Autor: comunicacion

1 de noviembre de 2016

Les compartimos que a partir del 7 de noviembre estaremos en una nueva casa.

Agradecemos su compresión por las fallas técnicas que estamos teniendo con nuestro servicio telefónico y el de internet debido a los cambios que se están necesitando hacer.

Seguimos trabajando junto a ustedes en este nuevo lugar.

We are happy to inform you that CADHAC is changing location starting November 7th. In the poster you will find the details of our new address.

We will appreciate your patience during this first week if we delay in responding emails, we may have some internet and phone problems due to our moving, but they will be solved briefly.

We are ready to keep working together with you in our new place.

13 de octubre de 2016

Boletín de Prensa No. 1610/46

Una nueva riña ha ocurrido hoy en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico. De acuerdo con medios de comunicación, esta riña ha dejado un saldo de un interno muerto y al menos 8 heridos (de los cuales 7 tuvieron que ser hospitalizados). Este hecho resulta completamente inaceptable ante el supuesto control asumido por las autoridades estatales.

Una y otra vez hemos urgido al gobierno de Nuevo León dar prioridad a la seguridad y a la integridad física de las personas en los centros penitenciarios, pero esta solicitud parece ser minimizada. Las condiciones de vida de las y los internos en los centros penitenciarios estatales deben ser prioridad para que así proteger la integridad de las personas recluidas, cuya seguridad es únicamente responsabilidad del Estado.

La muerte de Cristian Rubén Cantú Gómez, sucedida el día de hoy, suma la número 57 de las sucedidas en 2016 (56 en el Topo chico y 1 uno en Cadereyta). Lo que conlleva la responsabilidad de una investigación objetiva que concluya en la reparación a sus familiares por la muerte violenta de su ser querido.

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) consideramos que es urgente que se ejecuten las medidas necesarias para contener este gravísima situación y esclarecer la realidad de lo sucedido, así como la sanción correspondiente de los responsables.

¡Ni una muerte más en los penales estatales de Nuevo León!

10 de octubre de 2016

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

5 de octubre de 2016

Boletín de Prensa No. 1610/44

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) lamenta la muerte de Julio César Verde Hernández, interno del Centro Preventivo y de Reinserción Social Cadereyta, quien falleció a consecuencia de las heridas recibidas en riña el día 28 de septiembre del año en curso.

La muerte de Verde Hernández es la primera en este año a consecuencia de la violencia en este centro penitenciario. Reiteramos que el Penal de Cadereyta se ha distinguido por ser el que mejores niveles de seguridad y calidad de vida ofrece a los internos y es muy lamentable que estas condiciones se estén perdiendo.

Exhortamos a las autoridades estatales a que vigilen la situación de los tres centros penitenciarios de Nuevo León, protejan la integridad física de cada una de las personas recluidas en ellos y realicen las estrategias correspondientes para este fin.

Tan solo en este año CADHAC tiene registradas al menos 56 muertes en los centros penitenciario de Nuevo León (Topo Chico y Cadereyta), lo que resulta muy lamentable pues la seguridad de estas personas estaba bajo la responsabilidad directa de las autoridades estatales.

29 de septiembre de 2016

Boletín de Prensa No. 1609/43

Una vez más los centros penitenciarios en Nuevo León son noticia. Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. lamentamos que el sistema penitenciario estatal siga mostrando fallas en la seguridad.

Ayer se registró una riña entre grupos rivales de la delincuencia organizada en el Centro de Readaptación Social Cadereyta, en donde tres internos resultaron heridos. De acuerdo con los medios de comunicación, fueron al menos 10 internos los que se enfrentaron a golpes y con puntillas, pero fueron sometidos a tiempo por el personal de seguridad del penal.

No nos sorprende que un evento de esta naturaleza haya sucedido en el penal de Cadereyta, pues recientemente hemos recibido reportes de que la seguridad en este lugar podría estar siendo vulnerada debido a ciertos traslados que se están realizando del penal del Topo Chico hacia el del Cadereyta.

