El posible riesgo de ecocidio de “La Huasteca” ha vuelto a despertar un interés medioambiental de la sociedad regiomontana en general, traducido en actos de protesta en el sitio y “virtuales”, declaraciones públicas, además de un nuevo marco regulatorio “anti-prohibicionista” frente a nuevas edificaciones.
El impacto ambiental de la urbanización en “La Huasteca” no solo debe entenderse como un hecho aislado, sino como una realidad compleja que no solo se reduce a asentamientos inmobiliarios, ni es exclusiva de dicha zona sino de todo el Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
Los límites del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM) corresponden precisamente a la Curva De Monterrey por el norte y con el área metropolitana de Monterrey (AMM), al oeste con la línea divisoria con Coahuila, al este con el cañón del Huajuco y al sur con el río Pilón, extensas 177,395 hectáreas dominadas por sierras, cañones y barrancos. En el período 1934-1938, durante el mandato del entonces presidente Lázaro Cárdenas, se declararon 36 “parques nacionales”, incluyendo al PNCM. El decreto original de 1939 expone como justificación principal para su creación, la protección de la cubierta vegetal de sus ecosistemas para regular las avenidas extraordinarias producidas por las lluvias torrenciales y con ello evitar inundaciones en la ciudad de Monterrey. La extensión original del parque fue de 245,000 hectáreas, pero el crecimiento urbano en Monterrey fue modificando los límites geográficos, quedando en 177,395 hectáreas, lo que representa una pérdida de 67,604 hectáreas. Tres años después, el presidente Manuel Ávila Camacho legalizó la explotación y afectación de terrenos de dicha área por contar con “terrenos que tengan pendiente de 10 por ciento o menos y que sean apropiados para los cultivos agrícolas”. Durante la administración federal de Ernesto Zedillo, el 17 de noviembre de 2000, también por decreto presidencial se declaró dicha región como Área Natural Protegida con el carácter de parque nacional, derogando así los primeros dos decretos.
Más que un atractivo visual, las montañas de la ciudad fungen como una fuente de agua. Solamente tomando en cuenta las montañas comprendidas hoy dentro del PNCM, se obtiene el 40% del agua total que se consume en la ciudad. Las construcciones y desmontes reducen la infiltración del agua, generan escasez, minimizan las zonas de absorción y se promueve el riesgo de inundaciones. Las áreas del PNCM que cumplen con función de captar y proveer agua son: Adjuntas-Río Ramos, Río Pilón y La Estanzuela. Pero no son las únicas en el área, porque a esas fuentes de agua superficial, hay que añadir la que se extrae del subsuelo en todo el territorio de La Huasteca.
El acelerado desarrollo urbanístico representa una amenaza importante para el PNCM. A pesar de estar protegido desde 1939, distintas empresas han buscado desarrollar diversas zonas en el interior, mediante antiguos títulos de propiedad “amparados contra la declaratoria del PNCM”. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ser una área natural protegida implica: prohibición de obras o actividades que alteren o causen daños irreparables al equilibrio de los ecosistemas; se evitan actividades y/o prácticas que propicien erosión, degradación o la modificación de la topografía. No existe una adecuada regulación legislativa, lo que ha propiciado la especulación de empresarios que pretenden urbanizar los cañones del PNCM (ejemplo: Valle de Reyes en “La Huasteca”). Sin importar que Agua y Drenaje de Monterrey ha reconocido que los pozos localizados en dichos cañones se extrae, al menos, 10% del agua que se consume en el AMM. Otro ejemplo es el área de “Guitarritas”, donde existen sitios sagrados para el pueblo huichol y una amplia gama de pinturas rupestres, se ha visto amenazada por la iniciativa privada. En sí, el PNCM fue declarado en 2006 por UNESCO como una reserva de biósfera. Si se llegara a realizar alguno de estos proyectos urbanísticos dentro del PNCM con el pretexto de continuar el crecimiento del AMM, se afectaría todo un ecosistema silvestre.
Otra problemática del PNCM es el turismo no regulado. El PNCM es un patrimonio de todos y todos tenemos derecho a disfrutar de él, sin embargo, se debe tener un marco de leyes que eviten el abuso de recursos en la zona. Se han registrado tiraderos clandestinos de basura a lo largo del PNCM. Un ejemplo de ello, es un tiradero que se ubica en el camino a Laguna de Sánchez, en donde se encuentra todo tipo de basura: ropa, botellas de vidrio, pañales y comida. Asimismo, la presencia de colillas de cigarro pueden ocasionar incendios forestales.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el año 2030, Nuevo León tendrá aproximadamente un millón de nuevos habitantes, 90 por ciento en el AMM; lo que agravará sus problemáticas ambientales: escasez de agua, contaminación, pérdida de áreas verdes, riesgos geológicos e hidrológicos, hacinamiento, congestionamientos viales, inseguridad, entre muchos otros.
Por otro lado, la introducción de especies invasoras afecta al PNCM. El PNCM, ha sido clasificado por la Comisión Nacional para el Estudio y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), como una región terrestre prioritaria. El sitio alberga a las comunidades vegetales de mayor valor ecológico de Nuevo León, principalmente bosques de pinos y encinos, así como pastizales y diversas composiciones florísticas a lo largo de los ríos y cañadas. Se han registrado 1 mil 368 especies de flora y fauna en el parque, 73 consideradas en peligro de extinción, amenazadas, endémicas o bajo protección especial. La introducción de especies invasoras, como los árboles de trueno o sombrillas japonesas, daña el ciclo natural de alimentación y reproducción de la flora y fauna del PNCM. Desde un simple gato que se ha soltado por error dentro del parque, se puede ocasionar un cambio en el modo de vida de las demás especies que alberga el PNCM.
El modelo de gobernanza medioambiental en Nuevo León requiere una renovación completa. Hay muchos espacios que sufren de esta falta de gobernanza, como es el caso de Cuatro Ciénegas que no tiene los mismos intereses que el PNCM. Mientras no exista una adecuada solución y gestión de problemas ambientales, se seguirán avanzando situaciones como: el desarrollo urbano, falta de capacidades institucionales para garantizar sanciones dignas, ausencia de trabajos de compensación y de recuperación de lo dañado, etc. Es necesario hacer valer los marcos normativos vigentes y legislar nuevas protecciones.
Tenemos derecho a vivir en este planeta pacíficamente: respirar aire limpio, beber agua limpia, disfrutar del clima, la tierra y los mares que nuestros antepasados disfrutaron. No es un derecho exclusivo de las personas sino de todas las especies. Es un derecho estrechamente relacionado con el derecho a la vida. La sobreexplotación de los recursos naturales está conduciendo a todas las especies hacia un precipicio.
Dado lo anterior, en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), instamos a que las autoridades e instituciones dialoguen y apliquen los marcos normativos necesarios para cambiar dicha realidad estatal. Los derechos humanos no deben ser violados, ni alterados por intereses económicos, sino más bien deben ser los rectores en toda actividad económica y social.
Cónsul General William Duncan visita Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
