Compromiso de ediles para impulsar labores de identificación de personas desaparecidas de la mano de expertos

1 de febrero de 2019

Boletín 1902/02

De acuerdo al Registro Nacional de Datos sobre Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hay 2,919 personas desaparecidas en Nuevo León entre 2006 y 2018, cuyas familias permanecen en una búsqueda constante. A esta cifra se suma la existencia de 119 fosas inspeccionadas en nuestro estado, dentro de las cuales existen restos y cuerpos que aún no han sido identificados.

El trabajo de acompañamiento de familias de personas desaparecidas realizado por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) desde 2009, fue fortalecido en 2011 cuando la entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo León asumió un compromiso de trabajo que resultó en avances importantes, aunque no suficientes, en la atención gubernamental a casos de desaparición.

A la fecha, este trabajo continuado ha resultado en la firma de un convenio de colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y CADHAC para recibir apoyo de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés), un organismo internacional independiente que, a través de la transferencia y fortalecimiento de capacidades periciales de la Fiscalía, nos permitirá dar un salto cualitativo en la atención a casos de personas desaparecidas.

El Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, Homero Antonio Cantú Ochoa, mencionó que por parte del Gobierno del Estado existe voluntad para avanzar en el tema de localización de personas y que la Comisión Local de Búsqueda deberá seguirse fortaleciendo para que pueda cumplir exitosamente con sus funciones.

El compromiso de titulares de ayuntamientos de Nuevo León también quedó expreso con su asistencia a la reunión sostenida entre integrantes de la ICMP, la FGJNL y CADHAC, durante la cual se explicó la situación actual de personas desaparecidas en Nuevo León.

Adrián de la Garza, Alcalde de Monterrey, se comprometió a colaborar tras recordar su periodo como Procurador, durante el cual pudo conocer en voz de las familias la profunda herida que representa para la sociedad en general que existan miles de personas desaparecidas

Por su parte, Clara Luz Flores, Alcadesa de Escobedo, reconoció la responsabilidad de los municipios en preparar a sus policías municipales para saber cómo proceder ante casos de desaparición de personas.

Asistieron también representantes de Abasolo, Apodaca, Allende, Cadereyta, García, Guadalupe, Hidalgo, Juárez, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Santiago y Zaragoza a quienes se invitó a colaborar también sumando a los esfuerzos de comunicación para que más personas conozcan que aún son miles las familias que buscan a un ser querido.

“La investigación de todos los delitos está a cargo del ministerio público y de las policías. Hay una corresponsabilidad de nosotros y es muy importante que los municipios se sumen a esta acción para hacer puentes y encontrar la verdad”, destacó durante el evento Gustavo Adolfo Guerrero Gutierrez, Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

El Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, William H. Duncan, acompañó también el evento junto con integrantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), organización que aporta los fondos para hacer posible el trabajo entre la ICMP y la FGJNL.

Con la experiencia probada, el conocimiento técnico y laboratorios de ciencias forenses de primer nivel, la ICMP es la institución más indicada para asesorar a Nuevo León en este proceso.

El proyecto avanza en una primera etapa de diagnóstico con el fin de diseñar una estrategia estatal que logre generar dinámicas de coordinación adecuadas entre todos los actores en Nuevo León para que con la asesoría de ICMP sea posible alcanzar un entorno de paz, el cual solo será posible dando respuesta a las demandas de verdad y justicia de las familias de las personas desaparecidas.

Urgen a crear Comisiones Estatales de Búsqueda

26 de enero de 2019

Monterrey, Nuevo León

La falta de creación de Comisiones Estatales de Búsqueda pone en riesgo la localización de más de 40,000 personas desaparecidas en el país, declararon hoy participantes del XVI Encuentro de Organizaciones que acompañan familias de personas desaparecidas en México.

“El que sólo estén creadas menos de diez comisiones en las entidades da cuenta del desinterés de las autoridades por este grave problema de un crimen permanente y continuado. Es indispensable que el estado mexicano asuma su deber de garantizar la búsqueda exhaustiva de personas desaparecidas”, señaló Dora Jaimes, representante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, “Alzando Voces”, COFADDEM.

