Más de 740,000 musulmanes rohinyá están estancados en Bangladés, sin la oportunidad de regresar a su casa tras haber sido expulsados del estado norteño de Rakhine (ubicado en Myanmar), huyendo de asesinatos generalizados, violaciones y la quema de sus hogares a manos del ejército de Myanmar.
Los rohinyá son un grupo étnico musulmán de Myanmar que desde 2017 han sido objeto, de acuerdo con Naciones Unidas, de una limpieza étnica por parte de las autoridades de Myanmar que ha obligado a la mayoría a refugiarse en Bangladés. El gobierno de Myanmar continúa desafiando al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas al negar la existencia de violaciones de derechos humanos hacia los rohinyá, además de negarse a investigar seriamente y enjuiciar estos crímenes o cooperar con los esfuerzos internacionales.
El gobierno de Myanmar considera a los rohinyá inmigrantes ilegales y, en efecto, les ha negado la ciudadanía, a pesar de que la mayoría de ellos han vivido en Myanmar por generaciones. En los últimos años, la marginación de los rohinyá en 10 sociedades de Myanmar ha conducido a diversas oleadas de violencia entre la minoría musulmana rohinyá y la mayoría budista rakhine. Hoy, los rohinyá viven en el asentamiento de refugiados más grande del mundo, donde casi un millón de personas esperan la oportunidad de regresar a sus hogares algún día.
Los donantes y los actores institucionales involucrados deben insistir en que el gobierno y el ejército de Myanmar garanticen la seguridad y los derechos básicos de los rohinyá, garanticen el acceso sin trabas a las agencias humanitarias internacionales para proporcionar recursos y monitorear los derechos, y brindarles la ciudadanía plena, con todos los derechos y protecciones correspondientes. El gobierno de Myanmar debe abordar estas demandas y las causas profundas de la crisis, incluida la persecución sistemática y la violencia, la apatridia y la impunidad militar por violaciones graves de los derechos humanos.
Debido a su pasado como antigua colonia británica, Hong Kong se rige por un acuerdo de “un país, dos sistemas” frente a China, lo cual le garantiza un nivel de autonomía (región administrativa especial). A pesar de su autonomía, el régimen autoritario chino obstaculiza constantemente los derechos propios de Hong Kong como: la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a gobernar su propio estado. En abril pasado, el gobierno de Hong Kong presentó un proyecto de ley que permitiría extraditar a las personas acusadas de crímenes contra China continental, poniendo en riesgo a activistas y periodistas, ya que podrían enfrentar un juicio injusto y un trato violento. Desde entonces, las protestas no han parado en la región y han sido reprimidas de forma violenta por la policía (uso ilegal de porras y balas de goma, uso indebido de agentes antidisturbios, falta de identificación policial visible y restricciones a periodistas y médicos). Mostramos nuestra solidaridad a los activistas de derechos humanos en la región.
CADHAC continúa avanzando en el proyecto que realiza junto con la Comisión Internacional para Personas Desaparecidas (ICMP), el cual está orientado a la mejora de las capacidades técnicas del Estado en materia de desaparición. En ese marco, el Equipo Referente -conformado por familiares de personas desaparecidas- se ha capacitado en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta Ley entró en vigor en 2018 y su correcta aplicación es fundamental para que se avance en el acceso a la verdad y la justicia, garantizando que se articulen las instituciones involucradas en esta grave problemática y se avance en la obtención de resultados en cuanto a búsqueda e investigación, así como en la atención y respeto de los derechos de las familias afectadas. El Equipo Referente capacitará en breve al amplio colectivo al que pertenece: la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES.
