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Autor: comunicacion

HRW: Hay que reducir la sobrepoblación carcelaria para combatir el COVID-19 en América Latina

by comunicacion

2 de abril de 2020

Boletín 2004/01

 

 

HRW: Hay que reducir la sobrepoblación carcelaria para combatir el COVID-19 en América Latina

La insalubridad y el hacinamiento en las cárceles y centros de detención juvenil en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe crean las condiciones perfectas para la propagación del COVID-19, en detrimento de la salud de las personas privadas de la libertad y de la población en general.

“Un brote de coronavirus en las cárceles de América Latina generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los reclusos sino también al resto de la población”, declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). “Las autoridades aún están a tiempo, pero deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible”. Una vez dentro de los centros de detención, el COVID-19 podría propagarse rápidamente e infectar al personal, contratistas, visitantes, abogados y luego a detenidos liberados, lo que podría transmitir la enfermedad a la población general.

Es urgente que en el Estado de Nuevo León se tomen medidas para evitar un desastre de salud causado por una epidemia de COVID-19 en las cárceles, que también tendría consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población. HRW señala que la medida preventiva más importante es reducir el hacinamiento en las cárceles y los centros de detención juvenil.

De acuerdo al Diagnóstico de la Situación Penitenciaria en Nuevo León publicado por la CEDHNL el 9 de diciembre de 2019, se encontraron numerosas deficiencias en todos los centros penitenciarios referentes a la falta de personal, medicamentos y saneamiento. Estas condiciones insanas y hacinamiento impiden tomar las medidas adecuadas para salvaguardar su salud de una manera integral ante tal contingencia.

De acuerdo con la Alta Comisionada de Derehos Humanos de la ONU y  Human Rights Watch, ante esta situación de urgencia, los gobiernos deben considerar alternativas de detención, a fin de reducir considerablemente la población privada de su libertad  y proponen se haga en  los siguientes supuestos,

  • Personas en prisión preventiva por delitos de baja gravedad o no violentos, o que no representen un riesgo significativo de fuga;
  • Personas en establecimientos con régimen semi-abierto que trabajan en la comunidad durante el día;
  • Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, mujeres y niñas embarazadas, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH.
  • Personas que cuidan a otras y han sido acusadas o condenadas por delitos no violentos, incluidas mujeres y niñas encarceladas con sus hijos y los presos que son los principales cuidadores de niños y niñas;
  • Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta; y
  • Otras personas cuando resulte innecesario o desproporcionado que sigan detenidas.

Es importante que el Gobierno de Nuevo León desarrolle planes integrales de prevención y respuesta de COVID-19 en los centros de detención que no consistan exclusivamente en confinamiento solitario, sino que establezcan medidas para proteger la salud física y mental de los detenidos. Estos planes deben incluir, entre otras cosas, acceso al agua potable, productos de higiene, medicamentos e información sobre medidas sanitarias, y al menos, mantener informaciones que permitan a las familias saber el estado de salud de sus familiares internos.

En CADHAC, lamentablemente coincidimos que en Nuevo León, también cobran vigencia  estas apreciaciones y preocupaciones de Naciones Unidas y  HRW, en el sentido de que las prisiones latinoamericanas tienen un alto grado de hacinamiento que provoca que sean un espacio donde las enfermedades contagiosas se puedan propagar con rapidez.  Por lo que insistimos a que el Gobierno de Nuevo León tome las medidas necesarias urgentes para evitar que la pandemia corra como dice HRW “como un reguero de pólvora por las cárceles”.  Esto significa preservar la Seguridad Pública.

Hoy por hoy, las recomendaciones de dos organismos internacionales, expertos del tema, coinciden que el camino es: reducir la población penitenciaria, y han mencionado los supuestos en quienes debe liberarse a la brevedad. ¿Qué se necesita para evitar que esta pandemia, cobre vidas entre las personas privadas de su libertad y quienes le acompañan?

 

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

Organización de las Naciones Unidas se pronuncia para proteger a las personas privadas de libertad COVID-19

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30 de marzo de 2020

Boletín 2003/06

Este lunes, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) emitió consejos detallados sobre una serie de acciones que los gobiernos y los organismos de supervisión independientes deberían tomar para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia COVID-19.