En el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda está pendiente el nombramiento de su titular, quien tendrá la tarea de coordinar la búsqueda y localización, investigación e identificación de personas desaparecidas en el país, por lo que las organizaciones exigen que su nombramiento sea a través de un proceso transparente, con los perfiles idóneos, lo que se demanda también para los gobiernos de los estados del país en la creación de las comisiones locales.

“Es urgente que se designen presupuestos suficientes para la operación de estas Comisiones Estatales, pues de lo contrario se demostraría que estamos ante otra simulación, como la que se observó hasta el 2018”, indicó la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, el proceso de selección del titular fue transparente y se creó la Comisión Estatal de Búsqueda, pero hasta el momento no cuenta con presupuesto, equipo, personal ni instalaciones; en Coahuila pasa lo mismo. En los estados de Veracruz y Zacatecas se iniciaron los procesos para crear las respectivas Comisiones. Ricardo Bermeo, de Zacatecanos por la Paz, señaló que “en ese estado se corre el riesgo de que se repita la experiencia de Nuevo León: se creará la Comisión, pero con un presupuesto irrisorio”.

En otros estados, como Michoacán, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Sonora no se han iniciado los procesos para crear las Comisiones. Es indispensable que se instituyan todas las Comisiones Estatales de Búsqueda en las 32 entidades de la República para que se integre el Sistema Nacional de Búsqueda que define la Ley en esa materia. “Esto exige una articulación correcta entre las Comisiones y las Fiscalías Especializadas en la Investigación de Desaparición de Personas”, comentó Alfredo Limas, de Ciudad Juárez.

“Exigimos que el Presidente de la República asuma la responsabilidad de atender y erradicar la desaparición en México y que se propicie la oportunidad de que colectivos y organizaciones de defensa de derechos humanos vigilen las acciones gubernamentales en este tema” indicó Anaís Palacios, integrante del Grupo Buscando a Nuestras Desaparecidas y Desaparecidos de Veracruz.

Las organizaciones participantes proponen la elaboración de un Plan Nacional Frente a la Desaparición de Personas, para responder al dolor y exigencia de justicia de los familiares de personas desaparecidas y favorecer la plena vigencia de derechos humanos en el país.

Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), Grupo VIDA Laguna A.C. Víctimas por sus Derechos Humanos en Acción, Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Zacatecanos por la Paz.

Posible alza a la tarifa del transporte público atenta contra derechos de los usuarios

8 de enero de 2019

Boletín 1901/01

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), nos resulta inaceptable el alza a la tarifa del transporte público que pretende autorizar el Gobierno del Estado de Nuevo León ya que atenta directamente contra los derechos de los usuarios y hace aún más inaccesible el derecho a moverse libremente en la ciudad.

La intención de aumentar el costo del pasaje de los camiones de rutas urbanas, el Metro y la Ecovía daña gravemente el bolsillo de los usuarios y limita su derecho a moverse en la ciudad ya que se hace imposible cubrir el costo de hasta cuatro camiones que las personas de una familia deben tomar a diario para llegar a su escuela o trabajo.

Así mismo, el alza a las tarifas resulta injustificable por parte de los permisionarios y del Gobierno del Estado pues la situación actual del sistema no ofrece la cobertura necesaria para conectar a toda la ciudad y presenta bajos niveles de calidad y seguridad que ponen en riesgo la integridad de quienes se mueven ellos.

Es indispensable que asumamos que un sistema de transporte no debe entenderse primariamente como un negocio de alta rentabilidad, sino como un servicio público que debe asegurar el derecho que tiene una persona para realizar sus traslados básicos del día a día y poder desplazarse entre sus lugares de estudio o trabajo y el lugar en el que viven.

