Reunión de trabajo de vecinas de San Ángel Sur y municipio de Monterrey

8 de octubre de 2018

Durante la tarde del martes 8 de octubre, vecinas organizadas de la colonia San Ángel Sur se reunieron con funcionarios municipales para dar seguimiento al trabajo que de forma conjunta se realiza desde 2016 en el marco de un proyecto de seguridad ciudadana que tiene como propósito modificar factor de inseguridad en la colonia ubicada al sur de Monterrey.

En este diálogo, las vecinas reconocieron los resultados del trabajo llevado a cabo durante 2017. En ese año, se realizó la pavimentación de la calle principal de la colonia, se promovió la organización de eventos culturales y se integró a la colonia en el programa de pinturas de fachadas que tuvo un alcance de más de 650 viviendas en el sector.

Estos resultados son muestra clara de que la coordinación entre autoridades, sociedad civil y organizaciones vecinales, promueven una dinámica de corresponsabilidad en la que todos los actores involucrados suman para conseguir un mejor entorno.

En la reunión, los funcionarios municipales asistentes presentaron avances de dos proyectos clave que representan los siguientes pasos en este proceso de mejora integral. Estos son la construcción de una cancha deportiva como espacio recreativo y de unas escalinatas hacia la parte alta de la colonia.

Desde el inicio de la relación de trabajo, las vecinas y los vecinos identificaron como necesidad la falta de un espacio digno de esparcimiento que pudiera también ser útil para hacer deporte. Así fue como decidieron apostar por la construcción de una cancha que ahora está cerca de convertirse en realidad. De acuerdo a los funcionarios municipales, ya se tiene un proyecto arquitectónico del espacio y su licitación podrá realizarse durante este final de año o a principios del próximo para comenzar pronto con su construcción.

Las escalinatas son también un punto central en la dignificación del espacio de la colonia. San Ángel Sur se encuentra ubicado a las faldas del Cerro de la Silla, por lo que sus recorridos diarios implican subir y bajar desde sus casas hasta escuelas, trabajos y demás actividades cotidianas. El construir estas escalinatas, implicará contar con una vía de fácil acceso peatonal y reemplazar las condiciones peligrosas de senderos con piedras que implicaban riesgos para la integridad física de las personas que viven en la colonia.

Desde CADHAC, reconocemos el compromiso tanto del municipio de Monterrey como de las vecinas de San Ángel Sur en esta relación de colaboración. Seguiremos acompañado este proceso para contribuir a que se convierta en una experiencia de éxito y que se mejoren mantengan las condiciones de vida en la colonia.

Protocolo de Búsqueda Inmediata impulsado por CADHAC en Nuevo León es modelo para su implementación en Tamaulipas

28 de septiembre de 2018

Boletín 1809/23

Con la presencia de Irving Barrios Mojica, Procurador de Tamaulipas, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal de Nuevo León, Cristina Hardaga, Coordinadora de Programas de EnfoqueDH, Heidy Servin-Baez. jefa de la sección política y económica del consulado de los Estados Unidos en Monterrey, y Consuelo Morales, directora de CADHAC, presentamos el Protocolo para la Búsqueda Inmediata de Víctimas de Desaparición en Tamaulipas para promover una efectiva respuesta ante las desapariciones en ese estado.

El Protocolo de Búsqueda Inmediata especifica las acciones que se deben realizar por parte de la autoridad durante las primeras 72 horas desde que se presenta el hecho de desaparición de una persona. Su aplicación se alinea con las obligaciones establecidas para las autoridades en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este modelo fue adoptado inicialmente por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León en 2013, tras una estrecha colaboración entre CADHAC, organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y expertos internacionales independientes.

Este modelo responde a una necesidad generada por los altos índices de desapariciones que se han presentando en gran parte del país, siendo una de las zonas de mayor incidencia la región Noreste de México. En el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con corte a abril de 2018, Nuevo León reporta 2,919 personas desaparecidas. Por su parte, son 6,131 personas las que aparecen en el registro para Tamaulipas.

