Ciudad de México, 16 de octubre de 2015. Cuatro temas fundamentales para explicar la grave crisis de derechos humanos que vive México serán tratados en el próximo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Políticas de drogas y derechos humanos; denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales; la masacre de Acteal y la presentación del Informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, serán revisadas el día 20 de octubre.
Mientras que la guerra contra las drogas y la militarización asociada a ella se reconocen como el detonante de la violencia que se vive hoy, las ejecuciones extrajudiciales son la representación de las consecuencias de estas políticas en un Estado impune.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, retrató de las fallas del sistema de justicia en México, será presentado oficialmente ante el pleno de la Comisión. Por su parte, Acteal representará la impunidad en la que habitualmente quedan las masacres en este país.
Las audiencias de México ante la CIDH –que, como es habitual, contarán con la participación de organizaciones de la sociedad civil, además de los representantes del Estado- llegan apenas unas semanas después de la visita in loco de la Comisión a nuestro país, en la que ésta constató que en México se vive una grave crisis de derechos humanos caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.
Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, confirmó hace unos días que existe un amplio consenso internacional sobre la gravedad de la situación de derechos humanos en México y llamó la atención sobre la creciente intolerancia gubernamental ante las observaciones de los organismos internacionales.
Así, las audiencias serán un termómetro de los esfuerzos que siguen llevando a cabo familiares de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como de la posible respuesta que dará el Estado ante la magnitud de la crisis.
El 156° periodo de sesiones de la CIDH se puede seguir en vivo a través de la página web de la Comisión. El calendario de audiencias mexicanas es el siguiente:
Martes 20 de octubre de 2015 – audiencias transmitidas en vivo
11:30 Washington (10:30 DF): Caso Acteal, Salón Rubén Darío
13:15 Washington (12:15 DF): Informe GIEI Ayotzinapa, Salón Padilha Vidal
14:30 Washington (13:30 DF): Políticas de drogas y derechos humanos, Salón Rubén Darío
15:45 Washington (14:45 DF): Ejecuciones extrajudiciales, Salón Rubén Darío
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) observa con preocupación el nombramiento del General Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, así como del Contralmirante Augusto Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), pues contravienen diversas recomendaciones internacionales en cuanto a seguridad ciudadana y derechos humanos.
El General Cuauhtémoc Antúnez Pérez tuvo a su cargo la Séptima Zona Militar (ubicada en Escobedo y adscrita a la Cuarta Región Militar) de 2008 y hasta 2013, en la época más álgida de inseguridad en el estado. Mientras estuvo al frente de la Séptima Zona Militar ocurrieron ejecuciones extrajudiciales a manos de militares: en marzo 2010, en el municipio de Anáhuac fue asesinado el matrimonio formado por Juan Carlos Peña y Rocío Garza; además, ese mismo mes, los estudiantes del ITESM, Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron acribillados en el interior del Campus Monterrey; en abril de 2011, el joven Jorge Otilio Cantú murió balaceado por soldados vestidos de policías en Monterrey. En todos estos casos, los militares hicieron pasar a las víctimas inicialmente como delincuentes.
Por su parte, el Contralmirante Augusto Cruz Morales estuvo a cargo de la seguridad del municipio de Monterrey (2012-2014) en la administración de Margarita Arellanes, también durante una época difícil para Nuevo León donde tampoco la policía de este municipio sobresalió por su respeto a los derechos humanos
Apenas ayer, en el marco de su visita a México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, hizo hincapié en que las fuerzas armadas deben dejar las funciones de seguridad pública. Tres de las cuatro recomendaciones que lanzó establecen la importancia de fortalecer el estado de derecho, enfatizando en una de ellas el que las fuerzas armadas no deben ser parte de la estrategia de seguridad:
Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
Además, el Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las funciones de seguridad pública.
Reiteramos nuestra convicción basada en experiencias internacionales que las políticas de seguridad pública deben tener una visión clara de seguridad ciudadana con una clara perspectiva apegada a la legalidad y al respecto irrestricto de los derechos humanos.
El uso de una estrategia militar representa un riesgo para el ejercicio de los derechos humanos de las y los ciudadanos.