Hacemos un llamado a la sociedad, particularmente a estudiantes que conocen de primera mano la realidad de moverse diariamente en transporte público, a solidarizarse con las acciones de protesta cívica y pacífica en defensa de los derechos de los usuarios del transporte público que han sido convocadas por la organización Únete Pueblo desde septiembre de 2018 hasta la fecha.

Conscientes de que la decisión final está en manos del Gobernador, le exigimos no autorizar el aumento anunciado a las tarifas del transporte y poner en primer lugar los intereses de los ciudadanos, comprometiéndose a invertir el tiempo y recursos necesarios para que el servicio público de transporte ofrezca la cobertura necesaria, mejore cualitativamente su calidad y proteja los derechos de los usuarios.

Frente a la búsqueda, familias exigen justicia y convocan a la solidaridad

8 de diciembre de 2018

Boletín 1812/30

El sábado 8 de diciembre de 2018, alrededor de 100 personas se congregaron frente al kiosko de la Plaza Zaragoza en Monterrey para exigir verdad y justicia por las víctimas de desaparición forzada en Nuevo León durante la Vigilia por nuestras personas desaparecidas convocada por la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC)

En este evento, celebrado en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a celebrarse el 10 de diciembre, se realizó una ceremonia religiosa para los familiares de víctimas de desaparición en Nuevo León celebrada por el padre Luis Eduardo Villareal, director de la Casa del Migrante Casanicolás y aliado en la lucha por verdad y justicia en los casos de desaparición.

Virginia Buenrostro, madre de David Joab Ibarra Buenrostro y Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro, desaparecidos desde noviembre del 2010, habló en nombre de las familias de AMORES haciendo un llamado para continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas e impulsando que más personas se sumen a la exigencia por verdad y justicia para todas las víctimas de desaparición forzada.

“Es particularmente resaltable que las familias que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos reivindican justamente esos derechos justamente porque no quieren que ninguna otra persona enfrente el suplicio y la barbarie que ustedes tienen y que portan con tanta dignidad”, reconoció Alan García, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tomaron también la palabra Sonia Torres, integrante de CADHAC, Maricruz Flores, integrante del Colectivo Plural de Mujeres, y Elizabeth Warfield, directora de la Misión de USAID en México, quienes destacaron que las familias no están solas en su búsqueda y que el acompañamiento será constante hasta encontrarles.

“El amor que ustedes tiene por sus hijos está presente y es lo que nos está impulsando a buscar nuevos caminos. Ese amor es lo que nos da fuerza.”, reconoció la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

Durante el evento se proyectó un video en el que rindió homenaje a las personas que han sido localizadas a través de prueba de ADN, a las personas que han sido víctimas de ejecución extrajudicial, a las personas que murieron en la búsqueda por verdad y justicia para sus familiares y a las personas que permanecen desaparecidas.

En el Kiosko de la Plaza Zaragoza se desplegaron mantas con leyendas y fotografías que recordaban a las personas que seguimos buscando con la constante pregunta “¿Dónde están?”. Al pie del Kisko se formó un corazón con veladoras que una a una fueron colocando los familiares de personas desaparecidas tras haber dicho sus nombres y su fecha de desaparición.

Con apoyo internacional, Fiscalía de Nuevo Léon y CADHAC fortalecen localización de personas desaparecidas

8 de diciembre de 2018

Boletín 1812/29

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP por sus siglas en inglés), presentaron hoy un proyecto de colaboración para aumentar la efectividad en la búsqueda de personas desaparecidas al incrementar las capacidades técnicas y fortalecer protocolos forenses para la identificación de cuerpos y restos humanos en Nuevo León.

El proyecto está en marcha desde agosto de 2018, tiene una duración de ejecución proyectada para cuatro años y USAID ha brindado un financiamiento inicial de 2,160,000 dólares para cubrir los costos de la tecnología de análisis genético, el software de procesamiento de datos y los costos operativos del personal especializado que estará colaborando.