La implementación de este protocolo muestra el interés de la Fiscalía de Tamaulipas para dotar de agilidad a sus labores de búsqueda. Para lograr la efectividad necesaria, motivamos también a las familias a denunciar de forma inmediata a las autoridades cuando no localicen a su ser querido.

Desde CADHAC seguiremos acompañando con la Procuraduría de Tamaulipas y las familias la correcta implementación del Protocolo.

El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad absoluta de proteger la integridad y seguridad de las personas internas en los Centros Penitenciarios

26 de septiembre de 2018

Boletín 1809/22

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) urgimos a las autoridades estatales a garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad en los Centros Topo Chico y Apodaca, frente a los hechos perpetrados entre ayer y hoy en ambos lugares, donde se han presentado manifestaciones, disturbios y presuntamente personas heridas, además de haberse encontrado un cuerpo en las cercanías del Topo Chico cuya identidad no se ha esclarecido, aunque se presume como hecho vinculado a las manifestaciones en el centro referido.

Desde CADHAC hemos hecho constantes llamados en los últimos años a que el Estado actúe de forma efectiva. Particularmente hoy es urgente una intervención adecuada para evitar que los hechos escalen a situaciones como las ocurridas durante febrero 2016, marzo y octubre de 2017 en los penales de Topo Chico y Cadereyta, fechas en las que se documentaron graves violaciones a derechos humanos.

Las manifestaciones que se presentan hoy en el penal del Topo Chico y Apodaca, están vinculadas con dinámicas de extorsión e intimidación dentro de las instalaciones del centro penitenciario. Esto evidencia las malas prácticas y condiciones deterioradas en las que siguen operando estos centros.

Es sumamente preocupante y alarmante que desde octubre de 2015 al día de hoy han acontecido más de 90 muertes –de acuerdo a cifras “oficiales”- dentro de los centros penitenciarios estatales. Ante esto, no ha habido respuesta que demuestre correcta aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal ni la mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Tampoco han habido consecuencias claras para los responsables de estas muertes, incluyendo los cargos de alto mando.  

Por lo anterior demandamos a las autoridades:

  1. Explicar lo que ocurre actualmente al interior de los centros penitenciarios Apodaca y Topo Chico.
  2. Proporcionar a las familias de personas privadas de la libertad información respecto a traslados y/o estado en que se encuentran sus familiares.
  3. Investigar y esclarecer lo relativo al cuerpo encontrado a unas cuadras del penal del Topo Chico, verificando la identidad, y sancionando a las personas responsables.
  4. Atender en lo inmediato las condiciones dentro de los tres centros penitenciarios, garantizando la seguridad e integridad de las personas privadas de la libertad.

Hasta que el Gobierno del Estado asuma cabalmente su obligación frente a las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y solucione los problemas de control que mantiene la delincuencia organizada, será imposible lograr la función de reinserción a la que estos espacios están orientados.

Ante las graves violaciones a Derechos Humanos en México, presentamos el libro “La respuesta frente a la desaparición”

13 de septiembre de 2018

1809/21

Hoy, jueves 13 de septiembre de 2018 en el Auditorio del Museo Metropolitano de Monterrey, presentamos el libro “La respuesta frente a la desaparición: Una mirada al trabajo de nueve organizaciones en diez estados de la República Mexicana”.

Este libro documenta los aprendizajes y experiencias acumuladas de nuestras organizaciones que acompañan casos de personas desaparecidas en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Nos ha congregado el objetivo de fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación e incidencia, visibilizando a la vez una crisis humanitaria producto de una política de Estado, donde la realidad de la desaparición de personas en México es desoladora y sigue sin ser dimensionada.

Las graves violaciones de derechos humanos no cesan y se intensifican con la militarización del país y la permisividad de las autoridades. Aunado a ello, el contexto de trabajo se vuelve cada vez más adverso. Los riesgos para las defensoras y los defensores prevalecen, agudizándose debido a su criminalización y a las amenazas de grupos delictivos y las propias autoridades.

