Las fotografías de Arturo Beltrán Leyva y el respeto a la dignidad

18 de diciembre de 2009 Comunicado No. 0912/33
Las fotografías de Arturo Beltrán Leyva, una muestra de que la lucha contra la delincuencia organizada debe partir del respeto a la dignidad de todas las personas
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., se manifiesta profundamente preocupada por la forma en que elementos del Estado mexicano mancillaron y fotografiaron el cuerpo inerte de quien ha sido provisionalmente identificado como el conocido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, imágenes que fueron hechas públicas en varios medios de comunicación. Esta organización rechaza este tipo de acciones gubernamentales que atentan contra los derechos a la intimidad y a la honra y que demuestran la poca estimación en que las autoridades tienen la dignidad inherente de todas las personas.
Si bien es cierto que la situación de seguridad ciudadana en el país es grave, también lo es que las respuestas institucionales a tal fenómeno deben partir del respeto a los derechos humanos y de la aplicación estricta e imparcial de la ley. Las fotografías tomadas por las autoridades, en las que el cuerpo ensangrentado y con los pantalones abajo fue cubierto billetes y otros objetos personales de la persona fallecida, en nada ayudan al combate al narcotráfico y son una muestra tanto de la impericia de nuestras autoridades como de la ausencia de métodos científicos en la investigación y procesamiento de escenas y pruebas relacionadas con la comisión de delitos.
Esta organización exhorta a las autoridades a respetar todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito y a ajustar su actuar a los más modernos y eficaces métodos de investigación de delitos. Los ciudadanos y ciudadanas esperamos que nuestras autoridades sean eficientes y honradas y que lleven a los delincuentes ante la justicia, no que los acribillen y los vituperen públicamente.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N. L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org

Ninguna autoridad más allá de sus facultades

03 de noviembre de 2009 Comunicado No. 1109/30BP
NINGUNA AUTORIDAD MÁS ALLÁ DE SUS FACULTADES
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda preocupación por las desafortunadas declaraciones realizadas por el C. Mauricio Fernández, quien al momento de rendir su protesta constitucional para ejercer el cargo público de Alcalde de San Pedro Garza García, N.L., afirmó que para combatir la delincuencia violaría la ley; así como por las declaraciones del C. Procurador General de Justicia del Estado de N.L., calificando como “fabulosa” esta declaración.
El nuevo Alcalde dijo “me voy a tomar atribuciones que no tengo” con lo que mostró que desconoce el principio de legalidad que indica que la autoridad no puede hacer más que aquello que la ley le faculta. Esta actitud ofende a una ciudadanía ya harta de autoridades despóticas que se arrogan poderes que la ley no les otorga y que al hacerlo provocan, siempre, más daño al tejido social.
Esta organización encuentra especialmente preocupante el contexto en que se realizaron las declaraciones del ahora Alcalde, en un evento republicano en el que se supone los servidores públicos juran someterse a la Constitución y a las leyes. El utilizar un evento solemne para adelantar la violación a las leyes es un acto cínico y reprobable y es indicativo de la ligereza con la que nuestras autoridades perciben el estado de derecho.
Es inaceptable que el Procurador de Justicia del Estado apoye dichas declaraciones, pues si bien es cierto que la delincuencia organizada afecta a todas las esferas de la sociedad, existen las instituciones adecuadas para realizar el “combate” contra ésta. México ha vivido serios embates a la seguridad ciudadana, producidos tanto por las actuaciones de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, como por la delincuencia de las autoridades. En un momento en que la violencia se extiende por doquier y en que grupos ilegales se están tomando la justicia por sus propias manos, todos debemos reconocer que romper la ley no es, ni será, el camino que nos lleve a una sociedad más pacífica y más justa.
Las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos inician cuando la autoridad descuida la legalidad de sus actuaciones, cuando en nombre de una causa “mayor” se irrespeta la legalidad y el derecho y se atribuyen funciones que no corresponden a personas que no están en la capacidad legal de ejercerlas. La legalidad es un principio fundamental de todo gobierno democrático, que debe ser respetado para que la sociedad pueda marchar correctamente y pueda haber seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos.
Consideramos imprescindible el respeto a las funciones y atribuciones que cada Alcalde y cada funcionario público debe ejercer, exigimos que sean realizadas con eficiencia, eficacia, honestidad y estricto apego a la ley.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N. L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org

03 de noviembre de 2009 Comunicado No. 1109/30BP

NINGUNA AUTORIDAD MÁS ALLÁ DE SUS FACULTADES

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda preocupación por las desafortunadas declaraciones realizadas por el C. Mauricio Fernández, quien al momento de rendir su protesta constitucional para ejercer el cargo público de Alcalde de San Pedro Garza García, N.L., afirmó que para combatir la delincuencia violaría la ley; así como por las declaraciones del C. Procurador General de Justicia del Estado de N.L., calificando como “fabulosa” esta declaración.

El nuevo Alcalde dijo “me voy a tomar atribuciones que no tengo” con lo que mostró que desconoce el principio de legalidad que indica que la autoridad no puede hacer más que aquello que la ley le faculta. Esta actitud ofende a una ciudadanía ya harta de autoridades despóticas que se arrogan poderes que la ley no les otorga y que al hacerlo provocan, siempre, más daño al tejido social.