Aconsejan a los gobiernos que:

• Consideren la reducción de las poblaciones carcelarias mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de delincuentes de bajo riesgo.

• Revisen todos los casos de detención preventiva.

• Amplíen el uso de la fianza para todos los casos menos los más graves.

• Reduzcan el uso de la detención de inmigrantes y cerrar los campos de refugiados.

• Informen constantemente a todos los detenidos, sus familias y personal todas las medidas adoptadas.

Añade que “los gobiernos deben tomar las medidas de precaución necesarias para prevenir la propagación de la infección e implementar medidas de emergencia para garantizar que los detenidos tengan acceso a los niveles adecuados de atención médica y para mantener el contacto con las familias y el mundo exterior”.

Desde CADHAC, invitamos a que el Gobierno estatal asuma con seriedad estas recomendaciones. Esta pandemia debe ser también una oportunidad para mejorar las condiciones físicas de las instalaciones, así como el trato y atención a todos y cada uno de las personas privadas de su libertad en el marco de respeto Constitucional y Tratados Internacionales que el Gobierno se ha comprometido a cumplir.

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

María Asunción, primera persona atendida en Ventanilla de Atención a Víctimas de Desaparición

by comunicacion

María Asunción Alonso Martínez (69 años de edad)

Asunción Alonso es madre de José Joaquín (29 años) y Juan Antonio (27 años) Alvarado Alonso, desaparecidos desde el 26 de junio de 2011, después de una fiesta del Sindicato de la empresa KRAF, donde trabajaba José Joaquín.

En marzo de 2014 al finalizar una de las mesas de trabajo con la entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, Asunción se sintió mal, y al recibir atención médica fue diagnosticada con derrame cerebral que le paralizó la mitad del cuerpo. Desde entonces, permanece postrada en una cama. Su esposo, don Joaquín Alonso tuvo que dedicar su tiempo completo a cuidarla lo que implica levantarla, moverla de lugar, sentarla, darle de comer.

El pasado 25 de febrero que se inauguró la Ventanilla de Atención a Víctimas de Desaparición en Guadalupe, Don Joaquín se animó a llevarla al evento y ahí mismo al verla, la Alcaldesa Cristina Díaz, tuvo la gentileza de acercarse a ella y de inmediato se le cambió la silla de ruedas en malas condiciones que traía, por una nueva. Asimismo solicitó que en breve se atendieran todas sus necesidades.

Este es una pequeña muestra de lo que se puede resolver cuando cada una hacemos lo que nos corresponde. Falta mucho por hacer y no podemos perder más tiempo.

México debe cambiar prácticas de detención y despresurizar sus cárceles ante pandemia de COVID-19

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México debe cambiar prácticas de detención y despresurizar sus cárceles ante pandemia de COVID 19

• Gobiernos federales y estatales deben tomar medidas especiales en centros
penitenciarios para evitar propagación de COVID-19.
• Necesario cambiar prácticas de detención de instituciones de seguridad para
prevenir mayor saturación de fiscalías y centros penitenciarios.
• Urgente acelerar liberación de mujeres y personas con alto riesgo para
proteger a la población.

Ante el brote de COVID-19, algunos países han tomado medidas para mitigar los contagios dentro de las cárceles. Irán, por ejemplo, liberó a 85 mil personas de sus prisiones mientras que en Nueva York se ha pedido la liberación de las personas privadas de la libertad con alto riesgos de salud. Jueces en Ohio ordenaron también la liberación de detenidos en cárceles municipales y, en Los Ángeles, han liberado a 678 personas en las últimas dos semanas por la creciente preocupación por la pandemia. México debe tomar medidas similares para evitar la propagación del virus. Debido a las condiciones de estrecha proximidad, el encarcelamiento genera las condiciones idóneas para el contagio y éstas se agravan cuando existe hacinamiento, falta de agua y condiciones de higiene.

