Propone CADHAC reforma en beneficio de víctimas de la violencia

12 de marzo de 2019

Boletín 1903/05

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), presentó hoy en Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León una iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León con el objetivo de armonizar su contenido con la Ley General de Víctimas, fortaleciendo institucionalmente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León (CEEAV) y facilitando los procedimientos para que las víctimas accedan a la reparación del daño.

La Ley de Víctimas del Estado debió modificarse en 2017 para adecuarse a los cambios realizados a la Ley General de Víctimas en ese mismo año. El retraso en las adecuaciones con la legislación federal ha sido significativo por lo que la atención a esta propuesta debe ser prioridad. A través de la modificación de 32 artículos y la adición de otros 7, se plantean las siguientes modificaciones, entre otras:

 

  • El reconocimiento de autonomía de la CEEAV al darle personalidad jurídica y patrimonio propios, desincorporándola de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León para asegurar un enfoque institucional que ponga a las víctimas al centro sin tener que estar en conflicto con otras áreas de responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno.

 

  • La administración del Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del Estado de Nuevo León a través de un nuevo Fideicomiso gestionado por la CEEAV con el objetivo de evitar que este dinero pueda ser reasignado durante el ejercicio fiscal a otros rubros de gasto. De esta forma, inclusive si no se ejerce la totalidad del presupuesto asignado al Fideicomiso en un año, los recursos estarían asignados de forma permanente para la atención a víctimas.

 

  • La reforma propone el reconocimiento de los colectivos de víctimas como sujetos de derechos que puedan acceder a la reparación del daño cuando sus derechos han sido vulnerados.

 

La elaboración de esta iniciativa forma parte del trabajo legislativo de CADHAC, el cual incluye la presentación en diciembre de 2018 de una iniciativa de reforma a la Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el estado de Nuevo León y la participación activa durante en una mesa de trabajo para discutir las modificaciones necesarias al marco jurídico en materia de desaparición de personas y protección a víctimas durante el marzo de 2019.

Violentados derechos humanos de las mujeres por reforma a la Constitución

6 de marzo de 2019

Boletín 1903/04

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externamos nuestra preocupación ante la aprobación de la reforma constitucional del artículo 1 realizada el día de hoy en el Congreso de Nuevo León que va contra la propia Constitución Federal en lo que respecta al avance en la protección de los derechos humanos.

Con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, las diputadas y los diputados aprobaron esta disposición que criminaliza a las mujeres sin considerar las condiciones que llevan a interrumpir un embarazo. Esta decisión exime también de toda responsabilidad al hombre en el proceso de reproducción y vulnera el principio de igualdad de género. Con estas implicaciones negativas para las mujeres, la votación se realizó el mismo día que el Congreso declaró sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

La reforma avalada hoy va contra la progresividad de los derechos humanos y contraviene resoluciones internacionales vinculantes para México como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atravia Murillo vs. Costa Rica. De esta resolución se desprende que el embrión no es persona y que en lo que respecta a la vida prenatal se deben tomar en cuenta los derechos humanos de las mujeres embarazadas.

El proceso legislativo que se siguió para esta discusión fue realizado sin la debida transparencia y negando espacios de discusión abiertos a la ciudadanía para comparar ambas posturas. Así fue señalado por Mariela Saldivar, diputada de Movimiento Ciudadano, y Julia Espinosa de los Monteros, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, quienes apuntaron que una reforma constitucional debería pasar por mesas de trabajo y consulta a especialistas.

Reconociendo que la modificación aprobada no tiene sustento jurídico, confiamos que de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presente una acción inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de esta acción de inconstitucionalidad habrá oportunidad de reparar el retroceso legislativo que los cambios al artículo 1 de la Constitución local representan.

En democracia se vale no estar de acuerdo

Ciudad de México a 5 de marzo de 2019

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A la opinión pública

En democracia se vale no estar de acuerdo

¡Defendamos las libertades y el Estado de derecho!

