CADHAC expresa su preocupación por el involucramiento de la policía en la prevención de COVID-19

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) expresa su preocupación por el Acuerdo No. 14/2020 Relativo a la Determinación a Continuar y Precisar las Acciones Extraordinarias para Atender la Emergencia Sanitaria Provocada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Nuevo León. El Acuerdo, emitido por el titular del ejecutivo del Estado otorga facultades a los elementos policiacos de sancionar a la ciudadanía por inclumplir medidas de prevención, bajo la justificación de que existe una creciente ola de contagios por coronavirus en Nuevo León. No obstante, ello no constituye motivo suficiente para implementar medidas que restrinjan desproporcionadamente los derechos humanos.

Entre las nuevas medidas anunciadas por el secretario de salud Manuel de la O, se declaró el uso obligatorio del cubrebocas, la prohibición de reuniones de más de 20 personas, tanto en la vía pública como en los domicilios particulares, y restricciones en horarios y aforo de ciertos establecimientos. Al incumplir dichas medidas, elementos policiacos incluyendo a la Fuerza Civil, cuenta con las atribuciones necesarias para sancionar con arrestos de hasta 36 horas, multas, así como la otorgación de trabajo comunitario.

El ámbito jurídico mexicano y convencional establece que, al tratarse de restricciones a los derechos humanos, deben de cumplirse los parámetros de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad y no discriminación, mismos que no se advierten se encuentren cubiertos en el mencionado Acuerdo.

A modo de ejemplo, dichas medidas van en contra de lo señalado en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20 y la Resolución No. 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre las obligaciones de los Estados durante la pandemia del COVID-19. En consiguiente, las restricciones decretadas podrían causar la violación de las responsabilidades internacionales del Estado mexicano.

En específico, en la Resolución No. 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menciona la posibilidad de restricciones en espacios públicos y comunes, sin embargo no hace alusión a restricciones en domicilios particulares. Aunado, la presente medida de prevención, atenta contra lo señalado en el Artículo 16 constitucional, en donde se presenta el principio de inviolabilidad del domicilio por parte de las autoridades como garantía de protección a la ciudadanía.

Desde CADHAC, consideramos preciso señalar que el otorgamiento de atribuciones a los cuerpos policiales para sancionar a la ciudadanía, podría aumentar el número de violaciones a los derechos humanos de la población del Estado de Nuevo León. Es imperante que las medidas de prevención se apeguen al marco nacional e internacional de protección a los derechos humanos.

Información adicional
Acuerdo No. 14/2020 Relativo a la Determinación a Continuar y Precisar las Acciones Extraordinarias para Atender la Emergencia Sanitaria Provocada por el Virus SARS-CoV 2 (COVID-19) en el Estado de Nuevo León fue emitido el día 29 de octubre en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y entró en vigor a partir del domingo 1ero de noviembre.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

RECHAZAMOS LOS ACTOS DE REPRESIÓN CONTRA 
EL FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE 
LA VIDA Y EL TERRITORIO

13 de marzo 2018
Comunicado Conjunto

Foto: Tomada del Facebook de REMA

Organizaciones civiles dedicadas a la promoción y defensa de derechos humanos pertenecientes a once entidades de la república manifestamos nuestra indignación por la represión, persecución y encarcelamiento de integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, quienes el pasado 9 de marzo se manifestaron en contra del Proyecto “Chemours Laguna” mismo que pretende fabricar 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio en la Comarca Lagunera, en específico en los ejidos Pueblo Nuevo El Siete, La Aurora y Las Américas. Este proyecto ya había sido frenado en dos ocasiones en el estado de Guanajuato por los daños irreversibles que genera al medioambiente y el riesgo a la salud de sus habitantes cercanos.

Reprobamos enérgicamente la actuación de las autoridades municipales y estatales de Gómez Palacio, Durango, que lejos de proteger a sus habitantes para garantizar salud y seguridad, se alían con empresas transnacionales y reprimen a la ciudadanía en la demanda por sus derechos. Los intereses económicos no pueden prevalecer sobre el bienestar e integridad de las y los ciudadanos.