De acuerdo con el INEGI, en México actualmente hay 202,337 personas en los reclusorios y el 37% de las prisiones presentan sobrepoblación. A nivel nacional, 46% de las personas privadas de la libertad comparten celda con más de 5 personas y en algunos estados el número de personas por estancia es mucho mayor. En el Estado de México, la entidad con mayor población penitenciaria, 37% de las personas recluidas comparten celda con más de 15 personas. Una política de sana distancia simplemente no es posible bajo estas circunstancias. Además, según el INEGI, 11.2% de esta población es mayor de 50 años y entre ella existe una alta incidencia de enfermedades que pueden provocar formas más graves de COVID-19.

Por si fuera poco, las carencias de agua y artículos de aseo personal hacen imposible lograr las condiciones de higiene que permitirían prevenir contagios masivos en los centros penitenciarios. Según datos del INEGI, 30% de las personas privadas de la libertad no tienen acceso a agua potable en su celda (en el Estado de México este porcentaje asciende a 52%) mientras que, en centros estatales y municipales, solo 7.6% de las personas recibe artículos de limpieza por parte de la institución. Además de las condiciones deplorables en las que están las cárceles en México, es importante recordar que el 38.5% de quienes están privadas de la libertad ni siquiera cuentan con una condena, según la última edición publicada del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (octubre 2019). Los riesgos de contagio, sin embargo, no solo son para las personas privadas de la libertad, sino también para el personal que ahí labora y para los familiares que visitan los centros. En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿qué medidas, acorde con los derechos humanos, se están adoptando para mitigar los riesgos en estos lugares? ¿Están preparadas las instituciones de salud para atender a estas poblaciones?

Lo cierto es que, durante la pandemia, las instancias de seguridad no pueden continuar actuando de la misma forma. Dado que cada nueva persona ingresada al sistema genera riesgos adicionales, habría que limitar el encarcelamiento como medida de control social. Por ello, proponemos a los gobiernos estatales y federal:

1) Adoptar una política de no detención de personas por delitos no violentos, como es el caso del transporte y posesión de sustancias ilícitas o infracciones administrativas. En asuntos penales, debe privilegiarse, como la Constitución mandata, el uso de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

2) Liberar a mujeres hoy privadas de la libertad por delitos no graves o que no involucraron violencia. Esta propuesta forma parte de la Ley de Amnistía, la cual ya ha sido presentada en el Congreso y cuya aprobación debe acelerarse para ponerlas a salvo a ellas y a sus hijas e hijos; y

3) Excarcelar, tal como lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 146, a personas adultas mayores, o con alto riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19, entre ellas, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión y VIH.

4) Adoptar medidas de carácter urgente al interior de los centros de detención para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.

La suspensión de visitas no es una medida suficiente y antes de optar por ello, los gobiernos deben tomar en cuenta que en varios centros penitenciarios son las familias y no las instituciones quienes proveen alimentos, medicamentos, agua y otros enseres a la población. En ese sentido, negar la entrada a visitas pondrá en mayores riesgos a las personas privadas de la libertad.

Las organizaciones firmantes, urgimos a las autoridades a cumplir con su obligación de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, incluido el derecho a la salud. Proteger la salud pública en general, necesariamente implica velar por la salud de las personas que se encuentran en prisión.

Pedimos decisiones responsables, justas y oportunas.

Firmantes:
CAIFAM: Centro de Apoyo Integral para
Familiares de Personas Privadas de la
Libertad
Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juarez A.C. (Centro Prodh)
Colectiva Hermanas en la Sombra
Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos
Documenta A.C.
Elementa DDHH A.C.

EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.
Intersecta, Organización para la Igualdad
A.C.
México Unido Contra la Delincuencia A.C.
Mujeres en Espiral
Mujeres Unidas por la Libertad
Red de Juventudes VIRAL
Reinserta A.C.

¡No olvidemos las cárceles ni los centros de internamiento para los adolescentes en conflicto con la ley!