La democracia no es una delegación de poder que se limita al sufragio y a seis años de silencio. El triunfo en las urnas no otorga licencia para ignorar a los que piensan diferente. Al contrario. En democracia, las y los mexicanos tenemos derecho a expresarnos libremente, a participar de la vida pública e incluso a defender posiciones críticas al gobierno.

En fechas recientes observamos con preocupación cómo el Presidente de la República descalifica y minimiza el trabajo de distintos actores, mostrando particular rechazo a la labor de las organizaciones de la sociedad civil y los órganos autónomos. Quienes valoramos la capacidad organizativa de la ciudadanía y creemos firmemente que ésta es clave en la construcción de un Estado de derecho democrático, consideramos inaceptable callar ante estas descalificaciones y por ello nos pronunciamos en pro de la defensa de nuestro derecho a participar y a ejercer la libre expresión.

Mientras los gobiernos pasan, las instituciones quedan y ellas son las garantes de la continuidad democrática más allá de las alternancias políticas. De ahí que, para fortalecer dicho orden institucional es necesario que quien gobierna se someta a las leyes y a un ejercicio constante de rendición de cuentas. De la misma manera, es necesario que la ciudadanía se exprese y sea escuchada incluso cuando sus posiciones son críticas o contrarias a quien gobierna. Cualquier violación de este pacto cuestiona la convicción democrática de quien detenta el poder.

Las organizaciones de la sociedad civil provenimos de todos los estratos sociales y de toda la geografía del país. Nuestras opiniones políticas son diversas. No pretendemos tener la verdad absoluta ni que nuestra voz sea más legítima que la de cualquier otro. Nuestro único propósito es coadyuvar a la construcción de un mejor país y comunicar los puntos de vista que tenemos y hemos podido nutrir al confrontarnos con nuestras realidades y especializarnos temáticamente.

La violencia política en México no debe ser tomada a la ligera y el orden cívico –en el que el diálogo, el disenso, la discusión y el reconocimiento de todos como ciudadanos- debe ser el cimiento de la vida democrática. La pluralidad y la diversidad de opiniones son valiosas por sí mismas. Las sociedades que privilegian el pensamiento único rara vez generan un mayor bienestar y libertad para sus pueblos. La mejora de la sociedad depende de la existencia del desacuerdo. Por el bien de todos, acordemos discrepar de forma respetuosa y civilizada.