Reconocemos la valentía de la población civil al defender su territorio y comunidad ante las amenazas y la presencia de empresas trasnacionales.

Exigimos a las autoridades responsables que:

1.Se brinde atención inmediata a las personas lesionadas,

2.Se de inmediata liberación de todas las personas detenidas, habitantes de los pueblos afectados e integrantes del Movimiento Magisterial y Popular de la Laguna-CNTE, Sección XXXV.

3.Cese la represión, persecución y encarcelamiento a las personas defensoras y ciudadanía,

4.Se llame a un diálogo con intervención de autoridades ambientales y de salud, donde se atiendan las preocupaciones de la ciudadanía.

Responsabilizamos a la presidenta Municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, y al Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, de cualquier daño u acción futura en contra de la ciudadanía.

Organizaciones firmantes: 

  1. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) (Guerrero)
  2. Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja California, Sinaloa y Sonora)
  3. Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz (Veracruz)
  4. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (CEDIMAC) (Chihuahua)
  5. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (Nuevo León)
  6. Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces” (Michoacán)
  7. Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos
  8. Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) (Latinoamérica)
  9. Grupo Vida Laguna A.C., Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila)
  10. Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuahua)
  11. Zacatecanos por la Paz (Zacatecas)

DETENCIÓN DE NIÑO: EN CONTRA DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

23 de  febrero de 2018
1802/05

El día de ayer circuló por redes sociales un vídeo en donde se observa la detención de un niño de 10 años por elementos de Fuerza Civil por el presunto robo en una tienda. Los hechos reflejados resultan gravemente preocupantes pues se perciben claros excesos por parte de la policía estatal.

Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes se debe buscar el interés superior del menor y en todo momento se debe cuidar su integridad física, psicológica y emocional. Por otro lado, es importante destacar que la detención de niños y niñas no puede realizarse cuando son menores de 12 años, según marca la  Constitución de N.L, la Constitución Mexicana y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes. Si existiese una duda de sobre su edad, se debe suponer la minoría, buscando cuidar el interés superior de la niñez. Además existen legislaciones internacionales, nacionales y estatales que regulan la detención de niñas, niños y adolescentes.

Resulta inadmisible la conducta presentada por los elementos en el video, si en un principio la detención resulta injustificable, se le suma un uso desproporcionado de la fuerza hacia el niño en el momento de querer llevarlo. Estas acciones no solo están fuera del marco legal, sino que ocasionan un severo daño a la integridad física y emocional del niño. Por otro lado, se observa con gran preocupación la decisión de seguir manteniendo al niño en el DIF y separarlo de su familia, esta decisión agrava aún más su condición y causa un daño más al niño.

Si las autoridades consideran que deben hacer alguna investigación, ésta debe hacerse sobre  el comportamiento de los elementos policiales involucrados y no sobre del niño y su familia. Por este motivo, urgimos a que la autoridad competente tome las medidas necesarias para que de inmediato regrese este niño a su hogar y se capacite a los elementos policiales estatales para que protejan a todos los niños y niñas en N.L,  de manera que esta desafortunada experiencia, no vuelva a repetirse.

Muerte por tratos crueles, inhumanos y degradantes

20 de octubre de 2016

Boletín de Prensa No. 1610/47

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Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. expresamos nuestra profunda indignación por el asesinato del niño Édgar Alejandro Martínez Pérez (16 años), quien falleció el 15 de octubre a causa de las lesiones provocadas durante su detención por un elemento de Fuerza Civil

De acuerdo con los medios de comunicación[1] el incidente sucedió el 3 de octubre cuando el elemento de Fuerza Civil detuvo a Martínez Pérez y algunos de sus amigos menores de edad por presuntamente estarse intoxicando con solventes al norte de Monterrey. En el momento de la detención el policía roció el solvente al detenido para luego accionar una chicharra eléctrica sobre él. La ropa del menor se incendió a consecuencia y días después falleció debido a quemaduras de segundo y tercer grado.

