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Categoría: Abuso de autoridad

CENSO EN SAN PEDRO: DISCRIMINACIÓN CRIMINAL

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CENSAR A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

DOMÉSTICOS ES UNA CLARA VIOLACIÓN A LOS

DERECHOS HUMANOS

20 de abril de 2011
Boletín No. 1104/010/BP

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta nuevamente su profunda preocupación por el programa de que pretende registrar a las trabajadoras y trabajadores domésticos y ambulantes en el municipio de San Pedro Garza García.

Esta organización difiere con la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, que opina que si el censo es voluntario no violaría derechos humanos. Los derechos humanos son indisponibles, por lo que no se pueden violar no con la autorización de su titular. En este sentido, la medida sigue siendo discriminatoria porque no pretende censar a toda la población económicamente activa, sino a un grupo específico, un grupo que además se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Cabe destacar que la supuesta voluntad de las personas censadas no está garantizada. No es dable suponer, sin más, que personas pertenecientes a un grupo especialmente vulnerable tendrán en los hechos la capacidad para decir sin presiones si desean o no ser registradas. ¿Qué sucedería si los patrones de una empleada le exigen que entre al censo y ella no quiere hacerlo? ¿Hay en este caso auténtica voluntad de la persona registrada?

La justificación del municipio sobre que muchos robos a casa habitación son llevados a cabo por trabajadores domésticos es inaceptable, porque viola el principio de presunción de inocencia. Es decir, se le dice a la gente, sin justificación alguna y sin que hayan cometido ningún delito, que ellos son propensos a cometer delitos y deben ser registrados. Es decir se les trata como delincuentes sin que se les haya juzgado por delito alguno.

Esta organización reitera que la auténtica seguridad ciudadana no se puede lograr sin un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos y todas, y exige que el municipio de San Pedro Garza García adecue todos sus programas y políticas públicas a los más altos estándares de derechos humanos.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

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©2011 Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC – CADHAC | Padre Mier 617 Pte, Centro Monterrey, N.L. +52 81 8343 5058 cadhac@cadhac.org www.cadhac.org

Human Rights Watch emite comunicado sobre Nuevo León.

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Ausencia de justicia por asesinatos y desapariciones en Monterrey

Abusos del Ejército y la Marina deben ser investigados por la justicia penal ordinaria

(Washington, DC, 3 de febrero de 2011) – Human Rights Watch señaló que habría militares y policías implicados en una serie de muertes y desapariciones ocurridas en el estado mexicano de Nuevo León durante 2010. Los agentes del ministerio público federal y estatal deberían adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables, afirmó Human Rights Watch.

En el marco de una misión de investigación llevada a cabo en el estado de Nuevo León, Human Rights Watch obtuvo evidencias de que ocho asesinatos cometidos durante 2010 habrían sido el resultado del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de miembros del Ejército y la Marina. Human Rights Watch también documentó más de una decena de desapariciones forzadas en las cuales las pruebas señalan que estarían involucrados miembros del Ejército, la Marina, y agentes de policía.

“La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves envía el mensaje de que  estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien es cierto que Nuevo León sufre niveles de criminalidad extremas, estos abusos oficiales socavan la eficacia de las medidas de seguridad pública y agravan la situación de violencia”.

Los familiares de las víctimas informaron a Human Rights Watch que habían reclamado ante las autoridades estatales y federales y que, en la mayoría de los casos, se habían iniciado averiguaciones previas. Sin embargo, según los mismos familiares, ninguna persona ha sido sentenciada en relación con los delitos documentados en Nuevo León por Human Rights Watch.

Human Rights Watch descubrió graves irregularidades en las investigaciones de estos casos iniciadas por funcionarios de la justicia ordinaria. Por ejemplo, en algunas de las investigaciones no se entrevistó a testigos clave, tampoco se visitó el lugar de los hechos y no se cumplieron otros requisitos procesales básicos. A su vez, la justicia militar había asumido la jurisdicción de algunos casos y no había impulsado investigaciones serias. Tradicionalmente, el sistema de justicia militar de México ha garantizado la impunidad de los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles.

En algunos casos, los familiares de víctimas que exigieron que se investigaran los incidentes han sido objeto de intimidación u hostigamiento.