Nos encontramos inmersos en la tragedia nacional representada por al menos 37 mil personas desaparecidas y sus familias que siguen en espera de verdad y justicia. El hallazgo de 32 fosas clandestinas con 174 cráneos y un número indeterminado de restos óseos en Veracruz durante esta semana ha resonado en todo el país como una muestra clara de la crisis de impunidad y derechos humanos que se replica en todo el territorio nacional.

Ante estas circunstancias, exigimos acción pronta, máximo esfuerzo y cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, con todo lo que ello implica: la designación de personas con el perfil idóneo, asignación de recursos suficientes, capacidades técnicas y herramientas tecnológicas necesarias.

Es inaceptable una respuesta de las autoridades donde la impunidad prevalezca a pesar de contar con sentencias de Tribunales Internacionales como en los casos de Campo Algodonero y de Rosendo RADILLA PACHECO, y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en el caso de Ayotzinapa. Las autoridades estatales y federales deben atender con urgencia esta situación en colaboración y apoyo de instancias internacionales.

COMUNICADO – Consejo Ciudadano lamenta que Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos no esté debidamente instalado

30 de agosto de 2018

  • El Estado no ha logrado detener la desaparición de personas en México.

 

  • Llama al Estado mexicano a adoptar inmediatamente un plan de fortalecimiento progresivo enfocado en la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de garantizar el crecimiento significativo y rápido de sus capacidades institucionales.

 

México (30 de agosto de 2018).- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas exhorta al Estado mexicano a intensificar las labores de instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y garantizar el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

La desaparición de personas es una violación de extrema gravedad cometida en México durante la denominada “guerra sucia” y desde hace más de una década en el marco de la fallida estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal. Se trata de una situación que no se ha logrado detener, por el contrario, el número de víctimas continúa en aumento. De hecho, hasta abril de 2018 se tuvo registro oficial de 37,435 personas desaparecidas. En este escenario, es de vital importancia la adopción de medidas para diseñar políticas de prevención y atender las necesidades de búsqueda que actualmente son apremiantes.

Por lo anterior, el Consejo Nacional Ciudadano lamenta profundamente que el Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido debidamente instalado, aun cuando ya ha transcurrido el plazo de 180 días establecido en el transitorio sexto de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tal como señala el artículo 44 de la Ley, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene a su cargo el diseño y la evaluación de los recursos del Estado “para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley”. Por lo tanto, la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda es clave para la definición de las políticas de prevención y de búsqueda antes mencionadas. Además, su instalación sería una muestra de voluntad política de la administración actual para los Estados.

Asimismo, el Consejo Nacional Ciudadano señala que es indispensable que el Estado mexicano adopte de manera inmediata todas las medidas necesarias para fortalecer institucionalmente a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es el órgano mandatado por la Ley General para “determina[r], ejecuta[r] y da[r] seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas”, en coordinación con las comisiones locales de búsqueda, la Procuraduría General de República y demás autoridades.

En línea con lo establecido por el Consejo Nacional Ciudadano en su Recomendación 01/2018, publicada el 11 de julio pasado, el cumplimiento del mandato asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda requiere que se le dote de todos los recursos y personal necesarios para llevar a cabo las actividades que le han sido encomendadas para la localización de las personas desaparecidas en México. Ello incluye, a juicio de este Consejo, todo el respaldo político-institucional requerido para la consecución de sus responsabilidades.

Frente a lo anterior, el Consejo considera indispensable que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, incluyendo la adopción inmediata de un plan de fortalecimiento progresivo, a fin de garantizar el crecimiento significativo y rápido de las capacidades institucionales de dicha Comisión, en beneficio de miles de víctimas de personas desaparecidas y sus familias.

La implementación de la Ley General es igualmente importante que la Ley misma. El Consejo Nacional Ciudadano considera que los retrasos existentes en la puesta en operación de las instancias y herramientas creadas por dicha Ley ponen en riesgo su efectividad. Ello en la medida en que impiden que se avance en la implementación de políticas públicas serias y obstaculizan la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho miles de familias de personas desaparecidas.

