El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña para reconocer sus derechos y el empoderamiento de las niñas y las jóvenes.
La igualdad de género es esencial para la paz. Las niñas y las mujeres representan la mitad de la población mundial, sin embargo, en todo el mundo, las niñas y las mujeres siguen siendo discriminadas y excluidas de la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida.
Aún hoy, las niñas tienen menos acceso que los niños a la educación, la salud y la protección. Se les impide participar en la toma de decisiones sobre su cuerpo y su vida, y son víctimas de violencia y abuso.
Es esencial que todas y todos actuemos contra la discriminación y la exclusión de las niñas y adolescentes.
En 2022 celebramos el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña, y el lema es: “Ha llegado nuestro momento: nuestros derechos, nuestro futuro”.
Hace 20 años se estableció el 10 de octubre como el Día Mundial contra la Pena de Muerte con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto perjudicial que tiene esta práctica violatoria de derechos humanos y exigir su abolición.
Esta pena fue completamente abolida en México apenas en 2005. Sin embargo, todavía hay regiones donde las personas son ejecutadas por sentencia de autoridades judiciales. Actualmente, 144 naciones han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica, pero hay 55 países que aún no lo han hecho. La mayoría de las ejecuciones conocidas que se realizaron en el último año se llevaron a cabo en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2021 hubo 579 ejecuciones en 18 países alrededor del mundo, lo que representa un incremento del 20% en comparación con las 538 ejecuciones registradas en 2020.
La visión favorable hacia la pena de muerte, incluso entre personas que viven en sociedades donde se ha abolido, se basa en ideas falsas que es necesario desmentir. La principal de ellas es que representa un método efectivo para acabar con el crimen. Sin embargo, esto no tiene respaldo en la experiencia internacional. No hay evidencia de que los Estados que aplican la pena capital tengan una tasa de criminalidad más baja que aquéllos que no lo hacen. Más bien, el factor clave para disuadir el crimen es la probabilidad de arresto, no la severidad del castigo.
Lamentablemente, la pena de muerte implica la posibilidad de que una persona inocente sea ejecutada, pues no existe un sistema de justicia inmune al error. Aunque se siga el debido proceso y se apliquen todas las garantías legales, no hay ninguna certeza de que eventualmente no surjan nuevas evidencias que prueben la inocencia de una persona ejecutada. Desgraciadamente, para esa persona no puede haber vuelta atrás.
En 2022, el Día Mundial contra la Pena de Muerte se enfoca en la relación entre la pena capital y la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos comprenden la tortura física y psicológica de los condenados, así como el sufrimiento de sus familiares y personas cercanas. Asimismo, las discriminaciones basadas en el sexo, el género, la pobreza, la edad, la orientación sexual, la pertenencia a una minoría religiosa y étnica pueden agravar el trato cruel, inhumano y degradante de las personas condenadas a muerte.
La ampliación del periodo en el que los militares realizan tareas de seguridad pública refleja una estrategia federal que no ha priorizado el fortalecimiento de una corporación policiaca efectiva. Al aprobar que se extienda la participación de las fuerzas armadas en este ámbito hasta 2028, el Senado no ha tomado en cuenta el grave riesgo que representa para el respeto y protección de los derechos humanos.
Este dictamen aprobado propone extender la presencia de los militares en las calles cuatro años más de lo que estableció la reforma de 2019. De acuerdo con esa reforma, el plazo que vence en 2024 se utilizaría para reforzar a las policías locales y consolidar a la Guardia Nacional. No obstante, la prórroga indica que no se han llevado a cabo acciones efectivas para devolver la política de seguridad pública a las autoridades civiles. Además, la presencia militar se extendería en el sexenio de la persona que suceda al presidente López Obrador, limitando su capacidad de desarrollar una nueva política de seguridad.
La permanencia de los cuerpos militares en tareas de carácter policial prolongaría una estrategia que no ha sido eficaz para generar paz y justicia. En diversos estados del país se han presentado casos de participación de elementos de las fuerzas armadas en ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Debido a estos delitos, algunos militares han sido condenados a prisión. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido distintas recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos. Estas circunstancias muestran los riesgos para los derechos humanos que entraña una estrategia de seguridad pública militarizada.