Urgimos a las autoridades estatales a tomar las medidas necesarias para fortalecer las medidas de seguridad que siempre se habían tenido en este centro penitenciario, que se distinguía por tener las mejores condiciones de seguridad y calidad de vida para los internos.

De nuevo hacemos hincapié en que la seguridad de las personas privadas de su libertad es responsabilidad de las autoridades. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas internas; y los hechos ocurridos ayer demuestran nuevamente que el Gobierno del Estado sigue fallando en esta labor.

25 de septiembre de 2016

Boletín de Prensa No. 1609/42

Se cumplen dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 puso en la mira internacional la grave crisis de derechos humanos y del sistema judicial que se vive en México desde hace más de una década. Es alarmante que, a pesar de que la desaparición de los 43 es un caso emblemático, las autoridades no han podido dar con el paradero de los muchachos ni con los verdaderos responsables de su desaparición, sino por el contrario: sus investigaciones han derivado en conclusiones cuestionadas por instancias y expertos internacionales.

Es urgente que el gobierno federal asuma su responsabilidad en este caso que es considerado paradigmático por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, y en todos los cientos de casos sin resolver que existen en todo el país. Cada día que pasa sin conocer el paradero de estos jóvenes representa un golpe a nuestro sistema de justicia y al corazón de los padres y madres de estos estudiantes.

Es de suma relevancia tener presente que la ausencia de acceso a la justicia en el caso de Ayotzinapa revela la incompetencia generalizada que existe para localizar a las más de veinte mil personas desaparecidas en nuestro país.

El impacto en cada una de las familias es devastador, así como la afectación al conjunto de la sociedad. Es urgente que el gobierno actúe en lo inmediato, tanto para proporcionar apoyo integral a las víctimas, como para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

¿Dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa?, ¿Dónde están las cientos de personas desaparecidas en Nuevo León?, ¿Dónde están todas y todos los desaparecidos en el país? ¡Exigimos justicia y saber dónde están!

“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.

20 de septiembre de 2016

Boletín de Prensa No. 1609/41

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) exigimos al ayuntamiento de San Nicolás actúe con firmeza y esclarezca la muerte de Humberto Belmares Montantes, quien fue detenido por la Polisan el jueves 15 de septiembre.

De acuerdo con los medios de comunicación, el ahora occiso fue detenido por consumir alcohol en la vía pública y sus padres, al no poder pagar la multa, decidieron dejarlo detenido por 36 horas. Sin embargo, dentro de ese tiempo que Belmares Montantes estuvo bajo la custodia del municipio de San Nicolás, sufrió una fractura de cráneo, misma que presuntamente le ocasionó la muerte.

Al respecto, el Edil Víctor Fuentes afirmó que se trató de un accidente, pues Belmares Montantes cayó de una litera de dos metros de altura debido a su estado de ebriedad, dicho que requiere ser validado con dictámenes médicos correspondientes.

Consideramos que este incidente es muy grave, pues el ahora occiso se encontraba bajo el cuidado de la autoridad. Es imperativo que la administración de Víctor Fuentes dé respuesta inmediata a la familia de Belmares Montantes a través de una investigación objetiva que esclarezca el motivo y causas de este fallecimiento, además de reparar el daño.

Recordemos que de acuerdo a la Constitución[1] y tratados internacionales, corresponde al Estado garantizar la seguridad, integridad y derechos de todas las personas que se encuentran en su municipio y de manera especial quienes se están privadas de su libertad.

[1] Art. 115 Constitucional habla sobre la función de los municipios de proveer seguridad pública. En los casos de Vélez Loor v. Panamá, Neira Alegría y otros v. Perú y Pacheco Teruel y otros v. Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado el carácter especial de garante de todos los derechos de las personas en los centros de detención.