Por lo anterior hacemos un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para una reconsideración de estos nombramientos, atendiendo las recomendaciones que han hecho distintas instancias internacionales en torno a la desmilitarización de la seguridad pública a fin de dar una señal de que podemos empezar a avanzar por recuperar un Estado constitucional de derecho. No repitamos los errores del pasado, una de nuestras tareas, tanto gobierno, como de sociedad civil, debe ser la de colaborar en conjunto para la progresividad de los derechos humanos.
6 de octubre de 2015. Sólo unas horas después de recibir las conclusiones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su visita a México, el pasado viernes, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dio a conocer la postura del gobierno federal al respecto y consideró que el informe preliminar de la CIDH “no refleja la realidad del país”. Asimismo, manifestó que las conclusiones fueron producto de “encuentros y entrevistas” en “solo seis de las 32 entidades” y “realizado en un plazo de cinco días”.
Frente a tal postura, recordamos que -como es del conocimiento del gobierno-, las conclusiones de la CIDH se sustentan no sólo en un trabajo de cinco días, sino en la vasta cantidad de información que permanentemente recaba dicha Comisión sobre México y que se ha actualizado durante la visita.
Durante el actual sexenio, entre otras actividades, la CIDH ha celebrado 23 audiencias públicas sobre México, en las que el Estado ha tenido participación; en 2014 conocía de 130 peticiones y casos mexicanos en las etapas de admisibilidad y fondo; continuamente recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas y ha sostenido innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades.
En la visita de la semana pasada, el organismo se entrevistó con más de 100 representantes del Estado y sus equipos, así como con víctimas y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otros.
Recordamos que la formulación de observaciones preliminares es una práctica rutinaria de la CIDH en sus visitas a todos los países, incluyendo visitas pasadas de sus relatorías a México. Por otra parte, las conclusiones que presentó la CIDH hace cuatro días coinciden con las de diversos mecanismos de la ONU. Entre 2014 y 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio; el Relator sobre Tortura concluyó que ésta es una práctica generalizada; y el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias observó que la impunidad por los homicidios es generalizada. En años recientes el Relator para la Libertad de Expresión identificó a México como el país con más agresiones contra periodistas en América Latina.
Frente a tal panorama, lo que extraña del viernes pasado no es la valoración preliminar de la CIDH, sino que el gobierno federal haya negado la gravedad de la situación actual, incluso caracterizando a víctimas de desaparición forzada como “casos de 2008, 2009, 2010 y 2011”, cuando, además de seguir vigentes los casos de años pasados, han desaparecido casi 12,000 personas de 2013 hasta mediados de 2015 según cifras oficiales. En efecto, en este y otros rubros, el gobierno no citó datos que cuestionaran la información concreta presentada por la CIDH, generalmente derivada no sólo de testimonios y casos sino de estadísticas oficiales.
Las organizaciones y personas abajo firmantes lamentamos que el gobierno federal haya respondido desde una lógica mediática de control de daños, a conclusiones preliminares que atañen a problemas estructurales que afectan a las personas que viven y transitan por territorio mexicano. Al recordar que la invitación de visita que hizo el gobierno a la CIDH, tiene el efecto reglamentario de impedir la incorporación de México en el Capítulo IV del próximo informe anual de ese organismo (dedicado al análisis de las situaciones más graves de la región), la propia invitación se puede entender como una acción para cuidar la imagen internacional del Estado.
Si el gobierno federal verdaderamente pretende “abrir puertas y asumir retos” en materia de derechos humanos, el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país. Al contrario, el gobierno debe asumir las conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos, reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas, leyes y sobre todo prácticas que lleven al efectivo acceso a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos a lo largo del territorio nacional.
Firman:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)
Alianza Cívica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Casa de los Derechos de Periodistas
Casa del Migrante de Saltillo
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro Heriberto Jara (CESEM)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Coalición Pro Defensa Del Migrante
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)
Comité Cerezo México
Comunicación Comunitaria
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca
Disability Rights International (DRI)
Documenta: Análisis y acción para la justicia social
Foro para el Desarrollo Sustentable
Freedom House
Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar: Centro de análisis e investigación
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana
Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)
JASS (Asociadas por lo Justo)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Locallis: Especialistas en desarrollo local
Movimiento Migrante Mesoamericano
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
PEN México
Periodistas de a Pie
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)
Servicio Jesuita a Migrantes – México
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Sin Fronteras
Dra. Elena Azaola Garrido
Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho
Mtra. Gabriela Morales
Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
Durante la reunión en el Museo del Obispado.
