Autor: Cadhac

25 de noviembre de 2015

Boletín de Prensa No. 1511/43

El día de hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que aprobó por unanimidad entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 a Consuelo Gloria Morales Elizondo, fundadora y directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) por su trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas desaparecidas.

“Este reconocimiento es para las familias que diariamente superan el dolor, se arman de amor y de valor para continuar la búsqueda de verdad y de justicia. No sólo a las familias de personas desaparecidas, sino a todas esas víctimas que se atreven a alzar la voz para denunciar injusticias y con su ejemplo inspirar a otras para luchas contra la impunidad”, expresó la directora de CADHAC.

En 1993, la Hna. Consuelo Morales funda CADHAC junto a otras personas y desde entonces esta organización trabaja temas de violaciones a derechos humanos en los centros penitenciarios de Nuevo León, tortura, los abusos policiacos y de autoridad, temas de violencia contra la mujer, abusos a menores de edad, entre otros.

Desde el 2009, cuando la crisis de violencia comenzó a golpear Nuevo León y comenzaron a llegar los primeros casos de desaparición, la Hna. Consuelo Morales y su equipo hacen un importante trabajo en la problemática de personas desaparecidas.

En junio de 2011 el poeta Javier Sicilia visitó Monterrey junto con el Movimiento por la Paz en la Caravana del Consuelo, y atestiguó cómo la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) abrió sus puertas a las familias de personas desaparecidas y a CADHAC. A partir de esa primera reunión CADHAC junto con la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), quienes luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, y la Procuraduría estatal han trabajado en conjunto, método que recientemente fue reconocido por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en enero 2015. En septiembre de este mismo año el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de Naciones Unidas reconoció en su informe la labor realizada en Nuevo León por CADHAC y las autoridades.

Algunos logros obtenidos con este método de trabajo bajo el liderazgo de la Hna. Consuelo Morales y las familias de Amores son:

• En diciembre del 2012 se tipificó el delito de desaparición forzada en Nuevo León con los más altos estándares internacionales.
• En octubre del 2013 el Congreso local aprobó una Ley Estatal de Víctimas apegada a la Ley General de Víctimas, la cual se publicó en diciembre de ese mismo año.
• Con la ayuda de expertos en la materia, CADHAC y la PGJNL, se elaboró el Protocolo de Búsqueda de personas que actualmente el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Procuraduría estatal utiliza para localizar personas que han sido reportadas como desaparecidas en Nuevo León.
• En marzo del 2014, la PGJNL inauguró el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) que investiga el paradero de personas en las primeras 72 horas de haber ocurrido la desaparición. Las denuncias se pueden hacer las 24 horas, los 365 días del año.
• En mayo del 2015 el Congreso local aprobó la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición.
• Hasta noviembre del 2015 tenemos a 151 personas desaparecidas localizadas (66 con vida y 85 por ADN).
• Además existen 63 personas consignadas y 17 sentenciadas por estos delitos.

Gracias a esta experiencia, la Hna. Consuelo Morales reconoce que el diálogo es el instrumento más poderoso para conseguir la incidencia que en verdad modifique políticas públicas para mejorar una comunidad.

“Tenemos muchísimos retos y objetivos por cumplir en el tema de desaparición y aunque hemos construido un caminito resulta verdaderamente importante que el trabajo y la buena voluntad de las autoridades para con la sociedad civil y las víctimas continúe. No descansaremos hasta encontrar a todos y todas, conocer la verdad, obtener justicia y la reparación del daño”, afirmó.

La directora de CADHAC sido distinguida en 2010 con el Premio Nacional por la Igualdad y contra la discriminación que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); y en 2011, por su remarcable contribución al movimiento de derechos humanos, fue distinguida con el reconocimiento Alison Des Forges, al Activismo Extraordinario que otorga Human Rights Watch. En diciembre del 2014 recibió la Medalla al Mérito Cívico “Presea Estado de Nuevo León”, máximo reconocimiento que otorga Nuevo León.

En febrero del 2015 recibió el Premio Franco Alemán de Derechos Humanos “Gilberto Bosques”, que otorgan las embajadas de Alemania y Francia en México. Además recibió una medalla por parte del Senado francés en mayo del 2015.