Por un México plural y democrático,

Personas

  1. Alberto Athie
  2. Alejandra Bautista Juárez
  3. Alejandra Escandón
  4. Alejandro Ordoñez González
  5. Alfredo Lecona Martínez
  6. Alfredo Peña
  7. Ana Laura Romero
  8. Ana Paula Muñoz
  9. Ángeles Navarro Rueda
  10. Aram Barra
  11. Armando Santacruz González
  12. Bertha Angulo Curiel
  13. Carlos Cruz
  14. Carlos Garza Falla
  15. Carlos Ludlow Saldivar
  16. Carolina López Reyes
  17. Carolina Nieto
  18. Catalina Aguilar Oropeza
  19. Cecilia Monzón
  20. Cecilio Solís Librado
  21. Cristina de la Torre Ruiz
  22. Daniela Ancira Ruiz
  23. Denise Dresser
  24. Dora Fafutis Morís
  25. Dulce Belem Zavala
  26. Edgar Martínez González
  27. Eduardo Ramírez Topete
  28. Edurne Ochoa
  29. Eliana García Laguna
  30. Ernesto Rosas
  31. Estefanía Cervantes Cisneros
  32. Fátima Moneta Arce
  33. Fernando Ramos Casas
  34. Francisco Xavier Portas Barquera
  35. Gabriela Pérez Bazán
  36. Gaspar Palacios
  37. Genaro Lozano
  38. Geraldina Vega Gamboa
  39. Gerardo Cándano Conesa
  40. Griselda Ivonne García Zapata
  41. Heladio Reyes Cruz
  42. Ina Zoon
  43. Ixchel Cisneros
  44. Jaime David Mendoza Temblador
  45. Javier Mancera de Arriagunaga
  46. Joaquín Quintana
  47. Jorge Andrés Castañeda
  48. Jorge G. Castañeda
  49. Jorge Javier Romero
  50. José Antonio Guevara
  51. Josefina Ricaño Bandala
  52. José Manuel Rodoreda
  53. Juan Francisco Torres Landa Ruffo
  54. Juan Manuel Estrada Juárez
  55. Julián Mejía Berdeja
  56. Julio J. Copo Terrés
  57. Julio Madrazo
  58. Karla Patricia G. Fuentes
  59. Laura Salas
  60. Laura Sarvide Álvarez Icaza
  61. Laura Valdes Kuri
  62. Lila Alejandra Gasca Enríquez
  63. Lisa Sánchez
  64. Lizeth Mejorada
  65. Lorella González
  66. Lourdes Cortazar Cejudo
  67. Luisa Sotelo
  68. Luis de la Calle
  69. Luis Enrique González
  70. Luis F. Fernández
  71. Luz Marcela Villalobos Andrade
  72. Luis Mario Mosqueda Paredes
  73. Maite Azuela
  74. Manuel Molano Ruiz
  75. Marcela Nieto Sarre
  76. Marcela Paramo Ortega
  77. María Elena Morera
  78. María Margarita Ibarra Platt
  79. Mariana Niembro
  80. Mariana Vázquez del Mercado
  81. Marian Olvera Ortega
  82. María Teresa Troncoso Muñoz
  83. Marie Claire Acosta
  84. Melisa Pérez Romo
  85. Michael Chamberlin
  86. Mónica Díaz de Rivera
  87. Mónica Escalante
  88. Mónica Tapia A.
  89. Norma Estela Pimentel Méndez
  90. Norma Ledezma Ortega
  91. Norma Pimentel
  92. Pablo Girault Ruiz
  93. Paola Zavala Saeb
  94. Raúl Nava Navarro
  95. Ricardo Govela
  96. Rodolfo López Arzola
  97. Samantha Montiel Carrillo
  98. Saskia Niño de Rivera Cover
  99. Sofía de la Torre Ruiz
  100. Tayde Bautista Lozano
  101. Teresa Lanzagorta Bonilla
  102. Tirso de la Torre Sánchez
  103. Víctor Trejo
  104. Yazmín Ramírez

Organizaciones

  1. 33 Mujeres A.C.
  2. Alas de Esperanza Agua Dulce A.C.
  3. Ampuvalia A.C.
  4. Anímate a Estudiar A.C.
  5. Antenas por los Niños A.C.
  6. Asociación Mexicana de Psicología Infantil
  7. Barra Mexicana de Abogados A.C.
  8. Borde Político A.C.
  9. Buscando Desaparecidos México, BÚSCAME
  10. Causa en Común A.C.
  11. Centro Psicoeducativo Freiré A.C.
  12. Cielo A.C.
  13. Cihuautla Voluntad Equidad Bienestar A.C.
  14. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., CADHAC
  15. Ciudadan@s por la Transparencia
  16. Colectivo por la Libertad de Expresión Guanajuato
  17. Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C.
  18. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
  19. Confederación USEM A.C.
  20. Convivencia Joven A.C.
  21. Convivencia Sin Violencia A.C.
  22. Dignidad y Justicia en el Camino A.C.
  23. Ecosta Yutu Cuii
  24. El Día Después
  25. Fonabec A.C.
  26. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDENL
  27. Fundación FIND A.C.
  28. Fundación Merced A.C.
  29. Fundación Mexicana para la Reintegración Social, Reintegra A.C.
  30. Fundación Ojos Que Sienten A.C.
  31. Fundación Origen A.C.
  32. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C.
  33. Fundej Jalisco
  34. FUUNDEC-M
  35. FUUNDEC Región Laguna
  36. Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada A.C.
  37. Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.
  38. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
  39. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., IMCO
  40. Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.
  41. Justicia para Nuestras Hijas A.C.
  42. Laboratorio de Innovación para la Paz A.C.
  43. La Cana, Proyecto de Reinserción Social A.C.
  44. La Posada del Buen Samaritano I.A.P.
  45. Lutisuc Asociación Cultural I.A.P.
  46. Mexicanos Primero
  47. México Unido Contra la Delincuencia A.C., MUCD
  48. Naturalia A.C.
  49. Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C.
  50. Observatorio del Derecho a la Vivienda
  51. Observatorio Designaciones Públicas
  52. Ollin, Jóvenes en Movimiento A.C.
  53. PACEMD-México A.C.
  54. Plan Estratégico de Juárez A.C.
  55. Puebla Vigila
  56. Redes Quinto Poder IDEA
  57. Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM
  58. Reinserta A.C.
  59. Renacer Lagunero
  60. Ruta Cívica A.C.
  61. Saber para la Vida A.C.
  62. Sabuesos Guerreras A.C.
  63. Salud, Arte y Educación A.C.
  64. Sandía Digital
  65. Socdes, S.C.
  66. Sonrisas Sin Fronteras SAPI de CV
  67. Teatro de Ciertos Habitantes A.C.
  68. Yo Quiero Yo Puedo – IMIFAP
  69. YouthBuild México
  70. Zacatecanos por la Paz