“Estoy convencida que todos los que estamos aquí… le estamos apostando a la causa de la verdad y justicia. Hemos aprendido con las mamás que lo que mueve no es el coraje, no es la venganza, lo que quieren es encontrar a sus hijos”, recalcó la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

En una primera fase, se trabajará en la definición de los planes de acción estratégicos, partiendo de una evaluación de las condiciones actuales en las que se sistematiza la información forense al interior del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León (ICSP)

Después de esto, iniciará un trabajo de transferencia de conocimiento entre la ICMP y el ICSP que implicará asesoría en los protocolos de toma de muestras en campo y en la adecuación de las bases de datos, proponiendo el uso del software diseñado por la propia ICMP llamado Sistema de Gestión de Datos de Identificación (iDMS por sus siglas en inglés) para que la gestión de información de forma apropiada.

Estas mejoras al trabajo de procesamiento de datos buscan aumentar la efectividad para encontrar coincidencias entre los casos de personas desaparecidas y las muestras genéticas de cuerpos y restos humanos encontrados.

“Uno de los frutos [del trabajo de CADHAC] es el habernos reunido hoy para presentar este compromiso en la modernización de la tecnología forense y en la transmisión del conocimiento para el trabajo en este importante tema”, reconoció Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

En el transcurso de la implementación del proyecto, personal de la ICMP trabajará físicamente en Nuevo León realizando estas tareas, mientras que personal de la Fiscalía y del ICSP visitarán también los laboratorios especializados con los que cuenta la ICMP en La Haya, Países Bajos.

“Nunca más vamos a negar la existencia de estos problemas lacerantes. ¿Qué más lacerante puede haber para una familia o para toda la sociedad que la desaparición de un ser querido? Dolor que se profundiza por la burocracia, por la corrupción, por la incompetencia del Estado para resolver sus problemas”, aseguró Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de la República.

Con la relación cercana La experiencia de Nuevo León al fortalecer el trabajo de servicios periciales, servirá de modelo para poder fortalecer las labores de identificación de cuerpos y restos humanos a nivel nacional.

 

Violencia en Nuevo León no debe resolverse a costa de más muertes

29 de noviembre de 2018

Boletín 1811/28

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., emitimos nuestra preocupación por la escalada de homicidios en Nuevo León y hacemos un llamado urgente para que el Gobierno del Estado presente soluciones que reduzcan el entorno actual de violencia sin tomar como condición necesaria la muerte de más personas.

Las cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirman que el 2018 se coloca ya como el año más violento de la administración actual, sumando solo durante el mes de octubre 92 homicidios y dejando a este mes con el total más alto desde 2015 a la fecha.

Ante esta crisis de seguridad, nos parecen desafortunadas y contraproducentes las declaraciones que anuncian que frenar el incremento de violencia “va a costar más sangre”.

El Gobierno del Estado debe recordar que la misión de la Secretaría de Seguridad Pública se basa en la prevención de los hechos delictivos y la defensa de los derechos de las personas, por lo que cualquier acción que genere directamente más homicidios o hechos violentos contradice directamente su función principal de protección de la ciudadana.

Desde 2017, en diversas notas periodísticas, quedó registro del anuncio de que la administración estatal contrataba a la firma estadounidense Exiger Advisory para consultoría en materia de seguridad, haciendo un gasto de al menos medio millón de dólares.

Es de nuestro parecer que con estos estudios el Gobierno del Estado tendría ya elementos necesarios para dar respuesta a preguntas fundamentales como: ¿qué se ha hecho?, ¿qué se ha dejado de hacer?, o ¿qué errores ha habido para que volvamos a tener niveles de violencia que parecían haber quedado ya en el pasado?

Urgimos a la administración estatal que asuma la salvaguarda y protección de la integridad de todas las personas en Nuevo León, actuando bajo el marco constitucional, el respeto a los derechos humanos y de forma inteligente, estratégica y profesional. ¿Será que con todos los elementos de los análisis y consultorías pagados con recursos públicos puedan diseñar una estrategia que brinde seguridad a toda la ciudadanía y no exista ni una muerte más?