El día de hoy sostuvimos una reunión de trabajo con diferentes autoridades estatales, diplomáticos, académicos y un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a fin de presentar nuestra valoración sobre el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).
A un año del establecimiento de este Grupo Especializado, que se dedica a localizar a personas desaparecidas en Nuevo León durante las primeras 72 horas y que ha sido reconocido por su efectividad ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentamos nuestro análisis, el cual se hará público en unas semanas.
Los asistentes a esta reunión fueron: Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, Jorge Domene, jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Javier Flores, Procurador del estado, Carlos Arenas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ingrid Specht y Andrew Morris de Consulados de Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente, Norma Torres quien está a cargo del GEBI, y académicos.
“Hace unas cuantas semanas el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas presentó un informe en donde en tres ocasiones hace un reconocimiento a los esfuerzos esperanzadores se han hecho en el Estado de Nuevo, no sólo por el GEBI, sino por la dinámica virtuosa de trabajo que se ha abierto con la Procuraduría estatal para investigar estos lacerantes casos”, dijo Alan García, durante la reunión.
El GEBI empezó a operar en marzo del 2014 con la finalidad de ejecutar la estrategia contemplada en el Protocolo de Búsqueda Inmediata que se elaboró de manera conjunta entre CADHAC y la Procuraduría estatal, con la asesoría de expertos latinoamericanos e instancias internacionales como Naciones Unidas.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
El día de hoy, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, D.C. estuvieron en Nuevo León como parte de su visita in loco a México, luego de 17 años sin hacer visitas a este país.
Colectivos de víctimas y organizaciones provenientes del norte de México: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas se dieron cita en la mañana en un mural en honor a personas desaparecidas y sus familias ubicado en el centro de Monterrey para hacer un acto simbólico.
Para comenzar integrantes de organizaciones y víctimas entregaron a la Comisionada Tracy Robinson un cirio que simboliza la luz. Al terminar la ceremonia, la Comisionada Robinson afirmó: “Quiero que sepan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les ha escuchado”. La comitiva de la CIDH se complementa con Elizabeth Abi-Mershed, Secretaría Ejecutiva Adjunta, Tania Reneaum, especialista y Efrén Olivares, especialista.
Al culminar el evento en el mural, los integrantes de la CIDH, organizaciones y víctimas se trasladaron a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey en donde iniciaron las audiencias. Primero, se llevó a cabo una audiencia privada para víctimas de graves violaciones a derechos humanos, en donde se dieron testimonios de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. Casos como el de Pasta de Conchos en Coahuila, los estudiantes del Tec de Monterrey y desapariciones ocurridas en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Coahuila, s fueron expuestas ante la CIDH.
Por la tarde dio inicio la segunda audiencia correspondiente al espacio con organizaciones de la sociedad civil en donde se presentaron los diagnósticos y recomendaciones sobre las problemáticas en materia de ejecuciones extrajudiciales, tortura, situación en centros penitenciarios, migrantes y desapariciones.
Las organizaciones y colectivos de víctimas que participaron en estas audiencias fueron:
Alianza Sierra Madre (Chihuahua)
Ambientalistas (Nuevo León)
Avance por los Derechos Humanos (Nuevo León)
Barzón Chihuahua (Chihuahua)
Casa Nicolás (Nuevo León)
Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (Nuevo León)
Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Chihuahua)
Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Nuevo León)
CONTEC (Chihuahua)
Eslabones (Nuevo León)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Nuevo León)
Grupo Vida (Coahuila)
Pasta de Conchos (Coahuila)
Red Ciudadana por la No Violencia (Chihuahua)
La CIDH presentará sus observaciones preliminares al terminar la visita, en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 2 de octubre, en lugar y horario a ser anunciado durante la semana.
Una vez más, Ciudadaos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su preocupación por los hechos registrados la noche del viernes 25 de septiembre de 2015 en el Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, donde una riña entre internos dejó a uno de ellos sin vida y al menos otros 11 lesionados.