Frente a la búsqueda, familias exigen justicia y convocan a la solidaridad

8 de diciembre de 2018

Boletín 1812/30

El sábado 8 de diciembre de 2018, alrededor de 100 personas se congregaron frente al kiosko de la Plaza Zaragoza en Monterrey para exigir verdad y justicia por las víctimas de desaparición forzada en Nuevo León durante la Vigilia por nuestras personas desaparecidas convocada por la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC)

En este evento, celebrado en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a celebrarse el 10 de diciembre, se realizó una ceremonia religiosa para los familiares de víctimas de desaparición en Nuevo León celebrada por el padre Luis Eduardo Villareal, director de la Casa del Migrante Casanicolás y aliado en la lucha por verdad y justicia en los casos de desaparición.

Virginia Buenrostro, madre de David Joab Ibarra Buenrostro y Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro, desaparecidos desde noviembre del 2010, habló en nombre de las familias de AMORES haciendo un llamado para continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas e impulsando que más personas se sumen a la exigencia por verdad y justicia para todas las víctimas de desaparición forzada.

“Es particularmente resaltable que las familias que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos reivindican justamente esos derechos justamente porque no quieren que ninguna otra persona enfrente el suplicio y la barbarie que ustedes tienen y que portan con tanta dignidad”, reconoció Alan García, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tomaron también la palabra Sonia Torres, integrante de CADHAC, Maricruz Flores, integrante del Colectivo Plural de Mujeres, y Elizabeth Warfield, directora de la Misión de USAID en México, quienes destacaron que las familias no están solas en su búsqueda y que el acompañamiento será constante hasta encontrarles.

“El amor que ustedes tiene por sus hijos está presente y es lo que nos está impulsando a buscar nuevos caminos. Ese amor es lo que nos da fuerza.”, reconoció la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

Durante el evento se proyectó un video en el que rindió homenaje a las personas que han sido localizadas a través de prueba de ADN, a las personas que han sido víctimas de ejecución extrajudicial, a las personas que murieron en la búsqueda por verdad y justicia para sus familiares y a las personas que permanecen desaparecidas.

En el Kiosko de la Plaza Zaragoza se desplegaron mantas con leyendas y fotografías que recordaban a las personas que seguimos buscando con la constante pregunta “¿Dónde están?”. Al pie del Kisko se formó un corazón con veladoras que una a una fueron colocando los familiares de personas desaparecidas tras haber dicho sus nombres y su fecha de desaparición.

Con apoyo internacional, Fiscalía de Nuevo Léon y CADHAC fortalecen localización de personas desaparecidas

8 de diciembre de 2018

Boletín 1812/29

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP por sus siglas en inglés), presentaron hoy un proyecto de colaboración para aumentar la efectividad en la búsqueda de personas desaparecidas al incrementar las capacidades técnicas y fortalecer protocolos forenses para la identificación de cuerpos y restos humanos en Nuevo León.

