2 noviembre de 2017
Boletín 1711/48
CADHAC desde hace mas de 20 años acompaña a víctimas y familiares de graves violaciones a derechos humanos, durante esta trayectoria hemos puesto en el centro de nuestra labor las necesidades de las mismas. CADHAC ha buscado ser voz de todas aquellas personas cuyas violaciones a derechos humanos quedan en el anonimato y de quienes no son escuchadas por las autoridades y/o la sociedad.
Debido a esto, tras los hechos violentos en el Penal de Cadereyta los días 9 y 10 de octubre, CADHAC abrió diferentes vías de comunicación con las familias y las víctimas para conocer y documentar la situación. Recibimos más de 400 reportes que nos permiten tener una visión de los acontecimientos desde la perspectiva de la personas privadas de la libertad internas en dicho centro. Ante la falta de transparencia del Estado sobre los hechos ocurridos, CADHAC tiene la necesidad de compartir las preocupaciones de las víctimas y familias.
De acuerdo a los testimonios obtenidos por CADHAC, los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violados con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras. No obstante, las violaciones a derechos humanos de las personas privadas de la libertad no cesaron el día 10 de octubre, sino que persistieron ante la falta de atención médica, de alimentación, acceso a la comunicación telefónica con sus familias, hacimiento desnudos, la constante criminalización por parte de las autoridades, entre otros. Además también reportan que al menos 50 personas privadas de la libertad perdieron la vida durante los hechos violentos ocurridos en Cadereyta. Si bien resulta gravemente preocupante la discrepancia en las cifras, es necesario resaltar que es la obligación del Estado brindar protección a la integridad física y moral, bienestar y seguridad a las personas privadas de libertad; de manera que los hechos son inaceptables independientemente del número de personas fallecidas y lesionadas.
Por otro lado, también ha habido una violación de los derechos de las familias de las personas privadas de la libertad en el Penal de Cadereyta, quienes por varios días no tuvieron conocimiento del estado de salud de sus seres queridos debido a la falta de información y transparencia de parte de las autoridades. El manejo de la información fue lenta, no transparente, ni acertada sin cumplir las necesidades de información de las familias. Ante esta situación las familias se desplazaron a las instalaciones del penal para intentar conocer la condición de su ser querido. La respuesta de la autoridad, lejos de ser asertiva, fue agredirlos con armas químicas, burlas, amenazas, acoso sexual, y criminalización.
Para esclarecer los hechos sucedidos, exigimos a las autoridades:
1) Una investigación independiente y efectiva que arroje cifras concluyentes y definitivas, aclare los hechos sucedidos durante los días 9 y 10 y garantice reparación a las personas afectadas y asuma garantías de no repetición. Por ello queremos hacer participe en esta investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2) Que en la investigación se analice si la actuación de Fuerza Civil dentro del penal fue acorde al uso legítimo y proporcional de la fuerza y si el uso de armas letales fue justificado. Además de investigar tratos inhumanos y degradantes como también nos han informado los diferentes testimonios.
3) Que los altos mandos responsables de la seguridad y bienestar de las personas privadas de la libertad internas en el penal de Cadereyta sean apartadas de sus cargos mientras las investigaciones pertinentes sean efectuadas.
Seguiremos dando por válido el testimonio de víctimas y familias hasta que no haya una investigación pertinente y transparente que demuestre lo contrario.