Finalmente, el Consejo Nacional Ciudadano exhorta al Estado mexicano a asumir la gravedad de la situación de desaparición en nuestro país y a reconocer y corregir las fallas institucionales en materia de acceso a la verdad y a la justicia. Sobre este punto, al Consejo le consterna, y por lo tanto condena, que el presidente de la República haya generado el día de ayer nuevos agravios a la dignidad de las víctimas de desaparición, al refrendar una versión de los hechos en el caso de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa que ha sido refutada científicamente por órganos nacionales e internacionales. Este Consejo exhorta al Estado mexicano a priorizar el fortalecimiento de las instituciones e instrumentos establecidos en la Ley General a fin de que responda sin más dilación a la deuda histórica que tiene para con todas las víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares en nuestro país.

 

ATENTAMENTE

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

 

Información adicional:

El Consejo Nacional Ciudadano fue instalado formalmente en mayo del 2018 como parte de los instrumentos de monitoreo de la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada en noviembre del 2017. Es un órgano ciudadano integrado por cinco familiares de víctimas de desaparición, cuatro especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil. Cabe subrayar que sus integrantes no son servidores públicos ni reciben remuneración o emolumentos por la función que ejercen como consejeros y consejeras. El Consejo está integrado por:

  • Familiares de personas desaparecidas: Francisco Olvera Acevedo, Grace Mahogany Fernández Morán; Mirna Nereida Medina Quiñonez; Margarita Michelle Quevedo Orozco, Edna Dolores Rosas Huerta.
  • Especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas y en materia forense: Denise González Núñez, Santiago Corcuera Cabezut, Volga Pilar de Pina Ravest y Mercedes Celina Doretti.
  • Representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos: Humberto Francisco Guerrero Rosales, Juan Martín Pérez García, Consuelo Gloria Morales Elizondo y Norma Patricia Quintero Serrano.

 

Contacto: consejociudadano_snb@outlook.com

Twitter: @CCiudadanoSNB

COMUNICADO – GRUPO AMORES CON MOTIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA

Monterrey, N.L, México a 30 de agosto, 2018.

La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, como cada año nos manifestamos en este Día Internacional de las Personas Desaparecidas, uniéndonos también a la Movilización Nacional para exigir BÚSQUEDA, VERDAD y JUSTICIA ante las desapariciones de personas en el país.

Llevamos años de búsqueda y aunque en un momento parecía que íbamos avanzando al menos en Nuevo León y Tamaulipas, vemos que actualmente no se está investigando como debe de ser. Se necesita sensibilidad y voluntad para localizar a nuestras hijas, hijos, familiares desaparecidos. Es mucho tiempo ya, que no tenemos resultados.

Se requiere que funcionen las leyes y las instancias que hemos impulsado. Necesitamos que las autoridades cumplan, que no se quede en promesas, sino que haya actuación, pues mientras el propio gobierno no apoye, y no asigne recursos para que funcione, esto no va a avanzar. En nuestro estado sigue habiendo violencia y desapariciones, por ello se necesita un compromiso real del gobierno, una búsqueda constante y una atención a las víctimas tal como lo marcan las leyes.

Nuevo León cuenta con un Protocolo de Búsqueda de Personas, un Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una Comisionada Local de Búsqueda, una Fiscalía de Desapariciones. En todo ello hemos tenido que ver, lo hemos impulsado, pero si el Estado no hace que funcione adecuadamente, de nada sirve. Necesitamos que respondan a las necesidades de las víctimas.

Estamos en una lucha por las víctimas del pasado y del presente. No nos cansaremos ni nos resignaremos. Hoy les decimos que la esperanza no desaparece, ni tampoco nuestra demanda de Justicia y Verdad, hasta saber DÓNDE ESTÁN.