El proyecto está en marcha desde agosto de 2018, tiene una duración de ejecución proyectada para cuatro años y USAID ha brindado un financiamiento inicial de 2,160,000 dólares para cubrir los costos de la tecnología de análisis genético, el software de procesamiento de datos y los costos operativos del personal especializado que estará colaborando.

“Estoy convencida que todos los que estamos aquí… le estamos apostando a la causa de la verdad y justicia. Hemos aprendido con las mamás que lo que mueve no es el coraje, no es la venganza, lo que quieren es encontrar a sus hijos”, recalcó la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

En una primera fase, se trabajará en la definición de los planes de acción estratégicos, partiendo de una evaluación de las condiciones actuales en las que se sistematiza la información forense al interior del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León (ICSP)

Después de esto, iniciará un trabajo de transferencia de conocimiento entre la ICMP y el ICSP que implicará asesoría en los protocolos de toma de muestras en campo y en la adecuación de las bases de datos, proponiendo el uso del software diseñado por la propia ICMP llamado Sistema de Gestión de Datos de Identificación (iDMS por sus siglas en inglés) para que la gestión de información de forma apropiada.

Estas mejoras al trabajo de procesamiento de datos buscan aumentar la efectividad para encontrar coincidencias entre los casos de personas desaparecidas y las muestras genéticas de cuerpos y restos humanos encontrados.

“Uno de los frutos [del trabajo de CADHAC] es el habernos reunido hoy para presentar este compromiso en la modernización de la tecnología forense y en la transmisión del conocimiento para el trabajo en este importante tema”, reconoció Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

En el transcurso de la implementación del proyecto, personal de la ICMP trabajará físicamente en Nuevo León realizando estas tareas, mientras que personal de la Fiscalía y del ICSP visitarán también los laboratorios especializados con los que cuenta la ICMP en La Haya, Países Bajos.

“Nunca más vamos a negar la existencia de estos problemas lacerantes. ¿Qué más lacerante puede haber para una familia o para toda la sociedad que la desaparición de un ser querido? Dolor que se profundiza por la burocracia, por la corrupción, por la incompetencia del Estado para resolver sus problemas”, aseguró Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de la República.

Con la relación cercana La experiencia de Nuevo León al fortalecer el trabajo de servicios periciales, servirá de modelo para poder fortalecer las labores de identificación de cuerpos y restos humanos a nivel nacional.

 

Responsabilidad de seguridad pública de Monterrey corresponde al municipio

3 de noviembre de 2018

Boletín 1811/24

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. externamos nuestra preocupación por la decisión de Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, de que la administración estatal asuma el control de la Policía de Monterrey por 60 días con posibilidad de prórroga.

Desde agosto de 2017 a la fecha, hemos venido realizando un Monitoreo Policial en el Centro de Detención Alamey, entrevistando a más de 2000 (dos mil) personas detenidas que nos lleva a concluir que la actuación de la policía estatal conocida como Fuerza Civil  tiene un historial de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluso llegando a casos que pudieran considerarse tortura.

Más allá del escenario de transición sin precedentes en el que nos encontramos tras la decisión de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral de anular las elecciones para el Ayuntamiento de Monterrey, consideramos que esta decisión unilateral por parte de la administración estatal no corresponde a la realidad en la que nos encontramos y bien pudiera agravar la situación de incertidumbre e inseguridad.

La responsabilidad de encabezar la administración municipal está siendo desempeñada con el reconocimiento oficial del Congreso de Nuevo León por Genaro García de la Garza, el Secretario General de Ayuntamiento de Monterrey de la administración que concluyó el 31 de octubre de 2018. Coincidimos con el Consejo Cívico de las Instituciones (CCINLAC) en que lo más conveniente sería dejar que el C. Eduardo Sánchez Quiroz siga siendo el responsable de la Seguridad Municipal de Monterrey.

El asumir las funciones de seguridad del municipio de Monterrey por parte de Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León sienta un precedente no deseado y abre la posibilidad de que las fuerzas municipales repliquen actuaciones de Fuerza Civil que vulneren los derechos humanos de los habitantes del municipio.