Esta organización encuentra especialmente preocupante el contexto en que se realizaron las declaraciones del ahora Alcalde, en un evento republicano en el que se supone los servidores públicos juran someterse a la Constitución y a las leyes. El utilizar un evento solemne para adelantar la violación a las leyes es un acto cínico y reprobable y es indicativo de la ligereza con la que nuestras autoridades perciben el estado de derecho.

Es inaceptable que el Procurador de Justicia del Estado apoye dichas declaraciones, pues si bien es cierto que la delincuencia organizada afecta a todas las esferas de la sociedad, existen las instituciones adecuadas para realizar el “combate” contra ésta. México ha vivido serios embates a la seguridad ciudadana, producidos tanto por las actuaciones de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, como por la delincuencia de las autoridades. En un momento en que la violencia se extiende por doquier y en que grupos ilegales se están tomando la justicia por sus propias manos, todos debemos reconocer que romper la ley no es, ni será, el camino que nos lleve a una sociedad más pacífica y más justa.

Las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos inician cuando la autoridad descuida la legalidad de sus actuaciones, cuando en nombre de una causa “mayor” se irrespeta la legalidad y el derecho y se atribuyen funciones que no corresponden a personas que no están en la capacidad legal de ejercerlas. La legalidad es un principio fundamental de todo gobierno democrático, que debe ser respetado para que la sociedad pueda marchar correctamente y pueda haber seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos.

Consideramos imprescindible el respeto a las funciones y atribuciones que cada Alcalde y cada funcionario público debe ejercer, exigimos que sean realizadas con eficiencia, eficacia, honestidad y estricto apego a la ley.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N. L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org

Más detenciones arbitrarias

27 de octubre de 2009

Comunicado No. 1009/28BP

Más detenciones arbitrarias

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) expresa su más profunda preocupación e indignación por la reiterada conducta arbitraria desplegada por algunos agentes de policía en perjuicio de jóvenes y migrantes integrantes de grupos vulnerables, reportada en diversas notas periodísticas publicadas en el “El Norte” durante el pasado fin de semana y denunciadas a esta organización por varios afectados.

Las detenciones arbitrarias y los robos por parte de elementos policíacos a ciudadanos que no han incurrido en conductas ilegales son una constante en nuestra comunidad.  Este sensible tema es tratado con indiferencia o complacencia de los superiores jerárquicos quienes siguen evidenciando su incapacidad para establecer un control real y efectivo sobre los comportamientos de sus subalternos.

Las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos son una preocupación real de todo gobierno democrático. Resutla inaceptable que sean los propios funcionarios de encargados de hacer cumplir la ley quienes incurran en conductas delictivas en agravio de aquellos a quienes deben proteger.

Consideramos que las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los robos y otras violaciones a los derechos de los ciudadanos, son toleradas, cuando no fomentadas, por altas autoridades gubernamentales, tanto municipales como estatales, quienes tienen la obligación de controlar a sus subordinados y de responder por estas fallas que son sistemáticas en el sistema de seguridad de la entidad.

A la delicuencia común y organizada se suma, con terrible vehemencia, la delincuencia policial.  Los ciudadanos tenemos ahora que cuidarnos por todos lados, especialmente de quienes están contratados para protegernos. Esta situación es vergonsoza e intolerable, para solucionarla no bastará que se simulen procedimientos administrativos para sancionar a los responsables, los elementos reponsables deben responder penalmente por sus conductas antisociales y los administradores dar una solución efectiva o dejar su cargo.

Recordamos que la seguridad pública no puede alcanzarse sin la correcta protección de los derechos humanos. No es a través de atracos y humillaciones por parte de nuestras autoridades que lograremos una sociedad más justa.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

Abuso Indignante

02 de octubre de 2009

Comunicado No. 1009/027BP

Abuso indignante

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) expresa su completa indignación por la tortura y el abuso de autoridad cometidos por agentes de la policía municipal de Apodaca en contra de un ciudadano cuya identidad se desconoce, según video difundido el día de hoy en el noticiero televisivo Milenio Diario del Canal 12.

Los actos que se aprecian en el mencionado video, consistentes en inferir tablazos a un hombre hasta hacerlo caer, constituyen claramente un caso de tortura y abuso de autoridad, previstos como delitos en el Código Penal vigente en el Estado[1].

Una vez más constatamos que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son acciones comunes de los integrantes de los cuerpos policíacos, lo que es indicativo de una grave la falta de control de los superiores jerárquicos sobre los actos de sus subordinados, o bien su complicidad y tolerancia.

Dicho proceder evidencia la persistencia de prácticas policiales ilegales, retrógradas y autoritarias y la ineficacia de las acciones de selección y capacitación emprendidas por los gobiernos municipales. También, constituye una flagrante violación a los derechos humanos y una prueba de que la política pública municipal en materia de seguridad ciudadana se niega a reconocer a los ciudadanos como personas con derechos.