Los hechos descritos se configuran como tratos crueles, inhumanos y degradantes y en este caso provocaron la muerte de Édgar Alejandro Martínez Pérez, que con esta suman cuatro[2] de las sucedidas en este año provocadas por elementos de Fuerza Civil.

Urgimos justicia y reparación integral para la víctima directa y su familia provocado por esta privación ilegal de la vida.

 

[1] Talavera, Gabriel (2016, 20 de octubre), “Muere joven agredido por policía”, en El Norte. Disponible en: http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=966376

(consultado el 20 de octubre de 2016).

[2] En el período mayo a octubre de 2016 hemos registrado a través de los medios de comunicación cuatro muertes de ciudadanos a manos de policía de Fuerza Civil.

La primera es la de José Hébert Eloir Carranza Flores. Talavera, Gabriel. (2016, 13 de junio), “Confiesan polis tirar cadáver de detenido”, en El Norte. (consultado 20 de octubre 2016).

La segunda es la de el menor Jovanni Yair Espinoza Torres. Redacción (2016, 4 de septiembre), “Investigan a policías de FC por muerte de menor”, en Periódico ABC. (consultado 20 de octubre 2016).

La tercera es la de Carlos Moreno. Castro, Hector y Mata, Iván (2016, 9 de septiembre), “Abaten a ladrón que enfrenta a policías”, en El Norte. (consultado 20 de octubre).

Sobre detenciones realizadas por Fuerza Civil en Monterrey

15 de octubre del 2014

Boletín de Prensa No. 1410/041

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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su preocupación en torno al presunto abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas policiales.

El día de ayer, 14 de octubre de 2014, 24 personas fueron detenidas por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Monterrey por colocar mantas en diversos puentes peatonales de la ciudad. Al respecto, CADHAC manifiesta lo siguiente:

  • Los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad de tránsito se encuentran asentados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos, los cuales, de acuerdo a los artículos 1º y 133 de la Constitución, deben ser ley suprema en nuestro país.
  • Nos preocupa que las acciones realizadas por los elementos de Fuerza Civil en este caso, pudieran encuadrarse en una violación a derechos humanos.

Por lo anterior, demandamos a las autoridades intervención inmediata en su ámbito de competencia:

  1. Revisión de los tipos penales que pudieran utilizarse con el fin de reprimir manifestaciones legítimas de la sociedad civil.
  2. Revisión, publicación y difusión de los protocolos de actuación de las fuerzas policiales en los tres niveles de gobierno, a fin de que se encuentren acordes a los instrumentos internacionales de protección a derechos humanos.

En el contexto enrarecido en que nos encontramos y en el marco de las disputas partidistas que se acentúan en época electoral, es importante que los diversos actores políticos y la ciudadanía actúen respetuosa y éticamente, así como que los funcionarios y autoridades públicas garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Carta pública al Gobernador de Tabasco: rechazamos trato indigno a niño indígena

26  de julio de 2013

Carta pública al Gobernador de Tabasco: rechazamos trato indigno a niño indígena

CC. Arturo Núñez Jiménez

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

Presente

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se une a los pronunciamientos de otras organizaciones de la sociedad civil, como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que condenan el trato humillante que Juan Diego López Jiménez, funcionario del ayuntamiento de Villahermosa, Tabasco, le dio a Manuel Díaz, un niño que se desempeña como vendedor ambulante.

El señor López Jiménez fue captado en video mientras obligaba al niño de origen indígena a tirar los dulces que vendía al piso y despojarlo de los cigarros que formaban parte de su mercancía. Estas imágenes provocaron indignación social y a raíz de esto el funcionario fue separado de su cargo.

CADHAC saluda el cese de López Jiménez y el hecho de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya iniciado un expediente de oficio en este caso.