Por esta razón, consideramos necesario que la decisión se revierta y que el Gobierno del Estado se abstenga de actuar unilateralmente y por el contrario dialogue con el responsable oficial a la cabeza del Ayuntamiento de Monterrey, reconociendo que no existe el supuesto estado de emergencia o vacío de poder con el cual justifican la medida.

COMUNICADO – Consejo Ciudadano lamenta que Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos no esté debidamente instalado

30 de agosto de 2018

  • El Estado no ha logrado detener la desaparición de personas en México.

 

  • Llama al Estado mexicano a adoptar inmediatamente un plan de fortalecimiento progresivo enfocado en la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de garantizar el crecimiento significativo y rápido de sus capacidades institucionales.

 

México (30 de agosto de 2018).- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas exhorta al Estado mexicano a intensificar las labores de instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y garantizar el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

La desaparición de personas es una violación de extrema gravedad cometida en México durante la denominada “guerra sucia” y desde hace más de una década en el marco de la fallida estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal. Se trata de una situación que no se ha logrado detener, por el contrario, el número de víctimas continúa en aumento. De hecho, hasta abril de 2018 se tuvo registro oficial de 37,435 personas desaparecidas. En este escenario, es de vital importancia la adopción de medidas para diseñar políticas de prevención y atender las necesidades de búsqueda que actualmente son apremiantes.

Por lo anterior, el Consejo Nacional Ciudadano lamenta profundamente que el Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido debidamente instalado, aun cuando ya ha transcurrido el plazo de 180 días establecido en el transitorio sexto de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tal como señala el artículo 44 de la Ley, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene a su cargo el diseño y la evaluación de los recursos del Estado “para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley”. Por lo tanto, la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda es clave para la definición de las políticas de prevención y de búsqueda antes mencionadas. Además, su instalación sería una muestra de voluntad política de la administración actual para los Estados.

Asimismo, el Consejo Nacional Ciudadano señala que es indispensable que el Estado mexicano adopte de manera inmediata todas las medidas necesarias para fortalecer institucionalmente a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es el órgano mandatado por la Ley General para “determina[r], ejecuta[r] y da[r] seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas”, en coordinación con las comisiones locales de búsqueda, la Procuraduría General de República y demás autoridades.

En línea con lo establecido por el Consejo Nacional Ciudadano en su Recomendación 01/2018, publicada el 11 de julio pasado, el cumplimiento del mandato asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda requiere que se le dote de todos los recursos y personal necesarios para llevar a cabo las actividades que le han sido encomendadas para la localización de las personas desaparecidas en México. Ello incluye, a juicio de este Consejo, todo el respaldo político-institucional requerido para la consecución de sus responsabilidades.

Frente a lo anterior, el Consejo considera indispensable que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, incluyendo la adopción inmediata de un plan de fortalecimiento progresivo, a fin de garantizar el crecimiento significativo y rápido de las capacidades institucionales de dicha Comisión, en beneficio de miles de víctimas de personas desaparecidas y sus familias.

La implementación de la Ley General es igualmente importante que la Ley misma. El Consejo Nacional Ciudadano considera que los retrasos existentes en la puesta en operación de las instancias y herramientas creadas por dicha Ley ponen en riesgo su efectividad. Ello en la medida en que impiden que se avance en la implementación de políticas públicas serias y obstaculizan la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho miles de familias de personas desaparecidas.

Finalmente, el Consejo Nacional Ciudadano exhorta al Estado mexicano a asumir la gravedad de la situación de desaparición en nuestro país y a reconocer y corregir las fallas institucionales en materia de acceso a la verdad y a la justicia. Sobre este punto, al Consejo le consterna, y por lo tanto condena, que el presidente de la República haya generado el día de ayer nuevos agravios a la dignidad de las víctimas de desaparición, al refrendar una versión de los hechos en el caso de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa que ha sido refutada científicamente por órganos nacionales e internacionales. Este Consejo exhorta al Estado mexicano a priorizar el fortalecimiento de las instituciones e instrumentos establecidos en la Ley General a fin de que responda sin más dilación a la deuda histórica que tiene para con todas las víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares en nuestro país.