Exigimos a las autoridades responsables de la procuración de justicia en la entidad que:

1.     Realicen de inmediato una investigación imparcial sobre la tortura cometida por agentes adscritos a la Policía Municipal de Apodaca, que incluya la aplicación del Protocolo de Estambul[2] a la víctima.

2.     Los responsables sean sometidos a un juicio justo en que se determine las sanciones penales y administrativas correspondientes a su reprobable conducta.

3.     Se repare el daño físico y psicológico a la víctima y se otorguen garantías de no repetición.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.


[1] Artículo 321 Bis CPNL: Comete el delito de tortura el servidor público que por sí o por interpósita persona y con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella, o de otra, información o una confesión; o castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o para que se realice o deje de realizar una conducta determinada por el torturado o por otra persona.

Artículo 209 CPNL: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público: II.- Que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare. . .

[2] Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; presentado por la Asamblea General de la ONU el 9 de agosto de 1999 y aceptado por Nuevo León el 10 de junio de 2005.

Reprimen manifestación de adultos mayores

Comunicado 0909/026

“PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO”

Reprimen manifestación de adultos mayores.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) expresa su indignación y preocupación por las acciones represivas de las autoridades gubernamentales en contra de un grupo de adultos mayores que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso del Estado de Nuevo León.

Hoy, el 24 de septiembre, mientras el Gobernador del estado de Nuevo León, José Natividad González Parás rendía su sexto y último informe de gobierno en el Congreso Local, un grupo de 20 personas, defraudadas por la empresa financiera Unión de Crédito Monterrey (UCREM) fue brutalmente reprimido por quienes la prensa identificó como sindicalizados de la CTM, privándolos de su legitimo derecho de libertad de expresión y de manifestación pacífica de sus ideas.

Los defraudados de UCREM fueron despojados de sus ahorros. Tras su jubilación, recibieron sus pensiones correspondientes que invirtieron confiadamente en la empresa financiera, autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria. A lo largo de los varios años, de las 1,800 personas defraudadas, han fallecido 56 sin recibir su dinero.  Han agotado medidas jurídicas y políticas para recuperar sus inversiones. Sus intentos han sido en vano. Ni UCREM, ni el gobierno estatal, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, ni la Comisión Nacional Bancaria, han podido resarcir el daño económico y moral.

Como un recurso más para encontrar la justicia, las víctimas caminaron las calles, expresando su frustración; humildemente pidiendo su derecho a su seguridad económica. En respuesta a la protesta pacífica, las autoridades gubernamentales rompieron el micrófono, empujaron y golpearon a los adultos mayores.

CADHAC desea expresar su firme solidaridad con las victimas a quienes se han negado sus derechos constitucionales de manifestación, libre expresión, seguridad económica y social, así como el derecho de libre tránsito. Es absolutamente vergonzoso que el gobierno de Nuevo León sea capaz de tratar así personas tan vulnerables como adultos mayores.

UCREM les ha robado de sus pensiones de jubilación, hoy el gobierno de Nuevo León les robo de su dignidad. Protestar es un derecho, reprimir es un delito.

Invitamos a la ciudadanía a que manifieste su rechazo a este tipo de acciones que avergüenzan a nuestra sociedad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

24 de septiembre de 2009

Del abuso de autoridad. . . ni los Diputados se escapan

24 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/024BP

Del abuso de autoridad. . . ni los Diputados se escapan

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio nos permitimos reiterar nuestra indignación y preocupación por una más de las arbitrarias detenciones efectuadas en Nuevo León; en esta ocasión por agentes de la policía municipal de García, Nuevo León, el día de ayer, en perjuicio de varios diputados integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado.

Las detenciones arbitrarias -sin orden de autoridad competente, sin fundamentación ni motivación o sin conducta flagrante- son comunes y cotidianas en nuestra entidad federativa y los representantes de la autoridad que las realizan generalmente las pretenden justificar bajo el falso argumento de que la persona detenida es o parece sospechosa; o bien, aducen que se trata de una revisión de rutina.

Ninguna de ellas constituye causa justificada para violentar los derechos al libre tránsito y a la legalidad, constitucionalmente reconocidos en beneficio de la ciudadanía[1]; más bien han sido hasta ahora el pretexto para cometer abusos en contra de gente inocente, robos, golpes, lesiones, desapariciones e, incluso, homicidio, conductas que en la inmensa mayoría de las veces han quedado impunes, gracias al contubernio que priva en los cuerpos policíacos y en el sistema de justicia.

Es muy grave que los elementos policíacos, con su actuar, demuestren con inusitada frecuencia una actitud de indiferencia con relación a los más elementales derechos  humanos de los ciudadanos ¿o será conducta, además de común, dolosa?, pero más grave aún lo es la actitud permisiva de los altos mandos.

Esperamos que la injusta detención y molestia vivida en carne propia por los Legisladores les sirva como experiencia para tomar urgentemente  las medidas legislativas necesarias  para evitar la repetición de las mismas, así como para que quienes incurran en ellas reciban las sanciones pertinentes para desalentar su práctica y sean obligados a reparar el daño que causen a las víctimas.

¡Demandamos un alto urgente a los abusos policíacos!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.


[1] Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes: artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento: artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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