Protesta por los derechos de la niñez

En el marco del Día de la Niñez compartiremos esta acción en la semana del 26 al 30 de abril desde las redes sociales con los hashtags #NiñezProtestando #InfanciaSinViolencia

En Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) acompañamos a niños, niñas y adolescentes, familiares de personas desaparecidas, de forma continua, individual y grupal con un modelo de atención psicosocial especializada. Sus familias forman parte de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES). Debido a la pandemia por el covid-19, las familias han sufrido grandes afectaciones, las cuales han aquejado de sobremanera a la niñez

En este contexto es que el grupo infantil al que acompaña CADHAC convoca a la Protesta por los Derechos de la Niñez, la cual demanda la atención a tres temas principales:

1. Falta de acceso a la educación
2. Violencia hacia la niñez
3. Restricción al espacio público

El grupo detectó estos tres puntos como problemáticas principales, las cuales desde el inicio de la pandemia se han incrementado, vulnerando sus derechos de la infancia.
Estaremos compartiendo videos e imágenes de niños, niñas y adolescentes que deseen participar con carteles haciendo alusión a la problemática que ha aquejado a cada uno y una. Pueden cubrir su rostro con el cartel para proteger su imagen e identidad.

Agradecemos enormemente su colaboración en el acompañamiento a la niñez, en CADHAC tenemos la certeza de que escucharles y poner en el centro sus demandas es parte del camino para establecer un futuro de paz y dignidad.

¡Les invitamos a sumarse!

 

28 Años en la defensa y promoción de derechos humanos en Nuevo León

En el marco de nuestro aniversario número 28, sabemos que nos sigue uniendo la causa de la justicia.

En este aniversario celebramos la misión y el quehacer de CADHAC, el trabajo que juntas hemos realizado para abrir caminos de esperanza y el legado de la Hna. Consuelo, quien ha contribuido de manera significativa a que CADHAC sea un referente en materia de derechos humanos en el norte del país.

No podemos abrazar este nuevo año de trabajo sin voltear a ver en retrospectiva cada factor y cada persona que ha sumado sus esfuerzos para construir caminos de esperanza. Como parte de CADHAC conoces el caminar y el espíritu que nos ha guiado en este trayecto, por eso eres clave en este aniversario que compartimos y que también te pertenece. Gracias por ser parte de esta historia, tu trabajo ha fortalecido la defensa de derechos humanos.

Nuestro interés seguir contando contigo, nutriéndonos de experiencias colectivas que fortalezcan nuestro trabajo en el presente y a futuro en favor de todas las personas a quienes acompañamos.

Gracias por estar.

Nuevo León debe garantizar el interés superior de la niñez

Es necesario visibilizar y atender las problemáticas que vulneran los derechos de las niñas y niños en el estado

A un año de la contingencia en Nuevo León, se han agravado las condiciones de calidad de vida en la niñez. En muchos casos, a las niñas y niños se les ha dejado en casa con sus agresores, esto ha arrojado cifras preocupantes de violencia familiar, abuso sexual y embarazo infantil. Según datos oficiales del Observatorio de Seguridad y Justicia (OSJ), Nuevo León es el segundo estado con mayor tasa de violencia familiar, esto se traduce en un 10.3% del total de todas las carpetas de investigación por este delito en el país..

La falta de políticas públicas que garanticen espacios seguros tiene como consecuencia la vulneración de derechos al bienestar y sano desarrollo integral, el acceso a la educación y el derecho a la recreación, mismo que se ha visto coartado por el confinamiento.

Para completar el panorama, en las últimas semanas se han incrementado las alertas de búsqueda de niñas, niños y adolescentes reportadas como desaparecidas y se registran cifras nunca antes vistas de menores en casas de migrantes en el estado, lo que se presta a situaciones de discriminación, condiciones deplorables de dignidad humana y trata de personas, problemática que evidencia que N.L no solo es el segundo con mayor tasa de violencia familiar, sino que de acuerdo con el OSJ también muestra un alarmante incremento del 68.8% en el delito de trata de personas.

En el marco del día de las niñas y los niños, manifestamos preocupación frente a los alarmantes datos en el estado por estos casos de desaparición, trata de personas, migración y violencia familiar. Las niñas y los niños han sido los más castigados con el confinamiento en Nuevo León. Es así que no se está garantizando el interés superior de la niñez.

Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar que se hagan valer todos los derechos de las niñas y los niños desde una visión de inclusión y con perspectiva de género y no desde el adultocentrismo donde se han tomado las decisiones de esta pandemia.   

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993

Descarga el Comunicado DERECHOS DE LA NIÑEZ EN NUEVO LEÓN

Crea la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León Laboratorio de ADN especializado en investigación de casos de personas desaparecidas con equipo donado por ICMP

Este mes, la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León (FGJNL) recibió una donación de equipo de laboratorio y software para fortalecer las estrategias de investigación genética de casos complejos de personas desaparecidas. La donación de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés) forma parte de un proyecto impulsado por CADHAC y financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  (USAID) que tiene la finalidad de ayudar al estado de Nuevo León a mejorar su capacidad forense para dar cuenta en materia de personas desaparecidas.

Las y los científicos del laboratorio de la FGJNL usarán el equipo para establecer un flujo de trabajo de ADN dedicado a los casos de personas desaparecidas, mismo que incluye métodos avanzados para la extracción de ADN de muestras desafiantes post mortem. También se instalará una unidad para analizar datos forenses para apoyar las confrontas del ADN de las víctimas con los perfiles obtenidos de las muestras de referencia donadas por las familias. 

“La identificación de personas desaparecidas utilizando métodos avanzados de requiere de métodos especializados para extraer y detectar ADN de restos óseos, así como estrategias de análisis estadísticos complejos e integración de toda la información en un sistema de datos especializado de que contenga los datos de las familias de desaparecidos”, dijo Thomas Parsons, Director de Ciencia y Tecnología del ICMP.

“Cuando el flujo de trabajo sobre personas desaparecidas lo realizan los laboratorios que trabajan también casos rutinarios de criminalística, la eficiencia de los laboratorios puede verse comprometida dado las diferentes estrategias requeridas para procesar una gran cantidad de huesos. El nuevo laboratorio especializado y dedicado de Nuevo León permitirá enfocar equipos de peritos en el uso de estrategias específicas para casos de personas desaparecidas, lo cual resultará en incrementar  significativamente el número y tipo de casos de personas desaparecidas que se podrán resolver”.

En todo México, más de 83.000 personas han sido reportadas como desaparecidas de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. De estas, más de 4,000 fueron reportadas en Nuevo León. La gran magnitud del problema y el estado deteriorado de los restos se suman a los desafíos de seguridad a los que se enfrentan las autoridades en el trabajo de localización e identificación de las  personas desaparecidas.

La donación, con un valor aproximado de $73.000 dólares, forma parte de un proyecto financiado por USAID e implementado por la organización de la sociedad civil, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC). Como parte del mismo proyecto, ICMP ha colaborado a nivel técnico y científico con peritos de Nuevo León en genética forense, arqueología, antropología y en el desarrollo de procesos de datos especializados. También peritos forenses de Nuevo León participaron en las capacitaciones en el Laboratorio ICMP de ADN en La Haya para mejorar sus habilidades en la extracción de ADN y métodos de pruebas genéticas para casos difíciles. La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León complementará esta donación con los reactivos necesarios para llevar a cabo las extracciones de ADN de los restos de las víctimas.

La donación se formalizó en un evento realizado en línea el 2 de marzo en el que participaron el Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León Gustavo Adolfo Guerrero, la Directora General de ICMP Kathryne Bomberger,  el Director para México de USAID, Bruce Abrams,  el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, Ana Luna, Directora General de CADHAC, así como colectivos de familiares Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), Eslabones Nuevo León por los Derechos Humanos y Buscadoras Nuevo León

De acuerdo con el Fiscal General de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, “la creación del Laboratorio de ADN de Restos Óseos y la Unidad de Identificación de Personas Desaparecidas se da en línea con el plan estratégico de modernización de la Fiscalía mismo que reconoce a función central de la ciencia y la tecnología en apoyar a que la Fiscalía haga efectivo el derecho de las familias a investigaciones efectivas. Las mismas que deben ser prontas, exhaustivas, imparciales y deben buscar determinar el paradero de las víctimas, la causa y forma de muerte de quien no se encuentre con vida, así como asegurar la responsabilidad de penal de los implicados.”