 

ATENTAMENTE

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

 

Información adicional:

El Consejo Nacional Ciudadano fue instalado formalmente en mayo del 2018 como parte de los instrumentos de monitoreo de la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada en noviembre del 2017. Es un órgano ciudadano integrado por cinco familiares de víctimas de desaparición, cuatro especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil. Cabe subrayar que sus integrantes no son servidores públicos ni reciben remuneración o emolumentos por la función que ejercen como consejeros y consejeras. El Consejo está integrado por:

  • Familiares de personas desaparecidas: Francisco Olvera Acevedo, Grace Mahogany Fernández Morán; Mirna Nereida Medina Quiñonez; Margarita Michelle Quevedo Orozco, Edna Dolores Rosas Huerta.
  • Especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas y en materia forense: Denise González Núñez, Santiago Corcuera Cabezut, Volga Pilar de Pina Ravest y Mercedes Celina Doretti.
  • Representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos: Humberto Francisco Guerrero Rosales, Juan Martín Pérez García, Consuelo Gloria Morales Elizondo y Norma Patricia Quintero Serrano.

 

Contacto: consejociudadano_snb@outlook.com

Twitter: @CCiudadanoSNB

POR TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES FALLECE
 UNA PERSONA MÁS EN EL PENAL DE TOPO CHICO

14 de agosto 2018
1808/19

Foto: Archivo Posta MX

El pasado 7 de agosto de 2018 se informó la muerte de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años, quien se encontraba privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social Topo Chico. Ese día se dijo que Kevin se “desvaneció” repentinamente y posteriormente falleció. El día de hoy se conoce, a través de un peritaje, que su muerte fue producto de fuertes golpes, aparentemente con tablas, que le causaron un tromboembolismo cardiopulmonar, al formársele coágulos que le obstruyeron el flujo de sangre al corazón. 

La tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros penitenciarios estatales han cobrado la vida de otra persona más privada de la libertad y el gobierno continua siendo omiso ante esta crisis. En la actualidad, debería ser impensable que la tortura continuara presente en una sociedad como la nuestra y, principalmente, en espacios cuyo control y responsabilidad dependen exclusivamente del Estado, como lo son los centros penitenciarios. 

Vale la pena recordar que a pesar de urgentes llamados por parte de la sociedad civil, y recomendaciones de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Naciones Unidas a través de diferentes instituciones, la respuesta del Gobernador Jaime Rodríguez y su administración continua siendo ineficiente, poco transparente, y sin consecuencias para aquellas personas, tanto autoridades como internos, que cometen actos delictivos violentos dentro de las cárceles.

La muerte de Kevin, evidencia una vez más, no solo la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren día a día en los centros penitenciarios de Nuevo León, sino la evidente ausencia de control y complicidad por parte de las autoridades que permiten se torture y se mate a personas que se encuentran bajo su tutela.

CADHAC reitera su preocupación y exige a las autoridades del gobierno de Nuevo León cumplan sus obligaciones y garanticen, sin más dilación, la vida digna, seguridad e integridad de todas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión estatales.

Además reiteramos nuestra solidaridad con la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, y les invitamos a acercarse para buscar la reparación integral a la que tienen derecho, por la responsabilidad de las autoridades en la muerte de Kevin. 

Seguir ignorando la crisis penitenciaria que se vive en los centros estatales de Nuevo León, perpetua la impunidad e incentiva que se continúen cometiendo estos crímenes, pues se observa que el asesinar y torturar en centros penitenciarios no trae consecuencia alguna.

OTRA MUERTE EN TOPO CHICO EVIDENCIA INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO

7 de agosto 2018
1808/18

Fotografía: Cuartoscuro

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos externa sus más sinceras condolencias a la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años de edad, ante el sorpresivo desenlace de su vida en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico.