De acuerdo con los medios de comunicación, la Dirección de Atención a Víctimas Vulnerables de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJ) inició una averiguación previa por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y robo (con violencia moral), en contra del niño Manuel Díaz; según la información publicada la PGJ giró orden de localización y presentación, lo cual nos parece pertinente.

CADHAC solicita al gobierno del Estado de Tabasco que se investigue el caso a profundidad, se sancione como corresponde al funcionario en cuestión y se haga la reparación de daño, misma que deberá contener garantías de no repetición de esta clase de abusos, medidas de satisfacción para restaurar la dignidad del niño, su familia y su comunidad y una reparación por la mercancía dañada.

Asimismo queremos exhortar las autoridades correspondientes a realizar el trabajo necesario para la creación y ejecución de políticas públicas que combatan el trabajo infantil y el rezago educativo que aún existe en el país. Es imperativo que se garantice el bienestar y protección de los 40 millones de niños y adolescentes que viven en México.

__________

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización apartidista y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el Estado de Nuevo León.

 

LA FAMILIA ACOSTA, OTRA VÍCTIMA DE LOS ABUSOS DE LA MARINA

02 de septiembre de 2011

Boletín No. 1109/030

LA FAMILIA ACOSTA, OTRA VÍCTIMA DE LOS ABUSOS DE LA MARINA

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) está profundamente consternada por el ataque que sufrió la familia Acosta en la madrugada del día 1º de septiembre en Apodaca, Nuevo León, cuando elementos de la Secretaría de Marina ingresaron violentamente a su casa, mataron a Gustavo Acosta de (31 años) y detuvieron a Daniel Acosta (19 años)

 

Tomando en cuenta la versión por parte de la hermana del occiso, dada a los medios de comunicación justo después de los hechos, en la que manifiestó que elementos de la Marina llegaron a su casa gritando que abrieran la puerta, estando su papá y su hermano en el piso de abajo, y que tan pronto el hermano abrió la puerta, fue agredido y muerto a balazos, así como las declaraciones de diversos vecinos en el sentido de que los familias no eran delincuentes, CADHAC considera que:

 

  • El ingreso a los domicilios por parte de las Fuerzas Armadas y la Marina, están violentando derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
  • Del testimonio se desprende una probable Ejecución Extrajudicial por parte de la Marina Armada de México.
  • Este tipo de actos deleznables, son cada vez más frecuentes, por lo que urge se actúe dentro del marco legal vigente.
  • Cualquier persona que se presuma sea responsable de un hecho delictivo, debe ser sancionada conforme a derecho, y de ninguna manera sometida a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la privación de cualesquiera de sus derechos, incluido el derecho a la vida.

 

Por lo anterior exigimos de inmediato:

  • Presentación de la persona detenida ante la autoridad civil correspondiente.
  • Presentación por parte de los marinos de la orden de cateo y la orden de arresto con las que debieron contar antes de pretender ingresar a un domicilio privado.
  • Una explicación pormenorizada sobre el uso de la fuerza letal y las causas y los procedimientos de arresto que utilizaron en esta acción.
  • Que se investiguen los hechos, se deslinden las responsabilidades correspondientes  y  se sancione a los responsables en procedimientos ante juzgadores de orden civil, no militar.
  • Se garantice la integridad jurídica, física y psicológica de toda la familia Acosta.

 

CADHAC exige que la Secretaría de Marina haga pública la información sobre esta acción. Esta organización quiere recordar que de conformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Expediente Varios 912/2010, la Marina no es competente para procesar a sus elementos en casos como estos, por lo que el Ministerio Público debe asumir su competencia e investigar cuidadosa y profesionalmente, y el caso debe ser resuelto por tribunales civiles, no por instancias militares.