Con este motivo, la Directora General de ICMP, Kathryne Bomberger, dijo: “A lo largo de los años recientes, Nuevo León ha adoptado medidas contundentes que sientan las bases para un proceso sostenible y efectivo de personas desaparecidas mismo que no sólo proveerá respuestas a las familias de los desaparecidos, sino que podrán también servir como modelo para otros estados de México. Esperamos continuar nuestra excelente colaboración para hacer frente a este extraordinario reto”.

Bruce Abrams, el Director para México de USAID recalcó que “para USAID, contribuir con el Gobierno de México en la atención a la búsqueda e identificación de personas, se ha convertido en una acción prioritaria.  Es así que en los últimos años hemos diseñado actividades que aporten a dicho fin.  Consideramos que este trabajo debe realizarse de forma colectiva.  Por ello, extendemos el apoyo a la sociedad civil y a los colectivos de víctimas, quienes realizan una labor extraordinaria.”

Para Ana Luna Serrano, Directora General de CADHAC, “la instalación del Laboratorio especializado es un paso significativo que es parte de un largo camino de colaboración de las familias, sociedad civil y mecanismos internacionales como ICMP con la Fiscalía en la búsqueda de justicia, verdad y reparación para las familias de personas desaparecidas.”

A nombre de las familias, Socorro Ramírez, madre de Mauro Leal Ramírez, desaparecido el 14 de enero de 2015 y Coordinadora General de AMORES refirió: “Nosotras tenemos altas expectativas, reconocemos los esfuerzos de la Fiscalía y los peritos deseamos el éxito de su trabajo del cuál dependemos y ansiamos de resultados lo antes posible.”

En el evento se realizó también un panel de expertos que contó con la participación del Dr. Benito Ramos, Coordinador de Investigación del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, y del Dr. Thomas Parsons y la Dra. Mayra Eduardoff de ICMP. Los expertos sostuvieron un diálogo con familiares y las guiaron en una visita virtual del nuevo laboratorio instalado en ICSP. La grabación del evento puede ser consultada en la siguiente liga.

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CADHAC expresa su preocupación por el involucramiento de la policía en la prevención de COVID-19

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) expresa su preocupación por el Acuerdo No. 14/2020 Relativo a la Determinación a Continuar y Precisar las Acciones Extraordinarias para Atender la Emergencia Sanitaria Provocada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Nuevo León. El Acuerdo, emitido por el titular del ejecutivo del Estado otorga facultades a los elementos policiacos de sancionar a la ciudadanía por inclumplir medidas de prevención, bajo la justificación de que existe una creciente ola de contagios por coronavirus en Nuevo León. No obstante, ello no constituye motivo suficiente para implementar medidas que restrinjan desproporcionadamente los derechos humanos.

Entre las nuevas medidas anunciadas por el secretario de salud Manuel de la O, se declaró el uso obligatorio del cubrebocas, la prohibición de reuniones de más de 20 personas, tanto en la vía pública como en los domicilios particulares, y restricciones en horarios y aforo de ciertos establecimientos. Al incumplir dichas medidas, elementos policiacos incluyendo a la Fuerza Civil, cuenta con las atribuciones necesarias para sancionar con arrestos de hasta 36 horas, multas, así como la otorgación de trabajo comunitario.

El ámbito jurídico mexicano y convencional establece que, al tratarse de restricciones a los derechos humanos, deben de cumplirse los parámetros de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad y no discriminación, mismos que no se advierten se encuentren cubiertos en el mencionado Acuerdo.

A modo de ejemplo, dichas medidas van en contra de lo señalado en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20 y la Resolución No. 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre las obligaciones de los Estados durante la pandemia del COVID-19. En consiguiente, las restricciones decretadas podrían causar la violación de las responsabilidades internacionales del Estado mexicano.

En específico, en la Resolución No. 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menciona la posibilidad de restricciones en espacios públicos y comunes, sin embargo no hace alusión a restricciones en domicilios particulares. Aunado, la presente medida de prevención, atenta contra lo señalado en el Artículo 16 constitucional, en donde se presenta el principio de inviolabilidad del domicilio por parte de las autoridades como garantía de protección a la ciudadanía.