El sistema penitenciario ha ido en agudo deterioro. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sus recomendaciones realizadas al Gobierno de Nuevo León desde 2015, han sido desestimadas, por lo que  consecuentemente cada día la infraestructura y condiciones de los centros penitenciarios del estado son más y más incompatibles con las condiciones de vida digna que se requieren, y que son indispensable para lograr la reinserción. Sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno, son las  tres características con las que la CNDH ubica la situación de los centros penitenciarios de Nuevo León. La obligación Constitucional y de instrumentos internacionales de preservar la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, es un aspecto en el que el gobierno manifiesta poco o nulo interés.

Es sumamente preocupante y alarmante que desde octubre de 2015 al día de hoy han acontecido más de 90 muertes “oficiales” dentro de los centros penitenciarios estatales y no ha habido respuesta que demuestre una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, ni consecuencias claras para los responsables de estas muertes.  El mensaje que el Gobierno del estado de N.L. ha estado enviando es: “se puede matar en las cárceles, y no pasa nada”.

Conscientes de que la integridad de las personas internas es responsabilidad total de las autoridades estatales, hacemos un llamado urgente para que:

  1. Se investigue de manera exhaustiva, imparcial y expedita la muerte de Kevin Armando a fin de esclarecer los hechos, y en caso de que exista irregularidad, se proceda judicialmente con los presuntos responsables.
  2. Se garanticen oportunamente el acceso a la información y a la verdad, a la la familia y a la sociedad en general.
  3. Se garantice la integridad personal de todas las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
  4. Se atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos humanos al Gobierno de Nuevo León, en referencia al Sistema Penitenciario.

La irresponsabilidad e incompetencia de las autoridades, que ha llevado a más de noventa personas a la muerte, debe ser evaluada y sancionada. La impunidad sólo irá haciendo más lejana la tan anhelada paz para Nuevo León.

DEBE ESTADO GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA

6 de agosto 2018
1808/17

Ante las fallas graves del sistema de agua potable en los municipios de Mier y Noriega y Doctor Arroyo, al sur de Nuevo León, que resultaron en un desabasto del servicio de agua para consumo humano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC) manifiesta su grave preocupación contra el gobierno de Nuevo León, ante la incapacidad para garantizar de modo permanente este derecho.

El acceso al agua es un derecho básico de todo ser humano, ya que de este depende la condición misma de la vida, por lo que la tardanza en la respuesta estatal para resolver las descomposturas en el sistema de bombeo, que dejaron sin acceso al agua a numerosas comunidades en la zona, resulta inadmisible.

Es importante determinar que una deficiencia en el abastecimiento no tiene cabida, desde la perspectiva de la disponibilidad del agua. Esta valoración cuenta con sustento en la información pública de la Comisión Nacional del Agua sobre los territorios donde se ubican los dos municipios referidos; incluidas 285 comunidades rurales, las dos cabeceras municipales y un total de 129 ejidos. De acuerdo con esos datos, ahí existen un total de 10 acuíferos, de los cuales cinco presentan condiciones de disponibilidad de líquido. Este escenario representa una condición de base favorable para garantizar el suministro de agua a toda la población residente en ambos municipios.

El no satisfacer el derecho al agua para la población de los municipios de Doctor Arroyo y Mier y Noriega, en condiciones de accesibilidad suficiente y permanente, con calidad garantizada para el consumo humano, es responsabilidad directa del gobierno de Nuevo León. Por lo que se deben de dar soluciones integrales para la solución del problema y no solo de carácter mediático donde se anuncien sequías o disminución en el almacenamiento de las presas.

Si bien, el gobierno ha dicho que el abastecimiento ha sido normalizado, y que el sistema de bombeo fue reparado, los testimonios sobre el desabasto persisten.

Por ello, CADHAC exige al gobierno del estado de Nuevo León:

  1. Garantizar el abasto de agua potable para todos los municipios de Nuevo León,
  2. Priorizar que la gestión sea centrada en la mejora del suministro,
  3. Ante la eventual repetición de un escenario con desabasto de agua, reducir los tiempos de respuesta para la atención de estas emergencias.

El agua es indispensable para la vida, por lo que el incumplimiento de las autoridades resulta en una directa violación a los derechos humanos de la ciudadanía, por esto urgimos al gobierno de Nuevo León tome de inmediato las medidas necesarias para solucionar dicha problemática.

 

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