Estado debe actuar con transparencia frente a familiares de personas privadas de la libertad en centro penitenciario de Cadereyta

13 de noviembre de 2018

Boletín 1811/27

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., estamos atentas a la situación en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta tras los eventos acontecidos durante la tarde del 12 de noviembre que levantaron señales de alerta por condiciones que pudieran detonar hechos violentos al interior de este centro.

Es de nuestro conocimiento que el centro penitenciario no está funcionando en condiciones de normalidad debido a que personas privadas de su libertad al interior del centro penitenciario de Cadereyta permanecen incomunicadas desde el 12 de noviembre en la tarde y tampoco han recibido alimentos durante esta mañana.

Existen además señales que indican la posible realización de traslados de personas desde la mañana de hoy al identificarse la salida de las instalaciones del centro penitenciario de dos autos de policías ministeriales, un camión de transporte de pasajeros sin rótulos oficiales y una vagoneta de Seguridad Penitenciaria.

Ante este escenario, exigimos que el Gobierno del Estado actúe con transparencia y se pronuncie de forma pública frente a la situación, ofreciendo información oportuna a las familias de las condiciones en que se encuentran sus familiares al interior del Centro de Reinserción Social de Cadereyta y notificando cualquier traslado que se haya realizado o pretenda realizarse, ya que precisamente la falta de información es lo que genera incertidumbre y vulnera el derecho de las familias a ser informadas.

La tutela de las personas privadas de la libertad es responsabilidad del Estado, el ofrecer los alimentos suficientes, garantizar la integridad física y emocional, y el apegarse a los protocolos establecidos para realizar traslados de personas no es una opción, sino que es una obligación del Gobierno de Nuevo León.

Inaceptable réplica de tragedia en el penal de Cadereyta, integridad de personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado

12 de noviembre de 2018

Boletín 1811/26

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Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por las recientes señales de alerta que hemos identificado ante la posibilidad real de que hechos violentos como los sucedidos el 9 y 10 de octubre de 2017 tomen lugar de nueva cuenta en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta.

En últimos días, el recién nombrado Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, ha realizado declaraciones  que nos preocupan como la autorización del uso de fuerza letal por parte de Fuerza Civil en escenarios de riesgo y la destitución de todo el personal directivo de los centros penitenciarios, incluyendo el titular de la Agencia de Administración Penitenciaria.

Tras la destitución del personal directivo de los centros penitenciarios no se ha informado con claridad quienes ocupan ahora los puestos, lo que nos parece de especial alarma pues al no conocer a estos perfiles no podemos saber si son las personas más adecuadas para asegurar que no existan enfrentamientos entre diferentes grupos al interior de los centros penitenciarios.

Nos parece especialmente preocupante que fue el mismo Aldo Fasci Zuazua quien asumió públicamente la responsabilidad de haber dado la orden a elementos de Fuerza Civil de ingresar con armas de fuego al Centro de Reinserción de Cadereyta el 9 y 10 de octubre de 2017, decisión que provocó la escalada del enfrentamiento y resultó en que elementos policiacos utilizaran la fuerza letal contra las personas privadas de la libertad.

Ante este panorama y considerando el reciente historial de hechos violentos dentro de los centros penitenciarios de Nuevo León, exigimos al Gobernador que asegure que su recién nombrado Secretario de Seguridad Pública actúe con estricto apego a estándares de legalidad y constitucionalidad, y que bajo ningún pretexto se acepte el uso desproporcionado de la fuerza al interior de los centros penitenciarios, menos aún, el uso de armas letales dentro de estos.

No podemos permitir que la serie de decisiones que llevaron a la tragedia del 2017 en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta se repitan. Si desde la Secretaría de Seguridad Pública no se actúa con apego al marco legal ni se garantiza la integridad de las personas privadas de su libertad, deberá tomarse a consideración si el titular actual es realmente el perfil idóneo para el puesto.