A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:

  • Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarria

El 3 de marzo, esta pareja (ambos de 29 años) fueron alcanzados por disparos efectuados por miembros del Ejército en el municipio de Anáhuac. Dos testigos informaron a Human Rights Watch que las víctimas habían salido de la fábrica donde trabajaban cuando, aproximadamente a las 12:15 p.m., quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados. Dos hombres armados intentaron secuestrar su vehículo pero, al verse perseguidos por los soldados, desistieron y se dieron a la fuga. Juan Carlos salió del automóvil e intentó correr hasta un lugar seguro, pero fue impactado por disparos de los militares. Rocío y Juan Carlos lograron resguardarse detrás de otro automóvil, y fue hasta que terminó el enfrentamiento que, con las manos en alto, Rocío grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba a aproximadamente 3 metros de distancia les dispararon.

Un grupo de soldados se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente a quemarropa. Luego, según afirmaron los testigos, los soldados movieron los cuerpos y colocaron armas cerca de ambas víctimas. Al día siguiente, el Ejército emitió un comunicado en el cual anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado.

Los familiares de la pareja presentaron una querella el 11 de marzo ante la Agencia del Ministerio Público del estado. El 9 de agosto, la Agencia del Ministerio Público del estado publicó un oficio en el cual señalaba que Rocío y Juan Carlos “fueron víctimas en el enfrentamiento entre personal de la Sedena y sicarios”, y que no había indicios para presumir que “pertenecieran algún grupo u organización delictiva, ni son señalados por persona alguna como participantes del evento donde perdieran la vida”. En noviembre, se inició una investigación paralela en el sistema de justicia militar.

A casi un año de los asesinatos, tanto familiares como testigos informaron a Human Rights Watch que no habían sido entrevistados por investigadores de la justicia ordinaria ni militar, y que tampoco se les había informado sobre el estado de las investigaciones.

  • Vicente de León Ramírez y Alejandro Gabriel de León Castellanos

El 5 de septiembre, aproximadamente a las 9 p.m., siete civiles se trasladaban en automóvil por una carretera cerca de Apodaca. Cuando el vehículo aceleró la marcha para pasar a un convoy de soldados, un capitán disparó a los neumáticos y, acto seguido, tres soldados abrieron fuego contra el automóvil. Alejandro, de 15 años, y su padre Vicente murieron en el incidente. Otros cinco pasajeros resultaron heridos, entre ellos dos niños de 8 y 9 años.

En un comunicado de prensa del 6 de septiembre, Sedena señaló que las muertes se habían producido en un retén de control. En respuesta al pedido del Senado, el 13 de octubre Sedena presentó un informe sobre el incidente. En este se contradecía su versión anterior (aquella referida al retén de control) y se afirmaba que los soldados habían ordenado al automóvil que se detuviera desde otro vehículo en movimiento y que, al ver que no acataba la orden de detenerse, el capitán había disparado. Sedena admitió que “no existió agresión contra el personal militar” desde el automóvil y que los tres soldados habían disparado “por inercia”. Los sobrevivientes, entre ellos la esposa de Vicente, manifestaron que los militares habían disparado sin ninguna advertencia y que en ningún momento hicieron señas para que la familia se detuviera.

El ministerio público militar ha iniciado una investigación del incidente, y varios soldados han sido acusados de “violencia contra las personas causando homicidio”. Human Rights Watch solicitó reunirse con autoridades militares para analizar aspectos concretos de este y otros casos, pero la petición fue denegado.

A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de desapariciones forzadas documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:

  • Jehú Abraham Sepúlveda Garza

El 12 de noviembre, Sepúlveda Garza había detenido su camioneta pick-up afuera de una tienda en San Pedro Garza García cuando, aproximadamente a las 6:15 p.m., fue interceptado por miembros de la policía de tránsito. Según un registro proporcionado por la policía municipal, como no llevaba consigo su licencia de conducir, fue detenido y trasladado a la estación de policía. No había transcurrido una hora desde su detención cuando, sin la correspondiente orden de aprehensión, miembros de la policía ministerial de Monterrey se presentaron en la estación de policía y se llevaron a Sepúlveda Garza en un vehículo bajo su custodia.

La esposa relató a Human Rights Watch que llamó al teléfono celular de su marido a las 7:30, poco después de que fue transferido a la policía ministerial. La víctima respondió el llamado y dijo que no se le había permitido efectuar llamadas y que estaba siendo trasladado por la policía ministerial hasta su delegación, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad. Una hora después, su esposa llamó nuevamente, pero el teléfono había sido apagado. Ante esta situación, sus familiares iniciaron una búsqueda inmediata para dar con su paradero ante distintas estaciones de policía, bases militares y oficinas estatales y federales. Todos afirmaron que Sepúlveda no se encontraba detenido allí.