 

No es la primera ocasión que los elementos de la Marina Armada de México matan inocentes en el marco de la estrategia federal contra el crimen organizado. Estos actos son indignantes e inadmisibles en una sociedad democrática. CADHAC aboga por un cambio de estrategia que respete auténticamente el Estado de derecho y los derechos humanos de todas las personas.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

 

Organizaciones de la Sociedad Civil invitamos a la marcha Nacional del domingo 8 de mayo

Organizaciones de la sociedad civil se suman a la marcha en contra de la violencia

Monterrey, N. L. a 6 de mayo de 2011

 

Las organizaciones abajo firmantes nos sumamos a la marcha nacional en contra de la violencia. En el contexto nacional y en la situación que impera en el estado de Nuevo León es fundamental que la ciudadanía asuma y ejercite sus derechos civiles para manifestar su más profunda preocupación por el crecimiento y normalización de la violencia y por la terrible impunidad y corrupción que la cobija y la reproduce.

 

La violencia que enfrenta la ciudadanía no proviene sólo de la delincuencia organizada, sino también de las propias autoridades encargadas de la seguridad pública. Es cierto que existe violencia criminal, pero ese no es el único peligro que enfrentamos los ciudadanos, sino que lidiamos con múltiples violencias, la de los delincuentes comunes, de la delincuencia organizada, de los policías municipales, estatales y federales, y más aun, la violencia letal de las fuerzas armadas.

 

En Nuevo León son cotidianos los abusos de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Esto incluye muertes civiles a manos de efectivos policiales y militares, irrupciones arbitrarias en casas y negocios, revisiones y detenciones ilegales, tortura, extorsiones y desapariciones forzadas. El fenómeno de la violencia no disminuirá mientras las autoridades sigan actuando con los mismos medios que usa la delincuencia organizada; mientras el Estado no instrumente urgentes políticas públicas que atiendan radicalmente las causas sociales y económicas de la criminalidad desbordada. Lo necesario es combatir la corrupción y la impunidad de que gozan ahora todos los actores armados y hacer respetar irrestrictamente los derechos humanos de todas y todos.

 

Estas organizaciones nos congratulamos y solidarizamos con  las iniciativas ciudadanas de demandar un país sin violencia, un país donde  la legalidad sea la norma y las autoridades sean honestas y eficientes. En este sentido, nos sumamos a la iniciativa de jóvenes nuevoleoneses de realizar una marcha contra la violencia en Monterrey y extendemos la invitación a todos los ciudadanos para comenzar a retomar en nuestras manos el destino de nuestra entidad. La marcha se realizará el próximo domingo 08 de mayo a las 5 de la tarde y partirá del Colegio Civil.

 

 

¡YA BASTA, ALTO A LA IMPUNIDAD Y A LA VIOLENCIA!

Nos unimos a la Marcha Nacional contra la Violencia: ¡NO MÁS SANGRE!

ALIANZA CÍVICA DE NUEVO LEÓN, A. C.

ALIANZA DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

ALTERNATIVAS PACÍFICAS, A.C.

ASOCIACIÓN REGIOMONTANA DE TRABAJADORES ESPECIALES, A. C.

ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR, A. C.

AVANCE  POR LOS DERECHOS DE MEXICO, A.C.

CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A. C.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.

COLECTIVO CIUDADANO EN DEFENSA DE LA PASTORA

COLECTIVO PLURAL DE MUJERES

COMITE ECOLOGICO PRO BIENESTAR AC.

COMITÉ PRO DEFENSA DE LA HUASTECA

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER, A.C. – NUEVO LEÓN

CONFERENCIA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS DE MÉXICO, MONTERREY (CIRM)

COORDINADORA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS EXBRASEROS

EVOLUCIÓN MEXICANA A.C.

FORO LIBRE Y DEMOCRÁTICO, A.C.

LAS JUGLARESAS, TEATRO POPULAR

MOVIMIENTO AMBIENTALISTA CIUDADANO

OFICIO EDICIONES

PRO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, A. C.

PUEBLO BICICLETERO

RED DE DEFENSA CIUDADANA

RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA EN NUEVO LEÓN

ZIHUAME MOCHILLA, A.C.