Si bien las policías locales hoy en muchos casos no pueden preservar la seguridad pública, recurrir a las fuerzas armadas tendrá consecuencias negativas en materia de protección de derechos humanos y en el desarrollo de una política de seguridad pública civil.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Foto: Manifestación en el H. Congreso del Estado de Nuevo León-Ley Estatal de Atención a Víctimas en N.L 23 de octubre, 2013
La aprobación de la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas es una respuesta a una antigua demanda de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Sienta las bases para la consolidación de una política integral que responda a esta tragedia que ha vivido y sigue viviendo el estado.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han desempeñado un papel fundamental en las actividades de búsqueda e investigación. Asimismo, su colaboración fue clave en la construcción de la iniciativa que se presentó en el Congreso y que finalmente se aprobó. Por ello, es necesario destacar que el cumplimiento efectivo de esta Ley demanda poner en el centro las reivindicaciones de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.
Aprobada la ley, el desafío siguiente es el de hacerla efectiva. Cumplirla. Esto requiere la voluntad política de representantes y funcionarios públicos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para acabar con el problema de la desaparición de personas en Nuevo León, así como para garantizar los derechos de los familiares de las víctimas a la participación en su implementación de la política en la materia, a la verdad, la justicia y la reparación del daño, así como a que su ser querido sea buscado hasta ser encontrado.
Nuestro especial reconocimiento a los colectivos de familiares de víctimas que han demostrado su gran capacidad de resistir, proponer y actuar ante la desaparición de sus seres queridos. Su voluntad de organizarse para visibilizar sus demandas y reivindicar sus derechos se ha reflejado, entre otros ámbitos, en la creación de esta Ley. Sin las familias esta Ley no sería una realidad. Sin una política de implementación participativa, las autoridades no estarán cumpliendo con una responsabilidad urgente.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
El 30 de agosto se conmemora el día internacional de las víctimas de desaparición forzada.
En este marco CADHAC expresa su compromiso fraterno con las víctimas de desaparición en el país, y conmina al estado a garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. También hace un llamado a que se les garantice su derecho a ser buscadas, encontradas y reunidas con sus familias.
Sin demérito de lo anterior, CADHAC también hace un llamado a desarrollar acciones para prevenir las desapariciones. Necesitamos poner un alto a esta tragedia.
Hoy en día, México registra más de 100, 000 personas desaparecidas. La mayor parte de ellas en los últimos 15 años. Lamentablemente, cada día desaparecen personas y cada día más familias viven el dolor y la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos.
Es por ello por lo que consideramos urgente la necesidad de que todos los órdenes de gobierno se concentren en que no desaparezca una persona más en el país. Esto es lo que he recomendado el CED y es lo que nosotros en nuestro trabajo cotidiano estimamos urgente.
Levantamos nuestra voz para que el derecho de las personas a ser buscadas sea efectivo. Hay más 100, 000 personas titulares de este derecho que lo requieren.
Levantamos nuestra voz para que haya justicia y verdad. Para que sepamos que pasó a quienes nos faltan. Para que la impunidad que es la regla sea sustituida por la justicia y la rendición de cuentas de los responsables.
Levantamos nuestra voz para que las familias que están buscando a sus seres queridos sean reparadas en el daño que sufrieron y sean sujetos de apoyos especiales dada su situación.
Condenamos el homicidio de nuestros hermanos jesuitas Javier Campos Morales, S.J. y Joaquín César Mora, S.J., en Chihuahua, nos solidarizamos en la exigencia de #PAZ, #JUSTICIA y protección inmediata para toda la comunidad de Cerocahui. No más impunidad.
Nuestras más sentidas condolencias para la comunidad Jesuita, familiares y seres queridos.
Desde CADHAC queremos expresar nuestra profunda preocupación por el aumento sistemático de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en Nuevo León.
Es abrumador el número de niñas, niños y adolescentes desaparecidas. Sus casos permanecen impunes. También es indignante la impunidad en torno a las irregularidades en la muerte del niño Ángel Manuel Moreno de 14 años en el Centro Fabriles del DIF quién estaba bajo responsabilidad legal del DIF Capullos, desde los 4 años de edad, junto con su hermana. Ángel fue trasladado de forma irregular a un albergue para niñez migrante, donde perdió la vida en medio de denuncias anónimas de maltrato y violencia física; sin informar a la fiscalía de estado para descartar posibles delitos, su cuerpo fue incinerado inmediatamente. Las respuestas institucionales muestran contradicciones y desinformación dejando paso a no serias sospechas, y hasta el momento permanece impune.
¿Hasta cuándo vamos a permitir el sacrificio de nuestra niñez?, Creemos que es necesario indignarnos y levantar la voz para que el gobierno del estado desarrolle políticas de prevención y protección de las violencias de las que son víctimas. Es necesario que las autoridades estatales cumplan con las leyes nacionales y sus compromisos internacionales respecto a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos la protección integral basada en su interés superior.
