La grave crisis penitenciaria exige una verdadera política pública
Para responder a la crisis persistente de su sistema penitenciario, el Estado mexicano se ha limitado a imponer un modelo basado en la acreditación de la American Correctional Association (ACA) y la privatización de los centros de reclusión.
En 2016 diversas organizaciones de la sociedad civil ya habíamos alertado sobre ello en el informe Privatización del sistema penitenciario en México. Un año después prevalece tal tendencia, caracterizada por la opacidad en el otorgamiento de Contratos de Prestación de Servicios (CPS) para la intervención del sector privado en la construcción y operación de centros penitenciarios ―contratos inaccesibles, por cláusulas de reserva aduciendo razones de seguridad―; construcción injustificada de prisiones, bajo criterios de rentabilidad económica, y protección de inversiones privadas con presupuesto público, entre otras malas prácticas de gobierno.
A la fecha, las autoridades penitenciarias siguen sin publicar dictámenes de evaluación sobre las auditorías realizadas por la ACA, la escasa información pública sobre sus estándares de acreditación se refiere a temas de infraestructura (disposición, tamaño de los espacios, etc…) y, en general, a aspectos que los propios centros penitenciarios deberían considerar sin necesidad de certificación externa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, había manifestado también su preocupación por la tendencia a incorporar el régimen de privatización y certificación internacional de ACA, al considerar que se ejecuta desde un paradigma de máxima seguridad incompatible con la defensa y protección de los derechos humanos, en detrimento de la reinserción social, pues limita el acceso a la visita familiar y de sus defensores , y el ejercicio de la propia defensa penal de las personas privadas de libertad al restringir los escasos medios y herramientas que tienen a su alcance para lograr una comunicación efectiva con las y los jueces; y establece largos periodos de permanencia en celdas, y revisiones excesivas a las personas internas y sus visitas. Contra el discurso oficial, como lo ha dado a conocer a su vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha acreditado que en dichos centros prevalecen la violencia y el autogobierno.
La propia Encuesta Nacional sobre Población Privada de Libertad 2016 ―innovación de la Ley Nacional de Ejecución Penal― revela que en los centros federales con esquemas de CPS (todos acreditados por la ACA) solo el 5% de las personas tiene acceso al trabajo, además de que apenas el 30% de ellas recibe remuneración por ello.
Dicha encuesta resalta que en centros acreditados por la ACA el 78% de las personas no sigue ningún programa educativo y, en el caso de los CPS, el 50% de las entrevistadas dijo
que no los hay en su centro. Además, el 68% de las personas internas en estos últimos centros no ha recibido visita durante el último año y el 94% no ha tenido visita conyugal, mientras que el 27% no se siente seguro en el centro y el 93% pasa más de 19 horas al día en su celda.
También en 2016, el Informe 8/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) sobre Centros Federales “CPS” evidenció carencias en el servicio de alimentación, personal médico y de custodia; inexistencia de programas educativos o de capacitación laboral; maltrato físico, insultos, humillaciones y amenazas por parte del personal penitenciario, así como aislamiento por periodos de más de 40 días.
Contra toda esta evidencia, entre 2016 y 2017 fueron acreditados o reacreditados centros de internamientos para adolescentes en Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Chihuahua. La Comunidad de Mujeres de la Ciudad de México recibió recomendaciones tanto de la CDHDF como del MNPT por vulnerar el derecho a trato digno, violencia y falta de capacitación del personal.
En este escenario, nos preocupa especialmente que a través de los Programas Estatales de Derechos Humanos ―derivados del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018― busquen legitimarse acciones e indicadores contrarias a las recomendaciones de los organismos internacionales. El Programa Estatal de Derechos Humanos de Puebla, por ejemplo, incluyó la mejora de la infraestructura y operación de los centros penitenciarios y estableció que la administración y operación se homologuen mediante la certificación de ACA. No obstante, como advierte el personal de los Centros de reinserción, “este esquema atiende más a necesidades administrativas, de operación y de control que de reinserción” (testimonio personal penitenciario).
Exigimos a la Embajada de Estados Unidos en México y a las autoridades penitenciarias detener el proceso de acreditación ACA, por ser un fraude para los contribuyentes estadounidenses y promover un modelo penitenciario violatorio de derechos humanos.
Suscriben las organizaciones:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.
Documenta
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana de Puebla
Instituto de Justicia Procesal Penal
Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur
Y a título personal:
Elena Azaola
María Novoa
Karen Silva