En los días siguientes a su detención, la policía ministerial ofreció versiones contradictorias de los hechos. En un primer momento, dijeron a los familiares que no lo habían detenido, y luego les informaron que la víctima se encontraba bien y que estaba bajo su custodia. Posteriormente, dijeron que había sido puesto a disposición de la Marina la misma noche en que fue detenido. La Procuraduría de Justicia del estado inició una investigación sobre su paradero.

La esposa de la víctima, quien tuvo acceso al expediente, informó a Human Rights Watch que dos oficiales de la Marina declararon ante la Procuraduría del estado que Sepúlveda Garza había sido puesto a su disposición sin aparente justificación, y que fue liberado luego de un breve interrogatorio. Desde los altos mandos de la Marina, se continúa negando que esta institución haya intervenido en la custodia de la víctima. Sus familiares desconocen su paradero y no han tenido noticias de él desde la noche en que fue detenido.

  • José Guadalupe Bernal Orzúa

Este joven de Monterrey, de 22 años, fue detenido el 23 de mayo a las 10 p.m., cuando salía de la casa de su suegra, quien fue testigo de su detención. Luego de varios días sin tener noticias, la madre de Bernal, Isabel Orzúa García, se presentó ante el Ejército, la Marina y la policía, pero todos negaron haber detenido a su hijo. Posteriormente, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia.

Durante la semana siguiente a la presentación de la denuncia, la vivienda de Bernal fue allanada en dos ocasiones por fuerzas de seguridad. Dos semanas después de la denuncia, se presentó en el domicilio de la madre de la víctima un hombre vestido de civil que afirmó pertenecer a la Procuraduría estatal y le preguntó “¿Está segura de que no quiere retirar la demanda?”. Orzúa interpretó estas declaraciones como una amenaza.

Orzúa informó a Human Rights Watch que no sabía si las autoridades civiles o militares habían iniciado una investigación por la desaparición de su hijo. La suegra de Bernal nunca fue entrevistada por investigadores civiles o militares. Aún se desconoce el paradero de Bernal.

México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde marzo de 2008. Entre las obligaciones jurídicas asumidas en los tratados, México tiene el deber específico de registrar la detención de cualquier persona y proporcionar información al respecto; investigar en forma rápida, imparcial y efectiva todas las denuncias sobre desapariciones; y sancionar penalmente a los implicados. El incumplimiento por parte de las autoridades de Nuevo León incluso de las garantías más básicas de la Convención despierta dudas acerca de en qué medida el gobierno Mexicano cumple con la Convención, señaló Human Rights Watch.

En la mayoría de los casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército o la Marina, los agentes del ministerio público del fuero común han renunciado a su jurisdicción y han transferido los casos al fuero militar. Según comentaron a Human Rights Watch agentes de la Procuraduría General de la República habían iniciado investigaciones en “dos o tres” casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Nuevo León, que aún estaban en curso.

El 20 de diciembre, la Corte Interamericana dictó una sentencia vinculante para México, en la cual dispuso que todas las violaciones de derechos humanos debían ser investigadas y juzgadas en el sistema de justicia penal ordinario. Se trata de la cuarta sentencia sobre abusos militares contra civiles dictada por la Corte desde 2008. En todas, la Corte determinó que bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por las fuerzas armadas.

Las investigaciones de Human Rights Watch—incluido un informe de 2009, Impunidad Uniformada—han demostrado que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer vías de acción efectivas a las víctimas, a través de la investigación y el juzgamiento de los militares que cometen violaciones de derechos humanos. El Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

“El Gobernador Medina debe asegurarse de que los agentes del ministerio público del estado lleven a cabo una investigación enérgica, exhaustiva e imparcial de estos asesinatos y desapariciones, y debe enviar un mensaje claro de que su gobierno no tolerará ningún tipo de violaciones de derechos humanos ni investigaciones mediocres”, afirmó Vivanco. “Ante un sistema de justicia militar que ha demostrado mayor preocupación por proteger a sus miembros que por asegurar justicia para las víctimas, es crucial que las autoridades de la justicia ordinaria investiguen los abusos del Ejército y la Marina”.