La falta de debida diligencia y las omisiones en el esclarecimiento de los hechos de violencia son violatorias. Lamentablemente los derechos de la infancia no están en el centro de las decisiones del estado de Nuevo León, dejándoles en una condición de mayor vulnerabilidad, los subordinan con una mirada adultocéntrica, e impermeable a los principios básicos del enfoque de derechos de la niñez.
Es momento de dejar de lado las peleas y mezquindades por parte de los partidos políticos y el gobierno; y concentrar esfuerzos políticos e institucionales para garantizar el disfrute de todos los derechos de quienes merecen todo nuestro respeto y atención amorosa como sociedad: niñas, niños y adolescentes.
Seguir postergando el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes por los intereses de los adultos es un grave riesgo para su presente y futuro.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, se movilizan en el marco de la semana Internacional de las Personas Desaparecidas, para exigir BÚSQUEDA, VERDAD y JUSTICIA ante las cientos de miles de personas desaparecidas el país y las más de 6 mil personas en Nuevo León.
Comunicado de AMORES – Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León
Manifestación en el marco de la semana Internacional de las Personas Desaparecidas
AMORES La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León se movilizan para exigir BÚSQUEDA, VERDAD y JUSTICIA #nomasdesapariciones#DDHHpic.twitter.com/sJ6iCILbD1
Esta semana el Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas, dio a conocer, que en México, superamos las más de 100,000 personas desaparecidas. Frente a esta terrible situación CADHAC considera urgente reflexionar acerca de ¿qué significa esto?
Significa que miles y miles de familiares en todo el país, en su mayoría mujeres, buscan incansablemente a sus seres queridos. Tocan todas las puertas, suplican, gritan, toman palas para buscar, se convierten en investigadoras para que sus casos avances en las fiscalías y también en expertas en derecho para hacer avanzar el andamiaje legal que haga efectivos sus derechos (y los de sus seres queridos) a la verdad, la justicia y la reparación del daño. Esfuerzos de años que sin embargo no alcanzan. Tenemos un México donde la tristeza y la impotencia nos impregna.
Significa que la falta de respuesta de las autoridades y la indiferencia de muchas de ellas no tiene límites. Nos faltan 100,000 personas y no hay resultados. Para nuestros gobiernos la búsqueda de la verdad y la justicia no parece ser una prioridad. Lo que hemos vivido en las últimas semanas en Nuevo León da cuenta de ello.
Significa que ante la ausencia del cumplimiento de sus obligaciones las autoridades optan por la revictimización, la indiferencia, el uso político de los casos e incluso la negación cuando las desapariciones son una realidad que nos golpea la cara.
Significa que somos un país en que se optó por una política de seguridad militarizada que está lejos de poner en el centro las necesidades de las personas.
Significa que somos el segundo país con más acciones urgentes ante el Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, solo superado por Irak. El país al que este Comité decidió realizar su primera visita a un Estado y constató la crisis de violencia, la diversidad de perpetradores, la crisis forense y señaló claramente el camino a transitar: terminar con la impunidad e implementar una política de prevención para que esto no siga sucediendo.
Significa que es momento de que las organizaciones de la sociedad civil, nos mantengamos cada vez más cerca, con un abrazo protector, y fortalezcamos la exigencias desde nuestros espacios para que la negación se torne en reconocimiento, la indiferencia en atención, la revictimización en la centralidad de las víctimas, la competencia y la mezquindad entre dependencias en colaboración, la simulación en recursos y decisión para hacer las cosas de otro modo acorde a la magnitud del problema para brindar las respuestas que se merecen las víctimas.
Significa que necesitamos una dosis de humildad para reconocer esta terrible y desoladora realidad y sumarnos para que quienes no están vuelvan a casa.
Este 10 de mayo, día de las madres, no es motivo de celebración para quienes enfrentan la dolorosa ausencia de un hijo. Para las madres de las y los desaparecidos, es un día que lejos de festejar, se ha convertido en un día de lucha y esperanza. En Nuevo León se conmemoró al grito de ¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha! ¡Hija, escucha, tu madre está en la lucha!
La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES y Buscadoras de Nuevo León convocaron a una manifestación pacífica a las afueras de la Fiscalía General de Justicia en el marco de la Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus hijos e hijas, Verdad y Justicia.
“Este 10 de mayo para nosotros no hay nada que celebrar,” dice la Sra. Juany, madre de José Cruz Sánchez (desapareció el 2 de octubre de 2012 en Tamaulipas) e integrante de AMORES de N.L. @cadhacpic.twitter.com/mTOO0ouYob
Exigimos Justicia y Localización de nuestros hijos e hijas. Que la sociedad nos escuche y sepa que en México habemos más de #100MilCorazonesRotos esperando su regreso.