El que el Estado no garantice la vida y seguridad de los internos que están bajo su custodia en el centro penitenciario, es no cumplir con el mandato constitucional de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, lo que trae graves y dolorosas consecuencias no sólo para las familias de los internos involucrados, sino para toda la sociedad, por ello esto es inaceptable.
Exigimos que se investiguen los hechos incluyendo a las autoridades responsables de garantizar la seguridad e integridad física de los internos del Ceprereso Topo Chico, a fin de deslindar responsabilidades.
Además, exigimos se garantice la atención médica a los lesionados, y la integridad física de los internos que, según las notas de prensa, serán trasladados a otro centro a raíz de estos hechos.
No es la primera vez que se registran muertes violentas al interior del Ceprereso Topo Chico, por lo que es indispensable y urgente que se tomen medidas para transformar a fondo la organización y administración del centro, a fin de que cumpla con su misión de lograr la reinserción social de quienes allí se encuentran, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
El Informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de Naciones Unidas, presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, reconoce el trabajo realizado en Nuevo León, hecho que adquiere resonancia nacional e internacional.
Este informe de seguimiento se deriva del informe relativo a la visita del GTDFI a México del 18 al 31 de marzo de 2011. En el documento se recuperan las diversas aportaciones hechas por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) en relación a las recomendaciones que hizo el GTDFI al Gobierno de México.
Además, el GTDFI destacó el trabajo realizado en Nuevo León en 3 de las 113 recomendaciones. En sus observaciones reconoce los esfuerzos realizados en el estado para investigar las desapariciones; las buenas prácticas implementadas que favorecen el papel de los familiares de las víctimas en las investigaciones; y la creación del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).
Para CADHAC este reconocimiento es importante porque es resultado del trabajo que durante años hemos venido impulsado gracias a la voluntad de búsqueda inquebrantable de familiares del Grupo AMORES y a la apertura y profesionalismo de las autoridades de Nuevo León con quienes coordinadamente se hizo este trabajo.
Las observaciones que hace el GTDFI en las que aparece el trabajo hecho en Nuevo León son:
Recomendación 96
“El Grupo de Trabajo sigue consternado porque el derecho de acceso a la justicia y el combate a la impunidad permanece como el principal reto en México. La impunidad generalizada perdura como un patrón crónico. La alarmante impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo refrenda su afirmación de que “parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”. Los diferentes cursos de capacitación brindados y las reformas constitucionales y legales aprobadas han sido insuficientes para remontar el clima de impunidad. El Grupo de Trabajo toma nota del Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada que se adoptó en agosto del 2015 y espera que el mismo contribuya a superar la situación de impunidad prevaleciente. El Grupo de Trabajo reconoce los esfuerzos realizados en el Estado de Nuevo León para investigar las desapariciones. Dicha experiencia local acredita que sí es posible romper el contexto prevaleciente e invita al Estado mexicano extender las buenas prácticas allí registradas a otras jurisdicciones”.
Recomendación 100:
“El Grupo de Trabajo toma nota de algunos cambios normativos y de buenas prácticas como las implementadas en el Estado de Nuevo León que favorecen el papel de los familiares de las víctimas en las investigaciones. No obstante, aún existen obstáculos importantes en la práctica para que las víctimas tengan acceso pleno a las investigaciones y se les informe regularmente sobre el estado que guardan las mismas. En particular, el Grupo de Trabajo observa con extrema preocupación que en muchos casos sigue recayendo en las víctimas la carga de obtener y proporcionar los elementos de prueba. El Grupo de Trabajo recuerda que incumbe a las autoridades la obligación de desarrollar investigaciones efectivas que permitan esclarecer la suerte o el paradero de las víctimas y procesar y sancionar a los responsables”.
Recomendación 102:
“El Grupo de Trabajo toma nota de las acciones tomadas y las que están en proceso en materia de búsqueda de personas desaparecidas, tales como la aprobación de la Ley General de Víctimas (en especial el artículo 21), la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la PGR, la adopción del Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada y la reforma constitucional que mandata la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El Grupo de Trabajo destaca como una buena práctica la experiencia de Nuevo León por la creación del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI). Empero, en la mayor parte del territorio las medidas adoptadas son notoriamente insuficiente particularmente para la búsqueda y localización de personas cuyo paradero se desconoce a consecuencia de la comisión de un delito, incluyendo el de desaparición forzada. El Grupo de Trabajo manifiesta su honda preocupación por la ausencia de búsquedas efectivas y localización de las personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo insta al Estado para que el futuro Sistema Nacional de Búsqueda de Personas cumpla con los parámetros descritos en su recomendación y observe lo dicho por otros organismos internacionales”.