CADHAC LLAMA A EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR JUSTICIA Y VERDAD A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

30 de agosto de 2018

Boletín 1808/20

El día 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Este día fue declarado así en diciembre de 2010, cuando la Organización de las Naciones Unidas advirtió un aumento del fenómeno de desaparición forzada en diferentes regiones y países del mundo.

En el caso de México, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), Nuevo León es el quinto estado con mayor número de desapariciones en el país. Entre 2009 y 2018, CADHAC tiene registro de 1431 personas desaparecidas. El 47% de ellas caen en la tipificación de desaparición forzada.

Junto con las familias de personas desaparecidas y en colaboración con las instituciones públicas, CADHAC logró que el tema de desapariciones se atendiera con la diligencia necesaria. Entre 2009 y 2018, se localizaron a 172 personas, 78 de ellas vivas y 94 a través de muestras de ADN.

Sin embargo, la efectividad en la labor de búsqueda ha venido a la baja, pasando de 69 personas entre 2013 y 2015, a solo 20 personas entre 2016 y 2018. De igual forma, las consignaciones en procesos judiciales contra las personas responsables de las desapariciones cayeron de 28 entre 2013 y 2015, hasta solo 2 entre 2016 y 2018.

En coordinación con el legislativo, las familias y la sociedad civil, CADHAC ha logrado posicionar en la agenda pública la necesidad de responder con urgencia ante la realidad de violencia que los enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad provocaron  en Nuevo León y la mayor parte del país. La Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición y la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León son dos muestras de los logros que se concretaron.

Sin embargo, estas Leyes no aseguran automáticamente mejoras en el desempeño institucional ni en el acceso de las víctimas a sus derechos. Aunque el trabajo de las familias y de organizaciones civiles ha resultado en avances concretos, las autoridades responsables de investigar e impartir justicia no han estado a la altura.

Hacemos una exigencia al Gobierno del Estado y a las autoridades de investigación, procuración e impartición de justicia para que la atención a víctimas no se estanque. Necesitamos que las investigaciones sigan su curso y que los casos no queden archivados.

Hemos comprobado que una búsqueda exitosa y la consignación de los culpables es posible al trabajar de forma coordinada las instituciones públicas, las familias y la sociedad civil organizada. Por esto, no aceptamos la baja en la efectividad de las instituciones y les urgimos que aseguren a las familias su derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

PASEA AMORES POR BUSTAMANTE

El 17 de agosto realizamos un viaje a Bustamante, N.L., con familiares de personas desaparecidas, que forman parte de AMORES. Asistimos 43 personas, entre adultas, adolescentes y niñas/os, quienes conocieron las impresionantes Grutas del municipio, la Plaza principal y el Museo de la memoria viva, además de disfrutar el balneario dentro del bello Cañón Ojo de Agua. 
 
Canto, aprendizaje, juego, música, lotería, alimentos compartidos y convivencia, fueron parte de ese día. En medio del dolor generado por la violencia, el encuentro entre familias, las montañas y las risas nos hacen alimentar la esperanza en la vida. Para llevar a cabo este paseo, contamos con el apoyo de Alfonso Martínez, del Observatorio de la Calidad del Aire; Carlos Gómez, Cronista de Bustamante, así como el Ayuntamiento de Bustamante; OSETUR, quiénes dieron pases para la entrada a las grutas, y el Instituto de las Mujeres Regias. Valoramos mucho su sensibilidad y solidaridad para con las familias de AMORES.    

POR TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES FALLECE
 UNA PERSONA MÁS EN EL PENAL DE TOPO CHICO

14 de agosto 2018
1808/19

Foto: Archivo Posta MX

El pasado 7 de agosto de 2018 se informó la muerte de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años, quien se encontraba privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social Topo Chico. Ese día se dijo que Kevin se “desvaneció” repentinamente y posteriormente falleció. El día de hoy se conoce, a través de un peritaje, que su muerte fue producto de fuertes golpes, aparentemente con tablas, que le causaron un tromboembolismo cardiopulmonar, al formársele coágulos que le obstruyeron el flujo de sangre al corazón. 

La tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros penitenciarios estatales han cobrado la vida de otra persona más privada de la libertad y el gobierno continua siendo omiso ante esta crisis. En la actualidad, debería ser impensable que la tortura continuara presente en una sociedad como la nuestra y, principalmente, en espacios cuyo control y responsabilidad dependen exclusivamente del Estado, como lo son los centros penitenciarios. 

Vale la pena recordar que a pesar de urgentes llamados por parte de la sociedad civil, y recomendaciones de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Naciones Unidas a través de diferentes instituciones, la respuesta del Gobernador Jaime Rodríguez y su administración continua siendo ineficiente, poco transparente, y sin consecuencias para aquellas personas, tanto autoridades como internos, que cometen actos delictivos violentos dentro de las cárceles.

La muerte de Kevin, evidencia una vez más, no solo la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren día a día en los centros penitenciarios de Nuevo León, sino la evidente ausencia de control y complicidad por parte de las autoridades que permiten se torture y se mate a personas que se encuentran bajo su tutela.

CADHAC reitera su preocupación y exige a las autoridades del gobierno de Nuevo León cumplan sus obligaciones y garanticen, sin más dilación, la vida digna, seguridad e integridad de todas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión estatales.

Además reiteramos nuestra solidaridad con la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, y les invitamos a acercarse para buscar la reparación integral a la que tienen derecho, por la responsabilidad de las autoridades en la muerte de Kevin. 

Seguir ignorando la crisis penitenciaria que se vive en los centros estatales de Nuevo León, perpetua la impunidad e incentiva que se continúen cometiendo estos crímenes, pues se observa que el asesinar y torturar en centros penitenciarios no trae consecuencia alguna.

OTRA MUERTE EN TOPO CHICO EVIDENCIA INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO

7 de agosto 2018
1808/18

Fotografía: Cuartoscuro

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos externa sus más sinceras condolencias a la familia de Kevin Armando Benavides Vargas, de 25 años de edad, ante el sorpresivo desenlace de su vida en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico.

El sistema penitenciario ha ido en agudo deterioro. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sus recomendaciones realizadas al Gobierno de Nuevo León desde 2015, han sido desestimadas, por lo que  consecuentemente cada día la infraestructura y condiciones de los centros penitenciarios del estado son más y más incompatibles con las condiciones de vida digna que se requieren, y que son indispensable para lograr la reinserción. Sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno, son las  tres características con las que la CNDH ubica la situación de los centros penitenciarios de Nuevo León. La obligación Constitucional y de instrumentos internacionales de preservar la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, es un aspecto en el que el gobierno manifiesta poco o nulo interés.

Es sumamente preocupante y alarmante que desde octubre de 2015 al día de hoy han acontecido más de 90 muertes “oficiales” dentro de los centros penitenciarios estatales y no ha habido respuesta que demuestre una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, ni consecuencias claras para los responsables de estas muertes.  El mensaje que el Gobierno del estado de N.L. ha estado enviando es: “se puede matar en las cárceles, y no pasa nada”.

Conscientes de que la integridad de las personas internas es responsabilidad total de las autoridades estatales, hacemos un llamado urgente para que:

  1. Se investigue de manera exhaustiva, imparcial y expedita la muerte de Kevin Armando a fin de esclarecer los hechos, y en caso de que exista irregularidad, se proceda judicialmente con los presuntos responsables.
  2. Se garanticen oportunamente el acceso a la información y a la verdad, a la la familia y a la sociedad en general.
  3. Se garantice la integridad personal de todas las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
  4. Se atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos humanos al Gobierno de Nuevo León, en referencia al Sistema Penitenciario.

La irresponsabilidad e incompetencia de las autoridades, que ha llevado a más de noventa personas a la muerte, debe ser evaluada y sancionada. La impunidad sólo irá haciendo más lejana la tan anhelada paz para Nuevo León.

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