Autor: Edna

Palabras de la Hna. Consuelo Morales con motivo de la presentación del informe Falsas sospechas: detenciones arbitrarias por la policía en México ante el Senado de la República

Ciudad de México, 13 de septiembre de 2017

Agradezco la invitación del Senado de la República y de Amnistía Internacional para participar en la presentación del informe “Falsas sospechas” relativo a la práctica de la detención arbitraria de personas por los cuerpos de policía en México.

El informe que hoy presentamos tiene la ventaja de brindarnos una mirada a lo que sucede durante los arrestos, es decir, en los momentos de aprehensión de una persona y lo que sucede después cuando esa persona llega ante otras autoridades.

El informe toma en cuenta el punto de vista de los propios funcionarios públicos que tienen que lidiar con estas situaciones, como los ministerios públicos y los jueces.

Esto es importante porque, como explicaré, es fundamental acercase tanto a los ciudadanos como a las autoridades para evaluar con cuidado qué está pasando en el terreno y que se puede hacer desde otros ámbitos del Estado, como desde el poder legislativo.

Cuando se inició el proceso de investigación para este informe, Amnistía Internacional nos contactó para conocer nuestra experiencia sobre el tema y para que compartiéramos un caso que mostrara la realidad de la práctica policial y de seguridad en Nuevo León.

La organización que represento: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) trabaja principalmente en el estado de Nuevo León. Por años hemos atestiguado y documentado las constantes violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la seguridad de las personas, es decir, de policías de todos los niveles: municipal, estatal y federal y también de las fuerzas armadas que desde hace años andan haciendo -bastante mal- funciones de policía.

En Nuevo León, como sucede en buena parte del país, el sistema de seguridad no está respondiendo a las necesidades de las personas y está

El caso que acompaña CADHAC y que Amnistía documentó para este informe es el de José Humberto Márquez Compean. Se trata de un joven que se encontraba esperando el transporte público y fue detenido por policías municipales sólo “por parecer sospechoso” que es lo que dijeron en sus informes. Una serie de errores en la forma de gestionar este caso hizo que estuviera en medio de un tiroteo de hombres armados en contra de un convoy de autoridades, después fue trasladado en un helicóptero de la Marina a un hospital, pero nunca bajó del helicóptero. Al día siguiente apareció muerto, con señas de tortura… La Procuraduría General de la República no ha terminado de integrar la investigación en más de siete años de los hechos.

Este es un caso grave, pero no es un caso aislado, la situación que vivimos es grave y las ejecuciones extrajudiciales quedan en impunidad. Las prácticas de las policías no van a transformarse de la noche a la mañana, pero se tiene que iniciar un proceso cuidadoso de documentación, denuncia y diálogo que nos permita ir avanzando.

En este sentido, en tiempos recientes hemos iniciado un modelo de trabajo más directo con la policía, por ahora con la policía municipal de la ciudad de Monterrey. El modelo consiste en una observación directa de las detenciones y del lugar de detención, con entrevistas a personas que han sido detenidas, y sistematización de toda la información recabada. Con el análisis de dicha información CADHAC puede observar patrones de violaciones a los derechos humanos en la forma de prácticas inadecuadas e incluso ilegales por parte de varios elementos de policía y otros servidores públicos.

Estas observaciones son entonces llevadas ante autoridades del municipio y se empieza, con la evidencia en la mano, un proceso de diálogo para cambiar estas prácticas nocivas y lograr que la policía haga bien su trabajo, es decir, que respete y proteja a todas las personas.

El proceso es lento, pero hemos tenido algunos avances importantes y creemos que es una buena forma de ir avanzando.

A través de esta labor de documentar y acompañar casos hemos logrado entender varias de las dinámicas de poder, de corrupción que permean en las instituciones policiales. Igualmente, hemos observado cómo las malas condiciones laborales de las policías, la presión que reciben para incumplir leyes y protocolos, y la poca preparación que muchas de ellas reciben son un enorme obstáculo al momento de querer mejorar el respeto de la ley y los derechos humanos.

Por eso nos parece importante que Amnistía haya incluido un análisis de estas condiciones y que pida a México que todos los policías y todos los operadores de justicia tengan condiciones y recursos suficientes para hacer bien su trabajo.

Concuerdo con las recomendaciones que hace Amnistía Internacional a México, entre las que hay varias dirigidas precisamente el Congreso de la Unión y que deberían tomarse en cuenta como una muestra indispensable de que se tiene voluntad política para solucionar la crisis de seguridad y de derechos humanos que vive el país.

Quiero remarcar que se trata de una misma crisis, alentada por las mismas prácticas. Hay quienes quieren hacernos pensar que la responsabilidad de la violencia es de los derechos humanos, cuando claramente es la ausencia de políticas públicas de seguridad integrales y racionales lo que nos ha puesto en este escenario.

No puede haber un avance sustantivo en materia de seguridad si no se respetan los derechos humanos. Si se promulgan y aplican leyes abusivas, de mano dura, tendremos más violencia en la calle. La salida fácil de quitar derechos y aumentar penas no ha dado resultado en décadas y debemos ya abandonarla y encaminarnos en la construcción de un sistema de seguridad honesto, ágil, que recupere la confianza ciudadana.

Por lo tanto, debemos evitar esos discursos que quieren poner la culpa en el respeto a la ley y al derecho internacional y hacernos olvidar la impunidad, la corrupción y la mala preparación que priva en muchas instituciones de seguridad.

Ante esto, estoy muy preocupada por las iniciativas de reforma y las presiones que buscan debilitar el sistema penal y prácticamente regresar a un sistema en que el ministerio público no tiene que probar la culpabilidad del acusado, sino el acusado probar su inocencia.

Al Senado de la República le pido que no dé retroceso a la reforma en materia penal que permitió tener un sistema penal acusatorio y que no caiga en la trampa de dinamitar el sistema al introducir todas esas contrarreformas.

Ojalá el Senado lidere el proceso de poner a México en línea con sus compromisos internacionales y pronto derogue de la Constitución y de las leyes las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa que no tienen cabida en una sociedad democrática y sólo sirven como pretextos para que las policías y las fiscalías no hagan bien su trabajo.

Reitero mi agradecimiento al Senado por abrir este espacio de diálogo, que espero se traduzca en acciones legislativas concretas en favor de la ciudadanía. También agradezco a Amnistía el poner énfasis en estas cuestiones estructurales que están detrás de muchas graves violaciones de derechos humanos en el país.

Gracias.