Desde CADHAC, consideramos preciso señalar que el otorgamiento de atribuciones a los cuerpos policiales para sancionar a la ciudadanía, podría aumentar el número de violaciones a los derechos humanos de la población del Estado de Nuevo León. Es imperante que las medidas de prevención se apeguen al marco nacional e internacional de protección a los derechos humanos.

Información adicional
Acuerdo No. 14/2020 Relativo a la Determinación a Continuar y Precisar las Acciones Extraordinarias para Atender la Emergencia Sanitaria Provocada por el Virus SARS-CoV 2 (COVID-19) en el Estado de Nuevo León fue emitido el día 29 de octubre en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y entró en vigor a partir del domingo 1ero de noviembre.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

Informe CADHAC 2019 ¿Un año en favor de la verdad y la justicia?

El presente informe se desarrolla en un momento agridulce para los derechos humanos en México.
A nivel federal, el panorama dio un giro discursivo y político importante con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Con su gestión, en cuestión de meses, las instituciones comenzaron a experimentar cambios en la operación y, en contraposición, se produjeron movimientos políticos relevantes en defensa de los derechos humanos.

Con el tema de las desapariciones de personas al centro, la agenda nacional de derechos humanos ha generado escenarios heterogéneos. Si bien, se instalan una serie de innovaciones institucionales para resolver las crisis de violencia e inseguridad que históricamente han aquejado al país, no existe certeza de que se lograrán los resultados deseados debido a la carencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de ellas.

Derechos humanos en el mundo – La crisis de refugiados rohinyá

Más de 740,000 musulmanes rohinyá están estancados en Bangladés, sin la oportunidad de regresar a su casa tras haber sido expulsados ​​del estado norteño de Rakhine (ubicado en Myanmar), huyendo de asesinatos generalizados, violaciones y la quema de sus hogares a manos del ejército de Myanmar.

Los rohinyá son un grupo étnico musulmán de Myanmar que desde 2017 han sido objeto, de acuerdo con Naciones Unidas, de una limpieza étnica por parte de las autoridades de Myanmar que ha obligado a la mayoría a refugiarse en Bangladés. El gobierno de Myanmar continúa desafiando al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas al negar la existencia de violaciones de derechos humanos hacia los rohinyá, además de negarse a investigar seriamente y enjuiciar estos crímenes o cooperar con los esfuerzos internacionales.

El gobierno de Myanmar considera a los rohinyá inmigrantes ilegales y, en efecto, les ha negado la ciudadanía, a pesar de que la mayoría de ellos han vivido en Myanmar por generaciones. En los últimos años, la marginación de los rohinyá en 10 sociedades de Myanmar ha conducido a diversas oleadas de violencia entre la minoría musulmana rohinyá y la mayoría budista rakhine. Hoy, los rohinyá viven en el asentamiento de refugiados más grande del mundo, donde casi un millón de personas esperan la oportunidad de regresar a sus hogares algún día.

Los donantes y los actores institucionales involucrados ​​deben insistir en que el gobierno y el ejército de Myanmar garanticen la seguridad y los derechos básicos de los rohinyá, garanticen el acceso sin trabas a las agencias humanitarias internacionales para proporcionar recursos y monitorear los derechos, y brindarles la ciudadanía plena, con todos los derechos y protecciones correspondientes. El gobierno de Myanmar debe abordar estas demandas y las causas profundas de la crisis, incluida la persecución sistemática y la violencia, la apatridia y la impunidad militar por violaciones graves de los derechos humanos.

Defender los Derechos humanos, no es un delito

Comunicado Conjunto

Las organizaciones civiles conformadas en varios colectivos y espacios de defensa de los derechos humanos, hemos tenido información de las recientes declaraciones de los C. Isaac Valeriano García, Francisco Morales, Rogelio García Rodríguez, representantes del núcleo agrario de Cacahuatepec, municipio de Acapulco contra el compañero Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Juan Angulo, director del periódico el Sur, a quienes señalan como generadores de violencia al interior de su núcleo agrario. 