Para consultar otros informes de Human Rights Watch sobre México, visite:
http://www.hrw.org/es/americas/mexico

“Investigación y castigo a los responsables…” demanda Navi Pillay,

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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló en un comunicado que ha transcurrido más de un mes desde que el gobierno mexicano tuvo conocimiento de los abusos cometidos contra un grupo de 250 migrantes en el estado de Oaxaca mientras viajaban por tren. Como resultado de esas violaciones a los Derechos Humanos, un grupo de ellos fueron extorsionados por agentes del gobierno mexicano (migración y policía federal) en un operativo en el que hubo participación de elementos del ejército. Otro grupo, de aproximadamente 40 migrantes, provenientes mayoritariamente de Guatemala y El Salvador, fue secuestrado por la fuerza por un grupo de “hombres armados”; este grupo de personas continua desaparecido. Para leer el comunicado presiona aquí

“A fuerza querían que dijera que era Zeta”, texto de Sanjuana Martínez

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“A fuerza querían que dijera que era zeta”

Daniel Rodríguez Morales narra que tres días fue torturado por marinos; “me fabricaron pruebas”

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Monterrey, NL. Nosotros te vamos a arreglar la columna, cabrón, le gritaron a Daniel Rodríguez Morales, cuyas piernas no le respondían y era cargado por dos marinos al entrar a lo que parecía un gimnasio. Lo colgaron de las manos. Desnudo, con los ojos vendados. El golpe inicial de una tabla de madera en las nalgas lo hizo estremecerse de dolor. Luego siguieron las quemaduras en todo el cuerpo, las patadas en la columna vertebral, los puñetazos en las costillas… Aguantó el tormento físico en silencio para no darles gusto a sus verdugos que le exigían que gritara. Apretó las quijadas y los dientes hasta que lo intentaron ahogar con una bolsa de plástico. En ese momento emitió un grito desgarrador. Un golpe seco en la nariz y en la frente lo llevó a la oscuridad reparadora de un desmayo momentáneo. Al despertar, los torturadores lo esperaban para continuar con su tarea, la cual duró tres días.

“Di que la Marina te rescató –le exigían sus captores. Di que eres zeta, que vendes droga, que eres del crimen organizado”. Daniel se rehusaba. No podía aceptar someterse a una mentira: “Pensaba que me iban a matar. Éramos varios. Sólo oía los gritos y el llanto de otros. Me decían: ‘ya se nos murió uno. ¿Quieres ser el próximo? Coopera’. Cuando me iba a derrumbar tomaba fuerza pensando en mis dos hijos, en mi mamá, en mis hermanos. Quería despertar. Quería que se acabara aquella pesadilla.”

Integrantes de la Armada de México lo detuvieron el 15 de octubre por la mañana en la calle Uranio, colonia San Pedro 400. Ocho marinos entraron a su casa sin orden de cateo y se lo llevaron sin orden de detención: “Nunca dijeron a quién buscaban, sólo me agarraron de la camiseta y me la pusieron en la cabeza, me estiraron del escapulario de San Judas Tadeo que traía en el cuello y me abrieron la cabeza de un cachazo. Desperté cuando me bajaron entre dos. Me torturaron durante tres días. No me dieron de beber ni de comer; no me permitían dormir. A fuerza querían que dijera que era narco”.

Daniel habla mientras camina con mucha dificultad. Usa bastón. La mañana es luminosa. El sol brilla en el patio del penal de Apodaca, Nuevo León. Su madre, Blanca Eva Morales, le ha traído carne con mole y arroz para almorzar. Su hermano Víctor está sentado en la mesa esperándolo. Han pasado tres meses de la tortura y las secuelas se traducen en intensos dolores que mitiga con las medicinas que su familia le trae cada semana: “Estoy desesperado, deprimido, hundido. No hice nada y aquí estoy por un montaje de la Marina. Me fabricaron delitos. Me sembraron pruebas. Alteraron todo. Dicen que me detuvieron en otra parte. Me convirtieron en zeta. Sacaron un comunicado y mi nombre está en Internet. Soy inocente. ¿Qué va a pasar cuando salga de aquí? ¿Cómo voy a recuperar mi buena reputación? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? Me han destruido”.