En 2015 aparece también en el documental “Lo Que Reina en las Sombras”, del director Bernardo Ruíz como una de las tres historias que relatan el impacto de la violencia derivada de la “guerra contra el narcotráfico” en el norte de México.

24 de noviembre de 2015

Boletín de Prensa No. 1511/42

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) alerta sobre la falta de políticas públicas efectivas para combatir la creciente violencia familiar en Nuevo León.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) del 2012 al 2015 el número de casos de violencia familiar denunciados aumentó en un 45%, siendo el 2014 el año con más casos, pero se espera que el 2015 supere estas cifras. En 2012 se reportaron 9,979 casos, mientras que en lo que va del año 2015 se han reportado 14,492 casos.

En las entidades de nuestro país, la violencia familiar, feminicida y la desaparición de mujeres expresan los retos para el diseño de políticas de equidad, igualdad social, seguridad y protección judicial, hacia la plena vigencia de derechos humanos de las mujeres.

Estamos tratando con un problema de salud pública por las graves afectaciones al bienestar, tiene formas extremas en la victimización de mujeres; la discriminación de género y la impunidad son manifestaciones de la violencia feminicida.

“La violencia no es natural, no es aceptada por el Estado de Derechos, las leyes, ni por la ley de Dios”, expresó la Hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC.

En México, se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de que el Estado mexicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Estos instrumentos de importancia crucial para la humanidad requieren ser atendidos cabalmente por los gobiernos de nuestro país.

En Nuevo León hacemos un llamado a la administración de Jaime Rodríguez para que revise las políticas públicas existentes en el tema de violencia contra la mujer y mejore el sistema de prevención y atención a víctimas en este tema.

7  de noviembre de 2015

Boletín de Prensa No. 1511/41

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) celebra la decisión de la administración de Jaime Rodríguez al retirar la reserva de información que prevalecía desde el 2008 y que hace unas semanas había sido renovada y dada a conocer a través de una publicación en el Periódico Oficial de Nuevo León.

En aquel momento nos pronunciamos en contra de esta decisión, que consideramos “un retroceso en la consecución de un Estado de Derecho, pues constituye arbitrio por parte de la autoridad, que imposibilita cualquier cuestionamiento a la actuación de las autoridades de seguridad pública”.

Además hicimos un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez y al Secretario de Seguridad Pública para que cumplieran con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, y garantizaran la publicidad y el acceso a la información relativa a la seguridad publica.

Es por eso que hoy también nos manifestamos públicamente a favor del retiro de la reserva. Esta decisión ayuda a construir legitimidad democrática de las instituciones para que los ciudadanos y ciudadanas podamos disponer de información suficiente, oportuna y veraz sobre la actuación gubernamental, gestión de recursos públicos, que nos permita opinar y fiscalizar los asuntos públicos. Sólo así podremos tener rendición de cuentas.

“El rol de la transparencia en una democracia es fundamental y está directamente relacionado con la legitimidad de las instituciones. En hora buena”, opinó al respecto la Hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC.

24  de octubre de 2015

Boletín de Prensa No. 1510/39

Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) rechazamos el acuerdo publicado esta semana (21 de octubre) en el Periódico Oficial del Estado, en el que Cuauhtémoc Antúnez, Secretario de Seguridad Publica de Nuevo León, determina la reserva del Registro del Sistema Estatal de Información para la Seguridad Pública del Estado por un lapso de 7 años, argumentando que es “por causas de interés público” y para proteger “la procuración preventiva de la seguridad a favor de las personas, la estabilidad de las estructuras administrativas y operativas de las Instituciones de Seguridad del Estado”.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en el artículo 27 señala que: “La información sólo podrá ser clasificada como reservada mediante un acuerdo fundado y motivado en el que, a partir de elementos objetivos o verificables, pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público”.

Sin embargo, en esa información reservada se incluyen las estadísticas de delitos e infracciones administrativas, la estadística delictiva geográfica, y los procesos de evaluación y sus resultados, pero no se ofrecen elementos objetivos y verificables que indiquen cómo la divulgación de esta información estadística tendría una alta probabilidad de dañar el interés público, o de poner en riesgo la seguridad pública municipal o estatal o el ejercicio o el diseño de los planes, programas, estrategias, operativos y recursos en dichas materias; o cómo podría poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.