Nos preocupa, en sobremanera esta situación porque se trata de una práctica sistemática que se ha reproducido tanto entre las autoridades estatales y municipales, como entre grupos de interés acostumbrados a desacreditar el trabajo de los defensoras y defensores de derechos humanos, así como de los periodistas independientes. En el contexto de la violencia creciente en Guerrero, la criminalización de defensores y periodistas es una constante que ha vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física, su libertad de expresión y que vulnera directamente su labor.

Las declaraciones de los representantes agrarios son producto de la polarización comunitaria alentada por las autoridades locales y los grupos económicos que han recurrido al despojo y al engaño para proteger intereses facciosos. 

Dichas declaraciones responden a la división comunitaria que desde años ha impulsado el gobierno estatal en las comunidades para imponer megaproyectos en regiones estratégicas para inversiones millonarias. Este modelo de despojo ha dañado profundamente el tejido comunitario de aquellas comunidades que durante años han luchado juntas para defender su río y su territorio. La liberación de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), ha generado malestar entre los grupos económicos y caciquiles que han conformado grupos de choque para diezmar la organización de los comuneros en defensa de su territorio, por eso no es gratuito que esta agresión se haya dado a escasos días de su liberación. 

Hacemos un llamado a las autoridades del Estado para que asuman su responsabilidad de establecer el diálogo y la conciliación entre las comunidades y que no criminalicen más a los campesinos del CECOP. Emplazamos a que el gobierno local investigue a los responsables de los que han atentado contra la vida de los campesinos que han sido víctimas de esta disputa territorial alentada por las mismas autoridades y que se trabaje por la reconstrucción del tejido comunitario. 

Reiteramos nuestro reconocimiento a la labor desempeñada durante 25 años por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña que ha demostrado su compromiso inclaudicable en favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de su territorio. 

Atentamente

Organizaciones:

Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México 

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

El Día Después 

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

I(dh)eas Litigio estratégico en Derechos Humanos, A. C.

Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Laboratorio de Innovación para la Paz A.C.

Latin America Working Group (LAWG)

Propuesta Cívica A.C.

Observaciones Designaciones Públicas

Observatorio Nacional Ciudadano

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Renacer Lagunero, A. C.

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

Colectivos:

Buscando Desaparecidos México (BÚSCAME)

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M)

Sabuesos Guerreras A.C. 

 

Personas:

Alberto Athié

Alfredo Pineda

Axel Didrikson

Cipriana Jurado

Catalina Pérez Correa 

Daniel Vázquez, profesor del Instituto de Investigaciones y Jurídicas de la UNAM y FLACSO-México

Darvy Batallar

Denise Dresser

Humberto Zazueta

Eliana García Lagunas

Esperanza Olguín Hernández

Edgar Cortez

Jorge Javier Romero Vadillo, profesor de la UAM

Leticia Burgos Ochoa

Mara I. Hernández Estrada, investigadora del CIDE

Mariclaire Acosta

Mario Saucedo

Nicómedes Fuentes

Oscar Estrada

Mara I. Hernandez Estrada, investigadora del CIDE

Raymundo Sandoval Bautista

Rocío Culebro

Rosa Ma. Gómez Saavedra

Simón Hernández León

Yolanda Tello

Transparencia para familiares por el traslado de personas privadas de la libertad

27 de marzo de 2019

1903/07

Foto de Raúl Palacios

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), externa su preocupación por el traslado de más de 500 personas privadas de la libertad que se encontraban en los centros penitenciarios de Cadereyta, Apodaca, Topo Chico y el Centro Único para Mujeres, ubicado en Escobedo, debido a la posible vulneración de derechos de estas personas por parte del Estado al incumplir los requisitos necesarios para la autorización de los traslados.

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para realizar un traslado es indispensable contar con la autorización de un juez de ejecución penal, quien antes de validar la reubicación deberá respetar el derecho a audiencia de la persona privada de la libertad y escuchar las posibles razones para no realizar el traslado.

Sin embargo, familias de personas trasladadas siguen sin información clara sobre el paradero de su familiar y reportan que las autoridades estatales han asumido actitudes hostiles al buscar solicitar información fuera de los centros penitenciarios, por lo que consideramos posible que el procedimiento para la autorización del traslado no fue realizado con apego al marco jurídico.