La entrada de periodistas al penal para ver a Daniel no está permitida. Su caso, como el de otros nueve presos, es considerado como un asunto delicado. Esta reportera entró a través de los controles de visita familiar, con una cita previamente acordada con el interno: Mi mamá intentó que otros medios denunciaran lo que me pasó, pero nadie quiso por tratarse de la Marina. La gente le tiene mucho miedo a los marinos; yo en cambio les tengo coraje. No es justo lo que me hicieron, comenta y muestra las huellas de torturas en las fotos tomadas por su madre cuando lo presentaron ante el juzgado quinto federal.

El montaje

¿Quieres abecedario o las vocales?, le preguntaban los torturadores a Daniel. Se trataba de darle un tablazo por cada letra: “Querían que me quebrara. Me dejaban tirado en el piso. Apenas me mojaban los labios con agua. Nunca pude ver el lugar, pero parecía un gimnasio. Cerca había unos baños. Recuerdo el olor y hasta allí me llevaban. Nunca dejaron de golpearme. El tercer día me dijeron: Mucho cuidado con hablar y contar algo. Si lo haces, mataremos a tu familia.

La Secretaría de Marina tiene su destacamento en instalaciones deportivas ubicadas en avenida López Mateos. Tres días después del operativo en la calle Uranio, colonia San Pedro 400, emitió un comunicado donde señalaba que había detenido a 10 hombres pertenecientes a un grupo del crimen organizado, concretamente a Los Zetas. El documento decía que en la operación aseguraron dos AK47 (cuerno de chivo), un fusil ametralladora M-1 calibre 30, dos armas cortas, 111 cartuchos de diversos calibres, 220 dosis de cocaína, 440 dosis más de crack, 80 gramos de mariguana, un vehículo y equipo de comunicación.

Cuando la Marina presentó a los 10 detenidos ante la Procuraduría General de la República el Ministerio Público se sorprendió: “Se quedó asustado al ver lo golpeado que estábamos. Nos dijo: ‘Cómo los han dejado’. Pero nadie intercedió por nosotros. Yo traía el ojo derecho cerrado por los golpes. En las heridas de las muñecas traía pus. No podía caminar. Estaba muy adolorido. En ese momento conocí a los que supuestamente eran mis cómplices”, cuenta Daniel.

Para su sorpresa, Daniel descubrió que no era el único inocente acusado falsamente por la Marina. En el penal se fue familiarizando con cada uno de los detenidos que componían la supuesta célula de Los Zetas. Cuenta que tres fueron sacados por los marinos de un taller mecánico cercano a su casa en San Pedro; otros tres lavacoches los detuvieron en el estacionamiento del supermercado Soriana y dos eran camioneros que fueron detenidos una noche antes en un enfrentamiento que ocurrió en Santa Catarina, donde murió un marino. Ambos se resguardaron de la balacera en la tienda de una gasolinera: Un trailero trabaja en Vitro y llevaba la carga. Tiene todos los documentos que avalan el recorrido que hizo. Iba a Tepic, de donde es. El otro trailero es de Querétaro. Los tres compartimos celda.

Todos han tenido la oportunidad de contarse sus historias y cotejar los datos con los que cuentan. El proceso que se les sigue es por pertenencia al crimen organizado. La Marina no se ha presentado en las pasadas dos citas jurídicas: Todo fue un montaje. Fueron levantando inocentes por puro coraje, porque les mataron a uno de ellos y querían presentar a los culpables de cualquier manera. Ahora saben que el caso no se sostiene. No tienen nada de lo que dicen. Hay muchas contradicciones en el expediente.

Daniel es un gran amante de la música. Y ha trabajado como DJ en bares y discotecas. Estaba desempleado desde hacía unos meses, intentando recuperarse de sus problemas de columna. Su madre lo ayudaba económicamente: Lo único que quiero es salir de aquí y olvidarme de todo. No he dejado que mis niños me vengan a ver. No lo soportaría. Sólo pienso en abrazarlos y estar nuevamente con ellos, dice llorando.

Madre Coraje

Blanca Eva Morales tuvo cinco hijos. Al nacer el último, con una deficiencia mental, su esposo la abandonó. Eso fue hace 18 años y desde entonces los ha sacado adelante: Yo vendo zapatos, ropa, trabajo todos los turnos que haga falta porque no quiero que anden mal vestidos ni que les falte nada, dice mientras sirve el mole y anima a Daniel a comer.