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20 de marzo de 2020

Boletín 2003/05

 

Conoce las nuevas instalaciones del penal de Apodaca

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), nos preocupamos por las condiciones sanitarias dentro de los Centros Penitenciarios Estatales y los centros de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

Las personas privadas de libertad representan uno de los grupos con mayor riesgo de contagio si el virus se propagara al interior de los centros penitenciarios y centros de internamiento. Las violaciones o la inobservancia de los derechos humanos, particularmente del derecho a la salud, puede conllevar graves consecuencias sanitarias. Se suele denegar a las mujeres, hombres y adolescentes privados de libertad el acceso a servicios y atención de salud sexual y reproductiva, tanto a nivel federal como en los sistemas penitenciarios estatales.

Esta violación de los derechos humanos está profundamente arraigada en valores sociales relativos a que las personas privadas de libertad no tienen derechos humanos. Esto lo confirma el Diagnóstico de la Situación Penitenciaria en Nuevo León publicado por la CEDHNL el 9 de diciembre de 2019, se encontraron numerosas deficiencias en todos los centros penitenciarios referentes a la falta de personal, medicamentos y saneamiento. Existen carencias significativas en medicamentos y materiales de curación, así como de políticas referentes a la obligación de proveer artículos básicos de aseo personal.

Estas condiciones insalubres y hacinamiento impiden el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. El derecho a la salud de las personas privadas de la libertad no puede verse transgredido de ninguna manera. La falta de servicios de salud de calidad con personal y recursos adecuados para llevar a cabo programas efectivos de prevención y control, así como brindar atención médica de calidad a las personas privadas de libertad es un deber de las autoridades.

 

Por lo anterior, solicitamos no olvidar las cárceles y los centros de internamiento, para ello proponemos a las autoridades estatales:

Medidas de prevención

  • Destinar presupuesto para mejorar las condiciones sanitarias, focalizando en las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, tales como: acceso a agua potable, limpieza extrema al interior y exterior de los recintos, entre otras medidas;
  • Efectuar controles de salud permanentes para disminuir las posibilidades de contagio de mujeres, hombres y adolescentes privados de libertad;
  • Realizar boletines informativos a las familias para explicar la situación que guardan sus familiares, con el fin de disminuir la preocupación y presencia física de las familias en cárceles y centros de internamiento;
  • Establecer un calendario de visita que permita entradas escalonadas junto con brigadas de salud para detectar posibles casos en el ingreso de familiares, amigos y personal que trabaja en los centros penitenciarios y de internamiento;
  • Implementar campaña de vacunación de influenza para las personas recluidas y personal que los atiende, como una medida de inmunización y disminución de riesgos.

En caso de contagios:

  • Comunicación inmediata a las autoridades de salud, sistemas penitenciario y familiares en casos de sospechas o confirmados;
  • Se disponga de espacios individuales mientras se determina las medidas a tomar, como el traslado del caso a un centro hospitalario para su atención y evaluación médica.

Desde CADHAC, consideramos que esta pandemia debe ser también una oportunidad para ver las condiciones de los centros penitenciarios. Es necesario mejorar los protocolos de seguridad y de respeto a la dignidad e integridad de los presos, las condiciones sanitarias y corregir todo aspecto que impida un trato apegado a los derechos humanos.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

Respuesta a “actos inconstitucionales” de CEDH NL

by comunicacion

10 de marzo de 2020

 

Respuesta a “actos inconstitucionales” de CEDH NL

 Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., reiteramos nuestro apoyo a la Mtra. Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León (CEDHNL). Es relevante señalar su posición clara y sustentada en temas como el derecho a decidir, donde ante la modificación del Art.1 de la Constitución de Nuevo León, presentó, congruentemente con su encargo, un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El papel que ha tenido la Mtra. Sofía Velasco Becerra, resulta fundamental en el entorno en que nos encontramos donde siguen siendo permisibles una serie de violaciones a derechos humanos. Sofía, frente a intimidación ha demostrado firmeza frente a graves violaciones perpetradas en los centros penitenciarios; los abusos y crímenes policiales, tortura, desapariciones forzadas, violencia hacia las mujeres, condiciones de población migrante, dilación en el debido proceso y afectaciones medioambientales.

Dado, los reclamos sobre actos inconstitucionales realizados por el organismo, procederemos a dar respuesta a ellos.