COMUNICADO: LA MUERTE DE PERSONAS NO DEBE QUEDAR EN LA IMPUNIDAD

La muerte de civiles a manos de autoridades no debe

quedar en la impunidad

19 de abril de 2011
Comunicado número: 1104/08/BP

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más seria preocupación por la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú, asesinado el pasado 18 de abril por elementos del ejército mexicano en funciones de policía estatal.

La muerte del señor Cantú Cantú, cuyos detalles no han sido plenamente aclarados mediante una investigación imparcial y profesional, incrementa dolorosamente el número de víctimas civiles a manos de efectivos militares en activo y de cuerpos policiacos supuestamente civiles dirigidos por militares. Esta es una muestra más de que los militares no están capacitados para llevar a cabo actividades policiacas ni para dirigir la política pública de seguridad.

Los más altos órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como el Comité de Derechos Humanos de la misma organización, han pedido reiteradamente a México que revise su política de utilizar a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. Ahora, vestidos como integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León, estos cuerpos demuestran nuevamente las nefastas consecuencias de su ineficiencia.

Esta organización ha observado reiteradamente que las muertes de civiles a manos de militares no son investigadas adecuadamente, los responsables no son procesados ante jueces ordinarios y la impunidad prevalece. Es imperativo que haya un viraje en esta dinámica y que la impunidad se rompa.

Esta organización demanda una adecuada investigación de la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú; esto significa llevar a los responsables ante tribunales ordinarios, no ante tribunales militares. Con esto, esperamos, se inicien todas las acciones necesarias para reparar, en la mayor medida posible, el daño a los familiares, para emitir un reconocimiento público acerca de la violación de derechos humanos que ocurrió en este caso, y para evitar la repetición de este tipo de violencia en contra de los ciudadanos y ciudadanas. Ante estos casos, reiteramos nuestra exigencia de que se delimiten explícitamente las responsabilidades de servidores públicos que hasta el momento permanecen en una ambigüedad jurídica pues no se ha definido si permanecen adscritos al fuero militar o si son funcionarios públicos del Estado de Nuevo León.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

 

MUERTES EN RECLUSIÓN: OMISIÓN CULPABLE

LAS AUTORIDADES ESTATALES SON

RESPONSABLES POR TODAS LAS MUERTES EN LAS

CÁRCELES

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su más profunda preocupación por la muerte de dos internos en el Centro de Reinserción Social Apodaca ocurrida a sólo dos días de que ingresaran a dicho centro penitenciario.

Esta organización se encuentra profundamente preocupada por la noticia dada a conocer el día de hoy de que dos internos del centro penitenciario del Estado de Nuevo León localizado en Apodaca fueron hallados sin vida, colgados en su celda.El hecho de que estas personas muertas a escasos dos días de ingresar al centro penitenciario, cuando se supone deberían estar en observación y separadas del resto de la población, demuestra la negligencia e incapacidad de las autoridades para garantizar la integridad de los internos. No es la primera vez que muertes sospechosas ocurren en ese centro penitenciario que, según reportes con que cuenta esta organización, se caracteriza por violar sistemáticamente los derechos humanos de los internos.

Cuando una persona es privada de la libertad, ya sea para que se le juzgue o porque ya está condenada, el Estado tiene la obligación legal de garantizar todos los derechos humanos que no hayan sido restringidos por el juez, es decir, que la pérdida temporal de la libertad ambulatoria no conlleva la pérdida de otros derechos o de la dignidad humana. El Estado debe garantizar la vida, el trato digno, la integridad, la salud, y todos los demás derechos de todas y cada una de las personas privadas de la libertad.

Esta organización exige una investigación pronta, profesional e imparcial sobre los hechos, que los responsables de los mismos, por acción o por omisión, sean llevados ante los tribunales y sancionados conforme a derecho y que se garantice la seguridad y los demás derechos humanos de todos internos e internas del sistema penitenciario del Estado de Nuevo León.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

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