Tiene los ojos verdes. Lleva recogido el pelo en una coleta. Usa pantalón de mezclilla y camiseta. Parece una mujer enérgica, pero su cara amorosa se expone en cuanto mira a Daniel. Todos los días que puede viene a verlo a la cárcel. Le trae despensa, medicinas, cobijas, ropa, calzado: No puedo dejar que se me venga abajo.

Recuerda la angustia que padeció mientras el joven estaba desaparecido y el vía crucis judicial de estos últimos tres meses. Se limpia las lágrimas. Da un trago al refresco y dice: “Fui y me paré a la Marina hasta que apareció. Les gritaba. Los escupía. Les decía: ‘Deténganme a mí, desgraciados. Si me lo matan, no se la van a acabar”. Yo sabía que lo estaban torturando. Allí estuve día y noche. Me tomaban por loca. Yo pensé: si me lo entregan va estar bien golpeado. Me lo van a dejar peor de la columna. Tal vez tenga que volver al pañal y la sonda, pero no me importa. Si me lo matan, lo van a desaparecer”.

Blanca es policía y conoce los entresijos del sistema judicial: “Fui viendo los detalles del expediente. Todo se cae por sí solo (…) Me entró mucho coraje. Fui y hablé con la directora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no quiso hacer nada. Le pedí ayuda a mucha gente. Nadie quiso hacer nada. Todo mundo le teme a la Marina. Yo no.”

Comunicado del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, A.C

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Oaxaca de Juárez, Oax; a tres de agosto de dos mil diez.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y EL MUNDO

A LAS ORGANIZACIONES SOSIALES Y DE DERECHOS HUMANOS

A LA OTRA CAMPAÑA

El pueblo digno de San Juan Copala se dirige a ustedes con gran dolor para que se conozca la verdad de los acontecimientos que se suscitaron en nuestra comunidad el pasado viernes 30 de julio.

Ese día 30 de julio cerca de 200 elementos de la policía estatal al mando del Comisionado Jorge Quezada entraron de manera violenta a nuestra comunidad con el pretexto de rescatar el cuerpo sin vida de uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de esta región, junto con los policías iba un grupo fuertemente armado de al menos 20 pistoleros de la UBISORT, las mujeres que se encuentran en la comunidad para defender a los niños y su territorio formaron una valla humana para impedirles el paso, pero ellos empezaron a disparar hacia todos lados, todas  se protegieron como pudieron pero las compañeras Selena y Adela de apellidos Ramírez López de 17 y 15 años de edad no tuvieron tiempo de hacerlo por lo que fueron alcanzadas por las balas resultando gravemente heridas, por su estado de salud tuvieron que ser trasladadas a un hospital de la Ciudad de Oaxaca, hasta el día de hoy Selena y Adela libran una batalla dura contra la muerte las dos ya fueron intervenidas quirúrgicamente, a Selena la bala le atravesó el pulmón  y la reportan como grave a su hermana Adela la bala le daño los intestinos y se le alojo en la columna vertebral por lo que es muy probable que no vuelva a caminar si logra recuperarse ya que su estado es sumamente grave.  Ese es el OPERATIVO LIMPIO de Jorge Quezada por si fuera poco  este jefe policiaco  le dio posesión a los pistoleros de la UBISORT del Palacio Municipal mismos que hasta el día de hoy resguardan fuertemente armados y mantienen a los pobladores en un constante acoso, debemos recordar que  nuestro pueblo ha estado secuestrado por este grupo de criminales pertenecientes a la UBISORT por más de ocho meses, en los últimos meses se han agudizado los ataques hacia nuestros hermanos especialmente hacia las mujeres que han padecido ataques físicos y amenazas, ellas son las que más sufren la violencia, ahora resulta que después de que nos han matado a nuestros compañeros y compañeras, ellos que han generado toda esta ola de violencia hoy nos quieren acusar a nosotros de esa muerte de la cual nosotros somos totalmente inocentes.