Supuesto “acto inconstitucional” Respuesta
“Legítima defensa” (No a la legítima defensa en casa y defensa a la familia) La Constitución no define el alcance de la legítima defensa. ¿Hasta dónde llega la capacidad de decidir si un acto puede considerarse como agresivo o violento? y recaer en la justificación de dañar, lesionar y hasta privar de la vida a otra persona, ya que la falta de instrucción en el uso de armas de fuego como medios de legítima defensa, alienta la violación de los derechos humanos, además de limitar la gobernabilidad democrática.
“Matrimonio igualitario” (Matrimonio del mismo sexo) La CNDH emitió la recomendación general 23/2015  dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país, sobre el “matrimonio igualitario”, con el fin de que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar, para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República.
“Derecho a la vida” (Se toma en cuenta después de su nacimiento) Para CADHAC, defender el derecho de la mujer a decidir sobre su vida y cuerpo no fomenta el aborto de ninguna manera ni debe estigmatizarse en este sentido. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU ha recomendado al Estado Mexicano que “Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal”.
“Ley de responsabilidad” (No a la declaración 3 de 3) El último párrafo del artículo 108 de la Constitución Federal señala que las únicas personas que se encuentran obligadas a rendir ese tipo de declaraciones son las que pertenecen al servicio público, por lo que la inclusión de particulares resulta contraria al texto constitucional.
“Ley orgánica del poder legislativo” En los casos del Titular de la Oficialía Mayor y de la Contraloría Interna, se requerirá además, ser ciudadano, no mexicano y no adquirir otra nacionalidad. (Tomar en cuenta a naturalizados) Se deben respetar los derechos fundamentales de la igualdad y la no discriminación, siempre teniendo en cuenta el principio pro persona.

 

Reiteramos que el proceso que hemos vivido con la Mtra. Sofía Velasco Becerra al frente de la CEDHNL ha generado cambios positivos en la cercanía de la institución con la sociedad civil, así como en la manera en la que los casos han sido atendidos, poniendo siempre la dignidad humana como el eje rector de las actividades. Su labor ha visibilizado problemáticas olvidadas y ha contribuido a enaltecer el Estado de Derecho. Sobre todo ha mostrado congruencia con la causa.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

Diputadas, diputados … ¿respetan los derechos de las mujeres?

by comunicacion

8 de marzo de 2020

Boletín 2001/03

Para Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), el ocho de marzo no es un día de celebración, sino un motivo de reflexión respecto a la violencia que se ejerce contra los derechos humanos de las mujeres de Nuevo León que cada día es más alarmante.

En el estado, la poca sensibilidad y la falta de cultura con perspectiva de género en la sociedad, representa un reto importante para la implementación de políticas de equidad, igualdad social, seguridad y protección judicial, para generar cambios en la sociedad.

Desde esta trinchera y apego a nuestros principios, CADHAC exhorta a los encargados de la función pública en la entidad a erradicar este problema social con acciones inmediatas. Para ello, consideramos que diputadas y diputados locales, deben ejercer su trabajo con respeto y trato digno hacia la mujer.

Constatamos a través de las redes sociales, las agresiones y burlas hacia la Mtra. Sofía Velasco Becerra, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante la presentación de su informe de actividades en el Congreso, y reprobamos la actitud tomada desde la perspectiva de quienes ejercen un cargo público y que solo divide.

Todas las expresiones que menosprecien el trabajo de una mujer y busquen imponer una ideología, faltan a la dignidad y autonomía propia de la persona.

Para Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), el respeto y reconocimiento hacia la mujer, son eje central para el progreso de los derechos humanos de México en donde la violencia de género es una barrera que no permite paz e igualdad, para garantizar los derechos de la niñez y las mujeres.

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Nuevo León desde 1993.

Comunicado: Reunión de asociaciones para apoyar la ratificación de la Mtra. Sofía Velasco Becerra como titular de la CEDHNL

by comunicacion

6 de marzo de 2020

Por medio de la presente, como parte fundamental de la sociedad civil en Nuevo León, expresamos nuestro apoyo a la ratificación de la ciudadana Sofía Velasco Becerra como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El papel que funge la Mtra. Sofía Velasco Becerra, como titular del Organismo Público de Derechos Humanos en Nuevo León, es clave para buscar mejorar el panorama de creciente violencia social que impera en nuestra entidad.