Estos pequeños, pero significativos logros para Nuevo León, que se pueden replicar en todo el país, se han obtenido gracias a la participación y voluntad política de tres actores: familias de víctimas, CADHAC y autoridades. Por ello invitamos al nuevo gobierno a que siga con esta apertura trabajando con la sociedad civil y sociedad civil organizada a fin de que se puedan seguir potencializando estos resultados.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
Previo a la reunión con autoridades, las familias del Grupo Amores se manifestaron para exigir justicia.
El día de hoy se llevará a cabo en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, la Quinta Reunión de Trabajo entre familiares de personas desaparecidas (Grupo AMORES) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJT) y personal de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL), en la que se revisarán 14 investigaciones respecto de 37 personas desaparecidas (29 hombres y 8 mujeres) en territorio tamaulipeco.
Es importante mencionar que de los 14 casos de perosnas de Nuevo León extraviadas en Tamaulipas que se revisarán hoy, 7 fueron desapariciones ocurridas en Reynosa, uno en Tampico, 3 en Matamoros, 2 en Ciudad Victoria y uno en Nuevo Laredo.
Previo a esta reunión, integrantes de la Procuraduría de Tamaulipas y el equipo jurídico de CADHAC trabajaron intensamente en la revisión de los expedientes para la preparación de esta reunión.
Para la revisión de los casos estarán presentes 6 ministerios públicos de aquella entidad, dos auxiliares responsables de estas investigaciones, así como el coordinador de las Fiscalías Especializadas de Personas No Localizadas.
CADHAC reafirma su compromiso con las familias de personas desaparecidas para continuar con este trabajo que busca disminuir las consecuencias de esta tragedia común y que pronto desaparezca por completo esta problemática.
Ante la magnitud de esta realidad, los avances parecen ser pequeños, pero seguimos caminando para conseguir nuestro objetivo final: llegar a la localización de todas las personas desaparecidas, erradicar las desapariciones y obtener justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familias.
Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC y Liz Sánchez, coordinadora de CADHAC, junto a Roberto Flores y demás integrantes del equipo de transición.
Hoy tuvimos una fructífera reunión de trabajo con el equipo de transición en materia de procuración de justicia del gobernador electo, Jaime Rodríguez. La Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC, y Liz Sánchez, coordinadora de CADHAC, expusieron nuestros ejes de trabajo, proyectos y propuestas a Roberto Flores, Federico Mendias y demás integrantes del equipo de El Bronco. Estamos convencid@s de que podremos colaborar en coordinación con la nueva administración en los temas que trabajamos desde CADHAC.
“A través de su ayuda humanitaria, la Unión Europea apoya a CADHAC”.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se suma a la demanda de las organizaciones de la sociedad civil y grupos de familiares de personas desaparecidas de todo México para que se cree una Ley General sobre Desaparición de Personas que sea efectiva, acorde a la realidad y que contemple el aporte de la sociedad civil.
El día de hoy representantes de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, saldrán a la Ciudad de México para integrarse a la discusión sobre la Ley General sobre Desaparición Forzada que se está dando a nivel nacional. En la reunión -que congregará a familiares de diversos estados-, se revisarán los contenidos de Encuentros regionales previos, donde familias de personas desaparecidas analizaron y aportaron elementos que consideran deben ir en la Ley.
Resulta esencial la participación de las familias en esta discusión, pues son ellas, quienes han sufrido los estragos más fuertes de esta crisis de violencia.
Hacemos un llamado al Poder Legislativo y Ejecutivo para que la Ley General sobre Desaparición Forzada se apruebe con los estándares internacionales más altos, tomando en cuenta las experiencias exitosas que existen en nuestro país.
Desde CADHAC y AMORES, refrendamos el compromiso de seguir construyendo caminos para que las víctimas y sus familias puedan obtener reparación del daño, justicia y verdad.
