarecer los sucesos del 26 y 27 de septiembre, con el fin de consignar a todas las personas y funcionarios públicos implicados en los hechos.

Atentamente,

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

CC:

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República

 

¿Qué está pasando en México?

10 de diciembre del 2014

¿Qué está pasando en México? Una mesa de análisis con académicos

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Eleocadio Martínez, Patricia Cerda e Ignacio Irazuzta, durante el evento ¿Qué está pasando en México?

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) realizamos un evento en donde tres académicos: Patricia Cerda, Eleocadio Martínez e Ignacio Irazuzta, compartieron su perspectiva sobre lo que pasa en Nuevo León y México en el tema de derechos humanos. 

Aquí algunas de sus frases más destacadas:

Ignacio Irazuzta, especialista en sociología y ciencia política del Tec de Monterrey, sobre las desapariciones y sus familias:

“Ante la actual situación de desapariciones en México lo que procede es la protesta. La protesta es la propuesta en éste y en muchos otros casos porque desaparecer significa que se ha roto el elemento central del pacto porque este ya no da la posibilidad de ser. El desaparecido no está vivo y no está muerto, por lo tanto no es, no ha sido, ni será hasta que aparezca”. 

“Hay que destacar aquí una dimensión de género, fundamental creo, quienes encarnan este dolor y lo llevan al espacio público son fundamentalmente mujeres, son madres porque las víctimas son hijos. No es que el dolor sea especialmente femenino, pero las mujeres saben además que cosas son extrañas a la polis y por lo tanto saben poner cosas nuevas allí, saben poner cosas nuevas en el espacio público”, Ignacio Irazuzta, especialista en sociología y ciencia política del Tec de Monterrey, en el evento “¿Qué está pasando en México”

“Hay que transformar en ese sentido a la historia en memoria. La historia, que me perdonen mis apreciables compañeros historiadores, pero la historia es la que deriva en la ciencia más institucionalizada, la historia suele ser la de los gobernantes, la memoria es la de los gobernados. La forma de renovar la historia es a través de la memoria, por lo tanto cabe hacer memoria”, Ignacio Irazuzta, especialista en sociología y ciencia política del Tec de Monterrey, en el evento “¿Qué está pasando en México”

“Habrá que hacer aparecer a los desaparecidos. Hay toda una serie de “técnicas morales”, como la de los antropólogos forenses –dice Gatti- que suelen ser puestas en ejecución articulándose en tres erres: rehacer (científicamente la identidad robada); restituir (el cuerpo del desaparecido”; y reparar a través de las evidencias el daño causado.Con todo ello, hay que producir verdad: se de lo que se trata es de justicia y si sabemos que no hay justicia sin verdad, habrá que hacer comisiones de la verdad: narrar el pasado; escuchar testimonios, también el silencio. Y hacer pedagogías de las nuevas verdades si queremos que lo que ha sucedido no ocurra “nunca más”.En definitiva, habrá que llevar el dolor a la polis: México, como muchos otros países lo hicieron a partir de experiencias traumáticas semejantes, tendrá que desbanalizar el mal; llevar el sufrimiento a los debates públicos; preguntarse allí sobre sus causas y evaluar las posibles salidas; prometerse públicamente que lo que ha sucedido y está sucediendo nunca más ha de ocurrir”, Ignacio Irazuzta, especialista en sociología y ciencia política del Tec de Monterrey, en el evento “¿Qué está pasando en México”

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Ignacio Irazuzta, profesor e investigador del Tec de Monterrey.

Patricia Cerda, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sobre el sistema penitenciario estatal:

“¿Qué recomendamos ante este panorama para las familias (de reos)? Nosotros estamos pugnando para que se establezca un instituto que en acuerdo con la sociedad civil y universidades y ONGs podamos levantar un censo donde podamos determinar cuántas familias son, qué está pasando con las economías de estas familias, estos núcleos como se está trabajando para prevención del delito de sus propios miembros”

“Los centros penitenciarios albergaban 8 mil 739 internos en prisiones estatales, mientras que su capacidad es de 6 mil 644. Esto nos habla que tenemos una sobrepoblación de 31.5% , ¿con esto que queremos decir? Que cuando un penal sufre hacinamiento la población la población está viviendo en manera hacinada también se frena cualquier programa de reinserción, también impacta las visitas y la forma de relacionarse el interno con las familias”

“Es un hecho que la carta de antecedentes no penales tendría que quitarse porque no tenemos porqué tener una persona exigiendo una carta  cuando el individuo o mujer ya cumplieron su deuda con la sociedad. Necesitamos crear una bolsa de trabajo de apoyo para estos preliberados porque desafortundamtne Nuevo León es una de las soc que más estigmatiza, más prejuicios tiene, que más divide, no somos una sociedad muy edificadora”

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Patricia Cerda, profesora e investigadora de la UANL.

 

Eleocadio Martínez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León:

“Todos aquellos jóvenes que no están integrados plenamente a la escuela, a un trabajo o alguna ocupación son vistos tanto por la sociedad como por las instituciones estatales como riesgo para la sociedad por eso es importante pensar cómo en este contexto de criminalidad hacen la vida los jóvenes de la Ciudad”