El proceso que hemos vivido con la Mtra. Sofía Velasco Becerra al frente de la CEDHNL ha generado cambios positivos en la cercanía de la institución con la sociedad civil, así como en la manera en la que los casos han sido atendidos, poniendo siempre la dignidad humana como el eje rector de las actividades. Su labor ha visibilizado problemáticas olvidadas y ha contribuido a enaltecer el Estado de Derecho.

La CEDHNL ha sido producto de un largo proceso histórico que debe continuar encaminado a su fortalecimiento institucional a favor de las personas. Un cambio de titular de la institución, retrasa el progreso obtenido, hasta la fecha, de una agenda de derechos humanos consistente con los estándares internacionales. La larga crisis de derechos humanos en México, necesita de personas con calidad humana y comprometidas que garanticen las reglas constitucionales para beneficio de la población.

Es fundamental que la persona titular de la CEDH conozca la ley, el derecho internacional y que se comprometa con la causa de derechos humanos. Reconocemos la capacidad profesional de la Mtra. Sofía Velasco Becerra, de la cual, podemos afirmar que actúa conforme a la ley de forma imparcial y no a intereses particulares. Su ratificación permite vislumbrar un panorama en el que en conjunto, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, podamos construir un mundo más justo para todas las personas.

Relación de personas y organizaciones de la sociedad civil que apoyan la ratificación de la Mtra. Sofía Velasco Becerra, para un segundo período como titular de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León

 

 

1 Mercedes Jaime de Fernández Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
2 Enrique Hernán Santos Arce Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
3 Consuelo Morales Directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos – CADHAC
4 María Elena Chapa Ex Senadora de la República
5 Oscar P. Lugo Serrato Director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León
6 Séverine Durin Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Noreste
7 Consuelo Bañuelos Lozano Directora de Promoción de Paz

(Personas privadas de su libertad)
8 Liliana Melo de Sada Presidenta Fundación México Monterrey 2010. Impulsora del Paseo de la Mujer Mexicana
9 Luis Eduardo Villarreal Ríos Fundador y Asesor General de CASANICOLÁS (Personas migrantes)

 
10 Luis Eduardo Zavala Director de Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante
11 Gilberto Marcos Handal Presidente de VERTEBRA
12 María del Carmen Farías Campero Presidenta de Zihuame Mochilla (Población indígena)
13 María de la Soledad Taha Cárdenas Fundación Internacional de Cabalgantes y Actividades Ecuestres (Discapacidad)
14 José Manuel Cardona Monreal Presidente Rector del Colegio de Abogados de Nuevo León
15 Rocío Maybe Montalvo Adame Presidenta de Únete Pueblo (Derecho a la movilidad, transporte y servicios)
16 Jennifer Aguayo Rivas Presidenta del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León
17 Mario Alberto Rodríguez Platas Vicepresidente del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León
18 María Teresa Villarreal de Dillon Presidenta de la Asociación Alzheimer Monterrey (Personas mayores)
19 Mariaurora Mota Presidenta de Género, Ética y Salud Sexual
20 Laura Guadalupe Leal Guajardo Directora General de Familia Digna

Directora General de Avance por los Derechos de México (Familia)
21 Jacinto Abel Quiroga Quintanilla Presidente de ACODEMIS (VIH y sida)
22 Felipe Parra Zapata Director General de ANVRIDN (Discapacidad)
23 Silvia Cristina Marroquín Benavides Representante Legal de la Asociación Regiomontana de Fibrosis Quística (Discapacidad)
24 Maribel Curiel Martínez Presidenta de la Asociación de Hemofilia Siloé (Discapacidad)
25 Ricardo Elizondo Dueñaz Fundador y Presidente de Casa Azul (Discapacidad)
26 María Ludivina Lozano Leal Representante Legal de VICCALI (Familia y mujeres)
27 María Guadalupe Flores Quintero Administradora de Casa para Ancianos Monte Carmelo (Personas mayores)
28 Carlos Adalberto Martínez García Director del Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas (Personas migrantes)
29 Pamela Catalina Guajardo Bocanegra Presidenta del Centro de Información de Salud Sexual y VIH/SIDA
30 Mónica Sánchez Castañeda Directora General del Club de Niños y Niñas Nuevo León  