Es importante recordar que en situaciones anteriores, como los traslados realizados en noviembre de 2018, parte de las personas que fueron reubicadas permanecieron por hasta 72 horas desaparecidas pues no se les permitió comunicarse con sus familiares, dejando tanto a las familias como a la persona privada de la libertad en una grave situación de vulnerabilidad.

De igual forma, estos traslados debilitan uno de los pilares del principio de reinserción social que implica el contacto permanente con la familia, preocupación específicamente relevante al considerar el traslado de 40 mujeres desde el Centro Único para Mujeres de Escobedo hasta el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en el estado de Morelos.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades estatales respetar en todo momento los derechos de las personas privadas de la libertad, cumpliendo los requisitos de autorización de cada traslado ante un juez de ejecución, respetando su derecho a audiencia, y cumpliendo con la responsabilidad de informar de manera oportuna y clara a las familias sobre el paradero de su familiar.

Prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas

24 de marzo de 2019

Desde Palacio Nacional, autoridades estatales y federales, representantes de la sociedad civil, familiares de personas desaparecidas y funcionarios públicos que desempeñan las labores de búsqueda y defensa los derechos humanos en México se anunció la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda para hacer frente a los enormes retos de la crisis en materia de desaparición que atravesamos en el país.

Durante el evento, tomaron la palabra Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Miguel Angel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila y Coordinador de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Gobernadores, Edna Dolores Rosas Huerta, familiar de persona desaparecida y representante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, Karla Quintana Ozuna, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas.

En su intervención y con la presencia de gran parte de los gobernadores del país, Alejandro Encinas recalcó que cada entidad federativa debe asumir como prioridad la integración de su Comisión Local de Búsqueda, precisando que en 19 entidades aún no hay avances legislativos o decretos para su conformación.

“Este gobierno hereda una deuda histórica de más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar, y cientos de fosas clandestinas”, enunció Encinas.

Encinas añadió que para este año están asignados 400 millones 791 mil pesos del Presupuesto de Egresos Federal para la Comisión Nacional de Búsqueda y que al menos el 50% de estos recursos serán trasladados a las entidades federativas que cuenten ya con una Comisión Local de Búsqueda en activo para asegurar su correcta operación.

Sánchez Cordero apuntó que la administración federal actual reconoció que han habido pocos resultados en el trabajo de búsqueda de las personas desaparecidas, resultado de un olvido institucional que se ha mantenido por años y que ha detenido también las investigaciones para encontrar a los responsables con el objetivo de asegurar el derecho de verdad y justicia de las víctimas.

Por su parte, Edna Dolores Rosas Huerta aseguró que para responder a esta crisis es urgente echar a andar un mecanismo extraordinario de identificación forense que se aboque a dar nombre a esos cuerpos que hoy en día están ya en resguardo del Estado.

Karla Quintana explicó que la Comisión Nacional de Búsqueda es la piedra angular del Sistema Nacional y la encargada de coordinar a todas las instituciones para que el Estado mexicano cumpla con su obligación constitucional de atender la crisis en materia de desaparición.

Quintana detalló también que las acciones de búsqueda de personas deben comprenderse desde sus diferentes dimensiones, considerando la búsqueda en vida de las personas, las labores de búsqueda en campo, el manejo efectivo y homologado de datos entre instituciones de búsqueda y de procuración de justicia , la identificación de cuerpos y restos óseos que permanecen en instituciones de servicios forenses, y las acciones de búsqueda jurídica e histórica con la revisión de expedientes para casos de larga data.

Durante su intervención de cierre, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció tres compromisos por parte del Gobierno Federal para asegurar avances concretos durante los próximos meses en lo que corresponde a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas indicando que se destinará el presupuesto necesario para enfrentar el reto de identificación forense a nivel nacional, la totalidad de las Comisiones Locales de Búsqueda estarán instaladas antes de septiembre de 2019 y habrá una nueva reunión entre el Sistema Nacional de Búsqueda y autoridades federales para evaluar avances de la estrategia en tres meses.

Con la presencia de familiares de personas desaparecidas, hubo un reconocimiento expreso del rol fundamental que han jugado éstas en la consolidación de un marco institucional para la búsqueda y la importancia de cumplir con la reparación del daño a las víctimas de esta violación a derechos humanos.

 

 

 

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