La forma de realizar este tipo de operativos que solo reprimen a nuestros compañeros y nuestros pueblos que han sido al mas puro estilo de Ulises Ruiz Ortiz, nos referimos a su forma de aplicar la ley tan particular de este señor criminal que primero reprime y daña para que después a través  de los medios de comunicación dice todo lo contrario y que todo esta bien,  en este caso no fue la excepción ya que después que nos fueron a reprimir salieron a los medios y el Comisionado de la Policía Jorge Quezada declaro que “fue una acción limpia, no hubo violencia”, se puede llamar un operativo limpio cuando hirieron gravemente de bala a dos mujeres indígenas que no contaban con ningún tipo de arma para defenderse y que solo trataron de impedir el paso a los matones que iban con protección de la policía porque sabían que esto generaría más violencia e incertidumbre en la comunidad

Por lo tanto responsabilizamos de la vida de nuestras hermanas y de lo que les pueda suceder a los habitantes que siguen en nuestra comunidad a la Procuradora del Estado MARIA DE LA LUZ CANDELARIA CHIÑAS, al Secretario General EVENCIO NICOLAS MARTINEZ y al Gobernador ULISES RUIZ ORTIZ quiénes ahora si no consideraron que el entrar a San Juan Copala podía ser muy peligroso como lo dijeron anteriormente cuando se les solicito por un acto de humanidad ya que la gente estaba muy mal y padece hambre.

Hoy le reafirmamos al mal gobierno que los pueblos indígenas llevan mas de 500 años resistiendo y no será un grupo de perversos en el poder el que vea a San Juan Copala ir de rodillas a su tan añorada mesa de dialogo sabemos perfectamente que es el precio que estamos pagando por no querernos sentar a dialogar y haber desmentido al secretario de gobierno. Y reafirmamos el dialogo se debe dar entre comunidades y dirigentes naturales nombrados en asambleas una vez que los criminales que han sembrado de dolor nuestro pueblo sean detenidos.

Por último hacemos un llamado a los compañeros solidarios del  pueblo  de Oaxaca a que  contribuyan con la familia de nuestras compañeras de la forma que puedan pues por la situación económica y moral por la que atraviesan es sumamente crítica y se necesita de su aporte.

NOS TIENEN MIEDO PORQUE NO TENEMOS MIEDO

RESPETUOSAMENTE

MUJERES EN RESISTENCIA DE SAN JUAN COPALA

Menores severamente golpeados en el Tutelar

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02 de marzo de 2010 Comunicado número: 1003/03/BP

Menores severamente golpeados en el Tutelar

Esta organización ha recibido múltiples informes que indican que en la mañana del pasado sábado 27 de febrero de 2010, los jóvenes reclusos del Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes fueron severamente golpeados y vejados. La información recibida indica que dichos abusos fueron cometidos por elementos de cuerpos de seguridad ajenos a dicho Centro, ante la cómplice pasividad de los funcionarios del mismo. Se ha informado que el día de ayer los jóvenes fueron nuevamente golpeados, esta vez por los propios funcionarios del Centro. No es la primera vez que esta organización recibe información sobre los constantes abusos que sufren los adolescentes privados de su libertad en la entidad.
Los informes recibidos indican que los adolescentes fueron golpeados, esposados, tableados, vejados y atacados con perros y cuando pidieron explicaciones sobre lo sucedido fueron amenazados con inventarles faltas a la disciplina interior o delitos. La conducta desplegada por las autoridades, tanto por las que golpearon a los internos, como por las que pasivamente permitieron estos abusos, resulta violatoria de los derechos humanos a la integridad personal, incluida la prohibición de la tortura, a la seguridad jurídica y a la honra y dignidad.
Esta organización condena enérgicamente los abusos cometidos en contra de los adolescentes y demanda que las autoridades:
1. Brinden inmediatamente atención médica y psicológica a todos los jóvenes privados de su libertad y documenten los abusos cometidos a través de la aplicación del Protocolo de Estambul o Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. Inicien de inmediato una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables de los abusos ante la justicia para que sean sancionados conforme a derecho.
El sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley está pensado para dar seguridad a la comunidad a la vez de brindar a los jóvenes medios adecuados para su protección y desarrollo durante el cumplimento de su sanción, es inaceptable que las autoridades encargadas de administrar tal sistema violen los derechos de los jóvenes y les envíen el mensaje de que en Nuevo León la violación a la ley y la impunidad son la norma.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Visita de Fernando Gómez Mont a Juárez

by admin

8 de febrero de 2010

Visita de Fernando Gómez Mont a Juárez

Comunicado de Prensa

El día de hoy las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac), y familiares de Nitza, Rocío, José Ángel y Manuel entregaron una carta al Secretario de Gobernación en la que le informan que “en el Estado de Chihuahua existen actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que –en teoría- deberían garantizar el estado de derecho”.  En la carta, refieren que un plan social es adecuado pero “no será suficiente para devolvernos la tranquilidad y la paz si no se garantiza la procuración de justicia y la aplicación de la ley, aún cuando ésta pueda afectar intereses militares”.