 
31 Clemente Campos González Presidente de Invidentes Unidos de Monterrey (Discapacidad)
32 Rosa María Ramírez Bautista Directora de La Divina Providencia (Personas mayores)
33 María de Lourdes Romero Ortiz Presidenta de El Clóset LGBT
34 Alma Eugenia Garza Oliva Directora del Centro de Mediación y Conciliación Génesis
35 Jesús Mario Aguirre Mejía Director General y Presidente del Consejo de Fundación Acciona e Incluye
36 Hilda Esquivel Cerda Referente Nacional, Miembro de Junta ICW-Global (VIH y sida)

Presidenta de Grupo de Autoapoyo el Roble

  

 
37 Arminda Mireya Cardona Martínez Presidenta Fundadora de La Epilepsia en tus Manos (Discapacidad)
38 Daniel Alejandro Treviño Martínez Presidente de Paso de Esperanza (Personas migrantes y refugiadas)
39 Jesús Vernet Escobar Presidente del Centro de Equitación Terapéutica Vercodi (Discapacidad)
40 Tomás Martínez Ibarra Presidente de Personas con Voz, Vida y Salud (VIH y sida)
41 Ana María Solbes de Cruz Directora de Ingenium (Salud mental)
42 Antonio Enrique Nevarez Torres Presidente de Comunidad Metropolitana (VIH y sida)
43 Rubén Maza It Gets Better México (Igualdad)
44 Humberto Velázquez Segovia Director de Fomento Laboral Penitenciario
45 Oralia Armandina Llanes Esquivel Directora de Sexualidades (VIH y sida)
46 Noé Martínez Alejandre Fundador y Director de Creando Espacios
47 Blanca Delia Zavala Hernández Valentía, Honestidad y Compromiso (Mujeres)
48 Alida E. Bonifaz Sánchez

 

 Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
49 Susana García Fuertes

 

 Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
50 Blanca María Maiz García

 

 Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
51 Juan E. Clariond

 

 Consejero del Paseo de la Mujer Mexicana
52 Liliana Sada Melo

 

 Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
53 Ricardo Marcos González

 

 Consejero del Paseo de la Mujer Mexicana
54 Alexandre Lenoir

 

 Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
55 Martha Herrera

 

 Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
56 Diana Espino Tapia

 

 Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
57 Paulette Moreno López

 

 Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
58 Marinette Gómez Escobedo

 

 Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
59 Erika Morales Herrera Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
60 Lucrecia Solano Lozano Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
61 Daniela Eloisa Martínez Báez Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana
62 Rosa María González Consejera del Paseo de la Mujer Mexicana

XIX Encuentro de Organizaciones que Acompañan Casos de Personas Desaparecidas en México

by comunicacion

15 de febrero, 2020

Es responsabilidad del Estado erradicar la desaparición de personas.

Se debe garantizar la búsqueda, investigación y localización en Michoacán de Ocampo.

 

Las organizaciones firmantes del XIX Encuentro de Organizaciones que Acompañan Casos de Personas Desaparecidas en México reunidas en Morelia, Michoacán de Ocampo, advertimos una falta de voluntad política del gobierno del estado de Michoacán en erradicar la problemática de la desaparición y garantizar los derechos de las víctimas.

La desaparición de personas en todo el país persiste y se incrementa. Los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano no han dimensionado lo que esta catástrofe significa, particularmente para las víctimas y sus familias.

  • En México hay un incumplimiento en el tema de verdad, justicia y reparación de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas desde las décadas de 1970-1980 en diversas entidades del país, como es el caso de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
  • La situación se agrava con el incremento de las desapariciones a partir del año 2006 en todo el país, crimen permanente y continuado, ante lo que siguen sin garantizarse los derechos de las víctimas, a pesar de las leyes e instituciones fundadas en los últimos años.