Además no se está tomando en cuenta que, por disposición constitucional, para la clasificación de la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad, en conformidad con el artículo 6, fracción A, numeral I, de la Constitución Federal.

Si bien este acuerdo renueva uno similar de 2008 –aunque en la práctica no se limitó del todo la información- lo cierto es que la renovación de un acuerdo similar implica la posibilidad de ausencia total de transparencia en las instancias estatales encargadas de la seguridad pública. Además, contradice totalmente al discurso permanente en la campaña del recién electo gobernador, Jaime Rodríguez, en donde prometía un gobierno de total transparencia.

En efecto, los artículos 6º constitucional y 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar y recibir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho al acceso a la información tiene una dimensión colectiva, la cual tiende a revelar el empleo instrumental de la información como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales de un gobierno abierto que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la reserva de esta información sin ofrecer argumentos objetivos y verificables, toda vez que restringir el acceso a la información que, de entrada debiera ser pública, atenta en contra de los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

A pesar de todo lo anterior, la única justificación que existe por parte del Secretario de Seguridad Pública para reservar la información es que, en virtud de que la divulgación del contenido del Registro del Sistema Estatal de Información para la Seguridad Pública, pone en riesgo la eficacia y seguridad de las actividades en materia de persecución de delitos y de impartición de justicia, debe reservarse por un periodo de siete años a partir de su publicación.

Consideramos que esto es un franco retroceso en la consecución de un Estado de Derecho, pues constituye arbitrio por parte de la autoridad, que imposibilita cualquier cuestionamiento a la actuación de las autoridades de seguridad pública.

Hacemos un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez y al Secretario de Seguridad Pública para que cumplan con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, y garantice la publicidad y el acceso a la información relativa a la seguridad publica.

20 de octubre

COMUNICADO CONJUNTO

• Destacan casos de ejecuciones extrajudiciales del actual sexenio.
• Por cada militar o miembro de la marina fallecido, mueren aproximadamente 20 civiles.

Washington, D.C., 20 de octubre de 2015. Hoy en audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones mexicanas e internacionales expusieron el patrón de las ejecuciones extrajudiciales que tienen lugar en México. Las entidades representantes de la sociedad civil expusieron cómo las fuerzas de seguridad ejecutan a personas civiles sin justificación para posteriormente presentarlas como delincuentes que murieron en un enfrentamiento, sin que haya investigaciones adecuadas de estos hechos.

Durante la audiencia enfatizaron que los factores estructurales que fomentan esta práctica son: la impunidad de las ejecuciones desde décadas pasadas hasta la actualidad, el encubrimiento, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la militarización de la seguridad pública. Subrayaron una serie de casos de 2014 y 2015 como Tlatlaya, Estado de México; Apatzingán, Tanhuato y Ostula en Michoacán; Calera, Zacatecas; y la privación de la vida de 6 personas en Iguala, Guerrero, durante los ataques a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Recordaron que en 2014, antes de que ocurrieran los casos recientes de ejecuciones, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, publicó su informe sobre México, dando cuenta de “una impunidad sistemática y endémica”, que alentaba las violaciones al derecho a la vida en sus modalidades de “muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta”, entre otras. Sin embargo, el Estado no ha cumplido diversas recomendaciones clave formuladas por el Relator.

Las y los peticionarios detallaron los índices de letalidad, teniendo como referencia la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos, lo cual sugiere que la fuerza letal se está usando más allá de lo necesario”^[1]. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), más de 4 mil civiles fallecieron a manos de las fuerzas armadas entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014. Entre 2007 y 2014, murieron 3.967 civiles y 209 militares, es decir, una proporción de 19 civiles fallecidos por cada militar muerto. Tratándose de la Marina, el mismo índice de letalidad de 2012-2014 alcanza los 21 civiles difuntos por cada miembro de la marina fallecido, mientras se conoce que la Policía Federal ha matado a más personas de las que haya detenido en “enfrentamientos” en el presente sexenio.