Insistencia del Gobierno del Estado en el control de policía regia, medida injustificada sin beneficios claros para la ciudadanía

8 de noviembre de 2018

Boletín 1811/25

 

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., externamos nuestra preocupación por la decisión del Gobierno del Estado de asumir el control administrativo de la policía municipal de Monterrey, defendiendo la medida con la utilización imprecisa del término “mando único”, el cual no se encuentra en la Ley de Emergencia Policial del Estado de Nuevo León con la que se respaldó la acción en su anunció el 2 de noviembre.

Esta decisión pareciera ser una reacción cortoplacista que en vez de contribuir a la protección de la ciudadanía puede generar confusión y mayores condiciones de inseguridad, especialmente para el ciudadano de a pie y la población más vulnerable.

Aunado a esto, la justificación inicial de la implementación de la medida ya no se sostiene puesto que el supuesto vacío de poder al que se hizo referencia en el anuncio del 2 de noviembre ya no es tal pues el Concejo Municipal rindió protesta desde el 6 de noviembre.

Desde agosto de 2017 hasta la fecha, hemos identificado múltiples violaciones de derechos humanos por parte de elementos de Fuerza Civil a través de entrevistas con personas detenidas en el Centro del Parque Alamey, las cuales nos dejan en situación de alerta debido a que no ha habido condiciones de transparencia, rendición de cuentas ni sanciones frente a estas acciones de abuso de autoridad desde la policía estatal.

Por esta razón, consideramos importante que las autoridades involucradas en que el Gobierno del Estado mantenga el control de la policía no olviden que el Concejo Municipal tiene un carácter temporal y que ningún interés particular debe estar por encima de la seguridad de la ciudadanía o afectar la institucionalidad del municipio de Monterrey.

Así mismo, insistimos en la urgencia de que las corporaciones policiales, tanto estatales como municipales, actúen apegadas a normas constitucionales y estándares que eviten el uso desmedido de la fuerza, implementando mecanismos de transparencia y control para  identificar y sancionar cualquier acción de sus elementos que viole los derechos humanos.

Responsabilidad de seguridad pública de Monterrey corresponde al municipio

3 de noviembre de 2018

Boletín 1811/24

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. externamos nuestra preocupación por la decisión de Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, de que la administración estatal asuma el control de la Policía de Monterrey por 60 días con posibilidad de prórroga.

Desde agosto de 2017 a la fecha, hemos venido realizando un Monitoreo Policial en el Centro de Detención Alamey, entrevistando a más de 2000 (dos mil) personas detenidas que nos lleva a concluir que la actuación de la policía estatal conocida como Fuerza Civil  tiene un historial de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluso llegando a casos que pudieran considerarse tortura.

Más allá del escenario de transición sin precedentes en el que nos encontramos tras la decisión de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral de anular las elecciones para el Ayuntamiento de Monterrey, consideramos que esta decisión unilateral por parte de la administración estatal no corresponde a la realidad en la que nos encontramos y bien pudiera agravar la situación de incertidumbre e inseguridad.

La responsabilidad de encabezar la administración municipal está siendo desempeñada con el reconocimiento oficial del Congreso de Nuevo León por Genaro García de la Garza, el Secretario General de Ayuntamiento de Monterrey de la administración que concluyó el 31 de octubre de 2018. Coincidimos con el Consejo Cívico de las Instituciones (CCINLAC) en que lo más conveniente sería dejar que el C. Eduardo Sánchez Quiroz siga siendo el responsable de la Seguridad Municipal de Monterrey.

El asumir las funciones de seguridad del municipio de Monterrey por parte de Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León sienta un precedente no deseado y abre la posibilidad de que las fuerzas municipales repliquen actuaciones de Fuerza Civil que vulneren los derechos humanos de los habitantes del municipio.

Por esta razón, consideramos necesario que la decisión se revierta y que el Gobierno del Estado se abstenga de actuar unilateralmente y por el contrario dialogue con el responsable oficial a la cabeza del Ayuntamiento de Monterrey, reconociendo que no existe el supuesto estado de emergencia o vacío de poder con el cual justifican la medida.

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