En el estado de Michoacán de Ocampo se observa con preocupación que:

  •  El derecho a la justicia de familiares de personas desaparecidas ha sido obstruido por las autoridades competentes por faltas al debido proceso legal que se expresan en: a) Ocultamiento de expedientes de denuncias presentadas, el impedimento de acceso a las familias a conocer las averiguaciones y falta de seguimiento a las carpetas de investigación y b) La clasificación de los delitos por casos de desaparición no se remite a las áreas de competencia, como la Fiscalía Especializada de Desaparición.

 

  • Las instituciones abocadas a la búsqueda de personas desaparecidas no cumplen con los estándares que demanda la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda: El titular y demás personal de la Comisión Local de Búsqueda, no cumplen con el perfil que la Ley General señala y no cuentan con experiencia y capacidad para la búsqueda y localización de personas.

 

  • La falta de una Ley estatal para el estado de Michoacán en materia de desaparición incumple con el plazo que marca la Ley General, donde se garantice la participación y satisfacción de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

 

  • Las familias de personas desaparecidas enfrentan situaciones de desatención a secuelas asociadas a la búsqueda de sus seres amados desaparecidos, que deriva en necesidades que deben ser resueltas y garantizadas conforme a sus derechos específicos.

 

  • La seguridad de las familias de personas desaparecidas y defensoras/es, no se ha garantizado por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y de las autoridades correspondientes a pesar de los ataques registrados en los años pasados que fueron notificados ante las autoridades de manera adecuada.

 

Si bien el gobierno federal ha realizado diversas acciones para atender la problemática de desaparición, éstas han sido insuficientes para resolver estas graves violaciones a derechos humanos y es imperativo que las autoridades estatales se coordinen de manera eficaz ante estos retos.

Conminamos a las autoridades michoacanas a retomar experiencias exitosas y buenas prácticas logradas en otras entidades de la República y que las organizaciones aquí presentes hemos impulsado.

Respaldamos al colectivo Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), con sede en Michoacán y sus iniciativas en materia de desaparición de personas.

Los gobiernos deben fortalecer la escucha a colectivos de familiares de personas desaparecidas y sus acompañantes y trascender el alcance de las acciones que hasta la fecha se han manifestado, para favorecer la plena vigencia de derechos humanos, erradicar las graves problemáticas que tanto lastiman a las familias víctimas, a la sociedad entera y asegurar medidas de no repetición de estos hechos.

 

Atentamente, organizaciones participantes en el XIX Encuentro:

Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “Alzando Voces” (COFADDEM), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos A.C., Grupo VIDA Laguna A.C., Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz.

 

Datos de contacto:

COFADDEM: 443 172 8182

CADHAC: 81 83 43 5058

Postura ante informe de Mtra. Sofía Velasco de CEDHNL ante Congreso del Estado de N.L.

by comunicacion

Mtra. Sofía Velasco Becerra
Presidenta Comisión Estatal de Derechos Humanos

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., externamos nuestro reconocimiento por su informe presentado recientemente ante la Septuagésima quinta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, en el que se constata la claridad y compromiso que tiene como defensora de derechos humanos.

El papel que tiene usted como representante del Organismo Público de Derechos Humanos de nuestro estado, resulta fundamental en el entorno en que nos encontramos donde siguen siendo permisibles una serie de violaciones a derechos humanos entre las que se encuentran las perpetradas en los centros penitenciarios; los abusos y crímenes policiacos, tortura, desapariciones forzadas, violencia hacia las mujeres, condiciones de población migrante, dilación en el debido proceso y afectaciones medioambientales.

Especialmente es relevante señalar su posición clara y sustentada en temas como el derecho a decidir, donde ante la modificación del Art.1 de la Constitución de Nuevo León, presentó, congruentemente con su encargo, un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo las graves condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de Nuevo León son un punto delicado que usted ha sabido abordar.

Con lo anterior, le enviamos nuestros saludos, dado que vamos en este mismo camino que busca la vivencia de los derechos humanos y el respeto al estado de derecho en nuestra entidad. Enhorabuena.

Atentamente,
Hna. Consuelo Morales E.
Directora

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