Como muestra de la impunidad que impera en dichos caso se evidenció que solo se tiene conocimiento de una sentencia condenatoria por una ejecución extrajudicial en Nuevo León, estado en el que ocurrieron 394 “enfrentamientos” de militares y civiles entre 2007 y 2014,

Las organizaciones enfatizaron sobre la necesidad de investigar la cadena de mando en casos de ejecuciones extrajudiciales, luego de que el caso Tlatlaya revelara que los hechos se dieron en un contexto donde el Batallón tenía la instrucción de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Ante esta grave situación, las organizaciones de la sociedad civil plantearon acciones prioritarias para erradicar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en México, incluyendo: la implementación estatal de un plan programático para poner fin al actual modelo militarizado de seguridad pública; incorporar la investigación de la cadena de mando y la posible alteración de las escenas del crimen en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos; garantizar que después de toda privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, se realice una averiguación independiente, tomando en cuenta las directrices internacionales contenidas en el Protocolo de Minnesota; cumplir las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos que hayan visitado el país y además garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de ejecuciones cometidas en tanto en décadas pasadas como en años recientes; respetar la independencia de jueces y fiscales.

Las organizaciones cerraron recordando que el modelo militarizado de combate frontal perpetúa un ciclo de violencia que lejos de abonar a la construcción de un entorno de seguridad para la población, la sitúa en un contexto permanente de fuego cruzado y violaciones a derechos humanos. Enfatizaron que únicamente mediante un cambio de modelo, pasando entre otros por la verdadera reforma policiaca y políticas públicas integrales en materia de seguridad, será posible superar la violencia e impunidad en el país.

[1] GUTIÉRREZ, Rodrigo, SILVA, Carlos, y PÉREZ CORREA, Catalina “Índice letal: los operativos y los muertos”, Nexos, noviembre de 2011. www.nexos.com.mx/?p=14555, consultada el 16 de octubre de 2015.

19  de octubre de 2015

Boletín de Prensa No. 1510/38

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. denuncia una vez más la indiferencia de las autoridades ante las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos en materia de seguridad pública, que continúan siendo ignoradas en Nuevo León.

En esta ocasión, el alcalde electo del municipio de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes, anunció al equipo que estará haciendo las labores de seguridad durante su periodo como munícipe. En el equipo se encuentra el Capitán Jorge Ontiveros Molina, de la Secretaría de Marina, quien será el Director de Seguridad Pública. Ontiveros Molina fue director de la Policía de Monterrey durante la administración de Margarita Arellanes, periodo en el que a través de las denuncias que recibimos en CADHAC, observamos que el abuso policiaco era una constante.

Además, Fuentes designó como director de la Policía al Teniente Eduardo Sánchez Méndez, también de la Secretaría de Marina.

Estos dos nombramientos para la próxima administración nicolaíta, se unen a los ya realizados en el gobierno estatal: el General Brigadier Tomás Reyes Rodríguez asumió como Comisario General de Fuerza Civil, y el Capitán retirado Juan Carlos Campos como el segundo al mando en esa dependencia; además, el General Cuauhtémoc Antúnez Pérez rindió protesta como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, mientras que el Contralmirante Augusto Cruz Morales fue nombrado director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), pero tuvo que ser removido por no cumplir con los requisitos que marca la ley.

Como ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, hizo hincapié durante su reciente visita a México en que las fuerzas armadas deben dejar las funciones de seguridad pública. Tres de las cuatro recomendaciones que hizo establecen la importancia de fortalecer el estado de derecho, enfatizando en una de ellas el que las fuerzas armadas no deben ser parte de la estrategia de seguridad:

1. Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
2. Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
3. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.

Hacemos un llamado al gobierno estatal y al alcalde electo de San Nicolás de los Garza a frenar la militarización de la seguridad pública, y rectificar su decisión de asignar militares y marinos para dirigir esas funciones. Además, instamos a todos los alcaldes electos de Nuevo León a designar a civiles al frente de los órganos encargados de la seguridad pública y las tareas policiales, fortaleciendo así el liderazgo civil de esta función estatal crucial, de modo que sea posible sentar las bases para construir un modelo de seguridad ciudadana que favorezca la participación social y tenga como ejes el respeto al estado de derecho y los derechos humanos.