Las organizaciones de la sociedad civil le informan que en el estado de Chihuahua existen abusos militares aunque es posible que él no los sepa y le recuerdan el caso de “Nitza Paola Alvarado Espinoza de 18 años, Rocío Irene Alvarado Reyes de 31 años y José Angel Alvarado Herrera de 20 años quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, en la Comunidad de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua, por  diez militares que portaban uniformes y armas oficiales, quienes se los llevaron con violencia y sin presentar ninguna orden judicial frente a varios de sus familiares y testigos”

En la carta refieren que si bien la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negó que los militares tuvieran a estas tres personas, funcionarios de la Procuraduría del Estado refirieron que ellos tenían información de que habían estado en el 35 batallón de infantería, además lo invitan a corroborar –tal como lo hicieron las organizaciones y familiares- que la camioneta donde viajaban Rocío y José Ángel  está en manos de las autoridades y se encuentra actualmente en “el corralón” de la Procuraduría en Nuevo Casas Grandes. ¿Si la SEDENA no está involucrada en el caso, por qué los militares la incautaron y la pusieron a disposición de la Procuraduría y la camioneta se encuentra en manos de las autoridades pero las personas permanecen desaparecidas?

Refieren además que el 6 de febrero, militares en activo, con armas y en un vehículo hummer – con número de identificación en la puerta 0920044 -acudieron a la casa de la madre de José Ángel para intimidarlos y cuestionarlos sobre su vida personal e hicieron referencia explícita a los tres muchachos desaparecidos.

Asimismo las organizaciones le comunican a Gómez Mont sobre el caso de “Manuel Ubaldo Hernández Ortiz, de 20 años, quien fue detenido el 17 de octubre de 2009 en Ciudad Juárez, alrededor de las 11:30 de la noche. Al salir de un salón de baile, Manuel junto con dos amigas y un amigo fueron detenidos por militares quienes realizaban un operativo. No encontraron nada, sin embargo a Manuel se lo llevaron frente a sus amigos y los testigos sin dar explicaciones y nuevamente sin ninguna orden judicial ni la existencia de algún delito. Manuel fue incomunicado durante 12 horas y sus familiares no supieron de él hasta el día siguiente a mediodía, cuando lo presentaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Juárez con evidentes contusiones y golpes en el cuerpo. Lo acusaron de posesión de mariguana y cocaína. El informe de los militares no coincide con lo que relatan todos los testigos pues los militares afirman que Manuel fue detenido en otra calle y a otra hora e incluso, como se asienta en el expediente, los militares han caído en contradicciones”

La carta menciona que el día de hoy 8 de febrero de 2010, habrá un careo entre militares y los testigos en los juzgados federales.  Los familiares harán una protesta fuera de los juzgados para pedir que se aplique la ley y la justicia, pues el acusar y condenar a jóvenes que son inocentes no va a devolver la confianza a los juarenses, al contrario, es un claro mensaje para quienes delinquen y violan la ley de que ellos son intocables. La impunidad de la que gozan los verdaderos delincuentes permite que la violencia continúe.

Las organizaciones firmantes le solicitamos al Secretario de Gobernación que las autoridades municipales, estatales y federales en el Estado de Chihuahua deben aplicar la ley para proteger a los más débiles y sancionar a quienes con armas abusan de su poder, de lo contrario, estaremos condenados a que no haya justicia, a que la impunidad continúe y a que la violencia no termine.

Finalmente, le solicitamos que no sólo se reúna periódicamente con las organizaciones que apoyan incondicionalmente la estrategia de guerra del gobierno llevada cabo durante los últimos años, le solicitamos que se reúna con quienes pensamos diferente, con quienes hemos documentado los daños colaterales de esta guerra en la que la estrategia ha fallado. Asimismo, le pedimos que no nos olvide aunque usted se vaya a la Ciudad de México, a 2000 kilómetros de distancia, porque nosotras y nosotros nos quedamos, y somos quienes diariamente y sin protección del estado mayor presidencial caminamos por las calles de este estado.

No puede haber un plan integral desde Bucareli a miles de kilómetros de aquí, sin procuración de justicia y menos aún si se empeñan en marginar al gobierno estatal, municipal y a las organizaciones de la sociedad civil.

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